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2018 16 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 16 del año 2018 dictada por el DEPARTAMENTO SEGUNDO

Procedimiento de reintegro por alcance nº B-215/17; Sector Público Autonómico; Generalitat de Cataluña; Cataluña

Fecha: 12/11/2018

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-215/17; Sector Público Autonómico; Generalitat de Cataluña; Cataluña

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:

2018 25 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

AUTO nº 25 del año 2018 dictado por SALA DE JUSTICIA

Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/88, de 5 de abril, Nº 25/18, Actuaciones Previas Nº 12/18, del ramo Sector Público Local, Ayuntamiento de Navajas (Castellón)

Fecha: 10/10/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/88, de 5 de abril, Nº 25/18, Actuaciones Previas Nº 12/18, del ramo Sector Público Local, Ayuntamiento de Navajas (Castellón)

Resumen doctrina: La Sala desestima los recursos del artículo 48.1 de la LFTCu interpuestos contra la Liquidación Provisional y la Providencia de requerimiento de pago, depósito o afianzamiento sin pronunciamiento expreso en materia de costas. Afirma que, conforme a reiterada jurisprudencia de la propia Sala, el plazo para la instrucción de las Actuaciones Previas que se establece en el artículo 47.4 de la mencionada Ley tiene carácter meramente orientativo y su incumplimiento no determina la caducidad del trámite ni de la instancia o procedimiento. Indica, asimismo, frente a la nulidad de actuaciones instada por el apelante, debido a que no se le ha practicado notificación alguna durante las Diligencias Preliminares, ni en la fase de Actuaciones Previas, anteriores a la Liquidación Provisional, que la Sala ha venido sosteniendo que hasta el momento de la citación para dicha Liquidación, el presunto responsable no se encuentra identificado, se trata de meras diligencias de averiguación y no resulta posible realizar notificación alguna. En cuanto a la alegación de falta de concurrencia de los requisitos constitutivos de la responsabilidad contable y prescripción de ésta, afirma que se trata de cuestiones de fondo cuyo conocimiento no corresponde a la Sala por vía del presente recurso pues sus motivos son únicamente los del artículo 48.1, es decir, que no se accediere a completar las diligencias en los extremos que los comparecidos señalaren o que se causare indefensión.

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARÍA ANTONIA LOZANO ÁLVAREZ

Sala de justicia:
EXCMO. SR. DON JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO.- Presidente
EXCMA. SRA. DOÑA MARÍA ANTONIA LOZANO ÁLVAREZ.- Consejera
EXCMO. SR. DON FELIPE GARCÍA ORTIZ.- Consejero

Situación Actual: Firme

2018 24 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Auto nº 24 del año 2018 dictado por SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación nº 18/18, interpuesto contra el auto de fecha 16 de enero de 2018, que acordó estimar la excepción de falta de capacidad procesal y representación de la parte actora y, en consecuencia, poner fin al procedimiento de reintegro por alcance nº C- 85/17, del ramo de Sector Público Local (Ayuntamiento de San Cristóbal de la Cuesta), Salamanca.

Fecha: 10/10/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 18/18, interpuesto contra el auto de fecha 16 de enero de 2018, que acordó estimar la excepción de falta de capacidad procesal y representación de la parte actora y, en consecuencia, poner fin al procedimiento de reintegro por alcance nº C- 85/17, del ramo de Sector Público Local (Ayuntamiento de San Cristóbal de la Cuesta), Salamanca.

Resumen doctrina: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra el Auto dictado en primera instancia, por el que se acordó estimar la excepción de falta de capacidad procesal y representación del Ayuntamiento apelante. Con imposición de costas al mismo. Frente a la alegación relativa a la necesidad de recibir el recurso de apelación a prueba, consistente en una Providencia de la Alcaldía por la que se acreditan las causas en virtud de las cuales no pudo emitirse el dictamen preceptivo del Secretario-Interventor y por ello fue suscrito por un letrado externo, la Sala afirma que ya fue denegado dicho recibimiento mediante Auto en que se afirmó que la regulación invocada para justificar la práctica de la mencionada prueba se refería a la apelación frente a resoluciones relativas al fondo del asunto y no frente a las relativas a cuestiones procesales. Señala que no cabe atribuir a los informes de letrado aportados por el Ayuntamiento, la cualidad subsanatoria perseguida por el mismo, pues no ha quedado acreditado que se hubiera intentado y no hubiera sido posible, la obtención de dictamen del Secretario-Interventor, conforme al artículo 54.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986. En cuanto a la alegación del apelante por la que se afirma no haber dispuesto de plazo para subsanar la falta de capacidad procesal y representación, la Sala indica que, conforme al artículo 418 de LEC, le fue concedida la posibilidad de subsanar el defecto en el trámite de la Audiencia Previa al juicio, pero que dicha subsanación fue considerada insuficiente por no haberse aportado sino la certificación del Secretario-Interventor relativa al acuerdo del pleno municipal y el informe previo del letrado externo.

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:
EXCMA. SRA. DOÑA MARÍA ANTONIA LOZANO ÁLVAREZ.- Presidenta
EXCMO. SR. DON FELIPE GARCÍA ORTIZ.- Consejero
EXCMA. SRA. DOÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN.- Consejera

2018 15 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 15 del año 2018 dictada por la SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación nº 24/18, interpuesto contra la Sentencia nº 1/2018, de 24 de enero, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-36/17, del ramo de Sector Público Local (Informe Fiscalización Ayto. de San Fernando de Henares, Empresas y Entidades dependientes, Ejercicio 2013), MADRID.

