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2021 1 DEPARTAMENTO TERCERO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 1 del año 2021 del DEPARTAMENTO TERCERO DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº C-24/20, SECTOR PÚBLICO ESTATAL, (Paradores de Turismo de España, S.A.), Madrid.

Fecha: 04/02/2021

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Dictada por: DEPARTAMENTO TERCERO

Asunto: Sentencia dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº C-24/20, SECTOR PÚBLICO ESTATAL, (Paradores de Turismo de España, S.A.), Madrid.

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMO SR D FELIPE GARCÍA ORTIZ

Sala de justicia:

Situación Actual: No firme

2021 1 DEPARTAMENTO PRIMERO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 1 del año 2021 - PRA nº 100/18 del DEPARTAMENTO PRIMERO DE ENJUICIAMIENTO

Procedimiento de reintegro por alcance nº A100/2018 perteneciente al ramo de Sector público estatal (Consorcio Público Casa Mediterráneo), ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

Fecha: 29/01/2021

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Dictada por: DEPARTAMENTO PRIMERO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº A100/2018 perteneciente al ramo de Sector público estatal (Consorcio Público Casa Mediterráneo), ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARÍA ANTONIA LOZANO ÁLVAREZ

Sala de justicia:

2020 11 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 11 de 2020 dictada por Departamento Segundo de Enjuiciamiento

Procedimiento de reintegro por alcance nº B-38/19; Sector Público Autonómico; Informe de Fiscalización “Ciudad del Motor de Aragón, S. A.”, Ejercicios 2013-2014; Aragón.

Fecha: 30/12/2020

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-38/19; Sector Público Autonómico; Informe de Fiscalización “Ciudad del Motor de Aragón, S. A.”, Ejercicios 2013-2014; Aragón.

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:

2020 10 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 10 del año 2020 del DEPARTAMENTO SEGUNDO DE ENJUICIAMIENTO

Procedimiento de reintegro por alcance nº B-107/18; Sector Público Local; Junta Vecinal de Ardón- Ayto. de Ardón; León

Fecha: 29/12/2020

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-107/18; Sector Público Local; Junta Vecinal de Ardón- Ayto. de Ardón; León

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:

2020 9 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 9 del año 2020 del DEPARTAMENTO SEGUNDO DE ENJUICIAMIENTO

Procedimiento de reintegro por alcance nº B-6/18; Sector Público Local; Diputación de Barcelona, Organismo de Gestión Tributaria-Oficina de Recaudación de Esparraguera; Barcelona

Fecha: 23/12/2020

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-6/18; Sector Público Local; Diputación de Barcelona, Organismo de Gestión Tributaria-Oficina de Recaudación de Esparraguera; Barcelona

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:

2020 8 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 8 del año 2020 del DEPARTAMENTO SEGUNDO DE ENJUICIAMIENTO

Procedimiento de reintegro por alcance nº B-212/13; Comunidades Autónomas; Consorcio del Palau de la Música Catalana; Barcelona

Fecha: 21/12/2020

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-212/13; Comunidades Autónomas; Consorcio del Palau de la Música Catalana; Barcelona

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:

2020 22 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 22 año 2020 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación, rollo Nº 16/20, interpuesto contra la Sentencia Nº 1/2020, de 15 de enero, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance Nº B-218/17, del ramo de Sector Público Local (Ayuntamiento de Tomelloso), Ciudad Real.

Fecha: 17/12/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación, rollo Nº 16/20, interpuesto contra la Sentencia Nº 1/2020, de 15 de enero, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance Nº B-218/17, del ramo de Sector Público Local (Ayuntamiento de Tomelloso), Ciudad Real.

Resumen doctrina: Tras exponer pormenorizadamente las alegaciones de las partes, la Sala examina las cuestiones de carácter procesal. En relación con la prejudicialidad penal manifiesta que la compatibilidad de jurisdicciones se ha mantenido de manera uniforme tanto por la doctrina de esta Sala de Justicia como por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, señalando que se prevé la posibilidad de que concurra una cuestión de prejudicialidad penal que constituya elemento previo necesario para la declaración de responsabilidad contable y esté con ella relacionada directamente. En este caso, el recurrente no identifica qué decisión o decisiones de la jurisdicción penal podrían tener una influencia decisiva en la resolución que corresponde adoptar a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas y, por otra parte, la Sala no aprecia ninguna cuestión que precise de un previo pronunciamiento penal para poder decidir si en el caso enjuiciado concurren o no los requisitos de la responsabilidad contable directa. En cuanto a la falta de legitimación pasiva del recurrente en el presente proceso, considera que las actuaciones y cometidos llevados a cabo le convierten en gestor de fondos públicos y en cuentadante respecto a los mismos, de acuerdo con el derecho positivo y la jurisprudencia aplicables. En cuanto a la indefensión alegada –generadora de nulidad- la Sala considera que la relación de hechos probados incorporada a la Sentencia apelada no presenta ningún defecto jurídico, por lo que ni genera indefensión al recurrente ni es causa de nulidad de lo actuado. Para abordar las cuestiones de fondo que se plantean en el recurso, la Sala concluye que no exhibe el recurrente prueba alguna que permita llegar a estimarlas y en relación con la petición de carácter subsidiario de que se le exonere de la responsabilidad contable derivada del posible alcance cometido con anterioridad a mediados de 2014, no encuentra justificación para estimar la rebaja de la cifra del alcance reclamada.

