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2021 2 DEPARTAMENTO PRIMERO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 2 del año 2021 del DEPARTAMENTO PRIMERO DE ENJUICIAMIENTO

Procedimiento de reintegro por alcance Nº A130/2018 perteneciente al ramo de sector público local (Ayuntamiento de Íllora), ámbito territorial de la provincia de Granada.

Fecha: 17/03/2021

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Dictada por: DEPARTAMENTO PRIMERO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance Nº A130/2018 perteneciente al ramo de sector público local (Ayuntamiento de Íllora), ámbito territorial de la provincia de Granada.

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARÍA ANTONIA LOZANO ÁLVAREZ

Sala de justicia:

Situación Actual: No firme

2021 1 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 1 del año 2021 dictada por el Departamento Segundo de Enjuiciamiento

Sentencia dictada en el Procedimiento de reintegro por alcance B-15/19; Sector Público Autonómico; Departamento de Salud-Empresa Pública Banco de Sangre y Tejidos “BST”; Cataluña

Fecha: 08/03/2021

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto:

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:

2021 5 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Auto nº 5 del año 2021 dictado por Sala de Justicia

Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988 nº 31/20, Actuaciones Previas nº 156/19. Ramo: SECTOR PÚBLICO LOCAL. (I.F. acdos. y resolcs. contr. rep. Interv. y omis. fisc. prev. EELL. Ej.2016. Diput. Prov. Albacete), CASTILLA-LA MANCHA.

Fecha: 26/02/2021

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988 nº 31/20, Actuaciones Previas nº 156/19. Ramo: SECTOR PÚBLICO LOCAL. (I.F. acdos. y resolcs. contr. rep. Interv. y omis. fisc. prev. EELL. Ej.2016. Diput. Prov. Albacete), CASTILLA-LA MANCHA.

Resumen doctrina: Una vez expuestas las alegaciones de las partes, la Sala examina los motivos en los que se basa la pretensión impugnatoria de la parte recurrente, no sin antes hacer referencia a la naturaleza jurídica del recurso del artículo 48.1. Se trata de un medio de impugnación especial y sumario por razón de la materia, tendente a impugnar resoluciones similares a las de tipo interlocutorio, dictadas en la fase preparatoria o facilitadora de los procesos jurisdiccionales contables, por medio del cual, no se persigue un conocimiento concreto de los hechos objeto de debate en una segunda instancia jurisdiccional, sino que lo que la Ley pretende es ofrecer un mecanismo de revisión a los intervinientes en la fase de Actuaciones Previas (a través de un recurso anómalo o “per saltum”), de cuantas resoluciones puedan limitar las posibilidades de defensa. La parte recurrente ha entendido que se le ha producido indefensión, con vulneración a su derecho de defensa, por cuanto considera insuficientes las labores de instrucción desarrolladas, así como la documentación obrante en el procedimiento, en orden a constatar, de manera previa y provisional, la presencia, o no, de indicios racionales suficientes que pudieran llevar a pronunciarse sobre la concurrencia o inexistencia de una responsabilidad contable por alcance. Poniendo en relación la doctrina constitucional sobre el concepto jurídico de indefensión con los argumentos constitutivos de la pretensión del recurrente, la Sala considera que debe estimarse el segundo de los motivos del recurso previsto en el artículo 48.1 de la LFTCu, por lo que se debe declarar la nulidad del Acta de Liquidación Provisional y de la Providencia de requerimiento de pago, retrotrayendo las actuaciones hasta el momento de dictarse dicha Acta dictándose otra en la que deberá expresarse el contenido de la documentación aportada por el recurrente, valorando, concretamente, la relevancia de dicha documentación y las razones por las que se modifiquen o se reiteren las conclusiones a las que llegó la Delegada Instructora.

Ponente: EXCMO SR D JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano. Presidente.
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz. Consejero.
Excma. Sra. Dª. Margarita Mariscal de Gante y Mirón. Consejera.

Situación Actual: FIRME

2021 4 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Auto nº 4 del año 2021 dictado por Sala de Justicia

Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988 nº 27/20, Actuaciones Previas nº 19/19. Ramo: Sector Público Local.- (Informe Fiscalización Ayuntamiento de Caspe, Ejercicios 2013-2015), Zaragoza.

Fecha: 25/02/2021

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988 nº 27/20, Actuaciones Previas nº 19/19. Ramo: Sector Público Local.- (Informe Fiscalización Ayuntamiento de Caspe, Ejercicios 2013-2015), Zaragoza.

