Julio/ septiembre de 2019


FISCALIZACIÓN: ACTIVIDAD CONTRACTUAL

UN 40% DE LAS FISCALIZACIONES APROBADAS EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE ANALIZAN LA CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

De los diez informes que han sido aprobados por el Pleno del Tribunal de Cuentas durante los últimos tres meses, el cuarenta por ciento de los mismos han tenido como objeto principal el control de la contratación en distintas áreas y sectores del sector público. Estas fiscalizaciones, realizadas a iniciativa de la Institución, incluyen el análisis de un conjunto de expedientes cuya cuantía, en términos de precio de adjudicación, asciende a 1.323 millones de euros.

En concreto, los informes aprobados por el Pleno durante el tercer trimestre, en relación con la actividad contractual, han sido:

Estas fiscalizaciones han sido realizadas a iniciativa de la propia Institución, ya que para el Tribunal de Cuentas la contratación pública es un área de especial atención en su función fiscalizadora, por cuanto es una de las actividades más relevantes que llevan a cabo las entidades públicas, en las que se gestiona un importante volumen de recursos públicos, y es una de las áreas de riesgo que pueden propiciar prácticas de fraude y corrupción. De esta manera, la fiscalización sistemática de la contratación constituye una de las medidas incorporadas en el Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas para los ejercicios 2018-2021.

Por otra parte, esta actividad contractual ha de ajustarse -como se recoge en los informes del Tribunal- a principios como los de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos.

Asimismo, en conexión con los objetivos de estabilidad presupuestaria y control del gasto, ha de asegurar una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios, mediante la exigencia de la adecuada definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. En este sentido, cabe señalar que en estos informes se recogen conclusiones sobre las distintas fases del procedimiento de contratación y se señalan una serie de recomendaciones orientadas a dotar a la contratación pública de más transparencia, eficacia y eficiencia.

En esta materia, conviene destacar la labor que está llevando a cabo el Tribunal de Cuentas en relación con las posibles responsabilidades de distinta naturaleza que puedan resultar de los informes de fiscalización; entre ellas, las contables, que se dilucidan por la Sección de Enjuiciamiento del propio Tribunal de Cuenta.

PATRIMONIO CULTURAL

Junto con los anteriores informes, durante este periodo, el Pleno aprobó el relativo a la fiscalización del Instituto del Patrimonio Cultural de España, ejercicio 2016. En este informe, el Tribunal analiza también la actividad contractual, dentro del análisis integral de la gestión realizada por el Instituto para evaluar, entre otras cuestiones: los procedimientos y sistemas de gestión económico-financiera y de control interno aplicados; el adecuado reflejo contable y presupuestario de los fondos públicos gestionados y el grado de eficacia, eficiencia y economía en el empleo de sus recursos. En este contexto, el Informe señala, en materia de gastos e ingresos, una serie de deficiencias; entre ellas las relacionadas con la contratación menor, las encomiendas de gestión y la exigencia de tasas y precios públicos.

 

[1] Ministerios existentes durante el periodo de la fiscalización: Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; Economía y Competitividad; Empleo y Seguridad Social; Fomento; Hacienda y Administraciones Públicas; Industria, Energía y Turismo; y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

[2] Ministerios de: Asuntos Exteriores y Cooperación; Justicia; Defensa; Interior; Educación, Cultura y Deporte, y de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.