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARÍA ANTONIA LOZANO ÁLVAREZ

Sala de justicia:
Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano.- Presidente.
Excma. Sra. Doña María Antonia Lozano Álvarez.- Consejera.
Excmo. Sr. Don Felipe García Ortiz.- Consejero.

Situación Actual: No firme

2020 14 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Auto nº 14 del año 2020 dictado por Sala de Justicia

Recurso de apelación nº 10/20. Procedimiento de Reintegro nº C-127/17. Medidas cautelares.

Fecha: 02/12/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 10/20. Procedimiento de Reintegro nº C-127/17. Medidas cautelares.

Resumen doctrina: Tras exponer las alegaciones de las partes, la Sala pone de manifiesto que de acuerdo con el artículo 229 de la LEC, aplicable en esta jurisdicción contable en virtud de la remisión que se efectúa en el apartado 2 de la disposición final segunda de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas “las actuaciones judiciales realizadas fuera del tiempo establecido sólo podrán anularse si lo impusiere la naturaleza del término o plazo”. En el caso que nos ocupa, lo cierto es que la naturaleza del plazo legalmente establecido para dictar las resoluciones judiciales no impone la nulidad de las que se dicten después de cumplido el plazo. Más bien al contrario, el tribunal sigue obligado a resolver, aun después de transcurrido el plazo, pues si no lo hiciera causaría grave lesión al derecho a la tutela judicial efectiva del litigante cuya pretensión hubiera de ser resuelta. Se desestima, por tanto, la solicitud de que sea decretada la nulidad del Auto de 24 de mayo de 2019 por ser dictado fuera de plazo. Respecto a la suficiencia de los embargos acordados en las actuaciones previas sobre los bienes de los otros demandados, la resolución no ha tenido en cuenta que, en materia de medidas cautelares, es el solicitante quien debe alegar y justificar la necesidad de la medida, de manera que la incertidumbre sobre la suficiencia de los embargos trabados no debería haber conducido a la adopción de la medida solicitada sino, por el contrario, a su desestimación. Respecto a la última cuestión suscitada en el recurso, alega el recurrente que la remisión que efectúa el artículo 67 de la LFTCu a “los casos y en la forma establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil” en relación con la procedencia del embargo preventivo, impide la adopción de medidas cautelares en esta jurisdicción contable si no se justifica la concurrencia de los presupuestos generales exigidos en la LEC, en particular el peligro en la demora y la apariencia de buen derecho. En el caso a que se refiere el recurso, por tanto, debería haberse justificado la apariencia de buen derecho, ya que la medida cautelar se pide por el Ministerio Fiscal respecto a un demandado que no fue declarado responsable contable en la liquidación provisional.

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano.- Presidente
Excma. Sra. Dª María Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera

Situación Actual: FIRME

2020 21 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 21 año 2020 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación nº 18/20, interpuesto contra la Sentencia nº 5/2020, de 29 de abril, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-140/18, del ramo de Sector Público Estatal (Mº de Educación Cultura y Deporte –Centro Asociado de la UNED), La Rioja.

Fecha: 01/12/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 18/20, interpuesto contra la Sentencia nº 5/2020, de 29 de abril, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-140/18, del ramo de Sector Público Estatal (Mº de Educación Cultura y Deporte –Centro Asociado de la UNED), La Rioja.

Resumen doctrina: La Sala comienza exponiendo las alegaciones de las partes y a continuación analiza las excepciones, tanto de carácter procesal, como material. Comenzando por la excepción de falta de jurisdicción o competencia, la desestima, por cuanto la jurisdicción de este Tribunal se extiende, «ex lege» a los posibles hechos generadores de responsabilidad contable cometidos en la gestión económica de una entidad de naturaleza pública por: a) ser ésta una forma instrumental creada por la Administración correspondiente en el cumplimiento de sus fines; b) estar dotada con fondos públicos; y c) tener los gestores de dichas entidades públicas la condición legal de cuentadantes. Como claramente se expresa en el Fundamento de Derecho Primero de la Sentencia recurrida, tal naturaleza de la entidad docente y de los fondos que maneja se contempla de forma expresa, una vez constituida en Consorcio, en la regulación que realiza la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en sus artículos 118 y siguientes. En cuanto a la falta de legitimación activa de la Abogacía del Estado denunciada por la parte apelante tampoco puede ser estimada. En relación con la nulidad de actuaciones, por haberse ocasionado indefensión, lo cierto es que el apelante estuvo perfectamente informado, en el momento procesal que resultaba idóneo, de toda la tramitación de las Actuaciones Previas, se personó y tuvo siempre abierto el acceso a la vista del expediente, y a lo largo de todo el Procedimiento de reintegro por alcance ha hecho uso, sin limitación alguna, de todas y cada una de las garantías procesales que el ordenamiento jurídico le otorga, como consta acreditado en las actuaciones, incluyendo las seguidas ante esta segunda instancia jurisdiccional. También alega la parte apelante que concurre la excepción material de prescripción de la responsabilidad contable por alcance. Cabe señalar que las alegaciones y demás argumentos del recurrente carecen de la invocación expresa de la norma jurídica que entiende vulnerada por la Sentencia recurrida. No obstante, la Sala pone de manifiesto que el Informe Adicional de Auditoría, con su correspondiente “Adenda” apreciando hechos susceptibles de generar responsabilidad contable fue emitido por la Intervención Delegada de La Rioja el 3 de febrero de 2017. A partir de ese momento empezó a correr el plazo de prescripción de tres años -hasta 3 de febrero de 2020-, previsto en la citada Disposición Adicional Tercera, apartado 2, de la LFTCu. Pero antes de transcurrir dicho plazo, el recurrente ya había sido citado y había intervenido tanto en las Actuaciones Previas como en el Procedimiento de reintegro por alcance seguidos en este Tribunal de Cuentas. Por tanto, debe desestimarse la excepción de prescripción de la responsabilidad contable aducida. En cuanto a los motivos de fondo alegados entiende la Sala que se ha producido un daño o menoscabo en los caudales públicos del Centro Asociado a la UNED de La Rioja, real, evaluable económicamente e individualizado, conforme establece el párrafo segundo del artículo 59.1 de la LFTCu, constitutivo de alcance, por importe de TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (35.928,96 euros). Para que pueda declararse la existencia de un alcance no basta sólo con que se detecte un menoscabo económico en los fondos públicos sino que, además, deben concurrir todos los requisitos o elementos configuradores de dicha responsabilidad, que se derivan del contenido de los artículos 15.1, 38.1, 42.1 y 43 de la LOTCu y los artículos 49.1 y 72 de la Ley de Funcionamiento, considerando la Sala que concurren en el presente caso.