Resumen doctrina: Una vez expuestas las alegaciones de las partes, la Sala examina los motivos en los que se basa la pretensión impugnatoria de la parte recurrente, no sin antes hacer referencia a los motivos en los que puede fundamentarse el recurso del artículo 48.1: 1) que la resolución recurrida no acceda a completar las diligencias con los extremos que los comparecidos señalaren; o 2) que la resolución recurrida causare indefensión. En el caso que nos ocupa, los motivos del recurso se centran exclusivamente en discrepancias de la parte recurrente con las conclusiones de la Liquidación Provisional en cuanto a la procedencia o improcedencia del pago de determinadas indemnizaciones por asistencia a sesiones de órganos municipales, gastos y kilometraje y a la problemática de su apropiada justificación. Se trata, por tanto, de motivos que nada tienen que ver con la denegación de diligencias, ni con la indefensión. No cabe apreciar, por lo demás, que se haya causado indefensión alguna a la recurrente en la tramitación de las Actuaciones Previas, puesto que todas las personas interesadas fueron citadas a comparecer al acto de la Liquidación Provisional, en tiempo y forma debidas, no habiéndose infligido, pues, a la parte recurrente, un perjuicio real y efectivo en su derecho de defensa. Por otro lado, respecto a la impugnación de la Providencia de requerimiento de pago, hay que decir que constituye una medida de tipo cautelar, cuya aplicación viene determinada por el artículo 47.1, letra f) de la Ley 7/1988, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Ponente: EXCMO SR D JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano. Presidente.
Excma. Sra. Dª. María Antonia Lozano Álvarez. Consejera.
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz. Consejero.

Situación Actual: FIRME

2021 3 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Auto nº 3 del año 2021 dictado por Sala de Justicia

Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988, nº 25/20, interpuesto contra la Providencia de 20 de octubre de 2020, dictada en las Actuaciones Previas nº 3/20, Sector Público Estatal (Dirección General de la Policía. Ministerio del Interior), Madrid.

Fecha: 25/02/2021

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988, nº 25/20, interpuesto contra la Providencia de 20 de octubre de 2020, dictada en las Actuaciones Previas nº 3/20, Sector Público Estatal (Dirección General de la Policía. Ministerio del Interior), Madrid.

Resumen doctrina: Tras exponer las alegaciones vertidas por las partes, la Sala alude en primer término a la naturaleza jurídica del recurso del artículo 48.1 de la LFTCu, que una doctrina constante ha calificado como un medio de impugnación especial y sumario por razón de la materia. Además recuerda que, al tener las Actuaciones Previas carácter preparatorio del ulterior proceso jurisdiccional contable, únicamente constituye su objeto la práctica de las diligencias precisas para concretar los hechos imputados y determinar los presuntos responsables, así como, en el caso de que de las actuaciones llevadas a cabo se desprendan indicios de responsabilidad contable, cuantificar de manera previa y provisional, el perjuicio ocasionado en los caudales públicos, procediendo, seguidamente, a adoptar las medidas cautelares de aseguramiento que sean necesarias para garantizar los derechos de la Hacienda Pública que pudieran haberse vulnerado. La parte recurrente alega que no ha quedado acreditada, ni siquiera indiciariamente, la participación de la misma en los hechos que habrían dado lugar al alcance que se recoge en la resolución recurrida. Tal alegación es desestimada por la Sala. La auditoría revela ciertas operaciones realizadas por la recurrente para el cobro y apropiación indebida de unas tasas por renovación de DNI que dieron lugar a la tramitación de diligencias penales por delitos de malversación y estafa. También alega la recurrente que no concurren los requisitos para declarar responsabilidad contable, ni siquiera con carácter previo y provisional. No obstante la Sala, de acuerdo con el Acta de Liquidación Provisional, considera que queda acreditado que las tasas correspondientes a 38 expedientes que figuran en la mencionada auditoría, fueron abonadas por los sujetos obligados al pago y el importe no llegó a ingresarse, existiendo un perjuicio en los fondos públicos constitutivo de un presunto alcance contable regulado en el artículo 72 de la LFTCu. Asimismo, la recurrente solicita el archivo de las actuaciones conforme al artículo 46.2 de la LFTCu. En este sentido, la Sala señala que el artículo 46.2 de la LFTCu se refiere al archivo de las actuaciones en la fase de Diligencias Preliminares cuando los hechos, manifiestamente, no revistan caracteres de alcance o cuando no fuere éste individualizado con referencia a cuentas determinadas o a concretos actos de administración, custodia o manejo de caudales o efectos públicos. En caso contrario, se pasarán a la Sección de Enjuiciamiento a efectos de que proponga a la Comisión de Gobierno el nombramiento de Delegado Instructor para que practique las diligencias previstas en el artículo 47 de la LFTCu. Por último, hay que destacar que la Providencia de requerimiento de pago es ex lege. Su finalidad es evitar que, en el curso del ulterior procedimiento de reintegro que pudiera incoarse, el demandado pueda ocultar sus bienes o devenir insolvente (entre otros, Auto 3/2011, de 1 de marzo).

