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2020 17 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 17 año 2020 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación, rollo Nº 6/20, interpuesto contra la Sentencia Nº 18/2019, de 23 de julio, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15- 6, del ramo de Comunidades Autónomas (Consejería de Empleo – Ayudas destinadas a Empresas para la financiación de Planes de Viabilidad – R. G.), Andalucía.

Fecha: 30/09/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación, rollo Nº 6/20, interpuesto contra la Sentencia Nº 18/2019, de 23 de julio, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15- 6, del ramo de Comunidades Autónomas (Consejería de Empleo – Ayudas destinadas a Empresas para la financiación de Planes de Viabilidad – R. G.), Andalucía.

Resumen doctrina: Tras exponer pormenorizadamente las alegaciones de las partes, la Sala comienza por analizar las cuestiones procesales indicadas en el recurso, refiriéndose en primer término a la excepción de prescripción. La parte apelante considera que entre el “dies a quo” (fecha de la salida de los fondos) y el “dies ad quem”( fecha de citación a la liquidación provisional) habrían transcurrido más de cinco años sin que se hubiera producido ningún acto con eficacia interruptiva del plazo de prescripción de la responsabilidad contable reclamada, por lo que dicha responsabilidad habría prescrito por aplicación de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Esta cuestión fue ya planteada en la primera instancia y desestimada, en la Sentencia impugnada, por razones que la Sala comparte. En primer lugar, el aludido plazo de prescripción quedó interrumpido por la fiscalización realizada por la Cámara de Cuentas de Andalucía, de las ayudas socio-laborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía. Dicha fiscalización se inició en virtud de acuerdo del Consejo de Gobierno de la citada Comunidad Autónoma de 8 de febrero de 2011. Por otra parte, también interrumpió el plazo de prescripción de la responsabilidad contable exigida, la incoación, el 19 de enero de 2011, por el Juzgado de Instrucción nº6 de Sevilla, de las diligencias previas 174/11, en las que se investigaban penalmente los mismos hechos objeto del presente procedimiento de reintegro. En cuanto al conocimiento, por los interesados, de las actuaciones fiscalizadoras y jurisdiccionales que interrumpieron el plazo de prescripción de las responsabilidades contables que se les reclaman, existe esa razonable convicción. En primer lugar, porque la fiscalización por la Cámara de Cuentas de Andalucía y las actuaciones de la Jurisdicción Penal tuvieron un contenido extenso, tanto desde el punto de vista subjetivo como objetivo, lo que convierte en inverosímil defender que la existencia de estas actividades indagatorias y su contenido no hubieran tenido una amplia difusión en los círculos profesionales, corporativos o políticos afectados por la investigación. En segundo término, por la enorme repercusión mediática del caso “Eres”, en el que se incardinan los hechos enjuiciados en el presente procedimiento. De acuerdo con el artículo 60.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas: “La Jurisdicción contable juzgará dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones de las mismas”. Y la Sala considera que la juzgadora de primera instancia enjuició los hechos dentro de los límites de las alegaciones y pretensiones de las partes, por lo que cumplió las exigencias del principio dispositivo establecidas en dicho artículo.

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARÍA ANTONIA LOZANO ÁLVAREZ

Sala de justicia:
Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano.- Presidente
Excma. Sra. Doña María Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. Don Felipe García Ortiz.- Consejero

Situación Actual: No firme

2020 16 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 16 año 2020 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación nº 55/19, interpuesto contra la Sentencia nº 7/2019, de 29 de marzo, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-2, del ramo de Comunidades Autónomas, (Cª de Empleo – Ayudas destinadas a Empresas para la Financiación de Planes de Viabilidad –D. N.), Andalucía.

Fecha: 30/09/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 55/19, interpuesto contra la Sentencia nº 7/2019, de 29 de marzo, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-2, del ramo de Comunidades Autónomas, (Cª de Empleo – Ayudas destinadas a Empresas para la Financiación de Planes de Viabilidad –D. N.), Andalucía.

Resumen doctrina: Una vez sistematizados los motivos que sustentan el recurso planteado, así como las alegaciones de oposición al mismo, la Sala recuerda el criterio vigente respecto a la naturaleza del recurso de apelación que, como recurso ordinario, permite al Tribunal la posibilidad de aplicar e interpretar normas jurídicas con un criterio diferenciado, tanto de las partes, como del Órgano juzgador de instancia, y la de resolver confirmando, corrigiendo, enmendando o revocando lo decidido y recurrido, e incluso decidir lo mismo con fundamentación diferente, aunque siempre dentro del respeto al principio de congruencia y del límite de las pretensiones de las partes. La Sala analiza, con carácter previo, la alegación de prescripción de la acción de responsabilidad contable por alcance ejercitada por la representación de la Junta de Andalucía y concluye que, atendiendo a las fechas y hechos que constan en autos, resulta evidente que no ha transcurrido el plazo de prescripción establecido en la Disposición Adicional Tercera de la LFTCu, toda vez que dicho plazo quedó interrumpido el día 8 de febrero de 2011 con el inicio de la fiscalización de las ayudas objeto de las actuaciones. En segundo lugar, la iniciación de las Diligencias Previas 174/2011, en el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, respecto a los mismos hechos, también tiene efectos interruptivos del plazo de prescripción. En relación con las alegaciones relativas al desconocimiento o ignorancia de los hechos que han dado lugar al presente procedimiento, constata la Sala que llegaron a conocimiento de los demandados. A mayor abundamiento, tampoco concurre la prescripción por cumplimiento del plazo especial de tres años desde la terminación de la fiscalización, por cuanto queda acreditado en autos que, a raíz de la denuncia realizada por el actor público, mediante escrito de 3 de mayo de 2011, se incoaron, por parte de este Tribunal de Cuentas, las Diligencias Preliminares B-112/11 (que registraron sucesivos desgloses posteriores), que culminaron en el Auto de fecha 24 de junio de 2011, de propuesta de nombramiento de Delegado Instructor y las Actuaciones Previas nº 116/13 que las siguieron. En relación con el fondo de la cuestión consistente en determinar si existió un perjuicio constitutivo de alcance en los fondos públicos de la Junta de Andalucía, por la realización de un pago en concepto de ayudas para la viabilidad a la mercantil, carente de justificación y prescindiendo de los procedimientos establecidos por las normas contables, la Sala entiende que concurren todos y cada uno de los requisitos legal y jurisprudencialmente exigidos para apreciar la responsabilidad contable por alcance.

Ponente: EXCMO SR D JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano. Presidente
Excma. Sra. Dña. Mª Antonia Lozano Álvarez. Consejera
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz. Consejero

Situación Actual: No firme

2020 14 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 14 año 2020 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recursos de apelación, rollo nº 23/19, interpuestos contra la Sentencia nº 18/2018, de 28 de diciembre, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-212/11, al que se ha acumulado el 172/13, Entidades Locales (Entidad Metropolitana de Aguas Residuales de Valencia -EMARSA-) Valencia.

