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2021 9 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 9 del año 2021 dictada por el Departamento Segundo de Enjuiciamiento

Procedimiento de reintegro por alcance B-56/20, del Sector Público Local; (Ayuntamiento de Xirivella); Valencia

Fecha: 28/07/2021

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance B-56/20, del Sector Público Local; (Ayuntamiento de Xirivella); Valencia

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:

2021 8 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 8 del año 2021 dictada por el Departamento Segundo de Enjuiciamiento

Procedimiento de reintegro por alcance B-156/20, del Sector Público Local ; Inf. Fisc. 123/16. Subvcs. y Contrat. Ayuntamiento Palma de Mallorca, Ej. 2010 -2011. Asoc. Cultural Romaní; Islas Baleares.

Fecha: 26/07/2021

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance B-156/20, del Sector Público Local ; Inf. Fisc. 123/16. Subvcs. y Contrat. Ayuntamiento Palma de Mallorca, Ej. 2010 -2011. Asoc. Cultural Romaní; Islas Baleares.

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:

2021 7 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 7 del año 2021 dictada por el Departamento Segundo de Enjuiciamiento

Procedimiento de reintegro por alcance B-34/19, del Sector Público Estatal; Informe Fiscalización del Tribunal de Cuentas Autoridad Portuaria A Coruña Proyecto de ampliación Punta Langosteira ejercicios 2012- 2014; A Coruña.

Fecha: 19/07/2021

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance B-34/19, del Sector Público Estatal; Informe Fiscalización del Tribunal de Cuentas Autoridad Portuaria A Coruña Proyecto de ampliación Punta Langosteira ejercicios 2012- 2014; A Coruña.

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:

2021 6 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 6 del año 2021 dictada por el Departamento Segundo de Enjuiciamiento

Procedimiento de reintegro por alcance B-131/20, del Sector Público Estatal (Dirección General de la Policía. Ministerio del Interior), Madrid

Fecha: 13/07/2021

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance B-131/20, del Sector Público Estatal (Dirección General de la Policía. Ministerio del Interior), Madrid

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:

2021 5 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 5 del año 2021 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación nº 24/20, interpuesto contra la sentencia de fecha 19 de febrero de 2020, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº C-40/18 del ramo Sector Público Local (Ayuntamiento de Navalcarnero), Madrid

Fecha: 24/06/2021

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 24/20, interpuesto contra la sentencia de fecha 19 de febrero de 2020, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº C-40/18 del ramo Sector Público Local (Ayuntamiento de Navalcarnero), Madrid.

Resumen doctrina: A través del presente recurso, el Ministerio Fiscal solicita la revocación de la sentencia impugnada. El Ayuntamiento de Navalcarnero, por su parte, impugna exclusivamente el pronunciamiento de la sentencia recurrida que impone a la citada corporación municipal las costas causadas a la mercantil, mientras que las representaciones restantes ponen de manifiesto que la reclamación efectuada sobre los hechos referentes al Polideportivo está sujeta a prejudicialidad penal; que la sentencia impugnada se ha excedido en la fijación de los hechos controvertidos; que no cabe considerar a dicho demandado responsable contable directo de los pagos de las certificaciones; y que cabe apreciar la prescripción de la responsabilidad contable como demandado, así como la falta de legitimación pasiva ad causam. La Sala coincide con el Ministerio Fiscal en cuanto a la necesidad de distinguir los planos de la legitimación pasiva, por un lado, y la relación de causalidad, por otro. Además, la Disposición Adicional Tercera de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, es clara en su regulación del plazo general de prescripción de cinco años, a que se refiere su apartado primero, disponiendo que dicho plazo se compute desde la fecha en que se hubieran cometido los hechos. En el segundo recurso, la Sala comparte la decisión de la sentencia recurrida sobre la procedencia de imponer al Ayuntamiento las costas causadas a la mercantil. Las pretensiones de responsabilidad contable que el Ayuntamiento formuló contra la misma se basaban en la concesión y pago de determinadas cantidades que en la demanda se calificaban como subvenciones irregulares. No hay base alguna, por tanto, para considerar que respecto de las concretas pretensiones formuladas en la demanda existieran serias dudas de hecho o de derecho que justificasen la no imposición de las costas. En cuanto a la procedencia de la suspensión del proceso sobre responsabilidad contable por razón de prejudicialidad penal, la Sala no aprecia ninguna cuestión que precise de un previo pronunciamiento penal para poder decidir si en el caso enjuiciado concurren o no los requisitos de la responsabilidad contable. Por último, entiende la Sala “que debe propugnarse un concepto amplio de cuentadante, esto es, ha de sustantivarse como tal no solo al que formalmente elabora y rinde una cuenta acreditativa de los caudales recibidos o cargados y justificativa de la inversión dada a los mismos, o data de valores, sino que puede predicarse la condición de cuentadante respecto de cualquier persona que interviene en el proceso de la gestión o administración de fondos públicos, esto es, que de alguna manera se sitúa como un eslabón más en la cadena del ingreso o del gasto público, tomando decisiones en relación con la actividad económico-financiera del sector público y debiendo dar cuenta de su labor”.

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano.- Presidente
Excma. Sra. Doña María Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excma. Sra. Doña Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera

Situación Actual: No firme

2021 4 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 4 del año 2021 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recursos de apelación, rollo nº 20/20, interpuestos contra la Sentencia nº 4/2020, de 24 de abril, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-31, Comunidades Autónomas (Cª de Empleo -Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad- S.C. S.S.G.) Andalucía.

Fecha: 23/06/2021

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recursos de apelación, rollo nº 20/20, interpuestos contra la Sentencia nº 4/2020, de 24 de abril, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-31, Comunidades Autónomas (Cª de Empleo -Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad- S.C. S.S.G.) Andalucía.