Ponente: EXCMO SR D FELIPE GARCÍA ORTIZ

Sala de justicia:
Excmo. Sr. don José Manuel Suárez Robledano.- Presidente
Excma. Sra. doña María Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. don Felipe García Ortiz.- Consejero

Situación Actual: FIRME

2021 2 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Auto nº 2 del año 2021 dictado por Sala de Justicia

Recurso de apelación nº 22/20. Acción Pública nº C-28/19. Ramo: Sector Público Autonómico (Parlamento de las Islas Canarias), Canarias.

Fecha: 25/02/2021

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 22/20. Acción Pública nº C-28/19. Ramo: Sector Público Autonómico (Parlamento de las Islas Canarias), Canarias.

Resumen doctrina: Tras exponer los motivos de impugnación aducidos por las partes, la Sala pone de manifiesto que en el auto apelado se acordó proponer el nombramiento de delegado instructor respecto de unos hechos y el archivo de las actuaciones en relación con otros. Se ha solicitado la revocación en relación con el archivo. No resulta posible apreciar, razona la Sala, a partir de los hechos denunciados, infracción alguna o presupuestaria o contable susceptible de ser incardinada, siquiera de modo indiciario, en el concepto de responsabilidad contable más allá de las meras sospechas y conjeturas, sin respaldo constatable alguno. Y es que si bien, los requisitos para la admisión de la acción pública previstos en el artículo 56 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas deben ser objeto de una interpretación no rigorista y acorde con el derecho a la tutela judicial efectiva y con el principio “pro actione”, que se recogen en el artículo 24 de la Constitución, sin embargo dicha interpretación no puede ser tan flexible como para permitir la incoación de un juicio de responsabilidad contable por hechos que, según aparezcan expresados en el escrito de interposición de la acción pública, no presentan indicios suficientes de haber generado un menoscabo en los fondos públicos presuntamente constitutivo de alcance (entre otros, autos de la Sala de Justicia de 3 de marzo de 2004 y 17 de julio de 2012). Ni a esta jurisdicción contable compete requerir al Parlamento de Canarias para que actualice y complete con más información su página web, ni de lo alegado por la apelante se aprecia indiciariamente un menoscabo a los caudales públicos susceptible de iniciar un proceso jurisdiccional para exigir su reintegro. La parte recurrente pide que se investigue por qué el Parlamento de Canarias no ha hecho concurso público para la adjudicación de los billetes aéreos y si se cumplieron los parámetros legales de contratación con las compañías aéreas. Todo ello lleva a la Sala a apreciar que lo que realmente persigue la ejercitante de la acción pública es tener acceso a toda la información del procedimiento de contratación por si se hubiesen cometido infracciones en dicho proceso, lo que constituye una pretensión que no puede ser enjuiciada por la jurisdicción contable

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano.- Presidente
Excma. Sra. Dª. María Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera

Situación Actual: FIRME

2021 1 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 1 del año 2021 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación nº 29/20, interpuesto contra la sentencia de fecha 27 de febrero de 2020, que acordó desestimar las demandas interpuestas por el Ayuntamiento de Yuncos y por el Ministerio Fiscal contra Don P.G.A. y Doña A.R.Y.L., con imposición de las costas causadas en la primera instancia al Ayuntamiento de Yuncos, del ramo Sector Público Local (Ayuntamiento de Yuncos), Toledo.

Fecha: 25/02/2021

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 29/20, interpuesto contra la sentencia de fecha 27 de febrero de 2020, que acordó desestimar las demandas interpuestas por el Ayuntamiento de Yuncos y por el Ministerio Fiscal contra Don P.G.A. y Doña A.R.Y.L., con imposición de las costas causadas en la primera instancia al Ayuntamiento de Yuncos, del ramo Sector Público Local (Ayuntamiento de Yuncos), Toledo.