Fecha: 30/09/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recursos de apelación, rollo nº 23/19, interpuestos contra la Sentencia nº 18/2018, de 28 de diciembre, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-212/11, al que se ha acumulado el 172/13, Entidades Locales (Entidad Metropolitana de Aguas Residuales de Valencia -EMARSA-) Valencia.

Resumen doctrina: Una vez expuestos los distintos argumentos de las partes, la Sala pone de manifiesto que las alegaciones contenidas en los respectivos escritos de recurso contra la sentencia de instancia se podrían clasificar en las siguientes: 1) Existencia de prejudicialidad penal y exceso de jurisdicción; 2) Incongruencia; 3) Irregular ampliación de la demanda por parte de los actores públicos; 4) Falta de legitimación pasiva del Sr. Morenilla; 5) Error en la valoración de la prueba por parte de la Consejera de instancia y 6) Ausencia de los elementos necesarios para la declaración de la responsabilidad contable de los apelantes. En cuanto a la prejudicialidad penal, no basta para que ésta opere la pendencia de un proceso penal en el que se hayan formulado pretensiones punitivas basadas en los mismos hechos en que se determinen las acciones de responsabilidad contable, sino que es necesario que el pronunciamiento penal sobre una cuestión de su exclusiva competencia constituya un elemento previo necesario para la declaración de la responsabilidad contable. En el supuesto que nos ocupa, en el que se enjuician los daños o perjuicios que se hubieran podido causar a los fondos públicos como consecuencia de la salida injustificada de fondos en las entidades EMARSA (ahora EMSHI) y EPSAR por incremento injustificado de precios en las prestaciones de servicios o abono de servicios o suministros no realizados, no concurre la necesidad de que haya un previo pronunciamiento penal sobre un presunto delito de falsedad o apoderamiento de fondos, ya que la delimitación del perjuicio económico causado a los fondos públicos es competencia única y exclusiva de la jurisdicción contable. En cuanto a la incongruencia de la sentencia, es de resaltar que la misma satisface las exigencias de coherencia cuando da respuesta razonada a las pretensiones de las partes, aunque no contenga un razonamiento autónomo y específico de todos y cada uno de los fundamentos jurídicos en que aquéllas se sustenten. Por último, la Sala concluye que se dan todos y cada uno de los requisitos necesarios para la declaración de la responsabilidad contable directa.

Ponente: EXCMO SR D FELIPE GARCÍA ORTIZ

Sala de justicia:
Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano.- Presidente
Excma. Sra. Doña María Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. Don Felipe García Ortiz.- Consejero

Situación Actual: No firme

2020 13 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 13 año 2020 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recurso del artículo 41.2 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo Nº 19/19. Ramo: Sector Público Local (Ayuntamiento de Calamocha) Teruel.

Fecha: 30/09/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del artículo 41.2 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo Nº 19/19. Ramo: Sector Público Local (Ayuntamiento de Calamocha) Teruel.

Resumen doctrina: El presente recurso del artículo 41.2 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, se tramita como consecuencia de un expediente administrativo de responsabilidad contable, que es uno de los cauces formales que la normativa permite para exigir las responsabilidades contables que no derivan de un alcance en los fondos públicos sino de otros tipos de infracción económico-financiera. Esgrime el demandante, por otra parte, la caducidad del expediente de responsabilidad contable en el que se dictó la resolución que recurre. La Sección Tercera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en su reciente Sentencia 317/2019, de 12 de marzo, ha establecido el criterio de que el plazo de caducidad aplicable supletoriamente a los expedientes administrativos de responsabilidad contable no es el de seis meses que se establece para los procedimientos de responsabilidad patrimonial, sino el de tres meses que se recogía en el artículo 44.3 de la Ley 30/92, y se mantiene hoy en el artículo 21.3 de la Ley 39/2015. En el presente caso, el “dies a quo” que debería tenerse en cuenta para el cómputo del plazo de prescripción sería la fecha en la que se produjeron los hechos presuntamente generadores de responsabilidad contable -la última infracción atribuida al demandante fue permitir, presuntamente, que prescribieran derechos de cobro el 30 de septiembre de 2012-. Sin embargo, desde la mencionada fecha se fueron produciendo una serie de actuaciones que interrumpieron el plazo de prescripción. Estas actuaciones son las practicadas en la fase instructora y en la primera instancia. De acuerdo con el artículo 92.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, aplicable al período en que se produjeron los hechos (en la actualidad artículo 95.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), la caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. Puestos en conexión el citado precepto procedimental administrativo con la también aludida disposición adicional tercera de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se concluye que debe considerarse prescrita la responsabilidad contable reclamada al recurrente, por lo que no procede entrar a conocer de las alegaciones sobre el fondo esgrimidas por el mismo.

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARÍA ANTONIA LOZANO ÁLVAREZ

Sala de justicia:
Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano.- Presidente.
Excma. Sra. Doña María Antonia Lozano Álvarez.- Consejera.
Excmo. Sr. Don Felipe García Ortiz.- Consejero.

Situación Actual: No firme

2020 13 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Auto nº 13 del año 2020 dictado por Sala de Justicia

Recurso nº7/20 interpuesto al amparo del artículo 48.1 de la Ley 7/88, de 5 de abril, contra la Providencia de requerimiento de pago de fecha 30 de enero de 2020 dictada en las Actuaciones Previas nº 91/19, Sector Público Local (Ayuntamiento de Ambite)

Fecha: 30/09/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso nº7/20 interpuesto al amparo del artículo 48.1 de la Ley 7/88, de 5 de abril, contra la Providencia de requerimiento de pago de fecha 30 de enero de 2020 dictada en las Actuaciones Previas nº 91/19, Sector Público Local (Ayuntamiento de Ambite)

Resumen doctrina: El recurso presentado cuestiona los conceptos por los que se aprecia en la Liquidación Provisional la concurrencia de responsabilidad contable en los recurrentes, discrepando de las conclusiones alcanzadas por la Delegada Instructora en cuanto a los siguientes puntos:1) Nómina duplicada; y 2) Indemizaciones por kilometraje y gastos, y por asistencia. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, el recurso del artículo 48.1 de la LFTCu únicamente puede basarse en los motivos taxativamente establecidos en dicho precepto, que se concretan en que no se accediere a completar las diligencias con los extremos que los comparecidos señalaren, o que la resolución recurrida causare indefensión. En particular, la jurisprudencia de la Sala rechaza que el recurso del artículo 48.1 de la LFTCu pueda basarse en discrepancias de fondo con las conclusiones del Acta de Liquidación Provisional en relación con los hechos investigados y la concurrencia en los mismos de los requisitos legalmente exigidos para apreciar la existencia de responsabilidad contable. En el caso que nos ocupa, los motivos del recurso se centran exclusivamente en discrepancias de los recurrentes con las conclusiones de la Liquidación Provisional en cuanto al pago y devolución de una nómina duplicada y en cuanto a la procedencia o improcedencia del pago de determinadas indemnizaciones por asistencia a sesiones de órganos municipales, gastos y kilometraje. Se trata, por tanto, de motivos que entran de lleno en el fondo del asunto objeto de las Actuaciones Previas que no pueden servir de base a este recurso. No cabe apreciar, por lo demás, que se haya causado indefensión alguna a los recurrentes en la tramitación de las Actuaciones Previas, puesto que ambos fueron citados al acto de la Liquidación Provisional en el que efectivamente intervinieron asistidos por su Abogado, formulando en dicho acto las alegaciones que consideraron oportunas, que aparecen reflejadas en la consideración sexta del Acta de Liquidación Provisional y a las que la Delegada Instructora dio razonada respuesta.