Resumen doctrina: Tras exponer pormenorizadamente los motivos de impugnación, así como las alegaciones vertidas por las partes, la Sala resuelve, en primer lugar, los recursos planteados por el Ministerio Fiscal y por la representación letrada de la Junta de Andalucía, que solicitan la revocación de la sentencia recurrida y la retroacción del procedimiento, a fin de que la tramitación del mismo quede en suspenso hasta recaer resolución firme en la jurisdiccional penal por los mismos hechos. En segundo término, se pronuncia al respecto del recurso interpuesto por el representante de las herederas, quienes solicitan la revocación de la Sentencia recurrida en lo que atañe a las costas procesales, y la imposición de éstas al demandante. El Ministerio Fiscal y la Junta de Andalucía, entienden que la prescripción es un “elemento previo necesario” para determinar la responsabilidad contable y que la suspensión del procedimiento es el único modo de poder confirmar y asegurar que un hecho que “ofrezca apariencia de delito”, pueda ser declarado, en su caso, por quien tiene jurisdicción y competencia para ello, constitutivo de delito. En el caso de existir condena penal, sería de aplicación la DA 3ª.4 de la LFTCu. El recurso interpuesto por el representante de las herederas es desestimado, ya que esta la Sala considera la sentencia debidamente fundamentada en cuanto a la no imposición de costas en lo relativo a la existencia de serias dudas de derecho sobre las cuestiones previamente analizadas. Tampoco cabe apreciar una lesión del derecho a la tutela judicial de las recurrentes. Si bien es doctrina comúnmente admitida que la condena en costas atiende, entre otros fines, a satisfacer el principio de tutela judicial efectiva, que exige que los derechos no se vean mermados por la necesidad de acudir a los Tribunales para su reconocimiento, dicho principio tiene la excepción prevista en el mismo artículo 394.1.º de la LEC, excepción que se produce en el fallo recurrido, al existir serias dudas de derecho en la cuestión debatida.

Ponente: EXCMO SR D FELIPE GARCÍA ORTIZ

Sala de justicia:
Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano.- Presidente
Excma. Sra. Doña María Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excma. Sr. Don Felipe García Ortiz.- Consejero

Situación Actual: No firme

2021 3 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 3 del año 2021 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación nº 9/20, interpuesto contra la Sentencia nº 20/2019, de 9 de octubre, dictada en el Procedimiento de Reintegro por Alcance nº B-225/15-14, Ramo Comunidades Autónomas (Cª de Empleo –Ayudas destinadas a Empresas para la Financiación de Planes de Viabilidad- Ayuntamiento de Camas), Andalucía.

Fecha: 23/06/2021

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 9/20, interpuesto contra la Sentencia nº 20/2019, de 9 de octubre, dictada en el Procedimiento de Reintegro por Alcance nº B-225/15-14, Ramo Comunidades Autónomas (Cª de Empleo –Ayudas destinadas a Empresas para la Financiación de Planes de Viabilidad- Ayuntamiento de Camas), Andalucía.

Resumen doctrina: A través del presente recurso, el Ministerio Fiscal y la representación letrada de la Junta de Andalucía, interesan la revocación de la Sentencia dictada en primera instancia y la retroacción del procedimiento, a fin de que la tramitación del mismo quede en suspenso hasta que recaiga resolución firme en la jurisdicción penal por los mismos hechos. Los recurrentes entienden que se ha producido una inaplicación indebida de la Disposición Adicional Tercera, apartado cuatro, de la LFTCu y la infracción de los artículos 40 de la LEC y 17.2 de la LOTCu, dando lugar a una incoherencia con el fallo del proceso penal, y que es necesario aplicar el art. 17.2 “in fine” de la LOTCu, en tanto en cuanto la prescripción es un “elemento previo necesario”. Asimismo, se recurre por otra de las partes la revocación de la Sentencia recurrida en lo que se refiere a las costas procesales, y su imposición a la parte demandante, como señala el artículo 394.1 de la LEC. La Sala de Justicia entiende que la prejudicialidad penal sólo desplegará sus efectos cuando exista una íntima conexión entre el objeto del pleito correspondiente, en este caso, contable, y la cuestión penal, bien porque el objeto del litigio contable esté inserto en el penal, bien porque la decisión que se adopte en el orden jurisdiccional penal tenga una influencia determinante en el fallo del procedimiento contable. Se trata de una dualidad de jurisdicciones que, lejos de menoscabar la tutela judicial efectiva, refuerza la garantía jurídica de los propios demandados. De acuerdo con lo establecido por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en su Sentencia núm. 1.479/2020, de 10 de noviembre, lo que establece la DA. 3ª.4 de la LFTCu, es la prevalencia del régimen de prescripción penal cuando los hechos pudieran ser constitutivos de delito al tiempo que de responsabilidad contable, y cuando existan elementos que permitan concluir que la identificación del hecho constitutivo de delito y su calificación como tal por el Juez penal podría condicionar directa y sustancialmente el plazo, y ocasionalmente, también la forma del cómputo de prescripción del delito, cabe concluir que la cuestión penal constituye un elemento que incide de forma directa en la responsabilidad contable, por lo que se trata de una cuestión prejudicial penal necesaria. En consecuencia, se estiman los recursos interpuestos, tanto por el Ministerio Fiscal, como por la representación letrada de la Junta de Andalucía. En cuanto a la no imposición de costas, esta Sala considera debidamente fundamentada la sentencia recurrida en la existencia de serias dudas de derecho en la cuestión debatida: la prejudicialidad penal y la aplicación del apartado 4 de la DA. 3ª de la LFTCu. Tampoco cabe apreciar que la exención de costas a la demandante afecte negativamente al derecho a la tutela judicial de las partes recurrentes.