Ponente: EXCMO SR D JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano. Presidente
Excma. Sra. Dña. Mª Antonia Lozano Álvarez. Consejera
Excmo. Sr. D. Don Felipe García Ortiz. Consejero

Situación Actual: FIRME

2020 20 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 20 año 2020 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recursos de apelación, rollo nº 17/20, interpuestos contra la Sentencia nº 26/2019, de 18 de diciembre, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-27, Comunidades Autónomas (Cª de Empleo -Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad- I.T.S.M.) Andalucía.

Fecha: 01/12/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recursos de apelación, rollo nº 17/20, interpuestos contra la Sentencia nº 26/2019, de 18 de diciembre, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-27, Comunidades Autónomas (Cª de Empleo -Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad- I.T.S.M.) Andalucía.

Resumen doctrina: Tras exponer las alegaciones de las partes, la Sala pone de manifiesto que existe un único motivo de impugnación: la inaplicación indebida de la DA. 3ª.4 de la LFTCu. Los apelantes justifican sus recursos en una vulneración de los artículos 17.2 de la LOTCu y 40.2 de la LEC, en relación con la DA. 3ª, apartados 1 y 4 de la LFTCu. Por tanto, se trata de dilucidar si procede apreciar, en el caso contemplado por la Sentencia recurrida, la concurrencia de causa de prejudicialidad penal, que, según afirman los apelantes, deba llevar a la suspensión del procedimiento contable en el momento inmediatamente anterior a dictarse la sentencia, toda vez que, una vez comprobada la existencia de algunos hechos susceptibles de generar responsabilidad contable por alcance que quedan afectados por prescripción, y hallándose pendientes unas actuaciones penales seguidas contra la persona declarada como responsable contable directo, ello generaría una discrepancia, con las correlativas consecuencias jurídicas y económicas, sobre si se debe atender al plazo extintivo de responsabilidad previsto en el apartado 1 o 4 de la DA. 3ª de la LFTCu. Sobre esta cuestión se ha pronunciado la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en su reciente Sentencia núm. 1.479/2020, de 10 de noviembre. La citada sentencia señala que la eventualidad de que los hechos sean constitutivos de delito constituye un elemento determinante del régimen de prescripción, y ello resulta especialmente relevante en el caso de que, por la naturaleza continuada de las conductas, pueda dar lugar a un diferente régimen de prescripción por razón, bien del concurso medial, bien, en su caso, de la continuidad delictiva. La Sala, en consecuencia, no comparte el criterio adoptado por el órgano de primera instancia, al resolver sobre la prescripción de las responsabilidades contables objeto de enjuiciamiento por el mismo, sin haber contado con un previo pronunciamiento penal.

Ponente: EXCMO SR D FELIPE GARCÍA ORTIZ

Sala de justicia:
Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano.- Presidente
Excma. Sra. Doña María Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excma. Sr. Don Felipe García Ortiz.- Consejero

Situación Actual: No firme

2020 19 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 19 año 2020 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación, rollo Nº 13/20, interpuesto contra la Sentencia Nº 23/2019, de 27 de noviembre, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15- 17, del ramo de Comunidades Autónomas (Consejería de Empleo – Ayudas destinadas a Empresas para la financiación de Planes de Viabilidad – C.L.I., S.L., anteriormente denominada C.L.I.H.), Andalucía.

Fecha: 01/12/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación, rollo Nº 13/20, interpuesto contra la Sentencia Nº 23/2019, de 27 de noviembre, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15- 17, del ramo de Comunidades Autónomas (Consejería de Empleo – Ayudas destinadas a Empresas para la financiación de Planes de Viabilidad – C.L.I., S.L., anteriormente denominada C.L.I.H.), Andalucía.