Resumen doctrina: Tras exponer los motivos de impugnación aducidos por las partes, la Sala comienza haciendo referencia a la inadmisión de la apelación solicitada. En efecto, ambas partes apeladas han pedido la inadmisión del recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Yuncos, petición de inadmisión del recurso de apelación que se desestima por haber sido interpuesto en tiempo y forma. El Ayuntamiento apelante alega como primer motivo la incorrecta aplicación de la disposición adicional tercera de la LFTCu. Pues bien, una vez analizado el contenido de los informes de la Intervención y la Tesorería del Ayuntamiento de Yuncos, de fechas 16 de mayo y 7 de junio de 2018, así como del resto de los informes y la totalidad de la documentación obrante en autos, debe concluirse que en el supuesto de autos resulta de todo punto imposible determinar el dies a quo de los plazos de prescripción regulados en la disposición adicional tercera de la LFTCu y, en su caso, las posibles fechas de interrupción de dichos plazos. No se han acreditado en las actuaciones las fechas concretas en las que se hubiera podido producir un daño real, evaluable económicamente e individualizado en relación con los fondos públicos del Ayuntamiento de Yuncos. Por otro lado, el Ayuntamiento de Yuncos alega como segundo motivo la incorrecta aplicación del artículo 38 de la LOTCu, en relación con los artículos 49, 59 y 72 de la LFTCu, en relación con una serie de presuntas irregularidades que han resultado acreditadas, y que han generado un menoscabo a los caudales públicos por un importe total de 87.661,05 €, motivo que también desestima la Sala. Finalmente, el Ayuntamiento de Yuncos alega como tercer motivo del recurso de apelación la incorrecta aplicación del artículo 139.1 de la LRJCA, en relación con el artículo 80.3 de la LFTCu, de tal manera que no procede la imposición de costas al Ayuntamiento. De acuerdo con el contenido de la citada doctrina jurisprudencial, esta Sala comparte el criterio de la sentencia de instancia no apreciando la concurrencia, en el presente caso, de las “serias dudas de hecho o de derecho” que alega el Ayuntamiento apelante. Por todo lo anterior, debe desestimarse el presente motivo del recurso de apelación relativo a la impugnación de la condena en costas de la primera instancia. Respecto a las costas causadas en esta instancia, procede su imposición a la parte apelante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:
EXCMO. SR. DON JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO.- Presidente
EXCMO. SR. DON FELIPE GARCÍA ORTIZ.- Consejero
EXCMA. SRA. DOÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN.- Consejera

Situación Actual: FIRME

2021 1 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Auto nº 1 del año 2021 dictado por Sala de Justicia

Recurso de apelación nº 15/20, contra el Auto de 19 de diciembre de 2019, dictado en el Procedimiento de Reintegro por Alcance nº B-225/15-33, Ramo Comunidades Autónomas (Cª de Empleo –Ayudas destinadas a Empresas para la Financiación de Planes de Viabilidad- S.C.V.E.), Andalucía. Ponente: Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano.

Fecha: 25/02/2021

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 15/20, contra el Auto de 19 de diciembre de 2019, dictado en el Procedimiento de Reintegro por Alcance nº B-225/15-33, Ramo Comunidades Autónomas (Cª de Empleo –Ayudas destinadas a Empresas para la Financiación de Planes de Viabilidad- S.C.V.E.), Andalucía. Ponente: Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano.

Resumen doctrina: La Sala comienza exponiendo las alegaciones de las partes y a continuación resuelve sobre la prueba documental propuesta por la Junta de Andalucía en el sentido de admitirla. En cuanto al fondo del asunto comienza señalando que tanto el art. 18 de la LOTCu como el art. 49.3 de la LFTCu, que lo desarrolla, establecen la compatibilidad entre las Jurisdicciones Contable y Penal. De este modo cabe señalar, como regla general, que por el principio de compatibilidad entre ambas jurisdicciones, las mismas pueden desarrollar su tramitación procesal siguiendo su curso y llegando a los pronunciamientos jurisdiccionales que procedan, permitiéndose así el enjuiciamiento simultáneo de los hechos que puedan acarrear, en un caso, las consecuencias penales que correspondan y, a la vez, en el pleito contable, los efectos económicos reparadores, propios de esta jurisdicción. Salvo que concurra la previsión contenida en el apartado 2 “in fine” del artículo 17 de la LOTCu, es decir, que concurra una cuestión de prejudicialidad penal que constituya elemento previo necesario para la declaración de responsabilidad contable y esté con ella relacionada directamente. En este caso, el tratamiento legal de las cuestiones prejudiciales, en el ámbito de la jurisdicción contable, se homologa al prevenido, con carácter general, por el artículo 10 de la LOPJ. Por su parte, el art. 40.2 de la LEC, al regular la prejudicialidad penal, exige la concurrencia de dos circunstancias para que pueda acordarse la suspensión del juicio: 1º) Que se acredite la existencia de causa criminal en la que se estén investigando, como hechos de apariencia delictiva, alguno o algunos de los que fundamenten las pretensiones de las partes en el proceso civil; y 2º) Que la decisión del Tribunal penal acerca del hecho por el que se procede en causa criminal pueda tener influencia decisiva en la resolución sobre el asunto civil. Sobre la cuestión debatida se ha pronunciado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en su reciente Sentencia núm. 1.479/2020, de 10 de noviembre, al señalar que “la eventualidad de que los hechos sean constitutivos de delito constituye un elemento determinante del régimen de prescripción, y ello resulta especialmente relevante en el caso de que, por la naturaleza continuada de las conductas, pueda dar lugar a un diferente régimen prescripción por razón, bien del concurso medial, bien, en su caso, de la continuidad delictiva.” Dado que el delito solo puede ser declarado por sentencia penal firme, la tramitación simultánea de procedimientos en la jurisdicción penal y contable, sobre los mismos hechos y con incidencia en la prescripción de las responsabilidades contables, conlleva que deba suspenderse el proceso contable por existir prejudicialidad, a fin de que la jurisdicción penal determine la existencia de los hechos y su naturaleza.