Ponente: EXCMO SR D JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano. Presidente
Excma. Sra. Dña. Mª Antonia Lozano Álvarez. Consejera
Excmo. Sr. D. Don Felipe García Ortiz. Consejero

Situación Actual: No firme

2021 23 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Auto nº 23 del año 2021 dictado por la Sala de Justicia

Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988 nº 15/21, Actuaciones Previas nº 80/19. Ramo: Sector Público Autonómico (Inf. Fisc. destino recursos asignados a ejecuc. políticas acc. ext. C. Aut. Cataluña, Ej. 2011-2017), Cataluña.

Fecha: 23/06/2021

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988 nº 15/21, Actuaciones Previas nº 80/19. Ramo: Sector Público Autonómico (Inf. Fisc. destino recursos asignados a ejecuc. políticas acc. ext. C. Aut. Cataluña, Ej. 2011-2017), Cataluña.

Resumen doctrina: A través del presente recurso, los interesados alegan que es manifiestamente imposible tomar conocimiento del contenido de las Actuaciones Previas y formular alegaciones en el plazo otorgado, lo que comporta una evidente indefensión con vulneración del artículo 24 de la Constitución Española; solicitan así, la suspensión del señalamiento de la Liquidación Provisional y el otorgamiento de un nuevo plazo para formular alegaciones. Los recurrentes ponen de manifiesto además, que las condiciones y plazo en que se les entregó la documentación, el ingente volumen de las actuaciones remitidas y la inexistencia de una delimitación efectiva y precisa de los expedientes que les afectan revelan manifiestamente imposible examinar, pormenorizadamente, la expresada documentación y formular con las debidas garantías el escrito de alegaciones y la proposición de prueba en defensa de sus intereses. Por todo ello, solicitan la ampliación del plazo de alegaciones y la suspensión de la fecha señalada. Resumidas las posturas de las distintas partes la Sala comienza refiriéndose a la naturaleza jurídica del recurso innominado, previsto en el artículo 48.1 de la LFTCu, el cual se erige, en el Orden procesal Contable, en un medio de impugnación especial y sumario por razón de la materia. Se trata de un recurso tendente a impugnar resoluciones similares a las de tipo interlocutorio, dictadas en la fase preparatoria o facilitadora de los procesos jurisdiccionales contables, por medio del cual no se persigue un conocimiento concreto de los hechos objeto de debate en una instancia jurisdiccional, sino ofrecer un mecanismo de revisión a los intervinientes en las Actuaciones Previas que sólo puede prosperar cuando en la tramitación de las mismas se haya producido indefensión o se haya denegado injustificadamente alguna diligencia que los interesados hubieran solicitado. No cabe plantear, a través de este medio de impugnación, cuestiones procesales o de fondo, ya que ello significaría no sólo desbordar el ámbito objetivo del proceso especial, sino también trastocar el régimen jurídico de las competencias de los órganos e instancias, permitiendo una eventual decisión por el órgano de segunda instancia sin haberse tramitado la primera. El Tribunal Constitucional, en su sentencia 48/1986, de 23 de abril, señaló que «una indefensión constitucionalmente relevante no tiene lugar siempre que se vulneren cualesquiera normas procesales, sino sólo cuando con esa vulneración se aparejan consecuencias prácticas consistentes en la privación del derecho de defensa y en un perjuicio real y efectivo de los intereses del afectado por ella». Las Actuaciones Previas no constituyen un procedimiento contradictorio, ni están encaminadas a obtener resoluciones declarativas de responsabilidad contable, ni tienen por objeto decidir sobre los hechos, o sobre su calificación jurídica y, en este sentido, la Sala no comparte las alegaciones desarrolladas por los recurrentes, toda vez que resultan plenamente irrazonables en este concreto momento del expediente; más aún, cuando aquellos ni tan siquiera han apurado los plazos concedidos para instruirse del contenido de dicho expediente. A las partes ya se les ha dado plazo para realizar alegaciones, lo que han realizado todas y cada una de ellas, y además han sido citadas para comparecer al acto de Liquidación Provisional como determina el artículo 47. 1 de la LFTCu, momento en el que podrán, a la vista de la misma, formular alegaciones y, en su caso, aportar nueva documentación que será valorada por la Delegada Instructora.

Ponente: EXCMO SR D JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano. Presidente.
Excma. Sra. D. María Antonia Lozano Álvarez. Consejera.
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz. Consejero.

Situación Actual: FIRME

2021 22 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Auto nº 22 del año 2021 dictado por la Sala de Justicia

Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/88, de 5 de abril, nº 13/21, Actuaciones Previas nº 117/19, del ramo de Sector Público Local, Ayuntamiento de Piedratajada, Zaragoza.

Fecha: 23/06/2021

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/88, de 5 de abril, nº 13/21, Actuaciones Previas nº 117/19, del ramo de Sector Público Local, Ayuntamiento de Piedratajada, Zaragoza.