Resumen doctrina: Tras exponer los motivos de impugnación aducidos por las partes, la Sala examina las cuestiones procesales planteadas por los recurrentes. En cuanto a la falta de legitimación pasiva, la Entidad impugnante – y no sus gestores o representantes- fue la perceptora material de los fondos, lo que la convierte en posible responsable contable y, consecuentemente, en legitimada pasiva en el presente procedimiento de reintegro por alcance. Por lo que se refiere al director de trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, lo cierto es que su actuación provocó que la Junta abonara la subvención objeto de debate procesal. En relación con la indefensión alegada por los recurrentes, también ha de ser desestimada por cuanto si no tuvieron intervención en la fase preliminar del procedimiento, fue porque la legalidad procesal no lo permitía, habiendo podido, con posterioridad, en los momentos procesales legalmente habilitados para ello, formular sus alegaciones, solicitar medios de prueba o recurrir resoluciones, ya que han sido pertinentemente notificados de todo lo actuado desde el momento en que tuvieron derecho a ello. Tampoco comparte la Sala la falta de motivación de la Sentencia recurrida, puesto que sí recoge argumentos jurídicos suficientes y adecuados para explicar que los apelantes, hasta la citación a Liquidación Provisional, no tuvieron condición jurídica alguna que permitiera considerarles afectados por unas actuaciones que hasta dicho momento eran meramente valorativas e indagatorias. También alegan los recurrentes que la responsabilidad contable que se les reclama ha prescrito porque ha transcurrido el plazo de cinco años previsto en la disposición adicional tercera de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, sin que pueda considerarse que dicho plazo haya resultado interrumpido por la fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, cuya existencia no fue comunicada a los apelantes ni conocida por estos. Esta cuestión fue ya planteada en la primera instancia y desestimada en la Sentencia impugnada por razones que esta Sala comparte. Entrando ya en el fondo del asunto, y en relación con la valoración de la prueba, la Sala considera que ha sido correcta. No existe contradicción, por otra parte, porque la condena de los apelantes sea compatible con el hecho de que el administrador de la Empresa perceptora de la ayuda careciera de legitimación pasiva en el presente proceso de acuerdo con los artículos 49.1 y 55.2 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARÍA ANTONIA LOZANO ÁLVAREZ

Sala de justicia:
Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano.- Presidente
Excma. Sra. Doña María Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. Don Felipe García Ortiz.- Consejero

Situación Actual: No firme

2020 18 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 18 año 2020 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recursos de apelación, rollo nº 12/20, interpuestos contra la Sentencia nº 22/2019, de 15 de noviembre, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-165/17, del Sector Público Estatal (Informe de Fiscalización de la Ejecución por la Autoridad Portuaria de Gijón del Proyecto de ampliación del Puerto de Gijón, ejercicios 2012-2013), Principado de Asturias.

Fecha: 01/12/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recursos de apelación, rollo nº 12/20, interpuestos contra la Sentencia nº 22/2019, de 15 de noviembre, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-165/17, del Sector Público Estatal (Informe de Fiscalización de la Ejecución por la Autoridad Portuaria de Gijón del Proyecto de ampliación del Puerto de Gijón, ejercicios 2012-2013), Principado de Asturias.

Resumen doctrina: Tras exponer las alegaciones de las partes procesales, la Sala analiza los motivos de impugnación aducidos. Señala que la alteración de los precios en la ejecución de las obras es un elemento fáctico que ya figuraba incluido en el desarrollo del procedimiento y no requiere un pronunciamiento previo y necesario de la jurisdicción penal para que se determine si existe o no una falta de justificación de los fondos públicos empleados en la ejecución de las obras de ampliación del Puerto de Gijón objeto del debate. Por ello, la Sala desestima la petición subsidiaria de suspensión de este procedimiento contable por prejudicialidad penal planteada por el Abogado del Estado. Por otra parte, la Sala coincide con la conclusión a la que llega la Consejera de instancia en la resolución recurrida de que no se ha producido la prescripción de la responsabilidad contable planteada. Respecto a la presunta indefensión ocasionada por la forma de tramitarse las Actuaciones Previas, la Sala tampoco considera que se pueda apreciar por la específica regulación de la fase instructora del procedimiento contable en la LFTCu. A continuación, estima que no se ha producido un error patente directamente relacionado con los aspectos fácticos del supuesto litigioso por parte del Órgano a quo, en los términos descritos por el Tribunal Constitucional, es decir “inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales, por haberse llegado a una conclusión absurda o contraria a los principios elementales de la lógica y de la experiencia”, sino todo lo contrario, considera que la apreciación de la prueba se ha efectuado de manera lógica, coherente y racional en la instancia. En cuanto a la cuestión de fondo manifiesta la Sala que no corresponde al Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su función jurisdiccional pronunciarse sobre la mayor o menor oportunidad de las decisiones que tomen los gestores públicos. Ha de tenerse en consideración, en todo caso, la existencia de una imprevisibilidad que cercena de forma notable el equilibrio económico-financiero existente en el momento del contrato, que se produce, en el supuesto que nos ocupa, por la necesidad de obtener los materiales pétreos en canteras comerciales situadas geográficamente más alejadas de la obra. No se puede considerar, en modo alguno, que el pago del 19% por Gastos Generales y Beneficio Industrial realizado a la UTE adjudicataria de las obras, por los conceptos de asistencia técnica y ensayos efectuados por la Universidad de Granada, sean constitutivos de alcance en los términos acuñados por el artículo 72 de la LFTCu, al corresponder a partidas o unidades a incluir en la ejecución material de la obra. En relación con la exención de las costas impuestas a Puertos del Estado, considera esta Sala que debe aplicarse el apartado 1 del artículo 394 de la LEC por presentar el caso serias dudas de hecho y de derecho.