Fecha: 10/10/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 24/18, interpuesto contra la Sentencia nº 1/2018, de 24 de enero, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-36/17, del ramo de Sector Público Local (Informe Fiscalización Ayto. de San Fernando de Henares, Empresas y Entidades dependientes, Ejercicio 2013), MADRID.

Resumen doctrina: Se estima el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la sentencia dictada en primera instancia. La Sala, tras referirse a la doctrina relativa a la naturaleza del recurso de apelación, aprecia, en sintonía con la sentencia impugnada, la existencia de un menoscabo económico objetivo en los caudales públicos de la Corporación, el cual ha sido ocasionado por los pagos abonados por el Alcalde-Presidente en concepto de premio o gratificación de la productividad de los empleados públicos, pagos que carecen de la debida justificación, pues éstos no se sustentan en el soporte normativo adecuado. Asimismo, también en consonancia con la sentencia de instancia, aprecia la existencia de una relación de causalidad entre la actuación del Alcalde-Presidente de la Corporación y el daño causado, en cuanto resulta acreditado que fue éste el encargado de la firma de las nóminas que incluían las retribuciones mencionadas. Afirma que, si bien no puede apreciarse la existencia de dolo, sí se aprecia, apartándose del criterio del juzgador de instancia, la existencia de una conducta gravemente culposa o negligente por parte del ahora apelado, en cuanto que las órdenes de pago se produjeron a pesar de haberse visto afectados de nulidad los Acuerdos/Convenio en que se sustentaban los pagos. El hecho de que el apelado tuviera delegadas en una Concejal de su equipo competencias en materia de personal, régimen interno y participación ciudadana, así como la falta de reparos formulados por la Intervención Municipal, no excluye que su conducta sea gravemente negligente, pues reiterada doctrina de la Sala establece que la delegación de funciones no implica exoneración de responsabilidad para el delegante y que el incumplimiento de sus deberes por otros no exime de la obligación de cumplir los propios. Rechaza la Sala que pueda considerarse, como alega el ahora apelado, que éste desconociera el alcance de las complejidades de la gestión municipal y, por tanto, la ilegalidad de su actuación pues, a pesar de haber tomado posesión de su cargo únicamente dos meses antes de la firma de las nóminas debatidas era, hasta ese momento, Concejal de la Corporación. En cuanto a la alegación referida a no haber existido pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia, indica la Sala que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se trata de una institución propia del proceso penal o de un proceso de naturaleza sancionadora que no tiene, por tanto, cabida en el marco de un procedimiento de reintegro por alcance.

Ponente: EXCMO SR D FELIPE GARCÍA ORTIZ

Sala de justicia:
EXCMO. SR. DON JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO.- Presidente
EXCMA. SRA. DOÑA MARÍA ANTONIA LOZANO ÁLVAREZ.- Consejera
EXCMO. SR. DON FELIPE GARCÍA ORTIZ.- Consejero

2018 14 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 14 del año 2018 dictada por la SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación, rollo nº 23/18, interpuesto contra la Sentencia Nº 9/2017, de 19 de septiembre, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-202/16, del ramo de Administración Seguridad Social (Inf. Fisc. Tcu. Contratos Sector Público Estatal, ejercicio 2012, I.). Madrid.

Fecha: 10/10/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación, rollo nº 23/18, interpuesto contra la Sentencia Nº 9/2017, de 19 de septiembre, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-202/16, del ramo de Administración Seguridad Social (Inf. Fisc. Tcu. Contratos Sector Público Estatal, ejercicio 2012, I.). Madrid.

Resumen doctrina: Se desestima el recurso de apelación interpuesto, con imposición de costas. Rechaza la Sala en primer lugar la alegación de falta de jurisdicción del Tribunal de Cuentas para conocer del asunto. Indica que a éste corresponde el enjuiciamiento de la responsabilidad contable y que, en el presente caso, se enjuicia si la Mutua de Accidentes de trabajo y Enfermedades profesionales apelada ha satisfecho, con cargo a los fondos públicos de la Seguridad Social, indemnizaciones superiores a las que determina la ley, lo cual se ajusta plenamente a la descripción de dicha responsabilidad. Rechaza, asimismo, la alegación de inadmisibilidad del recurso por considerar que, en el presente caso, el apelante deja claros los motivos por los que discrepa de la sentencia apelada y las razones que le inducen a solicitar su revocación, no limitándose a realizar una mera reproducción de los argumentos ya esgrimidos en primera instancia. En cuanto a que el apelante no se opuso a que uno de los sujetos, ahora apelados, no fuera considerado presunto responsable contable en la Liquidación Provisional, afirma que tampoco ha de ser estimado, pues reiterada doctrina de la Sala indica que las conclusiones del Delegado Instructor no vinculan, ni a las posibles partes procesales futuras ni al órgano de la Jurisdicción Contable. Rechaza la alegación de falta de carácter probatorio del Informe de la Intervención de la Seguridad Social, recordando que la eficacia probatoria de los informes de los órganos de control externo e interno es asumida de manera reiterada y uniforme por la Sala. En cuanto a la alegación del apelado por la que afirma que los informes de fiscalización no invierten la carga de la prueba, indica que la presentación de los mencionados informes, sí afecta al onus probandi pues obliga al demandado a desvirtuar el contenido de dicho informe. Declara sin embargo que, en el presente caso, el Informe de la Intervención de la Seguridad Social no ha resultado suficiente para sustentar la apreciación de responsabilidad contable. Estima la falta de legitimación pasiva del Director-Gerente de la Entidad. Indica que no se aporta en el presente recurso, ninguna actuación determinada que pueda considerarse como una forma de intervención del apelado en la concreta salida de fondos públicos. En el presente caso, la mera firma por el aludido, en ejecución de un acuerdo celebrado por la entidad, no le atribuye legitimación pasiva, pues una cosa es participar en la contracción del pacto del que se desprende un determinado marco jurídico y otra distinta que ese marco jurídico se cumpla por otras personas en fechas posteriores. Rechaza, asimismo, la cuestión de inadmisibilidad o desestimación de las alegaciones del Ministerio Fiscal en su adhesión al recurso, por haber sido ésta correctamente formulada. En cuanto al fondo del asunto, la Sala no considera la actuación de la Mutua como contraria a derecho, por estar amparada en sus facultades de gestión, ni que haya provocado un daño real y efectivo a los fondos públicos, ni que en la conducta de los apelados concurra el elemento subjetivo constitutivo de la culpabilidad.