Resumen doctrina: Tras exponer pormenorizadamente los motivos de impugnación formulados, así como las alegaciones vertidas, la Sala pone de manifiesto que, a través del presente recurso, la representación de las recurrentes alega en su escrito la vulneración del artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, en la Providencia de embargo impugnada, ya que ésta decreta una traba de bienes y derechos superior a la jurídicamente exigible, toda vez que solo deberían responder hasta un importe líquido que no excediera del haber hereditario recibido. Tal limitación no ha sido tenida en consideración por la Delegada Instructora. Igualmente, entienden infringido el artículo 355.1 del Código de Derecho Civil Foral de Aragón, de acuerdo con el cual el embargo sólo podría haberse aplicado sobre bienes que hubieran formado parte de la herencia recibida por las recurrentes, pero no sobre bienes pertenecientes a los patrimonios de las mismas y ajenos a dicha herencia. La Sala, al entrar a conocer del recurso, pone de manifiesto la doctrina que de modo reiterado ha venido manteniendo sobre el recurso innominado previsto en el artículo 48.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que se erige un medio de impugnación especial y sumario por razón de la materia. Se trata de un recurso tendente a impugnar resoluciones similares a las de tipo interlocutorio, dictadas en la fase preparatoria o facilitadora de los procesos jurisdiccionales contables, que sólo puede prosperar si concurren los motivos taxativamente establecidos en dicho precepto, que se concretan en los siguientes: 1) que la resolución recurrida no acceda a completar las diligencias con los extremos que los comparecidos señalaren, o 2) que la resolución recurrida causare indefensión. La Sala, aludiendo a jurisprudencia del Tribunal Constitucional, abunda en esta posición al citar la Sentencia de 23 de abril de 1986: “una indefensión constitucionalmente relevante no tiene lugar siempre que se vulneren cualesquiera normas procesales, sino sólo cuando con esa vulneración se aparejan consecuencias prácticas consistentes en la privación del derecho de defensa y en un perjuicio real y efectivo de los intereses del afectado por ella”. La Sala desestima el recurso y dispone que, en primer término, el objeto del mismo queda fuera de lo contemplado en el artículo 48.1 de la LFTCu. En segundo término, que la Providencia recurrida no ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 355.1 del Código de Derecho Foral de Aragón al no haber procedido todavía a una cuantificación del haber hereditario del causante. Aquélla, considera la Sala, constituye la consecuencia legal derivada de la previa existencia de una liquidación provisional positiva y de un requerimiento de pago, depósito o afianzamiento no atendido. Por último, la petición de que se realicen las actuaciones tendentes a determinar el monto del caudal hereditario resulta improcedente en este momento procesal, no siendo posible, por la vía del presente recurso, atender una solicitud que debió haberse planteado en los trámites alegatorios de las Actuaciones Previas, ante el órgano competente en aquel momento procedimental, que era la Delegada Instructora.

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARÍA ANTONIA LOZANO ÁLVAREZ

Sala de justicia:
Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano.- Presidente
Excma. Sra. Doña María Antonia Lozano Álvarez .- Consejera
Excmo. Sr. Don Felipe García Ortiz.- Consejero

Situación Actual: FIRME

2021 21 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Auto nº 21 del año 2021 dictado por la Sala de Justicia

Recurso de apelación nº 12/21 formulado por el Letrado Don Alfredo García López-Amo, en nombre y representación de la Asociación de Mercados de la Comunidad Valenciana, contra el Auto de 22 de enero de 2020 dictado en la acción pública nº A-18/20, del ramo de Sector Público Local, Ayuntamiento de Valencia, Valencia.

Fecha: 23/06/2021

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 12/21 formulado por el Letrado Don Alfredo García López-Amo, en nombre y representación de la Asociación de Mercados de la Comunidad Valenciana, contra el Auto de 22 de enero de 2020 dictado en la acción pública nº A-18/20, del ramo de Sector Público Local, Ayuntamiento de Valencia, Valencia.

Resumen doctrina: Tras exponer pormenorizadamente los motivos del recurso interpuesto, así como las alegaciones vertidas, la Sala pone de manifiesto que la impugnación se fundamenta en cuatro alegaciones mediante las cuales se entiende que debería acordarse la nulidad del Acta de Liquidación Provisional al tiempo que rebate las causas que dieron lugar a la declaración, previa y provisional, de responsabilidad contable. La Sala de Justicia, de acuerdo con doctrina reiterada relativa al recurso del artículo 48.1 de la LFTCu., establece que éste únicamente puede basarse en los motivos contenidos en dicho precepto, entendiendo que la parte recurrente no ha procedido a razonar con un mínimo fundamento, la supuesta indefensión que le hubiera ocasionado la falta de llamamiento de terceras personas al acto de Liquidación Provisional. La Sala alude además a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre este particular, en su Sentencia nº 258/2007, de 18 de diciembre, que exige un perjuicio real y efectivo para la posición jurídica y los intereses de los afectados. Entiende, en definitiva, que todas las personas legalmente interesadas fueron citadas al acto de Liquidación Provisional en el tiempo y forma debidos. Asimismo, rechaza los motivos Segundo a Cuarto, en cuanto considera, en coherencia con lo anterior, que el recurso del artículo 48.1 de la LFTCu no puede basarse en discrepancias de fondo con las conclusiones del Acta de Liquidación Provisional en relación con los hechos investigados. Lo que pretende la recurrente es tratar de adaptar y ver satisfechas a través de este recurso sus pretensiones exculpatorias, algo que no sólo desbordaría el ámbito objetivo del proceso especial sino que también trastocaría el régimen jurídico de las competencias de los órganos e instancias, pudiendo dar lugar a una decisión del órgano de segunda instancia, sin haberse tramitado la primera.

Ponente: EXCMO SR D JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO

Sala de justicia:
Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano - Presidente
Excma. Sr. Don Felipe García Ortiz - Consejero
Excma. Sra. Doña Margarita Mariscal de Gante y Mirón - Consejera

Situación Actual: No firme

2021 20 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Auto nº 20 del año 2021 dictado por la Sala de Justicia

Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988 nº 11/21, Actuaciones Previas nº 117/19. Ramo: Sector Público Local.- (Ayuntamiento de Piedratajada), Zaragoza.

Fecha: 23/06/2021

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988 nº 11/21, Actuaciones Previas nº 117/19. Ramo: Sector Público Local.- (Ayuntamiento de Piedratajada), Zaragoza.