Ponente: EXCMO SR D FELIPE GARCÍA ORTIZ

Sala de justicia:
Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano.- Presidente
Excma. Sra. Doña María Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. Don Felipe García Ortiz.- Consejero

Situación Actual: No firme

2020 15 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Auto nº 15 del año 2020 dictado por Sala de Justicia

Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, Nº 11/20, Actuaciones Previas Nº 80/19, del ramo de Sector Público Autonómico (Generalidad de Cataluña. Acción Exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña), Cataluña.

Fecha: 01/12/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, Nº 11/20, Actuaciones Previas Nº 80/19, del ramo de Sector Público Autonómico (Generalidad de Cataluña. Acción Exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña), Cataluña.

Resumen doctrina: Una vez expuestas las alegaciones y peticiones de las partes, la Sala examina los motivos en los que se basa la pretensión impugnatoria de la parte recurrente. En primer término, pone de manifiesto que no cabe apreciar la indefensión alegada pues si no tuvieron los recurrentes intervención en la fase preliminar del procedimiento, fue porque la legalidad procesal no lo permitía, lo que en nada afecta a su derecho a tomar vista del expediente y a formular alegaciones en el trámite procedimental jurídicamente previsto para ello, que es el de la citación y práctica de la Liquidación Provisional complementaria. Asimismo, podrán alegar lo que estimen conveniente respecto a la acumulación acordada con ocasión del citado trámite. También esgrimen los recurrentes que el Auto de acumulación recurrido, de 25 de noviembre de 2019, aunque indicaba que debía ser notificado a todos los interesados, no fue comunicado hasta el 13 de junio de 2020, y a petición de su representación procesal, habiéndose ya practicado la Liquidación Provisional de 28 de enero de 2020, que fue posterior a la acumulación acordada. Tampoco la Sala estima esta alegación pues no cabe apreciar indefensión por una supuesta notificación irregular y extemporánea a la que no se tenía derecho. Otro argumento que se aporta en el recurso es que la acumulación acordada no responde a la finalidad propia de esta actuación procesal pues no simplifica sino que complica la tramitación. A estos efectos, manifiesta la Sala que la simplificación de trámites beneficia a su derecho a la tutela judicial efectiva en general y a su derecho de defensa en particular pues les permite proteger sus intereses a través de un cauce procesal más sencillo y ágil. Considera, en definitiva, que no se ha producido el menoscabo del derecho de defensa alegado por los recurrentes ya que el Auto impugnado se ha dictado sin infracción del artículo 61 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento de este Tribunal.

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARÍA ANTONIA LOZANO ÁLVAREZ

Sala de justicia:
Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano- Presidente.
Excma. Sra. Doña María Antonia Lozano Álvarez.- Consejera.
Excmo. Sr. Don Felipe García Ortiz.- Consejero.

Situación Actual: FIRME

2020 7/2000 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 7 del año 2020 del DEPARTAMENTO SEGUNDO DE ENJUICIAMIENTO

Procedimiento de reintegro por alcance nº B-31/18, Sector Público Local; Ayuntamiento de Barcelona- “Barcelona Regional, Agencia Desarrollo Urbano, S.A.”; Barcelona

Fecha: 24/11/2020

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-31/18, Sector Público Local; Ayuntamiento de Barcelona- “Barcelona Regional, Agencia Desarrollo Urbano, S.A.”; Barcelona

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:

2020 17 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 17 año 2020 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación, rollo Nº 6/20, interpuesto contra la Sentencia Nº 18/2019, de 23 de julio, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15- 6, del ramo de Comunidades Autónomas (Consejería de Empleo – Ayudas destinadas a Empresas para la financiación de Planes de Viabilidad – R. G.), Andalucía.

Fecha: 30/09/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación, rollo Nº 6/20, interpuesto contra la Sentencia Nº 18/2019, de 23 de julio, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15- 6, del ramo de Comunidades Autónomas (Consejería de Empleo – Ayudas destinadas a Empresas para la financiación de Planes de Viabilidad – R. G.), Andalucía.