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARÍA ANTONIA LOZANO ÁLVAREZ

Sala de justicia:
EXCMO. SR. DON JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO.- Presidente
EXCMA. SRA. DOÑA MARÍA ANTONIA LOZANO ÁLVAREZ.- Consejera
EXCMO. SR. DON FELIPE GARCÍA ORTIZ.- Consejero

2018 13 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 13 año 2018 dictada por la SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación nº 22/18, interpuesto contra la Sentencia nº 17/2017, de 29 de diciembre de 2017, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-43, del ramo de Comunidades Autónomas, (Cª de Empleo – Ayudas destinadas a Empresas para la Financiación de Planes de Viabilidad- V. I., S.A.), ANDALUCÍA.

Fecha: 10/10/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 22/18, interpuesto contra la Sentencia nº 17/2017, de 29 de diciembre de 2017, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-43, del ramo de Comunidades Autónomas, (Cª de Empleo – Ayudas destinadas a Empresas para la Financiación de Planes de Viabilidad- V. I., S.A.), ANDALUCÍA.

Resumen doctrina: Se desestima el recurso de apelación contra la sentencia de 29 de diciembre de 2017, con imposición de costas al apelante. Aborda en primer lugar la Sala, la doctrina relativa a la prescripción extintiva de la acción de responsabilidad contable, afirmando que los actos de interrupción de la prescripción de cinco años a que se refiere la Disposición Adicional Tercera de la LFTCu, no precisan, para producir el mencionado efecto interruptivo, que hayan sido formalmente notificados al interesado, pero sí que haya quedado acreditado que tuvo conocimiento material de los mismos. Concluye la Sala que, en el presente caso, no se ha producido la prescripción alegada y no opera tampoco la prescripción de tres años del apartado segundo de la Disposición Adicional Tercera. Abordando las cuestiones relativas al fondo del asunto, afirma que el concepto legal de alcance recogido en el artículo 72 de la LFTCu incluye el incumplimiento del objeto, fin, actividad o proyecto al que se destinan los fondos de la subvención o percibir la misma sin reunir los requisitos exigidos. Indica, por otra parte, que en el ámbito de la responsabilidad contable rige el principio civil de la carga de la prueba del artículo 217 de la LEC, en virtud del cual, en el presente caso, corresponde a la Junta de Andalucía probar que se ha producido un perjuicio en los fondos públicos. Recuerda que, conforme a reiterada doctrina de la Sala, los Informes de Fiscalización se configuran como medios de prueba especialmente cualificados que, sin embargo, no vinculan al órgano jurisdiccional, y habrán de ponderarse según las reglas de la sana crítica. Concluye que han sido aplicadas correctamente por la juzgadora de instancia las reglas del onus probandi, haciendo recaer en la empresa demandada la necesidad de aportar prueba suficiente para desvirtuar las conclusiones del Informe de Fiscalización referido. Aprecia, ratificando el criterio de la sentencia de instancia, la existencia de un alcance en los fondos públicos, afirmando, en cuanto al requisito de la culpa o negligencia grave que, tanto el tratamiento dado por el apelante a los fondos recibidos, como su manifiesta incapacidad de justificar adecuadamente la inversión de los mismos a objetivos públicos, revelan que su actuación puede calificarse de gravemente negligente.

Ponente: EXCMO SR D FELIPE GARCÍA ORTIZ

Sala de justicia:
EXCMO. SR. DON JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO.- Presidente
EXCMA. SRA. DOÑA MARÍA ANTONIA LOZANO ÁLVAREZ.- Consejera
EXCMO. SR. DON FELIPE GARCÍA ORTIZ.- Consejero

2018 12 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 12 año 2018 dictada por la SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación nº 49/17, interpuesto contra la sentencia de fecha 26 de mayo de 2017, que acordó estimar parcialmente la demanda interpuesta por el Ayuntamiento de Cacabelos contra Don G. G. D., Don F. J. S. V. y Don J. M. S. G., sin imponer las costas causadas en la primera instancia, del ramo de Entidades Locales (Ayuntamiento de Cacabelos), León.

Fecha: 10/10/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 49/17, interpuesto contra la sentencia de fecha 26 de mayo de 2017, que acordó estimar parcialmente la demanda interpuesta por el Ayuntamiento de Cacabelos contra Don G. G. D., Don F. J. S. V. y Don J. M. S. G., sin imponer las costas causadas en la primera instancia, del ramo de Entidades Locales (Ayuntamiento de Cacabelos), León.