Resumen doctrina: Las recurrentes impugnan el Acta de Liquidación Provisional y la Providencia de requerimiento de pago con fundamento en la infracción de los artículos 38.5 de la LOTCu, y 355.1 del Código de Derecho Foral de Aragón, al faltar la identificación de su condición de causahabientes y no delimitarse en las resoluciones dictadas su presunta responsabilidad. La única indicación que obra en el expediente es que han sido nombradas herederas en el testamento otorgado por su hermano fallecido y, no existiendo inventario, ni análisis previo del haber hereditario, la Delegada Instructora ha acordado el requerimiento de pago (con anotación preventiva de embargo), afectando a sus patrimonios personales. Como segundo de los motivos del recurso, señalan que pidieron que se completasen las Actuaciones Previas con la aportación de testimonio de las Diligencias Previas seguidas en el Orden Penal, lo cual no llegó a efectuarse. La transmisión “mortis causa” de la responsabilidad contable se produce por la aceptación expresa o tácita de la herencia y dicha aceptación solo puede quedar enervada por renuncia de los herederos a la misma, que debe ser expresa, clara y contundente. Además, es válida la hecha en documento que se ha probado auténtico, entendiendo por tal el procedente indubitadamente de quienes lo han llevado a cabo. No consta, en el presente caso, que ninguna de las herederas haya renunciado a la herencia de su hermano, por lo que no cabe atribuir defecto alguno a la decisión tomada por la Delegada Instructora, citando a la Liquidación Provisional a los presuntos responsables y, en este caso, a tales herederas. Se desestima así el motivo del recurso al no poder admitir la indefensión alegada, ya que no se ha producido perjuicio alguno en la posición jurídica y defensa de las recurrentes. Respecto del segundo de los motivos, el mismo también es desestimado ya que, examinada la documentación obrante en el expediente de Actuaciones Previas nº 117/19, no consta acreditado que la parte recurrente, en dicha fase y en los distintos turnos de alegaciones ante la Delegada Instructora, haya solicitado la unión de la mencionada documentación a las actuaciones, advirtiendo además la Sala, que los Delegados Instructores no tienen por qué realizar todas las diligencias que soliciten los intervinientes si consideran que, con las ya realizadas, disponen de un análisis suficiente, aunque sea provisional, de los hechos denunciados y de su imputación; es necesario, que “sea notable una ausencia de investigación o aportación de datos básicos que impida un pronunciamiento sobre el asunto”, circunstancia que no concurre en este caso.

Ponente: EXCMO SR D JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano. Presidente.
Excma. Sra. Dª. María Antonia Lozano Álvarez. Consejera.
Excma. Sra. D. Felipe García Ortiz. Consejero.

Situación Actual: FIRME

2021 19 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Auto nº 19 del año 2021 dictado por la Sala de Justicia

Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/88, de 5 de abril, nº 9/21, Actuaciones Previas nº 39/20, del ramo de Sector Público Local, Empresa Municipal de Transportes de Valencia, SAU-EMT-Valencia.

Fecha: 23/06/2021

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/88, de 5 de abril, nº 9/21, Actuaciones Previas nº 39/20, del ramo de Sector Público Local, Empresa Municipal de Transportes de Valencia, SAU-EMT-Valencia.

Resumen doctrina: Tras examinar cada uno de los recursos interpuestos por los interesados, la Sala de Justicia acuerda su desestimación entendiendo que la misma no puede conocer ni decidir, por la vía de este recurso, de cuestiones que desbordan su ámbito de competencias y así lo ha entendido de manera reiterada en su doctrina. Los recurrentes, tras aducir como motivos de los tres recursos, la falta de respuesta a las alegaciones formuladas en la fase instructora, así como una denegación injustificada de las diligencias de averiguación que entendían pertinentes, solicitan en el primero de los casos, el sobreseimiento y su absolución por una posible responsabilidad contable; en el segundo, la revocación por parte de la Sala de la Liquidación Provisional así como la práctica de las diligencias de averiguación que consideran injustificadamente rechazadas; en el tercer recurso se pide la revocación de la Liquidación Provisional impugnada, la exoneración de responsabilidad contable y, subsidiariamente, la práctica de las diligencias de averiguación solicitadas. La Sala pone de manifiesto que en todos aquellos casos en los que la alegación planteada podía ser resuelta por el órgano de instrucción en el ámbito de sus competencias, la Delegada Instructora resolvió motivando las razones del rechazo. Por el contrario, en relación con las alegaciones cuyo conocimiento y decisión excedía del ámbito competencial legalmente atribuido al órgano instructor, por estar reservadas al correspondiente órgano de la primera instancia, la Delegada Instructora así lo hizo constar motivadamente. La falta de competencia para conocer y resolver es, en sí misma, un motivo jurídico suficiente para justificar que no se entre a valorar lo alegado.

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARÍA ANTONIA LOZANO ÁLVAREZ

Sala de justicia:
Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano.- Presidente
Excma. Sra. Doña María Antonia Lozano Álvarez .- Consejera
Excma. Sra. Doña Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera

Situación Actual: FIRME

2021 18 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Auto nº 18 del año 2021 dictado por la Sala de Justicia

Recursos del artículo 48.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, rollo nº 8/21. Actuaciones Previas nº 76/20. Sector Público Local (Ayto. de Guaro), Málaga.

Fecha: 23/06/2021

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recursos del artículo 48.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, rollo nº 8/21. Actuaciones Previas nº 76/20. Sector Público Local (Ayto. de Guaro), Málaga.