Resumen doctrina: Tras exponer pormenorizadamente las alegaciones de las partes, la Sala comienza por analizar las cuestiones procesales indicadas en el recurso, refiriéndose en primer término a la excepción de prescripción. La parte apelante considera que entre el “dies a quo” (fecha de la salida de los fondos) y el “dies ad quem”( fecha de citación a la liquidación provisional) habrían transcurrido más de cinco años sin que se hubiera producido ningún acto con eficacia interruptiva del plazo de prescripción de la responsabilidad contable reclamada, por lo que dicha responsabilidad habría prescrito por aplicación de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Esta cuestión fue ya planteada en la primera instancia y desestimada, en la Sentencia impugnada, por razones que la Sala comparte. En primer lugar, el aludido plazo de prescripción quedó interrumpido por la fiscalización realizada por la Cámara de Cuentas de Andalucía, de las ayudas socio-laborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía. Dicha fiscalización se inició en virtud de acuerdo del Consejo de Gobierno de la citada Comunidad Autónoma de 8 de febrero de 2011. Por otra parte, también interrumpió el plazo de prescripción de la responsabilidad contable exigida, la incoación, el 19 de enero de 2011, por el Juzgado de Instrucción nº6 de Sevilla, de las diligencias previas 174/11, en las que se investigaban penalmente los mismos hechos objeto del presente procedimiento de reintegro. En cuanto al conocimiento, por los interesados, de las actuaciones fiscalizadoras y jurisdiccionales que interrumpieron el plazo de prescripción de las responsabilidades contables que se les reclaman, existe esa razonable convicción. En primer lugar, porque la fiscalización por la Cámara de Cuentas de Andalucía y las actuaciones de la Jurisdicción Penal tuvieron un contenido extenso, tanto desde el punto de vista subjetivo como objetivo, lo que convierte en inverosímil defender que la existencia de estas actividades indagatorias y su contenido no hubieran tenido una amplia difusión en los círculos profesionales, corporativos o políticos afectados por la investigación. En segundo término, por la enorme repercusión mediática del caso “Eres”, en el que se incardinan los hechos enjuiciados en el presente procedimiento. De acuerdo con el artículo 60.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas: “La Jurisdicción contable juzgará dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones de las mismas”. Y la Sala considera que la juzgadora de primera instancia enjuició los hechos dentro de los límites de las alegaciones y pretensiones de las partes, por lo que cumplió las exigencias del principio dispositivo establecidas en dicho artículo.

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARÍA ANTONIA LOZANO ÁLVAREZ

Sala de justicia:
Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano.- Presidente
Excma. Sra. Doña María Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. Don Felipe García Ortiz.- Consejero

Situación Actual: No firme

2020 16 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 16 año 2020 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación nº 55/19, interpuesto contra la Sentencia nº 7/2019, de 29 de marzo, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-2, del ramo de Comunidades Autónomas, (Cª de Empleo – Ayudas destinadas a Empresas para la Financiación de Planes de Viabilidad –D. N.), Andalucía.

Fecha: 30/09/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 55/19, interpuesto contra la Sentencia nº 7/2019, de 29 de marzo, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-2, del ramo de Comunidades Autónomas, (Cª de Empleo – Ayudas destinadas a Empresas para la Financiación de Planes de Viabilidad –D. N.), Andalucía.

Resumen doctrina: Una vez sistematizados los motivos que sustentan el recurso planteado, así como las alegaciones de oposición al mismo, la Sala recuerda el criterio vigente respecto a la naturaleza del recurso de apelación que, como recurso ordinario, permite al Tribunal la posibilidad de aplicar e interpretar normas jurídicas con un criterio diferenciado, tanto de las partes, como del Órgano juzgador de instancia, y la de resolver confirmando, corrigiendo, enmendando o revocando lo decidido y recurrido, e incluso decidir lo mismo con fundamentación diferente, aunque siempre dentro del respeto al principio de congruencia y del límite de las pretensiones de las partes. La Sala analiza, con carácter previo, la alegación de prescripción de la acción de responsabilidad contable por alcance ejercitada por la representación de la Junta de Andalucía y concluye que, atendiendo a las fechas y hechos que constan en autos, resulta evidente que no ha transcurrido el plazo de prescripción establecido en la Disposición Adicional Tercera de la LFTCu, toda vez que dicho plazo quedó interrumpido el día 8 de febrero de 2011 con el inicio de la fiscalización de las ayudas objeto de las actuaciones. En segundo lugar, la iniciación de las Diligencias Previas 174/2011, en el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, respecto a los mismos hechos, también tiene efectos interruptivos del plazo de prescripción. En relación con las alegaciones relativas al desconocimiento o ignorancia de los hechos que han dado lugar al presente procedimiento, constata la Sala que llegaron a conocimiento de los demandados. A mayor abundamiento, tampoco concurre la prescripción por cumplimiento del plazo especial de tres años desde la terminación de la fiscalización, por cuanto queda acreditado en autos que, a raíz de la denuncia realizada por el actor público, mediante escrito de 3 de mayo de 2011, se incoaron, por parte de este Tribunal de Cuentas, las Diligencias Preliminares B-112/11 (que registraron sucesivos desgloses posteriores), que culminaron en el Auto de fecha 24 de junio de 2011, de propuesta de nombramiento de Delegado Instructor y las Actuaciones Previas nº 116/13 que las siguieron. En relación con el fondo de la cuestión consistente en determinar si existió un perjuicio constitutivo de alcance en los fondos públicos de la Junta de Andalucía, por la realización de un pago en concepto de ayudas para la viabilidad a la mercantil, carente de justificación y prescindiendo de los procedimientos establecidos por las normas contables, la Sala entiende que concurren todos y cada uno de los requisitos legal y jurisprudencialmente exigidos para apreciar la responsabilidad contable por alcance.

Ponente: EXCMO SR D JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano. Presidente
Excma. Sra. Dña. Mª Antonia Lozano Álvarez. Consejera
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz. Consejero

Situación Actual: No firme

2020 15 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 15 año 2020 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación nº 51/19, interpuesto contra la Sentencia nº 3/2019, de 13 de septiembre, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº A-47/18, del ramo de Sector Público Autonómico (Informe de Control Financiero del Consorcio Centre D´Innovació del Transport (CENIT). Ejercicio 2013), CATALUÑA.