Resumen doctrina: Se desestiman los recursos de apelación interpuestos contra la Sentencia de primera instancia, imponiendo las costas a los apelantes. Se afirma, en primer lugar, que si bien el recurso de apelación debe contener las correspondientes alegaciones que lo fundamenten, en el presente caso el apelante se limita a solicitar una revisión general de la resolución, no aportando alegaciones que permitan sostener la falta de virtualidad de los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada. En cuanto a la alegación de falta de legitimación pasiva, la Sala recuerda la jurisprudencia de la misma al respecto, indicando que dicha legitimación se concibe en un sentido amplio atribuyéndose al gestor de fondos públicos -aquel que, conforme al artículo 55.2 LFTCU, bajo cualquier título, recaude, intervenga, administre custodie o maneje caudales o efectos públicos, con independencia de que se sostenga sobre un vínculo funcionarial, laboral o administrativo-. Afirma, conforme a ello, que el apelante ostenta dicha legitimación, pues ocupó el cargo de Secretario -Interventor de hecho o de derecho firmando documentos de pago de fondos de la Corporación demandante. Rechaza la alegación de falta de litisconsorcio pasivo necesario recordando que, conforme al artículo 38.3 de LOTCu, la responsabilidad contable atribuible a una pluralidad de sujetos es, en todo caso, solidaria, pudiendo dirigirse la acción frente a cualquiera de los presuntos responsables sin necesidad de llevar al proceso a todos ellos. Rechaza, asimismo, la solicitud de recibimiento a prueba, recordando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto, en virtud de la cual, en la segunda instancia, dicha prueba tiene carácter excepcional y limitado. Afirma que en este caso, además, debe reputarse impertinente e inútil conforme al artículo 283 LEC. Indica no haber existido error en la valoración de la prueba practicada por no haber sido esta ilógica, arbitraria, contraria a las máximas de experiencia o a las normas de la sana crítica. Y de la prueba practicada se aprecia la existencia de alcance en los fondos públicos, pues los pagos antes referidos carecieron de la debida justificación y se realizaron al margen de las disposiciones legales aplicables.

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:
EXCMA. SRA. DOÑA MARÍA ANTONIA LOZANO ÁLVAREZ.- Presidenta
EXCMO. SR. DON FELIPE GARCÍA ORTIZ.- Consejero
EXCMA. SRA. DOÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN.- Consejera

2018 13 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 13 del año 2018 por el DEPARTAMENTO SEGUNDO

Procedimiento de reintegro por alcance nº B-174/16; Sector Público Autonómico; Informe de Fiscalización de la Cuenta General del Consorcio de Gestión de Residuos de Gipuzkoa, Ejercicio 2012; Gipuzkoa

Fecha: 08/10/2018

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-174/16; Sector Público Autonómico; Informe de Fiscalización de la Cuenta General del Consorcio de Gestión de Residuos de Gipuzkoa, Ejercicio 2012; Gipuzkoa

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:

2018 12 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 12 del año 2018 por el DEPARTAMENTO SEGUNDO

Procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-34; Comunidades Autónomas; Cª de Empleo – Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad- ACYCO ACEITUNAS Y CONSERVAS, S.A.; Andalucía

Fecha: 05/10/2018

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-34; Comunidades Autónomas; Cª de Empleo – Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad- ACYCO ACEITUNAS Y CONSERVAS, S.A.; Andalucía

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:

2018 11 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 11 del año 2018 dictada por el DEPARTAMENTO SEGUNDO

Procedimiento de reintegro por alcance nº B-126/17; Sector Público Local; Ayuntamiento de Ponga; Asturias

Fecha: 02/10/2018

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-126/17; Sector Público Local; Ayuntamiento de Ponga; Asturias

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:

2018 10 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 10 del año 2018 dictada por el DEPARTAMENTO SEGUNDO

Procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-35; Comunidades Autónomas; Cª de Empleo – Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad - ANTONIO GÁLVEZ PELUQUEROS; Andalucía

Fecha: 01/10/2018

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-35; Comunidades Autónomas; Cª de Empleo – Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad - ANTONIO GÁLVEZ PELUQUEROS; Andalucía

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:

2018 9 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 9 del año 2018 dictada por el DEPARTAMENTO SEGUNDO

Procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-39; Comunidades Autónomas; Cª de Empleo – Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad - Faja Pirítica de Huelva; Andalucía

Fecha: 13/09/2018

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-39; Comunidades Autónomas; Cª de Empleo – Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad - Faja Pirítica de Huelva; Andalucía

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:
EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN.- Consejera

Voces: PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

2018 23 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

AUTO nº 23 año 2018 dictado por la SALA DE JUSTICIA

Recurso del Art. 48.1 nº 26/18. Actuación Previa nº 95/17. Ramo: Sector Público Local (Ayuntamiento de Palma de Mallorca), Islas Baleares.

Fecha: 07/09/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del Art. 48.1 nº 26/18. Actuación Previa nº 95/17. Ramo: Sector Público Local (Ayuntamiento de Palma de Mallorca), Islas Baleares.

Resumen doctrina: La Sala de Justicia acuerda inadmitir el recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/88 interpuesto contra la Liquidación Provisional practicada en las Actuaciones Previas. Se refiere al carácter preclusivo o de caducidad del plazo de cinco días para la interposición del recurso, dada la improrrogabilidad de los plazos procesales, según se desprende del artículo 128 de la LJCA, cuyos términos reproduce. Añade que la jurisprudencia constitucional establece que el cumplimiento de los plazos procesales constituye una garantía esencial de seguridad jurídica. Habiendo transcurrido el plazo de cinco días legalmente previsto, desde la notificación de las resoluciones recurridas hasta la fecha de entrada en el Registro General de este Tribunal del escrito de interposición del recurso, éste se inadmite por extemporáneo.