Resumen doctrina: A través de los presentes recursos, los interesados solicitan la rectificación de la Liquidación Provisional practicada, la anulación de la misma, así como de la Providencia de requerimiento de pago, y la retroacción de las actuaciones al momento en que se realicen las diligencias de averiguación interesadas. En segundo término, alegan no haber lugar a la práctica de la Liquidación Provisional por prescripción y la suspensión de los efectos de las resoluciones recurridas. A la vista de los motivos de impugnación esgrimidos, la Sala de Justicia expone en primer término la doctrina que reiteradamente ha ido sentando sobre la naturaleza jurídica del recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que entiende como un recurso tendente a impugnar resoluciones similares a las de tipo interlocutorio, dictadas en la fase preparatoria o facilitadora de los procesos jurisdiccionales contables. De este modo, los motivos de impugnación no pueden ser otros que los taxativamente establecidos en la Ley. La Sala concluye respecto del primero de los recurrentes que no existe indefensión, al no habérsele privado de sus posibilidades de defensa, ni habérsele producido perjuicio real y efectivo alguno. Respecto del segundo de los recurrentes, sostiene que no es posible considerar injustificada la denegación de las diligencias pretendidas, dado que además es en el seno del posterior procedimiento jurisdiccional que en su caso se incoe, donde se podrán alegar las cuestiones apuntadas por la parte interesada. Entiende la Sala que no cabe la suspensión de los efectos de las resoluciones recurridas mientras se sustancie el recurso interpuesto, que sólo quedarían en suspenso si se apreciara la existencia de circunstancias excepcionales que, a su vez, habrían de ser objeto de una interpretación restrictiva. A la vista de todo ello, desestima los recursos interpuestos.A través de los presentes recursos, los interesados solicitan la rectificación de la Liquidación Provisional practicada, la anulación de la misma, así como de la Providencia de requerimiento de pago, y la retroacción de las actuaciones al momento en que se realicen las diligencias de averiguación interesadas. En segundo término, alegan no haber lugar a la práctica de la Liquidación Provisional por prescripción y la suspensión de los efectos de las resoluciones recurridas. A la vista de los motivos de impugnación esgrimidos, la Sala de Justicia expone en primer término la doctrina que reiteradamente ha ido sentando sobre la naturaleza jurídica del recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que entiende como un recurso tendente a impugnar resoluciones similares a las de tipo interlocutorio, dictadas en la fase preparatoria o facilitadora de los procesos jurisdiccionales contables. De este modo, los motivos de impugnación no pueden ser otros que los taxativamente establecidos en la Ley. La Sala concluye respecto del primero de los recurrentes que no existe indefensión, al no habérsele privado de sus posibilidades de defensa, ni habérsele producido perjuicio real y efectivo alguno. Respecto del segundo de los recurrentes, sostiene que no es posible considerar injustificada la denegación de las diligencias pretendidas, dado que además es en el seno del posterior procedimiento jurisdiccional que en su caso se incoe, donde se podrán alegar las cuestiones apuntadas por la parte interesada. Entiende la Sala que no cabe la suspensión de los efectos de las resoluciones recurridas mientras se sustancie el recurso interpuesto, que sólo quedarían en suspenso si se apreciara la existencia de circunstancias excepcionales que, a su vez, habrían de ser objeto de una interpretación restrictiva. A la vista de todo ello, desestima los recursos interpuestos.

Ponente: EXCMO SR D FELIPE GARCÍA ORTIZ

Sala de justicia:
Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano- Presidente
Excmo. Sr. Don Felipe García Ortiz- Consejero
Excma. Sra. Doña Margarita Mariscal de Gante y Mirón- Consejera

Situación Actual: FIRME

2021 17 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Auto nº 17 del año 2021 dictado por la Sala de Justicia

Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988 nº 7/21, Actuaciones Previas nº 93/20. Ramo: Sector Público Local.- (Empresa Municipal de Transportes de Valencia, S.A.U.-EMT-), Valencia.

Fecha: 23/06/2021

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988 nº 7/21, Actuaciones Previas nº 93/20. Ramo: Sector Público Local.- (Empresa Municipal de Transportes de Valencia, S.A.U.-EMT-), Valencia.

Resumen doctrina: Tras exponer pormenorizadamente los motivos del recurso interpuesto, así como las alegaciones vertidas, la Sala pone de manifiesto que la impugnación se fundamenta en cuatro alegaciones mediante las cuales se entiende que debería acordarse la nulidad del Acta de Liquidación Provisional al tiempo que rebate las causas que dieron lugar a la declaración, previa y provisional, de responsabilidad contable. La Sala de Justicia, de acuerdo con doctrina reiterada relativa al recurso del artículo 48.1 de la LFTCu., establece que éste únicamente puede basarse en los motivos contenidos en dicho precepto, entendiendo que la parte recurrente no ha procedido a razonar con un mínimo fundamento, la supuesta indefensión que le hubiera ocasionado la falta de llamamiento de terceras personas al acto de Liquidación Provisional. La Sala alude además a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre este particular, en su Sentencia nº 258/2007, de 18 de diciembre, que exige un perjuicio real y efectivo para la posición jurídica y los intereses de los afectados. Entiende, en definitiva, que todas las personas legalmente interesadas fueron citadas al acto de Liquidación Provisional en el tiempo y forma debidos. Asimismo, rechaza los motivos Segundo a Cuarto, en cuanto considera, en coherencia con lo anterior, que el recurso del artículo 48.1 de la LFTCu no puede basarse en discrepancias de fondo con las conclusiones del Acta de Liquidación Provisional en relación con los hechos investigados. Lo que pretende la recurrente es tratar de adaptar y ver satisfechas a través de este recurso sus pretensiones exculpatorias, algo que no sólo desbordaría el ámbito objetivo del proceso especial sino que también trastocaría el régimen jurídico de las competencias de los órganos e instancias, pudiendo dar lugar a una decisión del órgano de segunda instancia, sin haberse tramitado la primera.