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:
EXCMO. SR. DON JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO.- Presidente
EXCMO. SR. DON FELIPE GARCÍA ORTIZ.- Consejero
EXCMA. SRA. DOÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN.- Consejera

Situación Actual: FIRME

2020 12 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Auto nº 12 del año 2020 dictado por Sala de Justicia

Recurso del art. 48.1 de la Ley 7/88, nº 53/19, interpuesto contra la Providencia de 3 de diciembre de 2019, dictada en las Actuaciones Previas nº 158/18, Sector Público Local (Ayuntamiento del Fresno de Torote), Madrid.

Fecha: 30/09/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del art. 48.1 de la Ley 7/88, nº 53/19, interpuesto contra la Providencia de 3 de diciembre de 2019, dictada en las Actuaciones Previas nº 158/18, Sector Público Local (Ayuntamiento del Fresno de Torote), Madrid.

Resumen doctrina: La Sala aborda en primer término la naturaleza de este medio de impugnación. Se trata de un recurso mediante el cual no ha de entrar la misma a conocer de la calificación jurídico-contable del o de los presuntos responsables, ni del fondo del asunto sometido a enjuiciamiento contable, puesto que ello significaría, no sólo desbordar el ámbito objetivo del proceso especial, sino trastocar el régimen jurídico de las competencias de los órganos e instancias, ya que se permitiría la eventual decisión por el órgano de segunda instancia sin haberse incluso tramitado procesalmente la primera y se invadiría, con manifiesta ilegalidad, el ámbito de competencia funcional atribuido ex lege a los Consejeros de Cuentas como órganos de la primera instancia contable, en los términos previstos en los artículos 25 de la Ley Orgánica 2/1982 de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y 52.1.a), 53.1 y preceptos concordantes de la LFTCu. Además, recuerda la Sala, que al tener las Actuaciones Previas carácter preparatorio del ulterior proceso jurisdiccional contable, únicamente constituye su objeto la práctica de las diligencias precisas para concretar los hechos imputados y determinar los presuntos responsables, así como, en el caso de que de las actuaciones llevadas a cabo se desprendan indicios de responsabilidad contable, cuantificar de manera previa y provisional el perjuicio ocasionado en los caudales públicos, procediendo, seguidamente, a adoptar las medidas cautelares de aseguramiento que sean necesarias para garantizar los derechos de la Hacienda Pública que pudieran haberse vulnerado El recurrente, en este supuesto, alega indefensión, al entender que se le citó a un acto de liquidación provisional, “de forma sorpresiva” por lo que se le anuló toda capacidad de defensa, debiendo improvisar sobre algo de lo que en ese momento no tenía conocimiento, sin poder aportar pruebas, documentos o cualquier otra alegación; por ello, señala que se le ha prejuzgado directamente y obviado su derecho de defensa. Tal alegación es desestimada por cuanto no se limitaron los medios de defensa, los cuales, puede hacer valer, en su caso, en la fase jurisdiccional. En segundo lugar, el recurrente solicita la suspensión de la providencia de requerimiento de pago, depósito o afianzamiento, y, subsidiariamente, su aplazamiento. La Sala manifiesta a estos efectos que las circunstancias que pueden dar lugar a los efectos suspensivos de un recurso del artículo 48.1 de la LFTCu, por su carácter excepcional, deben ser objeto de interpretación restrictiva. La pretensión de suspensión o aplazamiento es desestimada, toda vez que la medida cautelar dirigida contra el declarado presunto responsable contable en la liquidación provisional tiende a asegurar los derechos de la Hacienda Pública tal como preceptúa el artículo 47.1 f) anteriormente citado. El requerimiento de depósito o afianzamiento, como ha venido declarando esta Sala, es una «típica medida cautelar de aseguramiento, que en nada afecta a la ulterior determinación de la responsabilidad contable en sus diferentes grados y modalidades».

Ponente: EXCMO SR D FELIPE GARCÍA ORTIZ

Sala de justicia:
Excmo. Sr. don José Manuel Suárez Robledano.- Presidente
Excmo. Sr. don Felipe García Ortiz.- Consejero
Excma. Sra. doña Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera

Situación Actual: FIRME

2020 6 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 6 año 2020 dictada por DEPARTAMENTO SEGUNDO

Procedimiento de reintegro por alcance nº B-71/17, del Sector Público Local; Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre los gastos efectuados por las Entidades Locales sin crédito presupuestario, Ejercicio 2013.- Ayuntamiento de Alboraya; Valencia

Fecha: 16/07/2020

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-71/17, del Sector Público Local; Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre los gastos efectuados por las Entidades Locales sin crédito presupuestario, Ejercicio 2013.- Ayuntamiento de Alboraya; Valencia

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:

2020 9 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Auto nº 9 del año 2020 dictado por Sala de Justicia

Recurso de apelación, rollo nº 3/20, interpuesto contra el Auto de 26 de septiembre de 2018, por el que se archivó la Acción Pública Nº B-9/18, Administración de la Seguridad Social (Tesorería General de la Seguridad Social), Cádiz.

Fecha: 06/07/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación, rollo nº 3/20, interpuesto contra el Auto de 26 de septiembre de 2018, por el que se archivó la Acción Pública Nº B-9/18, Administración de la Seguridad Social (Tesorería General de la Seguridad Social), Cádiz.

Resumen doctrina: Una vez resumidas las alegaciones y pretensiones de las partes que intervienen en esta apelación la Sala analiza los motivos de impugnación. Y comienza por manifestar que no cabe atender la pretensión de nulidad al no haberse producido la indefensión alegada. En cuanto a la nulidad de actuaciones alegando la falta de motivación de la resolución, y que la inadmisión de la intervención solicitada al Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función de enjuiciamiento contable vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, además de producirle indefensión, considera la Sala que el auto impugnado no incurre en causa de nulidad ya que fue debidamente motivado y el archivo de las actuaciones se acordó con pleno respeto a los derechos alegatorios y de aportación documental de los interesados. En cuanto a los requisitos de admisibilidad de la acción pública previstos en el artículo 56 de la LFTCu, la Sala señala que el actor público no ha identificado ni cuantificado daño alguno a fondos públicos concretos, ni los hechos denunciados presentan indicios de responsabilidad contable, confirmando así el Auto impugnado que acordó el archivo de la acción pública.