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:
EXCMO SR D JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO. Presidente
EXCMO SR D FELIPE GARCÍA ORTIZ. Consejero
EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN. Consejera

Voces: ACTUACIONES PREVIASEXTEMPORANEIDADINADMISIONPROVIDENCIA DE REQUERIMIENTORECURSO DEL ARTICULO 48.1 DE LA LEY 7/1988

2018 8 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 8 año 2018 dictada por DEPARTAMENTO SEGUNDO

Procedimiento de reintegro por alcance nº B-104/17; Sector Publico Estatal; Autoridad Portuaria de Las Palmas; Canarias

Fecha: 25/07/2018

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-104/17; Sector Publico Estatal; Autoridad Portuaria de Las Palmas; Canarias

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:
Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera

Voces: PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

2018 22 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

AUTO nº 22 año 2018 dictado por la SALA DE JUSTICIA

Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988 nº 19/18, Actuaciones Previas nº 234/11. Ramo: CC.AA. (Cª de Empleo – Ayudas socio-laborales a la prejubilación), Andalucía.

Fecha: 20/07/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988 nº 19/18, Actuaciones Previas nº 234/11. Ramo: CC.AA. (Cª de Empleo – Ayudas socio-laborales a la prejubilación), Andalucía.

Resumen doctrina: Se desestima el recurso interpuesto contra la Providencia de embargo de 19 de abril de 2018, sin imposición de costas. Se refiere la Sala, en primer lugar, a la naturaleza jurídica del recurso, afirmando que se trata de un medio de impugnación especial y sumario por razón de la materia configurado como mecanismo de revisión de las resoluciones adoptadas en fase de Actuaciones Previas. Indica, en cuanto a sus motivos, que únicamente habrán de ser los que taxativamente determine la ley, es decir, que no se hubiere accedido a completar las diligencias con los extremos que los comparecidos señalaren o se hubiere causado indefensión. Señala que no corresponde a la Sala, por vía del presente recurso, conocer del fondo del asunto, pues ello no solo supondría desbordar el ámbito objetivo del mismo sino también invadir el ámbito competencial de los Consejeros de Cuentas como órganos de primera instancia. En cuanto a la alegación del recurrente mediante la que manifiesta ser errónea la relación de determinados pagos sobre los cuales se decretó el embargo, afirma que es una cuestión que incide directamente sobre el fondo del asunto y necesitada de una adecuada actividad probatoria, no correspondiendo, por tanto, a la Sala, por vía del presente recurso, conocer de ella ni valorar los medios de prueba que hayan de ser procedentes. No aprecia indefensión en el presente caso pues en ningún momento se limitó la participación del recurrente en la instrucción, ni fue preterido en ningún trámite esencial. Indica, asimismo, que todo ello es compatible con el hecho de que la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas imponga al Delegado Instructor la obligación de practicar las diligencias del artículo 47 con la finalidad de analizar las acciones u omisiones constitutivas de responsabilidad contable prima facie, pero sin que la instrucción pueda suponer un mecanismo de enjuiciamiento anticipado o paralelo de esa responsabilidad, pues ello supondría una extralimitación de las facultades del citado órgano. Indica en este sentido, que el embargo decretado por el Delegado Instructor del sueldo del recurrente no constituye sino una medida cautelar contenida en el artículo 47.1.g tendente al aseguramiento de las posibles responsabilidades contables que posteriormente pudieran ser declaradas en el correspondiente procedimiento.

Ponente: EXCMO SR D JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO

Sala de justicia:
EXCMO SR D FELIPE GARCÍA ORTIZ. Presidente
EXCMA SRA DÑA MARÍA ANTONIA LOZANO ÁLVAREZ. Consejera
EXCMO SR D JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO. Consejero

Voces: ACTUACIONES PREVIAS DEL ART. 47 DE LA LEY DE FUNCIONAMIENTOCUESTIONES DE FONDODELEGADO INSTRUCTORINDEFENSIONMOTIVOS DEL RECURSO DEL ART. 48 DE LA LEY DE FUNCIONAMIENTONATURALEZA DEL RECURSO DEL ART. 48 DE LA LEY DE FUNCIONAMIENTO

2018 21 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

AUTO nº 21 año 2018 dictado por la SALA DE JUSTICIA

Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988 nº 1/18, Actuaciones Previas nº 234/11. Ramo: CC.AA. (Cª de Empleo – Ayudas socio-laborales a la prejubilación), Andalucía.

Fecha: 20/07/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988 nº 1/18, Actuaciones Previas nº 234/11. Ramo: CC.AA. (Cª de Empleo – Ayudas socio-laborales a la prejubilación), Andalucía.