Ponente: EXCMO SR D JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano. Presidente.
Excma. Sra. Dª. María Antonia Lozano Álvarez. Consejera.
Excma. Sra. Dª. Margarita Mariscal de Gante y Mirón. Consejera

Situación Actual: FIRME

2021 16 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Auto nº 16 del año 2021 dictado por la Sala de Justicia

Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988, nº 5/21, interpuesto contra la Providencia de embargo de fecha 8 de febrero de 2021, dictada en las Actuaciones Previas nº 5/2018, Sector Público Local (Informe de Fiscalización 23/2016, sobre el Grupo Consejo Comarcal de El Barcelonés. Resolución 281/IX del Parlamento), Barcelona.

Fecha: 23/06/2021

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988, nº 5/21, interpuesto contra la Providencia de embargo de fecha 8 de febrero de 2021, dictada en las Actuaciones Previas nº 5/2018, Sector Público Local (Informe de Fiscalización 23/2016, sobre el Grupo Consejo Comarcal de El Barcelonés. Resolución 281/IX del Parlamento), Barcelona.

Resumen doctrina: Tras exponer las alegaciones de las partes, la Sala se pronuncia sobre la naturaleza jurídica del recurso del art.48.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, al que de manera reiterada ha venido considerando como un medio de impugnación especial y sumario por razón de la materia. Constituye el medio de impugnación de resoluciones similares a las de tipo interlocutorio, dictadas en la fase preparatoria o facilitadora de los procesos jurisdiccionales contables y no persigue, por lo tanto, un conocimiento concreto de los hechos objeto de debate en una segunda instancia jurisdiccional, sino que se presenta como un mecanismo de revisión de cuantas resoluciones puedan minorar las posibilidades de defensa de los interesados en el posterior procedimiento. En el caso que nos ocupa, la representación del recurrente impugna la Providencia de embargo, dictada en las Actuaciones Previas, alegando que no se ha tenido en cuenta el afianzamiento prestado por la representación de otro presunto corresponsable, y que la anotación preventiva de embargo sobre la vivienda debe reducirse en tanto en cuanto ya se había afianzado la mitad de la responsabilidad imputada a ambos en la Liquidación Provisional. La Sala recuerda en este Auto los motivos únicos en los que puede basarse el recurso previsto en el artículo 48.1 de la Ley mencionada, señalando que la argumentación esgrimida no responde a ninguno de tales motivos, centrándose únicamente en la cuantía por la que se debe realizar la anotación, al tiempo que entiende que todas las diligencias llevadas a cabo por la Delegada Instructora se ajustaron a los previsto en el artículo 47.1 de la LFTCu. En consecuencia, la Sala considera ajustado a derecho que el embargo se decrete sobre los bienes de los presuntos responsables.

Ponente: EXCMO SR D FELIPE GARCÍA ORTIZ

Sala de justicia:
Excmo. Sr. don José Manuel Suárez Robledano.- Presidente
Excmo. Sr. don Felipe García Ortiz.- Consejero
Excma. Sra. doña Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera

Situación Actual: FIRME

2021 15 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Auto nº 15 del año 2021 dictado por la Sala de Justicia

Recurso de apelación nº 14/20 interpuesto contra el Auto de 25 de octubre de 2019 dictado en el procedimiento de reintegro por alcance n B-225/15-32, Sector Público Autonómico (Cª de Empleo -Ayudas destinadas a Empresas para la Financiación de Planes de Viabilidad- Sociedad Cooperativa V.B.), Andalucía.

Fecha: 23/06/2021

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 14/20 interpuesto contra el Auto de 25 de octubre de 2019 dictado en el procedimiento de reintegro por alcance n B-225/15-32, Sector Público Autonómico (Cª de Empleo -Ayudas destinadas a Empresas para la Financiación de Planes de Viabilidad- Sociedad Cooperativa V.B.), Andalucía.

Resumen doctrina: La representación procesal de “la Cooperativa” formula recurso de apelación solicitando que se declaren prescritas las responsabilidades contables en que se pudiera haber incurrido por la realización de los hechos enjuiciados en tanto en cuanto ha transcurrido el plazo prescriptivo de los cinco años, previsto en el apartado 1 de la D.A.3ª de la LFTCu, de aplicación al no haberse declarado por sentencia que los hechos sean constitutivos de delito. La Sala resuelve el recurso señalando que el artículo 18 de la LOTCu, así como el 49.3 de la LFTCu, establecen la compatibilidad entre las Jurisdicciones contable y penal. Ello no implica, tal como han declarado tanto el Tribunal Constitucional como el propio Tribunal de Cuentas, “que una jurisdicción haya de aceptar siempre de forma mecánica lo declarado por otra jurisdicción, sino que, como manifestación del principio de independencia jurisdiccional, y con cobertura en una suficiente y debida motivación, es admisible la coexistencia de dos resoluciones producidas por órdenes jurisdiccionales distintos sobre unos mismos hechos, ya que son distintos los modos y principios que rigen cada uno de los enjuiciamientos, así como la normativa aplicable en cada caso, de estructura finalista distinta y, por ende, con eficacia jurídica diferente”. (…) De todos modos, cuando se parte de unos mismos hechos y se les somete simultáneamente a enjuiciamiento penal y contable, la calificación de la existencia o inexistencia de esos hechos y de su autoría ha de ser única. Pues unos mismos hechos no pueden existir, y no, para las distintas jurisdicciones que intervengan; tampoco pueden ser calificados en ambas sedes de modo diferente o contradictorio”. El tratamiento legal de las cuestiones prejudiciales, en el ámbito de la jurisdicción contable, se acomoda al prevenido, con carácter general, por el artículo 10 de la LOPJ; el artículo 40.2 de la LEC, aplicable en virtud de los dispuesto en el artículo 73.2 de la LFTCu, al regular la prejudicialidad penal, exige la concurrencia de dos circunstancias para que pueda acordarse la suspensión del juicio: 1ª) Que se acredite la existencia de causa criminal en la que se estén investigando, como hechos de apariencia delictiva, alguno o algunos de los que fundamenten las pretensiones de las partes en el proceso civil; y 2ª) Que la decisión del Tribunal penal acerca del hecho por el que se procede en causa criminal pueda tener influencia decisiva en la resolución sobre el asunto civil. A tenor de este precepto, cuando surja una cuestión prejudicial penal del artículo 17 de la LOTCu, el proceso contable quedará suspendido. De acuerdo con los razonamientos jurídicos precedentes, la Sala comparte el criterio adoptado por el órgano de instancia de suspender el proceso contable y no resolver hasta que se cuente con un pronunciamiento penal firme sobre los mismos hechos, teniendo en cuenta también los indicios de que éstos pudieran ser constitutivos de delito. Por ello, no puede prevalecer, frente al mandato de la D.A. 3º de la LFTCu, la interpretación que formula la representación de la recurrente, en el sentido de sostener, al amparo de los establecido en el apartado 1º de la misma, la prescripción de la responsabilidad contable por haber transcurrido más de 5 años desde que se produjeron los hechos generadores de alcance, pues la jurisdicción penal, en virtud del principio de exclusividad jurisdiccional, es la única competente para enjuiciar los aspectos penales determinantes de la responsabilidad contable.