Ponente: EXCMO SR D JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano.- Presidente
Excma. Sra. Dª María Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Consejero

Situación Actual: FIRME

2021 1 DEPARTAMENTO TERCERO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 1 del año 2021 del DEPARTAMENTO TERCERO DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº C-24/20, SECTOR PÚBLICO ESTATAL, (Paradores de Turismo de España, S.A.), Madrid.

Fecha: 04/02/2021

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Dictada por: DEPARTAMENTO TERCERO

Asunto: Sentencia dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº C-24/20, SECTOR PÚBLICO ESTATAL, (Paradores de Turismo de España, S.A.), Madrid.

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMO SR D FELIPE GARCÍA ORTIZ

Sala de justicia:

Situación Actual: No firme

2021 1 DEPARTAMENTO PRIMERO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 1 del año 2021 - PRA nº 100/18 del DEPARTAMENTO PRIMERO DE ENJUICIAMIENTO

Procedimiento de reintegro por alcance nº A100/2018 perteneciente al ramo de Sector público estatal (Consorcio Público Casa Mediterráneo), ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

Fecha: 29/01/2021

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Dictada por: DEPARTAMENTO PRIMERO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº A100/2018 perteneciente al ramo de Sector público estatal (Consorcio Público Casa Mediterráneo), ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARÍA ANTONIA LOZANO ÁLVAREZ

Sala de justicia:

2020 11 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 11 de 2020 dictada por Departamento Segundo de Enjuiciamiento

Procedimiento de reintegro por alcance nº B-38/19; Sector Público Autonómico; Informe de Fiscalización “Ciudad del Motor de Aragón, S. A.”, Ejercicios 2013-2014; Aragón.

Fecha: 30/12/2020

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-38/19; Sector Público Autonómico; Informe de Fiscalización “Ciudad del Motor de Aragón, S. A.”, Ejercicios 2013-2014; Aragón.

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:

2020 10 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 10 del año 2020 del DEPARTAMENTO SEGUNDO DE ENJUICIAMIENTO

Procedimiento de reintegro por alcance nº B-107/18; Sector Público Local; Junta Vecinal de Ardón- Ayto. de Ardón; León

Fecha: 29/12/2020

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-107/18; Sector Público Local; Junta Vecinal de Ardón- Ayto. de Ardón; León

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:

2020 9 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 9 del año 2020 del DEPARTAMENTO SEGUNDO DE ENJUICIAMIENTO

Procedimiento de reintegro por alcance nº B-6/18; Sector Público Local; Diputación de Barcelona, Organismo de Gestión Tributaria-Oficina de Recaudación de Esparraguera; Barcelona

Fecha: 23/12/2020

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-6/18; Sector Público Local; Diputación de Barcelona, Organismo de Gestión Tributaria-Oficina de Recaudación de Esparraguera; Barcelona

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:

2020 8 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 8 del año 2020 del DEPARTAMENTO SEGUNDO DE ENJUICIAMIENTO

Procedimiento de reintegro por alcance nº B-212/13; Comunidades Autónomas; Consorcio del Palau de la Música Catalana; Barcelona

Fecha: 21/12/2020

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-212/13; Comunidades Autónomas; Consorcio del Palau de la Música Catalana; Barcelona

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:

2020 22 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 22 año 2020 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación, rollo Nº 16/20, interpuesto contra la Sentencia Nº 1/2020, de 15 de enero, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance Nº B-218/17, del ramo de Sector Público Local (Ayuntamiento de Tomelloso), Ciudad Real.

Fecha: 17/12/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación, rollo Nº 16/20, interpuesto contra la Sentencia Nº 1/2020, de 15 de enero, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance Nº B-218/17, del ramo de Sector Público Local (Ayuntamiento de Tomelloso), Ciudad Real.