Resumen doctrina: Se desestima el recurso interpuesto contra la Providencia de requerimiento de pago de 20 de diciembre de 2017, sin imposición de costas. La Sala se refiere, en primer lugar, a la naturaleza jurídica del recurso, afirmando que se trata de un medio de impugnación especial y sumario por razón de la materia configurado como mecanismo de revisión de las resoluciones adoptadas en fase de Actuaciones Previas. Indica, en cuanto a sus motivos que, tal y como afirma reiterada doctrina de esta Sala, únicamente habrán de ser los que taxativamente determine la ley, es decir, que no se hubiera accedido a completar las diligencias en los extremos que los comparecidos señalaren o se hubiere causado indefensión. No corresponde a la Sala por vía del presente recurso, conocer del fondo del asunto, pues ello no solo supondría desbordar el ámbito objetivo del mismo sino también invadir el ámbito competencial de los Consejeros de Cuentas como órganos de primera instancia. Analiza brevemente el concepto jurisprudencial de indefensión sostenido por el Tribunal Constitucional y por la propia doctrina de la Sala, afirmando que su apreciación exige la existencia de un perjuicio real y efectivo para la posición jurídica y los intereses de los afectados que no se ha producido en el presente caso. Asimismo manifiesta, en relación con la alegación del recurrente por la que sostiene la existencia de una supuesta falsificación de la documentación atinente a los hechos investigados, que se trata de una cuestión directamente relacionada con el fondo del asunto y necesitada de una adecuada actividad probatoria en el seno del ulterior procedimiento jurisdiccional que pudiera incoarse, no correspondiendo a la Sala, por vía de este recurso, conocer de ella ni mucho menos valorar las pruebas que han de resultar procedentes.

Ponente: EXCMO SR D JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO

Sala de justicia:
EXCMO SR D FELIPE GARCÍA ORTIZ. Presidente
EXCMA SRA DÑA MARÍA ANTONIA LOZANO ÁLVAREZ. Consejera
EXCMO SR D JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO. Consejero

Voces: INDEFENSIONNATURALEZA DEL RECURSO DEL ART. 48 DE LA LEY DE FUNCIONAMIENTOPRUEBA

2018 11 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 11 año 2018 dictada por la SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación nº 50/17, interpuesto contra la Sentencia nº 9/2017, de 13 de julio de 2017, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº A-350/15, del ramo de Sector Público Local (Ayuntamiento de Pamplona), Navarra.

Fecha: 20/07/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 50/17, interpuesto contra la Sentencia nº 9/2017, de 13 de julio de 2017, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº A-350/15, del ramo de Sector Público Local (Ayuntamiento de Pamplona), Navarra.

Resumen doctrina: Desestima la Sala el recurso de apelación interpuesto sin imposición de costas. Rechaza la pretensión de indefensión que el apelante alega a consecuencia de la admisión, por el órgano jurisdiccional de instancia, de la prueba propuesta por el ahora apelado, afirmando que dicha admisión fue adecuadamente razonada. Desestima la falta de legitimación pasiva alegada por la Concejal apelada afirmando, tras examinar la doctrina de la Sala que, si bien no concurre dicha legitimación pasiva en la apelada en cuanto firmante de la autorización de la percepción de dietas por otros concejales por concebirse esta actuación como el mero cumplimiento de la obligación administrativa de firmar, sí ostenta dicha legitimación en cuanto perceptora de las mencionadas dietas, concurriendo en este caso la obligación de justificar. Rechaza, asimismo, que se haya producido un ejercicio abusivo de la acción pública determinante de su nulidad, afirmando haber sido ésta correctamente ejercitada y recordando para ello el principio pro actione, como derecho de acceder a la jurisdicción y obtener una resolución de los tribunales. Desestima igualmente la pretensión de que la Sala declare, como cuestión prejudicial, la nulidad del sistema de dietas de la citada corporación, ya que un posible pronunciamiento acerca de la nulidad de un acto administrativo es competencia exclusiva del orden jurisdiccional de dicha naturaleza. En cuanto a las cuestiones de índole material, la posible responsabilidad contable derivada de la percepción de dietas por parte de la Concejal apelada, analiza en primer lugar la Sala, la legislación aplicable al caso en cuanto que su infracción constituye un elemento determinante de dicha responsabilidad. Se refiere, seguidamente, al concepto jurisprudencial de indemnización, tanto procedente del Tribunal Supremo como de la propia Sala, analizando a continuación, la práctica efectivamente llevada cabo por el Ayuntamiento en cuanto a la percepción de las citadas dietas. Afirma que no corresponde a la Jurisdicción Contable realizar una valoración de legalidad del sistema municipal de devengo y justificación de las dietas pero sí relativa a su idoneidad o falta de ella para garantizar una gestión eficiente y un control adecuado de estas. Recuerda, asimismo, que en el ámbito de la presente jurisdicción, es aplicable el principio civil de la carga de la prueba en virtud del cual corresponde, a la ahora apelante, probar la existencia de la obligación de indemnizar los daños derivados de la existencia del pretendido alcance (y por ende la prueba de la existencia de la referida responsabilidad), correspondiendo a la ahora apelada probar los hechos que obstaren a la existencia de dicha obligación (y por ende la prueba de inexistencia de dicha responsabilidad). Conforme a la prueba practicada y discrepando del criterio mantenido por la sentencia de instancia, entiende la Sala que efectivamente se ha producido daño o menoscabo en los caudales públicos por no encontrarse debidamente justificada la percepción de las mencionadas dietas por parte de la apelada, en particular en lo relativo a las fechas de la reuniones que daban derecho a las mismas. Afirma que la obligación de justificación documental se desprende del propio Reglamento Orgánico del Ayuntamiento, no pudiendo oponerse a la declaración de existencia del daño el hecho de que la insuficiente justificación fuera el modo de proceder habitual de la propia corporación. Entiende que otros concejales sí aportaban documentación suficiente para entender convenientemente justificada la percepción de las mencionadas dietas y en ningún caso puede entenderse esta pretendida costumbre, preferente frente a las fuentes escritas del ordenamiento. Afirma la Sala que, junto con el daño, han de concurrir los demás requisitos requeridos jurisprudencialmente para poder apreciar la existencia de responsabilidad contable, no concurriendo en este caso el dolo o culpa grave, al tratarse de culpa leve, ni el nexo causal, por no existir relación directa, completa e inmediata entre la actuación y el daño.