Ponente: EXCMO SR D FELIPE GARCÍA ORTIZ

Sala de justicia:
Excmo. Sr. don José Manuel Suárez Robledano.- Presidente
Excma. Sra. doña María Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. don Felipe García Ortiz.- Consejero

Situación Actual: NO FIRME

2020 9 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 9 año 2020 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación, rollo nº 50/19, interpuesto contra la Sentencia nº 3/2019, de 25 de febrero, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-18, Comunidades Autónomas (Cª de Empleo -Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad- C.) Andalucía

Fecha: 06/07/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación, rollo nº 50/19, interpuesto contra la Sentencia nº 3/2019, de 25 de febrero, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-18, Comunidades Autónomas (Cª de Empleo -Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad- C.) Andalucía

Resumen doctrina: Una vez expuestos los distintos argumentos de las partes, y entrando ya en el análisis del recurso de apelación interpuesto, lo primero que aborda la Sala es la resolución de las cuestiones procesales planteadas, cuales son la falta de legitimación pasiva de la Sociedad y la prescripción de las responsabilidades contables. En cuanto a la falta de legitimación pasiva es un hecho probado que se ingresaron en una cuenta de la Sociedad unas ayudas públicas de forma injustificada, ya que se hizo sin expediente ni procedimiento alguno y sin acto administrativo de reconocimiento de la obligación y ello lleva a afirmar que la citada sociedad está legitimada pasivamente, de acuerdo con lo establecido en el precitado artículo 49.1 de la LFTCu. La segunda cuestión procesal que se plantea es la prescripción de la responsabilidad contable de dicha sociedad. A estos efectos, y sin perjuicio de la tramitación posterior en esta sede contable de las Diligencias Preliminares y Actuaciones Previas correspondientes, la Sala considera que la Sociedad tuvo conocimiento de facto, a través de diversas actuaciones de las irregularidades detectadas en los pagos ordenados, no habiéndose producido en modo alguno la prescripción alegada. En cuanto a los motivos de fondo en los que se basa la apelación, comenzando por error en los fundamentos fácticos de la sentencia impugnada, la Sala señala que la valoración probatoria de la Juzgadora de instancia debe ser respetada en tanto no se ha demostrado que incurriera en error de hecho, que sus valoraciones fueran ilógicas u opuestas a las máximas de la experiencia o a las reglas de las sana crítica, como viene exigiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En relación con la falta de concurrencia de los presupuestos para la exigencia de responsabilidad contable sentencia la Sala que al aceptar el pago de una ayuda prescindiendo por completo del procedimiento y garantías legalmente establecidos supone, bien una conducta dolosa, si se hizo con plena conciencia de la ilegalidad de la actuación administrativa, bien una conducta gravemente negligente, ya que, ante una actuación administrativa tan grave y manifiestamente irregular, no se puede considerar excusable la ignorancia de que se estaba actuando ilegalmente.

Ponente: EXCMO SR D FELIPE GARCÍA ORTIZ

Sala de justicia:
Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano.- Presidente
Excma. Sra. Doña María Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. Don Felipe García Ortiz.- Consejero

Situación Actual: NO FIRME

2020 8 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 8 año 2020 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación nº 46/19, interpuesto contra la Sentencia nº 12/2019, de 11 de junio, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-265/16, del ramo Sector Público Autonómico (Generalidad Valenciana.- “Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U.”-CMPD) VALENCIA

Fecha: 06/07/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 46/19, interpuesto contra la Sentencia nº 12/2019, de 11 de junio, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-265/16, del ramo Sector Público Autonómico (Generalidad Valenciana.- “Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U.”-CMPD) VALENCIA

Resumen doctrina: Una vez expuestas las alegaciones de las partes, el objeto de la presente apelación se centra en determinar si, como afirma la representación letrada de la Generalidad Valenciana, la presunta irregularidad consistente en la adquisición, por parte de CMPD, con fecha 7 de marzo de 2012, y por un importe de 0,99 €, de una sociedad, que posteriormente fue fusionada por absorción, y que presentaba en el momento de la compra un valor negativo en libros de 23.991.440,36 euros, constituye un alcance en los fondos públicos autonómicos, surgiendo la obligación de indemnizar a dicha Administración por parte de las personas que ostentaron la condición de miembros del Consejo de Administración de la ya citada entidad pública mercantil CMPD. Asimismo, y con carácter subsidiario, se debe enjuiciar la concurrencia de responsabilidad contable, sujeta a la obligación de restitución íntegra del daño económico producido, que la parte apelante cifró en 14.660.631 euros, por parte de las personas que figuran como recurridas en esta instancia, como consecuencia de la producción de una presunta irregularidad consistente en no haber realizado aquéllas las actuaciones necesarias para reclamar y percibir la deuda que la sociedad adquirida había contraído con CMPD, tras la celebración de un contrato de fecha 26 de marzo de 2008, por los gastos de organización deportiva del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 generados durante los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011. La Sala manifiesta a estos efectos que desestima la pretensión principal de la parte apelante, confirmando los pronunciamientos recogidos en la Sentencia recurrida, por considerarlos ajustados a Derecho, puesto que se considera que no se reúnen los requisitos legal y jurisprudencialmente exigidos para apreciar alcance de los fondos públicos de la Comunidad Valenciana. Igual suerte desestimatoria, sigue manifestando, ha de correr la pretensión subsidiaria postulada por la parte apelante. Acierta la Juzgadora de instancia al afirmar que para que un comportamiento omisivo en relación con la reclamación de cantidades debidas a una entidad pública pudiera considerarse generador de responsabilidad contable, sería necesario que pudiera establecerse una conexión causal entre dicha conducta omisiva y el perjuicio ocasionado a los fondos de la sociedad pública, circunstancia que no concurre en el presente supuesto.

Ponente: EXCMO SR D JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO

Sala de justicia:
Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano.- Presidente.
Excma. Sra. Doña María Antonia Lozano Álvarez.- Consejera.
Excmo. Sr. Don Felipe García Ortiz.- Consejero.

Situación Actual: FIRME

2020 8 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Auto nº 8 del año 2020 dictado por Sala de Justicia

Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988 nº 49/19, Actuaciones Previas nº 80/19. Ramo: Sector Público Autonómico (Generalidad de Cataluña. Gastos y pagos referéndum ilegal de 1 de octubre de 2017), CATALUÑA.