Fecha: 30/09/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 51/19, interpuesto contra la Sentencia nº 3/2019, de 13 de septiembre, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº A-47/18, del ramo de Sector Público Autonómico (Informe de Control Financiero del Consorcio Centre D´Innovació del Transport (CENIT). Ejercicio 2013), CATALUÑA.

Resumen doctrina: Una vez expuestas las alegaciones de las partes, la Sala recuerda el criterio doctrinal sostenido respecto a la naturaleza del recurso de apelación, como recurso ordinario que permite al Tribunal la posibilidad de aplicar e interpretar normas jurídicas con un criterio diferenciado, tanto de las partes como del órgano juzgador de instancia, y la de resolver confirmando, corrigiendo, enmendando o revocando lo decidido y recurrido, e incluso decidir lo mismo con fundamentación diferente, aunque siempre dentro del respeto al principio de congruencia y del límite de las pretensiones de las partes. La cuestión debatida en esta apelación se centra en determinar si, como ha resuelto la Juzgadora de instancia en la Sentencia recurrida, ha existido responsabilidad contable directa por alcance por parte del recurrente. El apelante sostiene que no puede declararse tal responsabilidad, al no haberse producido infracción de normas presupuestarias, ni concurrir una actuación dolosa o gravemente negligente por su parte, que hubiera originado el menoscabo económico en los fondos públicos, por lo que tampoco existiría nexo causal entre dicha conducta y el alcance contable producido. La Sala, una vez analizados los extremos alegados por la parte recurrente, entiende que ésta pretende reproducir dentro de su recurso la práctica totalidad del debate fáctico y jurídico sustantivo desarrollado en la instancia, y entiende que concurren, en el presente caso, todos y cada uno de los requisitos legal y jurisprudencialmente exigidos para apreciar la responsabilidad contable directa por alcance, por lo que procede desestimar íntegramente el recurso de apelación formulado.

Ponente: EXCMO SR D JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO

Sala de justicia:
Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano. Presidente
Excmo. Sr. Don Felipe García Ortiz. Consejero
Excma. Sra. Doña. Margarita Mariscal de Gante y Mirón. Consejera

Situación Actual: FIRME

2020 14 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 14 año 2020 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recursos de apelación, rollo nº 23/19, interpuestos contra la Sentencia nº 18/2018, de 28 de diciembre, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-212/11, al que se ha acumulado el 172/13, Entidades Locales (Entidad Metropolitana de Aguas Residuales de Valencia -EMARSA-) Valencia.

Fecha: 30/09/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recursos de apelación, rollo nº 23/19, interpuestos contra la Sentencia nº 18/2018, de 28 de diciembre, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-212/11, al que se ha acumulado el 172/13, Entidades Locales (Entidad Metropolitana de Aguas Residuales de Valencia -EMARSA-) Valencia.

Resumen doctrina: Una vez expuestos los distintos argumentos de las partes, la Sala pone de manifiesto que las alegaciones contenidas en los respectivos escritos de recurso contra la sentencia de instancia se podrían clasificar en las siguientes: 1) Existencia de prejudicialidad penal y exceso de jurisdicción; 2) Incongruencia; 3) Irregular ampliación de la demanda por parte de los actores públicos; 4) Falta de legitimación pasiva del Sr. Morenilla; 5) Error en la valoración de la prueba por parte de la Consejera de instancia y 6) Ausencia de los elementos necesarios para la declaración de la responsabilidad contable de los apelantes. En cuanto a la prejudicialidad penal, no basta para que ésta opere la pendencia de un proceso penal en el que se hayan formulado pretensiones punitivas basadas en los mismos hechos en que se determinen las acciones de responsabilidad contable, sino que es necesario que el pronunciamiento penal sobre una cuestión de su exclusiva competencia constituya un elemento previo necesario para la declaración de la responsabilidad contable. En el supuesto que nos ocupa, en el que se enjuician los daños o perjuicios que se hubieran podido causar a los fondos públicos como consecuencia de la salida injustificada de fondos en las entidades EMARSA (ahora EMSHI) y EPSAR por incremento injustificado de precios en las prestaciones de servicios o abono de servicios o suministros no realizados, no concurre la necesidad de que haya un previo pronunciamiento penal sobre un presunto delito de falsedad o apoderamiento de fondos, ya que la delimitación del perjuicio económico causado a los fondos públicos es competencia única y exclusiva de la jurisdicción contable. En cuanto a la incongruencia de la sentencia, es de resaltar que la misma satisface las exigencias de coherencia cuando da respuesta razonada a las pretensiones de las partes, aunque no contenga un razonamiento autónomo y específico de todos y cada uno de los fundamentos jurídicos en que aquéllas se sustenten. Por último, la Sala concluye que se dan todos y cada uno de los requisitos necesarios para la declaración de la responsabilidad contable directa.

Ponente: EXCMO SR D FELIPE GARCÍA ORTIZ

Sala de justicia:
Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano.- Presidente
Excma. Sra. Doña María Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. Don Felipe García Ortiz.- Consejero

Situación Actual: No firme

2020 13 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Auto nº 13 del año 2020 dictado por Sala de Justicia

Recurso nº7/20 interpuesto al amparo del artículo 48.1 de la Ley 7/88, de 5 de abril, contra la Providencia de requerimiento de pago de fecha 30 de enero de 2020 dictada en las Actuaciones Previas nº 91/19, Sector Público Local (Ayuntamiento de Ambite)

Fecha: 30/09/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso nº7/20 interpuesto al amparo del artículo 48.1 de la Ley 7/88, de 5 de abril, contra la Providencia de requerimiento de pago de fecha 30 de enero de 2020 dictada en las Actuaciones Previas nº 91/19, Sector Público Local (Ayuntamiento de Ambite)

Resumen doctrina: El recurso presentado cuestiona los conceptos por los que se aprecia en la Liquidación Provisional la concurrencia de responsabilidad contable en los recurrentes, discrepando de las conclusiones alcanzadas por la Delegada Instructora en cuanto a los siguientes puntos:1) Nómina duplicada; y 2) Indemizaciones por kilometraje y gastos, y por asistencia. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, el recurso del artículo 48.1 de la LFTCu únicamente puede basarse en los motivos taxativamente establecidos en dicho precepto, que se concretan en que no se accediere a completar las diligencias con los extremos que los comparecidos señalaren, o que la resolución recurrida causare indefensión. En particular, la jurisprudencia de la Sala rechaza que el recurso del artículo 48.1 de la LFTCu pueda basarse en discrepancias de fondo con las conclusiones del Acta de Liquidación Provisional en relación con los hechos investigados y la concurrencia en los mismos de los requisitos legalmente exigidos para apreciar la existencia de responsabilidad contable. En el caso que nos ocupa, los motivos del recurso se centran exclusivamente en discrepancias de los recurrentes con las conclusiones de la Liquidación Provisional en cuanto al pago y devolución de una nómina duplicada y en cuanto a la procedencia o improcedencia del pago de determinadas indemnizaciones por asistencia a sesiones de órganos municipales, gastos y kilometraje. Se trata, por tanto, de motivos que entran de lleno en el fondo del asunto objeto de las Actuaciones Previas que no pueden servir de base a este recurso. No cabe apreciar, por lo demás, que se haya causado indefensión alguna a los recurrentes en la tramitación de las Actuaciones Previas, puesto que ambos fueron citados al acto de la Liquidación Provisional en el que efectivamente intervinieron asistidos por su Abogado, formulando en dicho acto las alegaciones que consideraron oportunas, que aparecen reflejadas en la consideración sexta del Acta de Liquidación Provisional y a las que la Delegada Instructora dio razonada respuesta.

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:
EXCMO. SR. DON JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO.- Presidente
EXCMO. SR. DON FELIPE GARCÍA ORTIZ.- Consejero
EXCMA. SRA. DOÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN.- Consejera

Situación Actual: FIRME

2020 13 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 13 año 2020 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recurso del artículo 41.2 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo Nº 19/19. Ramo: Sector Público Local (Ayuntamiento de Calamocha) Teruel.

Fecha: 30/09/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del artículo 41.2 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo Nº 19/19. Ramo: Sector Público Local (Ayuntamiento de Calamocha) Teruel.

Resumen doctrina: El presente recurso del artículo 41.2 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, se tramita como consecuencia de un expediente administrativo de responsabilidad contable, que es uno de los cauces formales que la normativa permite para exigir las responsabilidades contables que no derivan de un alcance en los fondos públicos sino de otros tipos de infracción económico-financiera. Esgrime el demandante, por otra parte, la caducidad del expediente de responsabilidad contable en el que se dictó la resolución que recurre. La Sección Tercera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en su reciente Sentencia 317/2019, de 12 de marzo, ha establecido el criterio de que el plazo de caducidad aplicable supletoriamente a los expedientes administrativos de responsabilidad contable no es el de seis meses que se establece para los procedimientos de responsabilidad patrimonial, sino el de tres meses que se recogía en el artículo 44.3 de la Ley 30/92, y se mantiene hoy en el artículo 21.3 de la Ley 39/2015. En el presente caso, el “dies a quo” que debería tenerse en cuenta para el cómputo del plazo de prescripción sería la fecha en la que se produjeron los hechos presuntamente generadores de responsabilidad contable -la última infracción atribuida al demandante fue permitir, presuntamente, que prescribieran derechos de cobro el 30 de septiembre de 2012-. Sin embargo, desde la mencionada fecha se fueron produciendo una serie de actuaciones que interrumpieron el plazo de prescripción. Estas actuaciones son las practicadas en la fase instructora y en la primera instancia. De acuerdo con el artículo 92.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, aplicable al período en que se produjeron los hechos (en la actualidad artículo 95.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), la caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. Puestos en conexión el citado precepto procedimental administrativo con la también aludida disposición adicional tercera de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se concluye que debe considerarse prescrita la responsabilidad contable reclamada al recurrente, por lo que no procede entrar a conocer de las alegaciones sobre el fondo esgrimidas por el mismo.

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARÍA ANTONIA LOZANO ÁLVAREZ

Sala de justicia:
Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano.- Presidente.
Excma. Sra. Doña María Antonia Lozano Álvarez.- Consejera.
Excmo. Sr. Don Felipe García Ortiz.- Consejero.

Situación Actual: FIRME