Ponente: EXCMO SR D JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO

Sala de justicia:
EXCMO SR D FELIPE GARCÍA ORTIZ, Presidente
EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN, Consejera
EXCMO SR D JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO, Consejero

Voces: CARGO DE LA PRUEBACUESTION PREJUDICIALDIETASDILIGENCIA: LEGITIMACION PASIVAINDEFENSIONPRINCIPIO PRO ACTIONERESPONSABILIDAD CONTABLE

2018 9 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 9 año 2018 dictada por la SALA DE JUSTICIA

Recurso del artículo 41.2 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo Nº 22/17. Ramo: Sector Público Local (Ayuntamiento de Calamocha) Teruel.

Fecha: 18/07/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del artículo 41.2 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo Nº 22/17. Ramo: Sector Público Local (Ayuntamiento de Calamocha) Teruel.

Resumen doctrina: Estima la Sala el recurso interpuesto sin imposición de costas al Ayuntamiento. La representación procesal del demandante fundamenta su recurso en dos tipos de motivos: vicios de tramitación procedimental y cuestiones de fondo sobre la responsabilidad contable reclamada. La Sala declara, con carácter previo, y a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la inexistencia de una indefensión jurídicamente relevante, ya que no se ha producido un perjuicio real y efectivo para la posición jurídica y los intereses del afectado. A continuación, examina y rechaza los supuestos vicios de tramitación del expediente puestos de relieve por el demandante, cuales son infracción del deber jurídico de suspender, hasta que la Sala de Justicia resuelva el presente recurso, el procedimiento iniciado por el Ayuntamiento para el cobro –esta alegación ha perdido su objeto porque el Pleno de la Corporación Local, por Acuerdo de 18 de julio de 2017, resolvió suspender el procedimiento de apremio hasta que el Tribunal de Cuentas dictara Sentencia sobre el fondo del asunto, siguiendo así la recomendación formulada por la Tesorera Municipal en su Informe de 2 de junio de 2017-; inadecuación del procedimiento porque en lugar de tramitarse como un expediente de responsabilidad contable, debería haberse tramitado como un procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial -esta alegación no puede estimarse pues, de acuerdo con los artículos 41.2 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, en relación con el artículo 1 del Real Decreto 700/1988, de 1 de julio, las responsabilidades contables no constitutivas de alcance en los fondos públicos pueden declararse en vía administrativa, pero a través del procedimiento especial de exigencia de responsabilidad contable previsto en el Real Decreto 700/1988, de 1 de julio-; vulneración de las garantías del procedimiento ya que no se ha incorporado al nuevo expediente diversa documentación solicitada por el recurrente –constan, sin embargo, en la pieza de instrucción del procedimiento de responsabilidad contable diversas resoluciones, suficientemente motivadas, en las que la Instructora decide qué documentos deben incorporarse al expediente y cuáles resultan innecesarios-; determinados documentos (correos electrónicos, Informe jurídico de la Universidad de Zaragoza y liquidación provisional del Tribunal de Cuentas) fueron incorporados al procedimiento de forma irregular -el recurrente no acredita que el acceso de dichos documentos al expediente contravenga lo previsto en los artículos 7, 9 y 10 del Real Decreto 700/1988, de 1 de julio-; el Ayuntamiento acordó, con fecha 29 de diciembre de 2015, en un mismo acto, la caducidad de un expediente y el inicio de otro nuevo por los mismos hechos, pero sin acordar el archivo del caducado -los argumentos esgrimidos en esta materia no conectan con las causas de nulidad y anulabilidad previstas en el artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, aplicable a los hechos enjuiciados-; vulneración del principio de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos –considera la Sala, sin embargo, que el Acuerdo del Pleno Municipal de 29 de diciembre de 2015 de caducidad de un expediente e inicio de otro se ajusta plenamente a los requisitos jurídicos exigidos -; el procedimiento ha caducado al no haberse fijado el plazo para resolver –la Sala desestima, igualmente, esta alegación por cuanto el plazo de caducidad es de seis meses para los procedimientos de responsabilidad administrativa patrimonial-; ilegalidad del acuerdo de incoación del expediente porque en dicha resolución no se hace referencia a la petición razonada que ponga de manifiesto las infracciones, requisito exigido en el Real Decreto 700/1988, de 1 de julio –considera la Sala que el expediente de responsabilidad contable tramitado se sustenta en las inspecciones e investigaciones administrativas pertinentes-; vulneración del principio de igualdad y no discriminación –tampoco son estimados por la Sala a la vista de la tramitación de las actuaciones-. En relación con la posible nulidad del Decreto del Alcalde por el que éste resolvió la recusación de la instructora que había formulado el interesado dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad contable, es una alegación que debe ser estimada pues tal pronunciamiento correspondía al Pleno de la Corporación y no a su Alcalde lo que implica también la nulidad de la resolución final del procedimiento, al tratarse de un trámite esencial, por lo que ha de ser estimada la demanda formulada y acordarse la retroacción del procedimiento hasta el momento posterior a la presentación del escrito por el que el demandante formuló la recusación de la instructora. Por todo ello, la Sala estima el recurso interpuesto sin imposición de costas al Ayuntamiento debido a la existencia de razonables dudas de derecho.

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARÍA ANTONIA LOZANO ÁLVAREZ

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dª Mª Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera

Voces: CUESTIONES DE FONDOINDEFENSIONNULIDADRECUSACIONRETROACCION

2018 20 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

AUTO nº 20 año 2018 dictado por la SALA DE JUSTICIA

Recursos del artículo 48.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, rollo nº 21/18. Actuación Previa nº 281/16. Ramo: Sector Público Local (Ayuntamiento de Navalcarnero), Madrid.