Fecha: 06/07/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988 nº 49/19, Actuaciones Previas nº 80/19. Ramo: Sector Público Autonómico (Generalidad de Cataluña. Gastos y pagos referéndum ilegal de 1 de octubre de 2017), CATALUÑA.

Resumen doctrina: Una vez expuestas las posturas procesales de las partes, la Sala comienza poniendo de manifiesto que la subsanación y complemento de sentencias y de resoluciones viene recogida en el artículo 215 de la LEC y queda sometido, no obstante, como supuesto especial, a la regla general de invariabilidad de las resoluciones que se pronuncien por el Tribunal después de firmadas, contenida en el artículo 214.1 de la citada Ley Procesal, según se infiere, tanto de la remisión que realiza el apartado 1 del artículo 215 de la LEC al anterior, como del tenor del artículo 267 de la LOPOJ, en sus apartados 1 y 5. Se ha solicitado el complemento del Auto nº 4/2020, de 18 de febrero, por cuanto las Actuaciones Previas se habrían realizado al margen de los presuntos responsables, generando una grave indefensión. El artículo 71.3º de la LFTCu (que puede ser enunciado también, respecto a las Resoluciones que adoptan la forma jurídica de Auto) establece que “la sentencia decidirá todas las cuestiones controvertidas en el proceso y estimará o desestimará en todo o en parte la pretensión de responsabilidad contable”. La jurisprudencia constitucional, por su parte, señala que para que la incongruencia conculque el derecho a la tutela judicial debe constituir una "desviación del thema decidendi de tal importancia que suponga una completa modificación de los términos en que se produce el debate contradictorio, produciéndose un fallo extraño a la pretensión". La Sala de Justicia viene a coincidir con las partes que se han opuesto a la pretensión de complemento y considera suficientemente satisfecho el principio de congruencia de la resolución impugnada con el contenido del apartado desarrollado en la página 24 de la misma, en el sentido de desestimar sus alegaciones sobre una inexistente indefensión, a tenor de las circunstancias y normas concurrentes en el caso examinado.

Ponente: EXCMO SR D JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano.- Presidente
Excma. Dra. Dª. María Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
fExcmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Consejero

Situación Actual: FIRME

2020 7 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 7 año 2020 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación, rollo nº 45/19, interpuesto contra la Sentencia nº 4/2019, de 21 de junio, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº C-65/18, del ramo de Sector Público Local (Ayuntamiento de Daimús/Daimuz), Valencia.

Fecha: 06/07/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación, rollo nº 45/19, interpuesto contra la Sentencia nº 4/2019, de 21 de junio, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº C-65/18, del ramo de Sector Público Local (Ayuntamiento de Daimús/Daimuz), Valencia.

Resumen doctrina: Tras exponer pormenorizadamente los motivos de impugnación, así como las alegaciones de las partes, la Sala de Justicia pone de manifiesto que en el ámbito de la jurisdicción contable tiene cabida la excepción de litisconsorcio pasivo necesario, si bien la misma debe admitirse con criterio restrictivo y atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto (por todas Sentencia 16/05, de 26 de octubre). El enfoque limitativo con el que se valora esta excepción procesal deriva, especialmente, del carácter solidario que el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas atribuye a la responsabilidad contable directa. En el presente caso, la cuestión procesal del litisconsorcio pasivo necesario no puede prosperar a pesar de las alegaciones del recurrente. Y es que de acuerdo con la relación de hechos probados que se establece en la sentencia apelada el recurrente en el ejercicio de su función como Jefe de Negociado en los Servicios Municipales de Intervención y Tesorería del Ayuntamiento, practicó diversas irregularidades en los documentos que a continuación se mencionan: facturas de empresas suministradoras; mandamientos de pago; y documentación justificativa que acompañaba a los mandamientos de pago. En definitiva, apoyándose en las referidas irregularidades documentales transfirió diversas cantidades desde cuentas corrientes bancarias de titularidad de la entidad local a otras cuyo titular era él mismo o el Sr. C. I. De ello se desprende que la participación del Sr. F. J. –recurrente- en los hechos enjuiciados resulta perfectamente escindible de la que se pudiera, en su caso, atribuir al Sr. C.I., dando lugar así a un menoscabo injustificado en los fondos públicos. Por otra parte, las alegaciones vertidas en el recurso sobre la posible legitimación pasiva en este proceso del Sr. C. carecen de relevancia jurídica, pues lo que se plantea a través de una excepción de litisconsorcio pasivo necesario y debe resolverse no es quiénes pueden tener legitimación pasiva en el proceso sino contra quiénes debe dirigirse la pretensión de responsabilidad contable para que la relación jurídico-procesal quede correctamente constituida. A la vista del ya mencionado carácter solidario de la responsabilidad contable directa y no apreciándose la “inescindibilidad”, entre la conducta del demandado y la del litisconsorte que se pretende traer al proceso, que exige el Tribunal Supremo para que pueda prosperar una excepción de litisconsorcio pasivo necesario, la Sala considera que debe desestimarse el presente recurso de apelación, con imposición de costas al apelante.

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARÍA ANTONIA LOZANO ÁLVAREZ

Sala de justicia:
Excma. Sra. Doña María Antonia Lozano Álvarez.- Presidenta en Funciones.
Excmo. Sr. Don Manuel Aznar López.- Consejero
Excma. Sra. Doña Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera

Situación Actual: FIRME

2020 6 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 6 año 2020 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación nº 43/19, interpuesto contra la Sentencia nº 2/2019, de 26 de julio, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº A-36/18, del ramo de Sector Público Autonómico (Informe de fiscalización de la cuenta general y fondos de compensación interterritorial, ejercicio 2014 – C. E. H.-H.), ANDALUCÍA.

Fecha: 06/07/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 43/19, interpuesto contra la Sentencia nº 2/2019, de 26 de julio, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº A-36/18, del ramo de Sector Público Autonómico (Informe de fiscalización de la cuenta general y fondos de compensación interterritorial, ejercicio 2014 – C. E. H.-H.), ANDALUCÍA.

Resumen doctrina: Tras exponer pormenorizadamente los motivos de impugnación, así como las alegaciones de las partes, la Sala se refiere a la naturaleza del recurso de apelación como recurso ordinario, que permite al Tribunal de apelación la posibilidad de aplicar e interpretar normas jurídicas con un criterio diferenciado, tanto de las partes como del órgano juzgador de instancia, y la de resolver confirmando, corrigiendo, enmendando o revocando lo decidido y recurrido, e incluso decidir lo mismo con fundamentación diferente, aunque siempre dentro del respeto al principio de congruencia y del límite de las pretensiones de las partes. Entrando en el fondo del asunto la Sala, tras desestimar el litisconsorcio pasivo necesario aducido así como el error en la valoración de la prueba practicada en autos, considera que el apelante no ha probado de la manera en que le es exigible la concurrencia de ningún hecho impeditivo o extintivo de la responsabilidad contable que se le atribuye y en esta segunda instancia se ha limitado a reiterar las consideraciones ya realizadas , sin especificar además en qué aspectos concretos considera incorrecta la valoración de la prueba realizada por la Juzgadora en la primera instancia, ni ha desvirtuado tampoco las conclusiones emitidas en los informes obrantes en las actuaciones. En concreto, ha quedado probado respecto a las diferentes partidas de la demanda que, tal y como se estableció en la Sentencia recurrida, se produjo un menoscabo en los fondos públicos del Consorcio por importe total de 10.974,47 euros, resultante de la suma de cantidades injustificadamente abonadas, habiendo resultado acreditada igualmente la concurrencia de los elementos necesarios para declarar la existencia de responsabilidad contable, en especial la actitud gravemente negligente del recurrente al firmar las nóminas que contenían conceptos indebidos. En relación con la petición de reducción de la condena al pago de los intereses, entiende la Sala que tampoco puede estimarse, toda vez que los intereses de demora son una figura jurídica orientada a procurar la restitución íntegra del acreedor y por ello se devengan desde el día en que la obligación debió cumplirse hasta el día de la completa satisfacción del derecho. Ello, sin perjuicio de que en el caso de que el apelante acredite la realización de alguna garantía, de conformidad con lo que ha manifestado, se detraiga dicha cantidad en la fase procesal de ejecución de sentencia. En relación con la petición de reducción de la condena al pago de los intereses, entiende la Sala que tampoco puede estimarse, toda vez que los intereses de demora son una figura jurídica orientada a procurar la restitución íntegra del acreedor y por ello se devengan desde el día en que la obligación debió cumplirse hasta el día de la completa satisfacción del derecho. Ello, sin perjuicio de que en el caso de que el apelante acredite la realización de alguna garantía, de conformidad con lo que ha manifestado, se detraiga dicha cantidad en la fase procesal de ejecución de sentencia.

Ponente: EXCMO SR D JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO

Sala de justicia:
Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano. Presidente
Excmo. Sr. Don Felipe García Ortiz. Consejero
Excma. Sra. Doña. Margarita Mariscal de Gante y Mirón. Consejera

Situación Actual: NO FIRME

2020 5 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 5 año 2020 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recursos de apelación, rollo nº 33/19, interpuestos contra la Sentencia nº 5/2019, de 13 de marzo, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-09 al que se ha acumulado el nº 225/15-36, Comunidades Autónomas (Consejería de Empleo -Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad-A. A.) Andalucía.

Fecha: 06/07/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recursos de apelación, rollo nº 33/19, interpuestos contra la Sentencia nº 5/2019, de 13 de marzo, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-09 al que se ha acumulado el nº 225/15-36, Comunidades Autónomas (Consejería de Empleo -Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad-A. A.) Andalucía.

Resumen doctrina: Una vez expuestos los distintos argumentos de las partes, la Sala entra en el análisis del recurso de apelación interpuesto comenzando por la actuación del apelante en la tramitación y concesión de la subvención de 1.150.000 € a la empresa A. de A., S. A., partiendo de la documentación que obra en autos. Y, dado que el apelante con las firmas de los documentos fue el causante de la salida injustificada de los fondos de la Junta de Andalucía, la Sala no puede sino confirmar su responsabilidad contable por este hecho y, en consecuencia, lo indicado en la resolución recurrida. En segundo lugar, en el recurso interpuesto se alega la falta de premisas para la existencia de su responsabilidad contable, reproduciendo en ese sentido lo expuesto en su escrito de contestación a la demanda. A estos efectos considera la Sala que junto con los requisitos objetivos necesarios para la exigencia de responsabilidad contable también aprecia la concurrencia del elemento subjetivo constitutivo de la culpabilidad, ya que el apelante no sólo omitió toda diligencia exigible a un gestor de fondos públicos, al otorgar ayudas sin la tramitación del correspondiente procedimiento de concesión y sin exigir para su percepción justificación alguna, si no que actuó de forma dolosa, al firmar tanto el Protocolo como el Convenio que originaron la salida injustificada de fondos, a pesar de no tener atribuida la competencia para la concesión de subvenciones y ayudas públicas, que correspondía, a tenor de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, al titular de la Consejería de Empleo, y sin que conste la delegación de competencias conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Ponente: EXCMO SR D FELIPE GARCÍA ORTIZ

Sala de justicia:
Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano.- Presidente
Excma. Sra. Doña María Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. Don Felipe García Ortiz.- Consejero

Situación Actual: No firme

2020 4 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 4 año 2020 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación, rollo nº 21/19, interpuesto contra la Sentencia nº 10/2018, de 1 de octubre, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-35, del ramo de Comunidades Autónomas (Consejería de Empleo – Ayudas destinadas a Empresas para la financiación de Planes de Viabilidad – A. G. P.), Andalucía.

Fecha: 06/07/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación, rollo nº 21/19, interpuesto contra la Sentencia nº 10/2018, de 1 de octubre, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-35, del ramo de Comunidades Autónomas (Consejería de Empleo – Ayudas destinadas a Empresas para la financiación de Planes de Viabilidad – A. G. P.), Andalucía.

Resumen doctrina: Una vez expuestas las alegaciones de las partes y resueltas las cuestiones de carácter procesal, la Sala pone de manifiesto en relación con el fondo del asunto que la jurisdicción contable ha reconocido legitimación pasiva a los administradores y representantes legales de entidades perceptoras de ayudas públicas y les ha condenado como responsables contables en algunos casos. Pero se trata de supuestos muy especiales en los que la participación en los hechos de tales personas ha ido más allá de sus funciones como órganos societarios y ha influido ilegalmente, bien en las decisiones administrativas indebidamente adoptadas, bien en la percepción injustificada de los fondos o en la imposibilidad de conocer su destino o en la aplicación de los mismos a fines antijurídicos. La Sala tiene reconocido en diversas Sentencias como, entre otras, la 12/2010, de 1 de julio, y la 19/04, de 14 de septiembre –en la que se alude a la anterior de 5 de mayo de 1993-, que los administradores de una sociedad mercantil privada que percibe una subvención pueden tener legitimación pasiva en los procesos de responsabilidad contable e incluso ser condenados en los mismos. Sin embargo, en esas mismas Sentencias y en otras como la 11/2000, de 3 de julio, o la 12/2004, de 5 de julio, deja claro que no es la naturaleza ni el contenido objetivo del puesto que se ocupa en una empresa privada que percibe una subvención lo que determina la legitimación pasiva de su administrador, gerente o representante legal en un proceso de exigencia de responsabilidad contable, sino la existencia o no de una influencia del ejercicio de dichos puestos en la producción de los hechos enjuiciados. En el presente caso, la eventual ausencia en la conducta de los demandados de la diligencia que les hubiera sido exigible podría generar responsabilidades jurídicas, pero distintas de la contable, pues esa posible negligencia solo resultaría relevante para la Jurisdicción del Tribunal de Cuentas si concurriera en un administrador de fondos públicos o en un perceptor de ayudas públicas y no es el caso. No cabe apreciar, por tanto, la responsabilidad contable subsidiaria reclamada. A continuación, la Sala establece que las decisiones administrativas generadoras de las infracciones cometidas se adoptaron desde la Administración Pública andaluza, sin embargo, las razones por las que ha sido condenada la mercantil derivan del ilegal y gravemente negligente incumplimiento por la misma de las obligaciones jurídicas que le incumbían como perceptora de la ayuda. En concreto, vulneró su deber jurídico de presentar correctamente la solicitud y documentación preceptivas para la obtención de la ayuda, de aplicar la misma a los fines que le correspondían y de justificar de forma suficiente y adecuada dicha aplicación.

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARÍA ANTONIA LOZANO ÁLVAREZ

Sala de justicia:
Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano.- Presidente
Excma. Sra. Doña María Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. Don Felipe García Ortiz.- Consejero

Situación Actual: No firme

2020 3 DEPARTAMENTO PRIMERO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 3 del año 2020 dictada por DEPARTAMENTO PRIMERO

Sentencia PRA nº 27/19 del año 2020

Fecha: 06/07/2020

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Dictada por: DEPARTAMENTO PRIMERO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº A27/19, del ramo de Sector Público Autonómico (Ente Público Radio Televisión de Castilla-La Mancha RTVCM), ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARÍA ANTONIA LOZANO ÁLVAREZ

Sala de justicia:

Situación Actual: No Firme

2020 12 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 12 año 2020 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación nº 2/20, interpuesto contra la sentencia de fecha 7 de octubre de 2019, dictada en el Procedimiento de Reintegro por Alcance nº C-127/17, del Sector Público Local (Ayuntamiento de Arnedo), La Rioja, que acordó desestimar la demanda interpuesta por la empresa pública INARSA contra Don J. A. A. P., Don J. M. S. H. y Don C. T. T., así como la ampliación de dicha demanda que pidió el Ministerio Fiscal contra Don F. J. B. D., sin imponer las costas causadas en la primera instancia.

Fecha: 06/07/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 2/20, interpuesto contra la sentencia de fecha 7 de octubre de 2019, dictada en el Procedimiento de Reintegro por Alcance nº C-127/17, del Sector Público Local (Ayuntamiento de Arnedo), La Rioja, que acordó desestimar la demanda interpuesta por la empresa pública INARSA contra Don J. A. A. P., Don J. M. S. H. y Don C. T. T., así como la ampliación de dicha demanda que pidió el Ministerio Fiscal contra Don F. J. B. D., sin imponer las costas causadas en la primera instancia.

Resumen doctrina: El recurso de apelación se fundamenta exclusivamente en la discrepancia del Ministerio Fiscal con la apreciación de la prescripción de la responsabilidad contable en que se fundamenta el pronunciamiento desestimatorio de la demanda de la sentencia impugnada. El Ministerio Público entiende que debe ser desestimada la alegación de prescripción de la responsabilidad contable sostenida por los demandados en la primera instancia, ya que en el supuesto de autos sí concurren una serie de hechos determinantes de la interrupción del plazo prescripción, conforme a la regulación contenida en la disposición adicional tercera, apartado tercero, de la LFTCu. A este respecto la Sala considera que no basta, para entender cumplido el requisito exigido en el apartado 3 de la D.A. 3ª LFTCu, que se hayan producido actuaciones o se hayan iniciado procedimientos en los que se hayan examinado, desde cualquier perspectiva posible, los mismos hechos en que se base la acción de responsabilidad contable, sino que, por el contrario, para que se produzca el efecto interruptivo de la prescripción es preciso que el examen de los hechos en las actuaciones o procedimientos a los que se pretenda vincular dicho efecto se haya producido desde una perspectiva o punto de vista que guarde alguna relación con el fundamento o base de la ulterior reclamación por responsabilidad contable. No es esto lo que sucede en el presente caso, y por ello la Sala desestima las alegaciones vertidas por el Ministerio Público.

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:
Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano.- Presidente
Excma. Sra. Doña María Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excma. Sra. Doña Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera

Situación Actual: FIRME

2020 11 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 11 año 2020 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación, rollo nº 1/20, interpuesto contra la Sentencia nº 19/2019, de 2 de octubre, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-208/17, del ramo de Sector Público Autonómico (Consejería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte – CEIP J. M. M. N. S. F.), Alicante.

Fecha: 06/07/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación, rollo nº 1/20, interpuesto contra la Sentencia nº 19/2019, de 2 de octubre, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-208/17, del ramo de Sector Público Autonómico (Consejería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte – CEIP J. M. M. N. S. F.), Alicante.

Resumen doctrina: Tras exponer las alegaciones de las partes y solventar las de naturaleza procesal, la Sala entra a conocer del fondo del asunto y precisa que los alcances que la Sentencia impugnada imputa al apelante son dos: a) 9.615 euros por cantidades percibidas en metálico que, según el libro de caja, se ingresaron en el banco pero que no aparecen en los movimientos de la cuenta bancaria, por lo que no se sabe cuál fue su destino. b) 390,52 euros por cantidades percibidas en caja y que sin embargo no aparecen en el saldo efectivo al final del período. Sin embargo, la Sala considera que no ha quedado probado que el apelante haya actuado, en su condición de Secretario y, por tanto, gestor de fondos públicos, de forma ilegal ni gravemente negligente, no siendo además su intervención en los hechos causa del alcance producido en los fondos públicos. Su actuación no reúne todos los requisitos que para este tipo de responsabilidad jurídica se exigen en los artículos 38.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, 49.1 y 59.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del mismo. La Sala en Sentencia, entre otras, 18/04, de 13 de septiembre, en línea con Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1998, mantiene que para que haya nexo causal entre la actuación del demandado y el daño patrimonial producido, los hechos deben serle directamente atribuibles. Dicha doctrina jurisprudencial manifiesta, además, que es causa eficiente para producir el daño aquella que, aun concurriendo con otras, prepare, condicione o complete la acción de la causa última, de manera que sea por sí misma suficiente y adecuada para dar lugar al quebrantamiento patrimonial injusto, circunstancia que no concurre en el presente supuesto.

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARÍA ANTONIA LOZANO ÁLVAREZ

Sala de justicia:
Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano.- Presidente.
Excma. Sra. Doña María Antonia Lozano Álvarez.- Consejera.
Excmo. Sr. Don Felipe García Ortiz.- Consejero.

Situación Actual: FIRME

2020 11 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Auto nº 11 del año 2020 dictado por Sala de Justicia

Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988 nº 5/20, Actuaciones Previas nº 80/19. Ramo: Sector Público Autonómico (Generalidad de Cataluña. Gastos y pagos referéndum ilegal de 1 de octubre de 2017), CATALUÑA

Fecha: 06/07/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988 nº 5/20, Actuaciones Previas nº 80/19. Ramo: Sector Público Autonómico (Generalidad de Cataluña. Gastos y pagos referéndum ilegal de 1 de octubre de 2017), CATALUÑA

Resumen doctrina: Tras exponer detalladamente los motivos de impugnación alegados, así como los de oposición a los mismos, la Sala alude a la naturaleza, finalidad jurídica y fundamento legal de las Actuaciones Previas como necesario soporte de la fase jurisdiccional posterior, instrumentada por medio del procedimiento de reintegro, y que tiene por objetivos esenciales la averiguación de los hechos y de los presuntos responsables (o sus causahabientes) y la salvaguarda, en su caso, de los derechos de la Hacienda Pública perjudicada. El único recurso posible en esta fase es el previsto en el artículo 48 de la LFTCu. La Sala de Justicia de este Tribunal en doctrina constante y reiterada ha calificado el citado recurso como un medio de impugnación especial y sumario por razón de la materia. Se trata de un recurso tendente a impugnar resoluciones similares a las de tipo interlocutorio, dictadas en la fase preparatoria o facilitadora de los procesos jurisdiccionales contables, por medio del cual, no se persigue un conocimiento concreto de los hechos objeto de debate en una segunda instancia jurisdiccional, sino que lo que la Ley pretende es ofrecer un mecanismo de revisión a los intervinientes en las Actuaciones Previas de que se trate (a través de un recurso anómalo o “per saltum”), de cuantas resoluciones puedan limitar las posibilidades de defensa. Respecto a los motivos del recurso, la propia Sala de Justicia en reiterada doctrina, ha venido a establecer que los motivos de este recurso no pueden ser otros que los establecidos taxativamente por la ley, es decir, cuando “no se accediera a completar las diligencias con los extremos que los comparecidos señalaren o en que se causare indefensión”. Partiendo de dichas premisas, la Sala señala que ninguno de los recurrentes funda sus respectivas pretensiones en los motivos en los que procede el recurso. Todas sus argumentaciones giran sobre denuncias de lo que consideran irregularidades de procedimiento cometidas, tanto en fase de Diligencias Preliminares, como de Actuaciones Previas, que les ha generado, supuestamente, indefensión, vulnerándose lo prevenido en el artículo 24 de la CE. Como conclusión del análisis pormenorizado de las alegaciones vertidas, la Sala aprecia que no se ha producido perjuicio alguno en la posición jurídica y defensa de los recurrentes, ya que no se limitaron sus derechos, ni se les impidió participar en la fase instructora, con independencia de que puedan legítimamente discrepar de las conclusiones alcanzadas en el Acta de Liquidación Provisional, de la que deriva, a su vez, la Providencia de requerimiento de pago al presunto responsable, siendo ambas resoluciones reflejo del cumplimiento, por parte del Órgano Instructor, de las previsiones legales establecidas en el artículo 47 de la Ley 7/88.

Ponente: EXCMO SR D JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano. Presidente.
Excma. Sra. D. María Antonia Lozano Álvarez. Consejera.
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz. Consejero.

Situación Actual: FIRME

2020 10 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 10 año 2020 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación, rollo nº 52/19, interpuesto contra la Sentencia nº 17/2019, de 19 de julio, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-10, Comunidades Autónomas (Consejería de Empleo -Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad- A. N. C.) Andalucía.

Fecha: 06/07/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación, rollo nº 52/19, interpuesto contra la Sentencia nº 17/2019, de 19 de julio, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-10, Comunidades Autónomas (Consejería de Empleo -Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad- A. N. C.) Andalucía.

Resumen doctrina: La Sala, una vez expuestos los distintos argumentos de las partes, lo primero que analiza es la excepción procesal de prescripción de la responsabilidad contable que se alega en el escrito de recurso y coincide con el Órgano a quo en considerar que no se ha interrumpido la prescripción, no obstante lo argumentado sobre el inicio de la fiscalización. A continuación pone de manifiesto que no puede compartir la inexistencia de alcance que reclama la recurrente, ya que la salida injustificada de fondos, con el consiguiente menoscabo patrimonial que origina, sólo puede calificarse de alcance en los términos acuñados por el artículo 72 de la LFTCu, tipificado como infracción presupuestaria en el artículo 99 de la Ley General 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía (aplicable cuando se produjeron los hechos, que se corresponde con el actual artículo 109 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía). Junto con los requisitos objetivos necesarios para la exigencia de responsabilidad contable (daño originado a los fondos públicos con infracción de las leyes presupuestarias) también aprecia la concurrencia del elemento subjetivo para su determinación, ya que la mercantil percibió unas cantidades sin justificación alguna del derecho a su percepción. Por último, la Sala señala que, con independencia de que la Junta de Andalucía pudiera haber reclamado el reintegro de las cantidades abonadas a la precitada sociedad, utilizando los procedimientos regulados en los artículos 36 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los hechos objeto de la resolución recurrida se refieren a la declaración de exigencia de responsabilidad contable por la falta de justificación de ayudas públicas concedidas por la Comunidad Autónoma de Andalucía, que han ocasionado un perjuicio económico a los fondos de titularidad de dicha Administración autonómica, por lo que esta jurisdicción tiene competencia exclusiva y plena para conocer y pronunciarse sobre las cuestiones objeto de debate. Voto particular: Que formula el Excmo. Sr. Consejero de Cuentas, Don José Manuel Suárez Robledano. La configuración doctrinal del ámbito de la adhesión al recurso de apelación debe conducir ineludiblemente a entender que el apelante adherido, al desplegar su naturaleza de parte dentro del procedimiento que rige el recurso, debe beneficiarse de los pronunciamientos favorables que, en su caso, afecten a la parte apelante que sustanció el recurso pero, correlativamente, también deberá responder de los pronunciamientos desfavorables que la resolución que de término al mismo pueda establecer para las partes apelantes –la apelante en sí y la apelante adherida-. Habiendo resuelto esta Sala de Justicia que rige, a efecto de costas, el principio de vencimiento de la parte apelante, y al no haberse apreciado otras causas que justificaran la no imposición, este Consejero de Cuentas estima que debió acordarse la expresa imposición de costas a ambos recurrentes tanto a - A. N. C. como a Don F. J. G. B.-, y ello conforme a lo establecido en la doctrina constitucional y en el artículo 139.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de aplicación en virtud de lo preceptuado en el artículo 80.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Ponente: EXCMO SR D FELIPE GARCÍA ORTIZ

Sala de justicia:
Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano.- Presidente
Excma. Sra. Doña María Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. Don Felipe García Ortiz.- Consejero

Situación Actual: NO FIRME