Resumen doctrina: Tras exponer pormenorizadamente las alegaciones de las partes, la Sala examina las cuestiones de carácter procesal. En relación con la prejudicialidad penal manifiesta que la compatibilidad de jurisdicciones se ha mantenido de manera uniforme tanto por la doctrina de esta Sala de Justicia como por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, señalando que se prevé la posibilidad de que concurra una cuestión de prejudicialidad penal que constituya elemento previo necesario para la declaración de responsabilidad contable y esté con ella relacionada directamente. En este caso, el recurrente no identifica qué decisión o decisiones de la jurisdicción penal podrían tener una influencia decisiva en la resolución que corresponde adoptar a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas y, por otra parte, la Sala no aprecia ninguna cuestión que precise de un previo pronunciamiento penal para poder decidir si en el caso enjuiciado concurren o no los requisitos de la responsabilidad contable directa. En cuanto a la falta de legitimación pasiva del recurrente en el presente proceso, considera que las actuaciones y cometidos llevados a cabo le convierten en gestor de fondos públicos y en cuentadante respecto a los mismos, de acuerdo con el derecho positivo y la jurisprudencia aplicables. En cuanto a la indefensión alegada –generadora de nulidad- la Sala considera que la relación de hechos probados incorporada a la Sentencia apelada no presenta ningún defecto jurídico, por lo que ni genera indefensión al recurrente ni es causa de nulidad de lo actuado. Para abordar las cuestiones de fondo que se plantean en el recurso, la Sala concluye que no exhibe el recurrente prueba alguna que permita llegar a estimarlas y en relación con la petición de carácter subsidiario de que se le exonere de la responsabilidad contable derivada del posible alcance cometido con anterioridad a mediados de 2014, no encuentra justificación para estimar la rebaja de la cifra del alcance reclamada.

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARÍA ANTONIA LOZANO ÁLVAREZ

Sala de justicia:
Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano.- Presidente.
Excma. Sra. Doña María Antonia Lozano Álvarez.- Consejera.
Excmo. Sr. Don Felipe García Ortiz.- Consejero.

Situación Actual: No firme

2020 14 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Auto nº 14 del año 2020 dictado por Sala de Justicia

Recurso de apelación nº 10/20. Procedimiento de Reintegro nº C-127/17. Medidas cautelares.

Fecha: 02/12/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 10/20. Procedimiento de Reintegro nº C-127/17. Medidas cautelares.

Resumen doctrina: Tras exponer las alegaciones de las partes, la Sala pone de manifiesto que de acuerdo con el artículo 229 de la LEC, aplicable en esta jurisdicción contable en virtud de la remisión que se efectúa en el apartado 2 de la disposición final segunda de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas “las actuaciones judiciales realizadas fuera del tiempo establecido sólo podrán anularse si lo impusiere la naturaleza del término o plazo”. En el caso que nos ocupa, lo cierto es que la naturaleza del plazo legalmente establecido para dictar las resoluciones judiciales no impone la nulidad de las que se dicten después de cumplido el plazo. Más bien al contrario, el tribunal sigue obligado a resolver, aun después de transcurrido el plazo, pues si no lo hiciera causaría grave lesión al derecho a la tutela judicial efectiva del litigante cuya pretensión hubiera de ser resuelta. Se desestima, por tanto, la solicitud de que sea decretada la nulidad del Auto de 24 de mayo de 2019 por ser dictado fuera de plazo. Respecto a la suficiencia de los embargos acordados en las actuaciones previas sobre los bienes de los otros demandados, la resolución no ha tenido en cuenta que, en materia de medidas cautelares, es el solicitante quien debe alegar y justificar la necesidad de la medida, de manera que la incertidumbre sobre la suficiencia de los embargos trabados no debería haber conducido a la adopción de la medida solicitada sino, por el contrario, a su desestimación. Respecto a la última cuestión suscitada en el recurso, alega el recurrente que la remisión que efectúa el artículo 67 de la LFTCu a “los casos y en la forma establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil” en relación con la procedencia del embargo preventivo, impide la adopción de medidas cautelares en esta jurisdicción contable si no se justifica la concurrencia de los presupuestos generales exigidos en la LEC, en particular el peligro en la demora y la apariencia de buen derecho. En el caso a que se refiere el recurso, por tanto, debería haberse justificado la apariencia de buen derecho, ya que la medida cautelar se pide por el Ministerio Fiscal respecto a un demandado que no fue declarado responsable contable en la liquidación provisional.

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano.- Presidente
Excma. Sra. Dª María Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera

Situación Actual: FIRME

2020 21 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 21 año 2020 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación nº 18/20, interpuesto contra la Sentencia nº 5/2020, de 29 de abril, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-140/18, del ramo de Sector Público Estatal (Mº de Educación Cultura y Deporte –Centro Asociado de la UNED), La Rioja.

Fecha: 01/12/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 18/20, interpuesto contra la Sentencia nº 5/2020, de 29 de abril, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-140/18, del ramo de Sector Público Estatal (Mº de Educación Cultura y Deporte –Centro Asociado de la UNED), La Rioja.

Resumen doctrina: La Sala comienza exponiendo las alegaciones de las partes y a continuación analiza las excepciones, tanto de carácter procesal, como material. Comenzando por la excepción de falta de jurisdicción o competencia, la desestima, por cuanto la jurisdicción de este Tribunal se extiende, «ex lege» a los posibles hechos generadores de responsabilidad contable cometidos en la gestión económica de una entidad de naturaleza pública por: a) ser ésta una forma instrumental creada por la Administración correspondiente en el cumplimiento de sus fines; b) estar dotada con fondos públicos; y c) tener los gestores de dichas entidades públicas la condición legal de cuentadantes. Como claramente se expresa en el Fundamento de Derecho Primero de la Sentencia recurrida, tal naturaleza de la entidad docente y de los fondos que maneja se contempla de forma expresa, una vez constituida en Consorcio, en la regulación que realiza la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en sus artículos 118 y siguientes. En cuanto a la falta de legitimación activa de la Abogacía del Estado denunciada por la parte apelante tampoco puede ser estimada. En relación con la nulidad de actuaciones, por haberse ocasionado indefensión, lo cierto es que el apelante estuvo perfectamente informado, en el momento procesal que resultaba idóneo, de toda la tramitación de las Actuaciones Previas, se personó y tuvo siempre abierto el acceso a la vista del expediente, y a lo largo de todo el Procedimiento de reintegro por alcance ha hecho uso, sin limitación alguna, de todas y cada una de las garantías procesales que el ordenamiento jurídico le otorga, como consta acreditado en las actuaciones, incluyendo las seguidas ante esta segunda instancia jurisdiccional. También alega la parte apelante que concurre la excepción material de prescripción de la responsabilidad contable por alcance. Cabe señalar que las alegaciones y demás argumentos del recurrente carecen de la invocación expresa de la norma jurídica que entiende vulnerada por la Sentencia recurrida. No obstante, la Sala pone de manifiesto que el Informe Adicional de Auditoría, con su correspondiente “Adenda” apreciando hechos susceptibles de generar responsabilidad contable fue emitido por la Intervención Delegada de La Rioja el 3 de febrero de 2017. A partir de ese momento empezó a correr el plazo de prescripción de tres años -hasta 3 de febrero de 2020-, previsto en la citada Disposición Adicional Tercera, apartado 2, de la LFTCu. Pero antes de transcurrir dicho plazo, el recurrente ya había sido citado y había intervenido tanto en las Actuaciones Previas como en el Procedimiento de reintegro por alcance seguidos en este Tribunal de Cuentas. Por tanto, debe desestimarse la excepción de prescripción de la responsabilidad contable aducida. En cuanto a los motivos de fondo alegados entiende la Sala que se ha producido un daño o menoscabo en los caudales públicos del Centro Asociado a la UNED de La Rioja, real, evaluable económicamente e individualizado, conforme establece el párrafo segundo del artículo 59.1 de la LFTCu, constitutivo de alcance, por importe de TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (35.928,96 euros). Para que pueda declararse la existencia de un alcance no basta sólo con que se detecte un menoscabo económico en los fondos públicos sino que, además, deben concurrir todos los requisitos o elementos configuradores de dicha responsabilidad, que se derivan del contenido de los artículos 15.1, 38.1, 42.1 y 43 de la LOTCu y los artículos 49.1 y 72 de la Ley de Funcionamiento, considerando la Sala que concurren en el presente caso.

Ponente: EXCMO SR D JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano. Presidente
Excma. Sra. Dña. Mª Antonia Lozano Álvarez. Consejera
Excmo. Sr. D. Don Felipe García Ortiz. Consejero

Situación Actual: FIRME

2020 20 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 20 año 2020 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recursos de apelación, rollo nº 17/20, interpuestos contra la Sentencia nº 26/2019, de 18 de diciembre, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-27, Comunidades Autónomas (Cª de Empleo -Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad- I.T.S.M.) Andalucía.

Fecha: 01/12/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recursos de apelación, rollo nº 17/20, interpuestos contra la Sentencia nº 26/2019, de 18 de diciembre, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-27, Comunidades Autónomas (Cª de Empleo -Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad- I.T.S.M.) Andalucía.

Resumen doctrina: Tras exponer las alegaciones de las partes, la Sala pone de manifiesto que existe un único motivo de impugnación: la inaplicación indebida de la DA. 3ª.4 de la LFTCu. Los apelantes justifican sus recursos en una vulneración de los artículos 17.2 de la LOTCu y 40.2 de la LEC, en relación con la DA. 3ª, apartados 1 y 4 de la LFTCu. Por tanto, se trata de dilucidar si procede apreciar, en el caso contemplado por la Sentencia recurrida, la concurrencia de causa de prejudicialidad penal, que, según afirman los apelantes, deba llevar a la suspensión del procedimiento contable en el momento inmediatamente anterior a dictarse la sentencia, toda vez que, una vez comprobada la existencia de algunos hechos susceptibles de generar responsabilidad contable por alcance que quedan afectados por prescripción, y hallándose pendientes unas actuaciones penales seguidas contra la persona declarada como responsable contable directo, ello generaría una discrepancia, con las correlativas consecuencias jurídicas y económicas, sobre si se debe atender al plazo extintivo de responsabilidad previsto en el apartado 1 o 4 de la DA. 3ª de la LFTCu. Sobre esta cuestión se ha pronunciado la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en su reciente Sentencia núm. 1.479/2020, de 10 de noviembre. La citada sentencia señala que la eventualidad de que los hechos sean constitutivos de delito constituye un elemento determinante del régimen de prescripción, y ello resulta especialmente relevante en el caso de que, por la naturaleza continuada de las conductas, pueda dar lugar a un diferente régimen de prescripción por razón, bien del concurso medial, bien, en su caso, de la continuidad delictiva. La Sala, en consecuencia, no comparte el criterio adoptado por el órgano de primera instancia, al resolver sobre la prescripción de las responsabilidades contables objeto de enjuiciamiento por el mismo, sin haber contado con un previo pronunciamiento penal.

Ponente: EXCMO SR D FELIPE GARCÍA ORTIZ

Sala de justicia:
Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano.- Presidente
Excma. Sra. Doña María Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excma. Sr. Don Felipe García Ortiz.- Consejero

Situación Actual: FIRME

2020 19 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 19 año 2020 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación, rollo Nº 13/20, interpuesto contra la Sentencia Nº 23/2019, de 27 de noviembre, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15- 17, del ramo de Comunidades Autónomas (Consejería de Empleo – Ayudas destinadas a Empresas para la financiación de Planes de Viabilidad – C.L.I., S.L., anteriormente denominada C.L.I.H.), Andalucía.

Fecha: 01/12/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación, rollo Nº 13/20, interpuesto contra la Sentencia Nº 23/2019, de 27 de noviembre, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15- 17, del ramo de Comunidades Autónomas (Consejería de Empleo – Ayudas destinadas a Empresas para la financiación de Planes de Viabilidad – C.L.I., S.L., anteriormente denominada C.L.I.H.), Andalucía.

Resumen doctrina: Tras exponer los motivos de impugnación aducidos por las partes, la Sala examina las cuestiones procesales planteadas por los recurrentes. En cuanto a la falta de legitimación pasiva, la Entidad impugnante – y no sus gestores o representantes- fue la perceptora material de los fondos, lo que la convierte en posible responsable contable y, consecuentemente, en legitimada pasiva en el presente procedimiento de reintegro por alcance. Por lo que se refiere al director de trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, lo cierto es que su actuación provocó que la Junta abonara la subvención objeto de debate procesal. En relación con la indefensión alegada por los recurrentes, también ha de ser desestimada por cuanto si no tuvieron intervención en la fase preliminar del procedimiento, fue porque la legalidad procesal no lo permitía, habiendo podido, con posterioridad, en los momentos procesales legalmente habilitados para ello, formular sus alegaciones, solicitar medios de prueba o recurrir resoluciones, ya que han sido pertinentemente notificados de todo lo actuado desde el momento en que tuvieron derecho a ello. Tampoco comparte la Sala la falta de motivación de la Sentencia recurrida, puesto que sí recoge argumentos jurídicos suficientes y adecuados para explicar que los apelantes, hasta la citación a Liquidación Provisional, no tuvieron condición jurídica alguna que permitiera considerarles afectados por unas actuaciones que hasta dicho momento eran meramente valorativas e indagatorias. También alegan los recurrentes que la responsabilidad contable que se les reclama ha prescrito porque ha transcurrido el plazo de cinco años previsto en la disposición adicional tercera de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, sin que pueda considerarse que dicho plazo haya resultado interrumpido por la fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, cuya existencia no fue comunicada a los apelantes ni conocida por estos. Esta cuestión fue ya planteada en la primera instancia y desestimada en la Sentencia impugnada por razones que esta Sala comparte. Entrando ya en el fondo del asunto, y en relación con la valoración de la prueba, la Sala considera que ha sido correcta. No existe contradicción, por otra parte, porque la condena de los apelantes sea compatible con el hecho de que el administrador de la Empresa perceptora de la ayuda careciera de legitimación pasiva en el presente proceso de acuerdo con los artículos 49.1 y 55.2 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARÍA ANTONIA LOZANO ÁLVAREZ

Sala de justicia:
Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano.- Presidente
Excma. Sra. Doña María Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. Don Felipe García Ortiz.- Consejero

Situación Actual: No firme