Fecha: 18/07/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recursos del artículo 48.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, rollo nº 21/18. Actuación Previa nº 281/16. Ramo: Sector Público Local (Ayuntamiento de Navalcarnero), Madrid.

Resumen doctrina: La Sala desestima un recurso e inadmite otro sin imposición de costas a los recurrentes. Comienza con una exposición pormenorizada de las alegaciones vertidas por los intervinientes en las actuaciones. A continuación, y con carácter previo a la resolución de los recursos, alude a la naturaleza jurídica de las Actuaciones Previas -preparatorias de la vía jurisdiccional- así como al carácter y objeto del recurso del artículo 48.1 de la LFTCu –cuyos únicos motivos de interposición es que no se accediere a completar las diligencias de averiguación con los extremos que los comparecidos señalaren o que se hubiere ocasionado indefensión-. En relación con uno de los recursos interpuestos, manifiesta la Sala que, al plasmarse, en el Acta de Liquidación Provisional la responsabilidad contable directa de éste, entre otros, la naturaleza de dicha responsabilidad no puede ser otra que solidaria, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 38.3 de la LOTCu y en aplicación de la misma se dictan los Proveídos por la Delegada Instructora. Tampoco comparte la Sala la argumentación planteada de que el embargo preventivo de los bienes que ordena la resolución impugnada es improcedente porque los practicados sobre bienes de los responsables contables directos cubran suficientemente las eventuales responsabilidades porque el responsable solidario tiene la obligación de resarcir la totalidad de lo reclamado pese a que existan otros deudores. La Providencia de embargo dictada por la Delegada Instructora, objeto del recurso interpuesto, es conforme a derecho. Para terminar de resolver el recurso la Sala analiza la afirmación de que el bien embargado no pertenece al recurrente sino a una persona que no es parte en el proceso y que es cónyuge del anterior y, tras el examen de la documentación aportada, la Sala ratifica el embargo preventivo ordenado por la resolución recurrida porque todas las actuaciones practicadas por la Delegada Instructora se realizaron cuando el bien en litigio era propiedad, con el 100% de pleno dominio, con carácter ganancial, del ahora recurrente y su cónyuge, y ello con independencia del posible fraude y alzamiento de bienes que se hubiera podido originar, cuestiones ambas que exceden del ámbito de esta Jurisdicción Contable. Por lo que respecta al ofrecimiento de bienes que se realiza en el escrito de recurso la Sala manifiesta la pertinencia de solicitar al Consejero de instancia la modificación de medidas cautelares a tenor de lo dispuesto en el artículo 743 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). En cuanto al recurso interpuesto por la representación de la otra parte recurrente, la Sala lo inadmite porque no es parte en el procedimiento de reintegro por alcance turnado, ni ha intervenido, en modo alguno, en las Actuaciones Previas nº 281/16, objeto de este rollo. La diligencia de embargo contenida en la resolución recurrida se notificó a la recurrente en cumplimiento de lo establecido legalmente y por tener la consideración de ganancial el bien embargado y ello no genera indefensión alguna, ya que podría interponer ulteriormente una tercería de dominio, ex artículo 595 de la LEC.

Ponente: EXCMO SR D FELIPE GARCÍA ORTIZ

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dª Mª Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera

Voces: EMBARGO PREVENTIVOINDEFENSIONNATURALEZA DE LAS ACTUACIONES PREVIAS DE INSTRUCCIONSOLIDARIDADTERCERIA DE DOMINIO

2018 19 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

AUTO nº 19 año 2018 dictado por la SALA DE JUSTICIA

Recursos del art. 48.1 de la Ley 7/88, nº 16/18, interpuestos contra la Providencia de 19 de marzo de 2018, dictada en las Actuaciones Previas nº 281/2016, de Sector Público Local (Ayto. de Navalcarnero)

Fecha: 18/07/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recursos del art. 48.1 de la Ley 7/88, nº 16/18, interpuestos contra la Providencia de 19 de marzo de 2018, dictada en las Actuaciones Previas nº 281/2016, de Sector Público Local (Ayto. de Navalcarnero)

Resumen doctrina: La Sala desestima los recursos interpuestos sin imposición de costas a los recurrentes. Comienza exponiendo las alegaciones vertidas por éstos en sus respectivos escritos y, tras su análisis, concluye que deben ser desestimadas. En primer lugar, en cuanto a la petición de nulidad de actuaciones planteada por la representación procesal de la mercantil mediante escrito de fecha 16 de febrero de 2018, debe advertirse que dicha petición ya ha sido resuelta mediante Auto de la Sala de Justicia de fecha 30 de mayo de 2018. Y, en cuanto a las demás peticiones contenidas tanto en el recurso de la mercantil, como en el de la otra recurrente, deben ser desestimadas por carencia sobrevenida de objeto. Con fecha 13 de abril de 2018 la Delegada Instructora de las actuaciones previas dictó Providencia, que dejaba sin efecto la anterior Providencia de 19 de marzo de 2018, al entender que se había producido un “error material” en ésta, advertido al tener conocimiento de los recursos interpuestos. Mediante estas decisiones de la Delegada Instructora, concluye la Sala, resulta satisfecho el interés de las partes recurrentes.

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dª Mª Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera

Voces: ERROR MATERIALNULIDAD DE ACTUACIONESPERDIDA SOBREVENIDA DEL OBJETO