Ponente: EXCMO SR D FELIPE GARCÍA ORTIZ

Sala de justicia:
Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano.- Presidente
Excma. Sra. Doña María Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excma. Sr. Don Felipe García Ortiz.- Consejero

Situación Actual: No firme

2021 14 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Auto nº 14 del año 2021 dictado por la Sala de Justicia

Recurso de apelación nº 8/20 interpuesto contra el Auto de 9 de octubre de 2019 dictado en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-24, Sector Público Autonómico (Cª de Empleo -Ayudas destinadas a Empresas para la Financiación de Planes de Viabilidad- G.P., M.M.P., P., P.C.M. y P.F.), Andalucía

Fecha: 23/06/2021

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 8/20 interpuesto contra el Auto de 9 de octubre de 2019 dictado en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-24, Sector Público Autonómico (Cª de Empleo -Ayudas destinadas a Empresas para la Financiación de Planes de Viabilidad- G.P., M.M.P., P., P.C.M. y P.F.), Andalucía

Resumen doctrina: El presente recurso de apelación viene motivado por la negación de la conexión entre los procesos contables y penales, entendiendo que la posible responsabilidad penal en nada puede afectar al procedimiento de reintegro por alcance, en virtud del cual se ha dictado el auto recurrido. A la vista de lo anterior, la Sala de Justicia alude al artículo 18 de la LOTCu, así como al 49.3 de la LFTCu, que establecen la compatibilidad entre las Jurisdicciones contable y penal. Dicha compatibilidad se basa en la autonomía de ambas jurisdicciones, únicamente limitada por aplicación de los principios de seguridad jurídica y de cosa juzgada, así como en la fijación de los hechos declarados probados, en los que tienen prevalencia los pronunciamientos del órgano jurisdiccional penal, algo que viene contemplado en el apartado 2 “in fine” del artículo 17 de la LOTCu. A su vez, el artículo 40.2 de la LEC, aplicable en virtud de lo dispuesto en el artículo 73.2 de la LFTCu, al regular la prejudicialidad penal, exige la concurrencia de dos circunstancias para que pueda acordarse la suspensión del juicio: 1ª) Que se acredite la existencia de causa criminal en la que se estén investigando, como hechos de apariencia delictiva, alguno o algunos de los que fundamenten las pretensiones de las partes en el proceso civil; y 2ª) Que la decisión del Tribunal penal acerca del hecho por el que se procede en causa criminal pueda tener influencia decisiva en la resolución sobre el asunto civil. De acuerdo con los razonamientos jurídicos precedentes, la Sala comparte el criterio adoptado por el órgano de instancia de suspender el proceso contable y no resolver hasta que se cuente con un pronunciamiento penal firme sobre los mismos hechos, teniendo en cuenta los indicios de que éstos pudieran ser constitutivos de delito.

Ponente: EXCMO SR D FELIPE GARCÍA ORTIZ

Sala de justicia:
Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano.- Presidente
Excma. Sra. Doña María Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excma. Sr. Don Felipe García Ortiz.- Consejero

Situación Actual: No firme

2021 5 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 5 del año 2021 dictada por el Departamento Segundo de Enjuiciamiento

Procedimiento de reintegro por alcance B-112/18; Sector Público autonómico; Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda - Sociedad Mercantil Pública VISOCAN, Ejercicio 2012; Canarias.

Fecha: 31/05/2021

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance B-112/18; Sector Público autonómico; Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda - Sociedad Mercantil Pública VISOCAN, Ejercicio 2012; Canarias.

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:

2021 4 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 4 del año 2021 dictada por el Departamento Segundo de Enjuiciamiento

Procedimiento de reintegro por alcance B-14/2020; Sector Público Estatal; Ministerio de Empleo y Seguridad Social- CEYSS de Venezuela; Madrid.

Fecha: 31/05/2021

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance B-14/2020; Sector Público Estatal; Ministerio de Empleo y Seguridad Social- CEYSS de Venezuela; Madrid.

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:

2021 3 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 3 de 2021 dictada por Departamento Segundo de Enjuiciamiento

Procedimiento de reintegro por alcance núm. B-114/19, Sector Público Local ; Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera; Cáceres

Fecha: 26/05/2021

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance núm. B-114/19, Sector Público Local ; Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera; Cáceres

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia: