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2020 6 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 6 año 2020 dictada por DEPARTAMENTO SEGUNDO

Procedimiento de reintegro por alcance nº B-71/17, del Sector Público Local; Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre los gastos efectuados por las Entidades Locales sin crédito presupuestario, Ejercicio 2013.- Ayuntamiento de Alboraya; Valencia

Fecha: 16/07/2020

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-71/17, del Sector Público Local; Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre los gastos efectuados por las Entidades Locales sin crédito presupuestario, Ejercicio 2013.- Ayuntamiento de Alboraya; Valencia

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:

2020 9 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 9 año 2020 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación, rollo nº 50/19, interpuesto contra la Sentencia nº 3/2019, de 25 de febrero, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-18, Comunidades Autónomas (Cª de Empleo -Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad- C.) Andalucía

Fecha: 06/07/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación, rollo nº 50/19, interpuesto contra la Sentencia nº 3/2019, de 25 de febrero, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-18, Comunidades Autónomas (Cª de Empleo -Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad- C.) Andalucía

Resumen doctrina: Una vez expuestos los distintos argumentos de las partes, y entrando ya en el análisis del recurso de apelación interpuesto, lo primero que aborda la Sala es la resolución de las cuestiones procesales planteadas, cuales son la falta de legitimación pasiva de la Sociedad y la prescripción de las responsabilidades contables. En cuanto a la falta de legitimación pasiva es un hecho probado que se ingresaron en una cuenta de la Sociedad unas ayudas públicas de forma injustificada, ya que se hizo sin expediente ni procedimiento alguno y sin acto administrativo de reconocimiento de la obligación y ello lleva a afirmar que la citada sociedad está legitimada pasivamente, de acuerdo con lo establecido en el precitado artículo 49.1 de la LFTCu. La segunda cuestión procesal que se plantea es la prescripción de la responsabilidad contable de dicha sociedad. A estos efectos, y sin perjuicio de la tramitación posterior en esta sede contable de las Diligencias Preliminares y Actuaciones Previas correspondientes, la Sala considera que la Sociedad tuvo conocimiento de facto, a través de diversas actuaciones de las irregularidades detectadas en los pagos ordenados, no habiéndose producido en modo alguno la prescripción alegada. En cuanto a los motivos de fondo en los que se basa la apelación, comenzando por error en los fundamentos fácticos de la sentencia impugnada, la Sala señala que la valoración probatoria de la Juzgadora de instancia debe ser respetada en tanto no se ha demostrado que incurriera en error de hecho, que sus valoraciones fueran ilógicas u opuestas a las máximas de la experiencia o a las reglas de las sana crítica, como viene exigiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En relación con la falta de concurrencia de los presupuestos para la exigencia de responsabilidad contable sentencia la Sala que al aceptar el pago de una ayuda prescindiendo por completo del procedimiento y garantías legalmente establecidos supone, bien una conducta dolosa, si se hizo con plena conciencia de la ilegalidad de la actuación administrativa, bien una conducta gravemente negligente, ya que, ante una actuación administrativa tan grave y manifiestamente irregular, no se puede considerar excusable la ignorancia de que se estaba actuando ilegalmente.

Ponente: EXCMO SR D FELIPE GARCÍA ORTIZ

Sala de justicia:
Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano.- Presidente
Excma. Sra. Doña María Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. Don Felipe García Ortiz.- Consejero

Situación Actual: NO FIRME

2020 9 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Auto nº 9 del año 2020 dictado por Sala de Justicia

Recurso de apelación, rollo nº 3/20, interpuesto contra el Auto de 26 de septiembre de 2018, por el que se archivó la Acción Pública Nº B-9/18, Administración de la Seguridad Social (Tesorería General de la Seguridad Social), Cádiz.

Fecha: 06/07/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación, rollo nº 3/20, interpuesto contra el Auto de 26 de septiembre de 2018, por el que se archivó la Acción Pública Nº B-9/18, Administración de la Seguridad Social (Tesorería General de la Seguridad Social), Cádiz.

Resumen doctrina: Una vez resumidas las alegaciones y pretensiones de las partes que intervienen en esta apelación la Sala analiza los motivos de impugnación. Y comienza por manifestar que no cabe atender la pretensión de nulidad al no haberse producido la indefensión alegada. En cuanto a la nulidad de actuaciones alegando la falta de motivación de la resolución, y que la inadmisión de la intervención solicitada al Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función de enjuiciamiento contable vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, además de producirle indefensión, considera la Sala que el auto impugnado no incurre en causa de nulidad ya que fue debidamente motivado y el archivo de las actuaciones se acordó con pleno respeto a los derechos alegatorios y de aportación documental de los interesados. En cuanto a los requisitos de admisibilidad de la acción pública previstos en el artículo 56 de la LFTCu, la Sala señala que el actor público no ha identificado ni cuantificado daño alguno a fondos públicos concretos, ni los hechos denunciados presentan indicios de responsabilidad contable, confirmando así el Auto impugnado que acordó el archivo de la acción pública.

Ponente: EXCMO SR D FELIPE GARCÍA ORTIZ

Sala de justicia:
Excmo. Sr. don José Manuel Suárez Robledano.- Presidente
Excma. Sra. doña María Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. don Felipe García Ortiz.- Consejero

Situación Actual: NO FIRME

2020 8 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 8 año 2020 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación nº 46/19, interpuesto contra la Sentencia nº 12/2019, de 11 de junio, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-265/16, del ramo Sector Público Autonómico (Generalidad Valenciana.- “Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U.”-CMPD) VALENCIA

Fecha: 06/07/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 46/19, interpuesto contra la Sentencia nº 12/2019, de 11 de junio, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-265/16, del ramo Sector Público Autonómico (Generalidad Valenciana.- “Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U.”-CMPD) VALENCIA

Resumen doctrina: Una vez expuestas las alegaciones de las partes, el objeto de la presente apelación se centra en determinar si, como afirma la representación letrada de la Generalidad Valenciana, la presunta irregularidad consistente en la adquisición, por parte de CMPD, con fecha 7 de marzo de 2012, y por un importe de 0,99 €, de una sociedad, que posteriormente fue fusionada por absorción, y que presentaba en el momento de la compra un valor negativo en libros de 23.991.440,36 euros, constituye un alcance en los fondos públicos autonómicos, surgiendo la obligación de indemnizar a dicha Administración por parte de las personas que ostentaron la condición de miembros del Consejo de Administración de la ya citada entidad pública mercantil CMPD. Asimismo, y con carácter subsidiario, se debe enjuiciar la concurrencia de responsabilidad contable, sujeta a la obligación de restitución íntegra del daño económico producido, que la parte apelante cifró en 14.660.631 euros, por parte de las personas que figuran como recurridas en esta instancia, como consecuencia de la producción de una presunta irregularidad consistente en no haber realizado aquéllas las actuaciones necesarias para reclamar y percibir la deuda que la sociedad adquirida había contraído con CMPD, tras la celebración de un contrato de fecha 26 de marzo de 2008, por los gastos de organización deportiva del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 generados durante los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011. La Sala manifiesta a estos efectos que desestima la pretensión principal de la parte apelante, confirmando los pronunciamientos recogidos en la Sentencia recurrida, por considerarlos ajustados a Derecho, puesto que se considera que no se reúnen los requisitos legal y jurisprudencialmente exigidos para apreciar alcance de los fondos públicos de la Comunidad Valenciana. Igual suerte desestimatoria, sigue manifestando, ha de correr la pretensión subsidiaria postulada por la parte apelante. Acierta la Juzgadora de instancia al afirmar que para que un comportamiento omisivo en relación con la reclamación de cantidades debidas a una entidad pública pudiera considerarse generador de responsabilidad contable, sería necesario que pudiera establecerse una conexión causal entre dicha conducta omisiva y el perjuicio ocasionado a los fondos de la sociedad pública, circunstancia que no concurre en el presente supuesto.

Ponente: EXCMO SR D JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO

Sala de justicia:
Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano.- Presidente.
Excma. Sra. Doña María Antonia Lozano Álvarez.- Consejera.
Excmo. Sr. Don Felipe García Ortiz.- Consejero.

Situación Actual: NO FIRME

2020 8 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Auto nº 8 del año 2020 dictado por Sala de Justicia

Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988 nº 49/19, Actuaciones Previas nº 80/19. Ramo: Sector Público Autonómico (Generalidad de Cataluña. Gastos y pagos referéndum ilegal de 1 de octubre de 2017), CATALUÑA.

Fecha: 06/07/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988 nº 49/19, Actuaciones Previas nº 80/19. Ramo: Sector Público Autonómico (Generalidad de Cataluña. Gastos y pagos referéndum ilegal de 1 de octubre de 2017), CATALUÑA.

Resumen doctrina: Una vez expuestas las posturas procesales de las partes, la Sala comienza poniendo de manifiesto que la subsanación y complemento de sentencias y de resoluciones viene recogida en el artículo 215 de la LEC y queda sometido, no obstante, como supuesto especial, a la regla general de invariabilidad de las resoluciones que se pronuncien por el Tribunal después de firmadas, contenida en el artículo 214.1 de la citada Ley Procesal, según se infiere, tanto de la remisión que realiza el apartado 1 del artículo 215 de la LEC al anterior, como del tenor del artículo 267 de la LOPOJ, en sus apartados 1 y 5. Se ha solicitado el complemento del Auto nº 4/2020, de 18 de febrero, por cuanto las Actuaciones Previas se habrían realizado al margen de los presuntos responsables, generando una grave indefensión. El artículo 71.3º de la LFTCu (que puede ser enunciado también, respecto a las Resoluciones que adoptan la forma jurídica de Auto) establece que “la sentencia decidirá todas las cuestiones controvertidas en el proceso y estimará o desestimará en todo o en parte la pretensión de responsabilidad contable”. La jurisprudencia constitucional, por su parte, señala que para que la incongruencia conculque el derecho a la tutela judicial debe constituir una "desviación del thema decidendi de tal importancia que suponga una completa modificación de los términos en que se produce el debate contradictorio, produciéndose un fallo extraño a la pretensión". La Sala de Justicia viene a coincidir con las partes que se han opuesto a la pretensión de complemento y considera suficientemente satisfecho el principio de congruencia de la resolución impugnada con el contenido del apartado desarrollado en la página 24 de la misma, en el sentido de desestimar sus alegaciones sobre una inexistente indefensión, a tenor de las circunstancias y normas concurrentes en el caso examinado.

Ponente: EXCMO SR D JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano.- Presidente
Excma. Dra. Dª. María Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
fExcmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Consejero

Situación Actual: FIRME

2020 7 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 7 año 2020 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación, rollo nº 45/19, interpuesto contra la Sentencia nº 4/2019, de 21 de junio, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº C-65/18, del ramo de Sector Público Local (Ayuntamiento de Daimús/Daimuz), Valencia.

Fecha: 06/07/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación, rollo nº 45/19, interpuesto contra la Sentencia nº 4/2019, de 21 de junio, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº C-65/18, del ramo de Sector Público Local (Ayuntamiento de Daimús/Daimuz), Valencia.

Resumen doctrina: Tras exponer pormenorizadamente los motivos de impugnación, así como las alegaciones de las partes, la Sala de Justicia pone de manifiesto que en el ámbito de la jurisdicción contable tiene cabida la excepción de litisconsorcio pasivo necesario, si bien la misma debe admitirse con criterio restrictivo y atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto (por todas Sentencia 16/05, de 26 de octubre). El enfoque limitativo con el que se valora esta excepción procesal deriva, especialmente, del carácter solidario que el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas atribuye a la responsabilidad contable directa. En el presente caso, la cuestión procesal del litisconsorcio pasivo necesario no puede prosperar a pesar de las alegaciones del recurrente. Y es que de acuerdo con la relación de hechos probados que se establece en la sentencia apelada el recurrente en el ejercicio de su función como Jefe de Negociado en los Servicios Municipales de Intervención y Tesorería del Ayuntamiento, practicó diversas irregularidades en los documentos que a continuación se mencionan: facturas de empresas suministradoras; mandamientos de pago; y documentación justificativa que acompañaba a los mandamientos de pago. En definitiva, apoyándose en las referidas irregularidades documentales transfirió diversas cantidades desde cuentas corrientes bancarias de titularidad de la entidad local a otras cuyo titular era él mismo o el Sr. C. I. De ello se desprende que la participación del Sr. F. J. –recurrente- en los hechos enjuiciados resulta perfectamente escindible de la que se pudiera, en su caso, atribuir al Sr. C.I., dando lugar así a un menoscabo injustificado en los fondos públicos. Por otra parte, las alegaciones vertidas en el recurso sobre la posible legitimación pasiva en este proceso del Sr. C. carecen de relevancia jurídica, pues lo que se plantea a través de una excepción de litisconsorcio pasivo necesario y debe resolverse no es quiénes pueden tener legitimación pasiva en el proceso sino contra quiénes debe dirigirse la pretensión de responsabilidad contable para que la relación jurídico-procesal quede correctamente constituida. A la vista del ya mencionado carácter solidario de la responsabilidad contable directa y no apreciándose la “inescindibilidad”, entre la conducta del demandado y la del litisconsorte que se pretende traer al proceso, que exige el Tribunal Supremo para que pueda prosperar una excepción de litisconsorcio pasivo necesario, la Sala considera que debe desestimarse el presente recurso de apelación, con imposición de costas al apelante.

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARÍA ANTONIA LOZANO ÁLVAREZ

Sala de justicia:
Excma. Sra. Doña María Antonia Lozano Álvarez.- Presidenta en Funciones.
Excmo. Sr. Don Manuel Aznar López.- Consejero
Excma. Sra. Doña Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera

Situación Actual: FIRME

2020 6 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 6 año 2020 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación nº 43/19, interpuesto contra la Sentencia nº 2/2019, de 26 de julio, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº A-36/18, del ramo de Sector Público Autonómico (Informe de fiscalización de la cuenta general y fondos de compensación interterritorial, ejercicio 2014 – C. E. H.-H.), ANDALUCÍA.

Fecha: 06/07/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 43/19, interpuesto contra la Sentencia nº 2/2019, de 26 de julio, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº A-36/18, del ramo de Sector Público Autonómico (Informe de fiscalización de la cuenta general y fondos de compensación interterritorial, ejercicio 2014 – C. E. H.-H.), ANDALUCÍA.

Resumen doctrina: Tras exponer pormenorizadamente los motivos de impugnación, así como las alegaciones de las partes, la Sala se refiere a la naturaleza del recurso de apelación como recurso ordinario, que permite al Tribunal de apelación la posibilidad de aplicar e interpretar normas jurídicas con un criterio diferenciado, tanto de las partes como del órgano juzgador de instancia, y la de resolver confirmando, corrigiendo, enmendando o revocando lo decidido y recurrido, e incluso decidir lo mismo con fundamentación diferente, aunque siempre dentro del respeto al principio de congruencia y del límite de las pretensiones de las partes. Entrando en el fondo del asunto la Sala, tras desestimar el litisconsorcio pasivo necesario aducido así como el error en la valoración de la prueba practicada en autos, considera que el apelante no ha probado de la manera en que le es exigible la concurrencia de ningún hecho impeditivo o extintivo de la responsabilidad contable que se le atribuye y en esta segunda instancia se ha limitado a reiterar las consideraciones ya realizadas , sin especificar además en qué aspectos concretos considera incorrecta la valoración de la prueba realizada por la Juzgadora en la primera instancia, ni ha desvirtuado tampoco las conclusiones emitidas en los informes obrantes en las actuaciones. En concreto, ha quedado probado respecto a las diferentes partidas de la demanda que, tal y como se estableció en la Sentencia recurrida, se produjo un menoscabo en los fondos públicos del Consorcio por importe total de 10.974,47 euros, resultante de la suma de cantidades injustificadamente abonadas, habiendo resultado acreditada igualmente la concurrencia de los elementos necesarios para declarar la existencia de responsabilidad contable, en especial la actitud gravemente negligente del recurrente al firmar las nóminas que contenían conceptos indebidos. En relación con la petición de reducción de la condena al pago de los intereses, entiende la Sala que tampoco puede estimarse, toda vez que los intereses de demora son una figura jurídica orientada a procurar la restitución íntegra del acreedor y por ello se devengan desde el día en que la obligación debió cumplirse hasta el día de la completa satisfacción del derecho. Ello, sin perjuicio de que en el caso de que el apelante acredite la realización de alguna garantía, de conformidad con lo que ha manifestado, se detraiga dicha cantidad en la fase procesal de ejecución de sentencia. En relación con la petición de reducción de la condena al pago de los intereses, entiende la Sala que tampoco puede estimarse, toda vez que los intereses de demora son una figura jurídica orientada a procurar la restitución íntegra del acreedor y por ello se devengan desde el día en que la obligación debió cumplirse hasta el día de la completa satisfacción del derecho. Ello, sin perjuicio de que en el caso de que el apelante acredite la realización de alguna garantía, de conformidad con lo que ha manifestado, se detraiga dicha cantidad en la fase procesal de ejecución de sentencia.

Ponente: EXCMO SR D JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO

Sala de justicia:
Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano. Presidente
Excmo. Sr. Don Felipe García Ortiz. Consejero
Excma. Sra. Doña. Margarita Mariscal de Gante y Mirón. Consejera

Situación Actual: NO FIRME

2020 3 DEPARTAMENTO PRIMERO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 3 del año 2020 dictada por DEPARTAMENTO PRIMERO

Sentencia PRA nº 27/19 del año 2020

Fecha: 06/07/2020

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Dictada por: DEPARTAMENTO PRIMERO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº A27/19, del ramo de Sector Público Autonómico (Ente Público Radio Televisión de Castilla-La Mancha RTVCM), ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARÍA ANTONIA LOZANO ÁLVAREZ

Sala de justicia:

Situación Actual: No Firme

2020 12 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 12 año 2020 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación nº 2/20, interpuesto contra la sentencia de fecha 7 de octubre de 2019, dictada en el Procedimiento de Reintegro por Alcance nº C-127/17, del Sector Público Local (Ayuntamiento de Arnedo), La Rioja, que acordó desestimar la demanda interpuesta por la empresa pública INARSA contra Don J. A. A. P., Don J. M. S. H. y Don C. T. T., así como la ampliación de dicha demanda que pidió el Ministerio Fiscal contra Don F. J. B. D., sin imponer las costas causadas en la primera instancia.

Fecha: 06/07/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 2/20, interpuesto contra la sentencia de fecha 7 de octubre de 2019, dictada en el Procedimiento de Reintegro por Alcance nº C-127/17, del Sector Público Local (Ayuntamiento de Arnedo), La Rioja, que acordó desestimar la demanda interpuesta por la empresa pública INARSA contra Don J. A. A. P., Don J. M. S. H. y Don C. T. T., así como la ampliación de dicha demanda que pidió el Ministerio Fiscal contra Don F. J. B. D., sin imponer las costas causadas en la primera instancia.

Resumen doctrina: El recurso de apelación se fundamenta exclusivamente en la discrepancia del Ministerio Fiscal con la apreciación de la prescripción de la responsabilidad contable en que se fundamenta el pronunciamiento desestimatorio de la demanda de la sentencia impugnada. El Ministerio Público entiende que debe ser desestimada la alegación de prescripción de la responsabilidad contable sostenida por los demandados en la primera instancia, ya que en el supuesto de autos sí concurren una serie de hechos determinantes de la interrupción del plazo prescripción, conforme a la regulación contenida en la disposición adicional tercera, apartado tercero, de la LFTCu. A este respecto la Sala considera que no basta, para entender cumplido el requisito exigido en el apartado 3 de la D.A. 3ª LFTCu, que se hayan producido actuaciones o se hayan iniciado procedimientos en los que se hayan examinado, desde cualquier perspectiva posible, los mismos hechos en que se base la acción de responsabilidad contable, sino que, por el contrario, para que se produzca el efecto interruptivo de la prescripción es preciso que el examen de los hechos en las actuaciones o procedimientos a los que se pretenda vincular dicho efecto se haya producido desde una perspectiva o punto de vista que guarde alguna relación con el fundamento o base de la ulterior reclamación por responsabilidad contable. No es esto lo que sucede en el presente caso, y por ello la Sala desestima las alegaciones vertidas por el Ministerio Público.

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:
Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano.- Presidente
Excma. Sra. Doña María Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excma. Sra. Doña Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera

Situación Actual: FIRME

2020 11 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Auto nº 11 del año 2020 dictado por Sala de Justicia

Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988 nº 5/20, Actuaciones Previas nº 80/19. Ramo: Sector Público Autonómico (Generalidad de Cataluña. Gastos y pagos referéndum ilegal de 1 de octubre de 2017), CATALUÑA

Fecha: 06/07/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988 nº 5/20, Actuaciones Previas nº 80/19. Ramo: Sector Público Autonómico (Generalidad de Cataluña. Gastos y pagos referéndum ilegal de 1 de octubre de 2017), CATALUÑA

Resumen doctrina: Tras exponer detalladamente los motivos de impugnación alegados, así como los de oposición a los mismos, la Sala alude a la naturaleza, finalidad jurídica y fundamento legal de las Actuaciones Previas como necesario soporte de la fase jurisdiccional posterior, instrumentada por medio del procedimiento de reintegro, y que tiene por objetivos esenciales la averiguación de los hechos y de los presuntos responsables (o sus causahabientes) y la salvaguarda, en su caso, de los derechos de la Hacienda Pública perjudicada. El único recurso posible en esta fase es el previsto en el artículo 48 de la LFTCu. La Sala de Justicia de este Tribunal en doctrina constante y reiterada ha calificado el citado recurso como un medio de impugnación especial y sumario por razón de la materia. Se trata de un recurso tendente a impugnar resoluciones similares a las de tipo interlocutorio, dictadas en la fase preparatoria o facilitadora de los procesos jurisdiccionales contables, por medio del cual, no se persigue un conocimiento concreto de los hechos objeto de debate en una segunda instancia jurisdiccional, sino que lo que la Ley pretende es ofrecer un mecanismo de revisión a los intervinientes en las Actuaciones Previas de que se trate (a través de un recurso anómalo o “per saltum”), de cuantas resoluciones puedan limitar las posibilidades de defensa. Respecto a los motivos del recurso, la propia Sala de Justicia en reiterada doctrina, ha venido a establecer que los motivos de este recurso no pueden ser otros que los establecidos taxativamente por la ley, es decir, cuando “no se accediera a completar las diligencias con los extremos que los comparecidos señalaren o en que se causare indefensión”. Partiendo de dichas premisas, la Sala señala que ninguno de los recurrentes funda sus respectivas pretensiones en los motivos en los que procede el recurso. Todas sus argumentaciones giran sobre denuncias de lo que consideran irregularidades de procedimiento cometidas, tanto en fase de Diligencias Preliminares, como de Actuaciones Previas, que les ha generado, supuestamente, indefensión, vulnerándose lo prevenido en el artículo 24 de la CE. Como conclusión del análisis pormenorizado de las alegaciones vertidas, la Sala aprecia que no se ha producido perjuicio alguno en la posición jurídica y defensa de los recurrentes, ya que no se limitaron sus derechos, ni se les impidió participar en la fase instructora, con independencia de que puedan legítimamente discrepar de las conclusiones alcanzadas en el Acta de Liquidación Provisional, de la que deriva, a su vez, la Providencia de requerimiento de pago al presunto responsable, siendo ambas resoluciones reflejo del cumplimiento, por parte del Órgano Instructor, de las previsiones legales establecidas en el artículo 47 de la Ley 7/88.

Ponente: EXCMO SR D JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano. Presidente.
Excma. Sra. D. María Antonia Lozano Álvarez. Consejera.
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz. Consejero.

Situación Actual: FIRME

2020 11 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 11 año 2020 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación, rollo nº 1/20, interpuesto contra la Sentencia nº 19/2019, de 2 de octubre, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-208/17, del ramo de Sector Público Autonómico (Consejería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte – CEIP J. M. M. N. S. F.), Alicante.

Fecha: 06/07/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación, rollo nº 1/20, interpuesto contra la Sentencia nº 19/2019, de 2 de octubre, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-208/17, del ramo de Sector Público Autonómico (Consejería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte – CEIP J. M. M. N. S. F.), Alicante.

Resumen doctrina: Tras exponer las alegaciones de las partes y solventar las de naturaleza procesal, la Sala entra a conocer del fondo del asunto y precisa que los alcances que la Sentencia impugnada imputa al apelante son dos: a) 9.615 euros por cantidades percibidas en metálico que, según el libro de caja, se ingresaron en el banco pero que no aparecen en los movimientos de la cuenta bancaria, por lo que no se sabe cuál fue su destino. b) 390,52 euros por cantidades percibidas en caja y que sin embargo no aparecen en el saldo efectivo al final del período. Sin embargo, la Sala considera que no ha quedado probado que el apelante haya actuado, en su condición de Secretario y, por tanto, gestor de fondos públicos, de forma ilegal ni gravemente negligente, no siendo además su intervención en los hechos causa del alcance producido en los fondos públicos. Su actuación no reúne todos los requisitos que para este tipo de responsabilidad jurídica se exigen en los artículos 38.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, 49.1 y 59.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del mismo. La Sala en Sentencia, entre otras, 18/04, de 13 de septiembre, en línea con Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1998, mantiene que para que haya nexo causal entre la actuación del demandado y el daño patrimonial producido, los hechos deben serle directamente atribuibles. Dicha doctrina jurisprudencial manifiesta, además, que es causa eficiente para producir el daño aquella que, aun concurriendo con otras, prepare, condicione o complete la acción de la causa última, de manera que sea por sí misma suficiente y adecuada para dar lugar al quebrantamiento patrimonial injusto, circunstancia que no concurre en el presente supuesto.

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARÍA ANTONIA LOZANO ÁLVAREZ

Sala de justicia:
Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano.- Presidente.
Excma. Sra. Doña María Antonia Lozano Álvarez.- Consejera.
Excmo. Sr. Don Felipe García Ortiz.- Consejero.

Situación Actual: FIRME

2020 10 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Auto nº 10 del año 2020 dictado por Sala de Justicia

Recurso de apelación nº 4/20 formulado por Don Francisco Javier Sendín Calvo, en su propio nombre y representación del Grupo Municipal Villarino y Cabeza, contra Auto de 19 de septiembre de 2019 dictado en la acción pública nº B-33/19, del ramo de Sector Público Local, Ayuntamiento de Villarino de los Aires, Salamanca.

Fecha: 06/07/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 4/20 formulado por Don Francisco Javier Sendín Calvo, en su propio nombre y representación del Grupo Municipal Villarino y Cabeza, contra Auto de 19 de septiembre de 2019 dictado en la acción pública nº B-33/19, del ramo de Sector Público Local, Ayuntamiento de Villarino de los Aires, Salamanca.

Resumen doctrina: Tras exponer pormenorizadamente los motivos de impugnación, así como las alegaciones de las partes, la Sala de Justicia entiende que se ha de acudir a la interpretación conjunta y sistemática de los artículos 56.3 y 46.2 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que lleva a considerar que, para poder apreciar que una acción pública deba ser admitida, ésta tiene que aportar indicios jurídicamente relevantes de responsabilidad contable y, en particular, elementos suficientes para demostrar, en grado indiciario, que se ha producido una vulneración de la normativa económico-financiera aplicable a la gestión enjuiciada y, además, que se ha provocado un menoscabo real, efectivo y evaluable económicamente, en relación con cuentas y partidas determinadas (artículo 59.1 de la LFTCu) en las arcas públicas, como consecuencia de dicha gestión. Por tanto, no cabe el archivo si las cuestiones planteadas son inherentes a la gestión de fondos públicos, a infracciones del ordenamiento jurídico presupuestario, y a un posible menoscabo del erario público debido a la adopción de decisiones de gasto y de pago que pudieran haber carecido del suficiente respaldo normativo. Pero, en cambio, sí procede dicho archivo cuando los hechos no revistan los caracteres de alcance de manera manifiesta, es decir, patente, clara y descubierta, de manera que no reúnan unas características mínimas que hagan posible una valoración inicial que permita apreciar que puede existir un presunto alcance de fondos o caudales públicos. Las pretensiones postuladas por la parte apelante pretenden que se tomen las medidas sancionadoras necesarias para que el Ayuntamiento cumpla la legislación contable, con imposición de cuantas multas coercitivas y sanciones sean apropiadas, hasta que las cuentas del Ayuntamiento sean reflejo fiel de su situación económica, como se exige legalmente. Y, de forma específica, que se le requiera para que dichas Cuentas sean presentadas, de forma inmediata, en este Tribunal, con toda la documentación contable a cuya elaboración viene obligado. La LFTCu distingue entre la función de fiscalización que realiza este Tribunal de Cuentas, de naturaleza técnica y carácter administrativo, y la función de enjuiciamiento contable, cuyo carácter jurisdiccional encuentra su fundamento legal, de modo principal, en el artículo 136.2 de la Constitución Española y en los artículos 1, 2,b), 15 y 17.1 de la LOTCu. Resulta, por tanto, que las pretensiones de la parte apelante, en los términos en que han sido planteados, no pueden verse satisfechas por los distintos órganos que conforman este Orden jurisdiccional Contable (Departamentos de Enjuiciamiento de instancia y Sala de Justicia), puesto que, tanto el Departamento, como este órgano “ad quem” carecen, por completo, de competencia para conocer de aquéllas.

Ponente: EXCMO SR D JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO

Sala de justicia:
Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano – Presidente
Excma. Sra. Doña María Antonia Lozano Álvarez - Consejera
Excmo. Sr. Don Felipe García Ortiz - Consejero

Situación Actual: FIRME

2020 10 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 10 año 2020 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación, rollo nº 52/19, interpuesto contra la Sentencia nº 17/2019, de 19 de julio, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-10, Comunidades Autónomas (Consejería de Empleo -Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad- A. N. C.) Andalucía.

Fecha: 06/07/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación, rollo nº 52/19, interpuesto contra la Sentencia nº 17/2019, de 19 de julio, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-10, Comunidades Autónomas (Consejería de Empleo -Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad- A. N. C.) Andalucía.

Resumen doctrina: La Sala, una vez expuestos los distintos argumentos de las partes, lo primero que analiza es la excepción procesal de prescripción de la responsabilidad contable que se alega en el escrito de recurso y coincide con el Órgano a quo en considerar que no se ha interrumpido la prescripción, no obstante lo argumentado sobre el inicio de la fiscalización. A continuación pone de manifiesto que no puede compartir la inexistencia de alcance que reclama la recurrente, ya que la salida injustificada de fondos, con el consiguiente menoscabo patrimonial que origina, sólo puede calificarse de alcance en los términos acuñados por el artículo 72 de la LFTCu, tipificado como infracción presupuestaria en el artículo 99 de la Ley General 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía (aplicable cuando se produjeron los hechos, que se corresponde con el actual artículo 109 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía). Junto con los requisitos objetivos necesarios para la exigencia de responsabilidad contable (daño originado a los fondos públicos con infracción de las leyes presupuestarias) también aprecia la concurrencia del elemento subjetivo para su determinación, ya que la mercantil percibió unas cantidades sin justificación alguna del derecho a su percepción. Por último, la Sala señala que, con independencia de que la Junta de Andalucía pudiera haber reclamado el reintegro de las cantidades abonadas a la precitada sociedad, utilizando los procedimientos regulados en los artículos 36 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los hechos objeto de la resolución recurrida se refieren a la declaración de exigencia de responsabilidad contable por la falta de justificación de ayudas públicas concedidas por la Comunidad Autónoma de Andalucía, que han ocasionado un perjuicio económico a los fondos de titularidad de dicha Administración autonómica, por lo que esta jurisdicción tiene competencia exclusiva y plena para conocer y pronunciarse sobre las cuestiones objeto de debate. Voto particular: Que formula el Excmo. Sr. Consejero de Cuentas, Don José Manuel Suárez Robledano. La configuración doctrinal del ámbito de la adhesión al recurso de apelación debe conducir ineludiblemente a entender que el apelante adherido, al desplegar su naturaleza de parte dentro del procedimiento que rige el recurso, debe beneficiarse de los pronunciamientos favorables que, en su caso, afecten a la parte apelante que sustanció el recurso pero, correlativamente, también deberá responder de los pronunciamientos desfavorables que la resolución que de término al mismo pueda establecer para las partes apelantes –la apelante en sí y la apelante adherida-. Habiendo resuelto esta Sala de Justicia que rige, a efecto de costas, el principio de vencimiento de la parte apelante, y al no haberse apreciado otras causas que justificaran la no imposición, este Consejero de Cuentas estima que debió acordarse la expresa imposición de costas a ambos recurrentes tanto a - A. N. C. como a Don F. J. G. B.-, y ello conforme a lo establecido en la doctrina constitucional y en el artículo 139.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de aplicación en virtud de lo preceptuado en el artículo 80.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Ponente: EXCMO SR D FELIPE GARCÍA ORTIZ

Sala de justicia:
Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano.- Presidente
Excma. Sra. Doña María Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. Don Felipe García Ortiz.- Consejero

Situación Actual: NO FIRME

2020 5 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 5 año 2020 dictada por DEPARTAMENTO SEGUNDO

Procedimiento de reintegro por alcance nº B-140/18; Sector Público Estatal; Mº de Educación, Cultura y Deporte- Centro Asociado de la UNED; La Rioja.

Fecha: 29/04/2020

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-140/18; Sector Público Estatal; Mº de Educación, Cultura y Deporte- Centro Asociado de la UNED; La Rioja.

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:

2020 4 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 4 año 2020 dictada por DEPARTAMENTO SEGUNDO

Procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-31; Comunidades Autónomas; Cª de Empleo –Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad- S.C. San Sebastián de Guadalcanal; Andalucía

Fecha: 24/04/2020

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-31; Comunidades Autónomas; Cª de Empleo –Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad- S.C. San Sebastián de Guadalcanal; Andalucía

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:

2020 3 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 3 año 2020 dictada por DEPARTAMENTO SEGUNDO

Procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-30; Comunidades Autónomas; Cª de Empleo –Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad- Refractarios de Andalucía S.L.; Andalucía

Fecha: 24/04/2020

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-30; Comunidades Autónomas; Cª de Empleo –Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad- Refractarios de Andalucía S.L.; Andalucía

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:

2020 7 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Auto nº 7 del año 2020 dictado por Sala de Justicia

Recurso de apelación, rollo Nº 44/19, interpuesto contra Auto de 30 de mayo de 2019 (rectificado por Auto de 25 de junio de 2019) dictado en el procedimiento de reintegro por alcance Nº C-84/19, del ramo de Sector Público Estatal, Informe TCU. Principales contratos ADIF const. Línea alta veloc. Barcelona- Ftª Francesa. Expdt. Nº14. Barcelona.

Fecha: 02/03/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación, rollo Nº 44/19, interpuesto contra Auto de 30 de mayo de 2019 (rectificado por Auto de 25 de junio de 2019) dictado en el procedimiento de reintegro por alcance Nº C-84/19, del ramo de Sector Público Estatal, Informe TCU. Principales contratos ADIF const. Línea alta veloc. Barcelona- Ftª Francesa. Expdt. Nº14. Barcelona.

Resumen doctrina: Tras exponer pormenorizadamente los motivos de impugnación y las alegaciones de las partes, la Sala pone de manifiesto la compatibilidad entre las jurisdicciones contable y penal. Ello impide que se produzca vulneración del principio general «non bis in ídem», pues resulta indudable que el mismo hecho se contempla desde diferentes perspectivas al no existir una identidad objetiva de ámbito competencial entre una y otra jurisdicción, salvo que aparezca una cuestión de prejudicialidad penal que constituya elemento previo necesario para la declaración de responsabilidad contable y esté con ella relacionada directamente, como sucede en el presente caso. Concluye la Sala que ni el Auto apelado ni el que lo confirma entran en el fondo del asunto enjuiciado sino que se limitan a considerar que resulta imprescindible un previo pronunciamiento penal sobre la posible falsedad de las certificaciones de obra objeto de controversia para poder decidir, en su caso, si los hechos examinados en el presente procedimiento de reintegro por alcance resultan o no constitutivos de responsabilidad contable. A mayor abundamiento, señala que el Auto impugnado no declara la posibilidad de seguir la tramitación del procedimiento de reintegro por alcance por el mero hecho de que las Diligencias Previas penales concluyan, sino que conecta el levantamiento de la suspensión del proceso de responsabilidad contable a la adopción, en vía penal, de una resolución firme que implique la conclusión de la causa penal o la interrupción de su tramitación. Por último, en cuanto a las costas, manifiesta la Sala que la complejidad cualificada que concurre en la cuestión enjuiciada aconseja la no imposición de las mismas.

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARÍA ANTONIA LOZANO ÁLVAREZ

Sala de justicia:
Excma. Sra. Doña María Antonia Lozano Álvarez.- Presidenta en Funciones
Excmo. Sr. Doña Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera
Excmo. Sr. Don Javier Medina Guijarro.- Consejero.

Situación Actual: FIRME

2020 2 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 2 año 2020 dictada por DEPARTAMENTO SEGUNDO

Procedimiento de reintegro por alcance nº B-81/18; Sector Público Local; Informe de Fiscalización sobre la planta de biometanización de Ultzama; Navarra

Fecha: 02/03/2020

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-81/18; Sector Público Local; Informe de Fiscalización sobre la planta de biometanización de Ultzama; Navarra

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:

2020 6 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Auto nº 6 del año 2020 dictado por Sala de Justicia

Recurso del artículo 46.2 de la Ley 7/1988 nº 41/19 Diligencias Preliminares n° C-100/19 Ramo: Sector Público Estatal (Empresas de Transformación Agraria SA, SME, MP, -TRAGSA-), Madrid.

Fecha: 26/02/2020

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del artículo 46.2 de la Ley 7/1988 nº 41/19 Diligencias Preliminares n° C-100/19 Ramo: Sector Público Estatal (Empresas de Transformación Agraria SA, SME, MP, -TRAGSA-), Madrid.

Resumen doctrina: Una vez resumidos los distintos argumentos de las partes la Sala de Justicia manifiesta que se denuncian una serie de irregularidades en la contratación de determinados servicios por empresas públicas del Grupo TRAGSA. A partir de estas irregularidades, el Ministerio Fiscal pide que se investigue en las actuaciones previas del artículo 47 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas si el precio pagado por los servicios contratados podría haber sido superior al de mercado, pues entiende que “las compras realizadas a precio superior al de mercado podrían ser constitutivas de alcance”. Continúa manifestando la Sala que es doctrina reiterada que “la contravención de la normativa reguladora de la contratación administrativa no es susceptible de generar, por sí sola, responsabilidad contable, sino que es necesario que concurran todos y cada uno de los elementos configuradores de este tipo de responsabilidad, en especial, que se haya producido un daño en los fondos públicos que reúna los requisitos exigidos por el artículo 59 de la LFTCu, que se trate de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, pues, como tiene declarado el Tribunal Supremo (ROJ STS 910/2008, y las que en ella se citan), la infracción, en su caso, de las formalidades administrativas establecidas en la legislación aplicable a los contratos, por parte de la Administración contratante, nunca podría enervar el derecho del contratista al cobro de las cantidades jurídicamente debidas, o al cumplimiento de las contraprestaciones convenidas con la Entidad pública contratante, pues admitir lo contrario supondría un enriquecimiento injusto de la Administración” (Sentencias de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas 13/2019, de 17 de julio; 6/2019, de 4 de junio; 12/2016, de 27 de septiembre; 8/2013, de 6 de marzo y 6/2013, de 6 de marzo). Ello conduce a confirmar la resolución dictada en primera instancia. Voto particular que formula la Excma. Sra. Consejera de Cuentas, Doña María Antonia Lozano Álvarez: la falta de aportación al procedimiento, en una fase tan preliminar del mismo, de datos concretos sobre conceptos y cuantías de los presuntos daños ocasionados al erario público no puede justificar un archivo de las actuaciones sin previa investigación dado que, en primer lugar, concurre una apariencia de posible ilegalidad en la tramitación de los expedientes y, en segundo término, concurre también una ausencia de información sobre las consecuencias económicas para la integridad de los fondos públicos de la presunta irregularidad en los trámites de la contratación.

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano.- Presidente
Excma. Sra. Dª. María Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excma. Sra. Dª. Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera

Situación Actual: FIRME