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2024 2 DEPARTAMENTO TERCERO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 2 del año 2024 dictada por Departamento Tercero de Enjuiciamiento

Sentencia dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº C75/2023, SECTOR PÚBLICO LOCAL, (Ayuntamiento de Callosa de Segura), ALICANTE

Fecha: 24/06/2024

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Dictada por: DEPARTAMENTO TERCERO

Asunto: Sentencia dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº C75/2023, SECTOR PÚBLICO LOCAL, (Ayuntamiento de Callosa de Segura), ALICANTE

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMO SR D DIEGO ÍÑIGUEZ HERNÁNDEZ

Sala de justicia:

Situación Actual: No firme

2024 2 DEPARTAMENTO PRIMERO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 2 del año 2024 dictada por departamento Primero de Enjuiciamiento

Fecha: 13/06/2024

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Dictada por: DEPARTAMENTO PRIMERO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance N.º A127/2023, perteneciente al Ramo Sector Público Local (Ayuntamiento de Gijón), ámbito Territorial: Asturias

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARÍA DEL ROSARIO GARCÍA ÁLVAREZ

Sala de justicia:

Situación Actual: No firme

2024 14 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Auto nº 14 del año 2024 dictado por Sala de Justicia

Recurso de Apelación nº 9/2024 interpuesto contra el Auto de 19 de diciembre de 2023, dictado en la Acción Pública nº B-7/2023, Sector Público Local (Ayuntamiento de Velilla de San Antonio), MADRID

Fecha: 13/06/2024

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de Apelación nº 9/2024 interpuesto contra el Auto de 19 de diciembre de 2023, dictado en la Acción Pública nº B-7/2023, Sector Público Local (Ayuntamiento de Velilla de San Antonio), MADRID

Resumen doctrina: La Sala pone de manifiesto que no corresponde a esta jurisdicción contable resolver si la concesión de indemnizaciones por asistencia a reuniones de la Alcaldía de concejales que tuvieran dedicación parcial o exclusiva fue o no ajustada a Derecho y, en consecuencia, si el acuerdo adoptado para ello fue o no válido y eficaz. Las cuestiones relacionadas con la legalidad de dicha asignación y la posible nulidad de los acuerdos adoptados corresponden a la competencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Se sigue así la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (entre otras, en las SSTS 7076/2011, de 27 de octubre; 2264/2012, de 29 de marzo; y 8506/2012, de 28 de noviembre). Los abonos de las indemnizaciones denunciados por el recurrente se han realizado en virtud de un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento que no ha sido objeto de impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa, con la debida consignación presupuestaria y sin reparos de la intervención como órgano de fiscalización previa del gasto. No cabe, en consecuencia, apreciar vulneración de la normativa presupuestaria y contable. El recurrente alega que la falta de impugnación del acuerdo del Pleno en vía contencioso-administrativa no impide analizar su ilegalidad en un procedimiento de reintegro por alcance, como cuestión incidental de los artículos 17 de la LOTCu y 64 de la LFTCu. Como ha reiterado el Tribunal Supremo (por todas, SSTS 7076/2011, de 27 de octubre, y 798/2012, de 18 de enero) la ilegalidad de los acuerdos del Pleno tiene su ámbito de planteamiento en la Jurisdicción contencioso-administrativa, no en la Jurisdicción contable. Ésta sólo podría conocer de cuestiones administrativas con carácter incidental y dentro de los parámetros establecidos en el artículo 17.2 de la LOTCu, si tales cuestiones constituyeran un elemento previo necesario para la declaración de responsabilidad contable, pero no en el presente momento procesal de segunda instancia.

Ponente: EXCMO SR D DIEGO ÍÑIGUEZ HERNÁNDEZ

Sala de justicia:
Excma. Sra. Dña. Rebeca Laliga Misó.- Presidenta Excmo. Sra. Dña. María del Rosario García Álvarez.- Consejera Excma. Sr. Don. Diego Íñiguez Hernández. - Consejero

Situación Actual: No Firme

2024 7 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 7 del año 2024 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recurso de Apelación nº 4/2024, Procedimiento de reintegro nº C-1046/2022, del ramo Sector Público Local. Informe de Fiscalización Ejercicio 2018-Ayuntamiento de Valle de Bardají, Aragón.

Fecha: 11/06/2024

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: 11/6/2024

Resumen doctrina: Tras exponer las pretensiones de las partes, la Sala resuelve ante la alegada diferente fundamentación y resolución entre la sentencia apelada 7/2023 y la sentencia núm. 4/2023, ambas del Departamento Tercero de Enjuiciamiento, respecto a los pagos, unos durante el ejercicio 2018 y los otros del ejercicio 2017, realizados a la misma secretaria-interventora, que este procedimiento de reintegro se refiere en concreto a los pagos por el ejercicio 2018 y constituyen el objeto de este recurso. Sobre la falta de soporte documental y justificación de los pagos en concepto de salario, el Ministerio Público reconoce en su escrito de recurso que la secretaria-interventora prestó servicios al Ayuntamiento durante este ejercicio 2018, y por ello consta así como hecho probado. El Fiscal incurre en la indebida equiparación entre pagos diversos, unos en concepto de salario, y otros por dietas y pagos a la Seguridad Social. Efectivamente, como resuelve la sentencia apelada, no resulta aceptable tal equiparación por cuanto para los primeros consta acreditada la prestación y por tanto son pagos debidos, mientras que para los otros el juzgador de instancia utiliza un criterio racional diferenciado, pues las dietas requieren un soporte documental que acreditaría su misma existencia y, respecto a los importes referidos a pagos a la Seguridad Social no corresponde su abono a la trabajadora. Por ello se desestima el recurso del Ministerio Fiscal. Respecto de la errónea valoración de la prueba aducida, que derivaría de la omisión en la sentencia apelada, sin motivación, de la ficta confessio de la declarante ausente -ante la inasistencia injustificada a la vista de la secretaria-interina accidental- de acuerdo con el art. 304 LEC, no aprecia esta Sala de Justicia error patente alguno, como exige la jurisprudencia. Asimismo, la valoración conjunta de la prueba debe llevar a la conclusión de que existe negligencia grave en atención a las responsabilidades encomendadas al demandado.

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARÍA DEL ROSARIO GARCÍA ÁLVAREZ

Sala de justicia:
Excma. Sra. Dña. Rebeca Laliga Misó.- Presidenta
Excma. Sra. Dña. María del Rosario García Álvarez.- Consejera
Excma. Sra. Dña. Elena Hernáez Salguero.- Consejera

Situación Actual: No Firme

2024 6 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 6 del año 2024 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recurso de Apelación nº 33/22, interpuesto contra la Sentencia 2/2022, de 24 de junio, dictada por la Excma. Sra. Consejera de Cuentas del Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento en los autos del procedimiento de reintegro por alcance nº A141/20, del ramo Sector Público Autonómico (Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.-Fundación Pública Andaluza “ANDALUCÍA EMPRENDE”, Comunidad Autónoma de Andalucía.

Fecha: 11/06/2024

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de Apelación nº 33/22, interpuesto contra la Sentencia 2/2022, de 24 de junio, dictada por la Excma. Sra. Consejera de Cuentas del Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento en los autos del procedimiento de reintegro por alcance nº A141/20, del ramo Sector Público Autonómico (Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.-Fundación Pública Andaluza “ANDALUCÍA EMPRENDE”, Comunidad Autónoma de Andalucía.

Resumen doctrina: Tras resumir las pretensiones de las partes y establecer la naturaleza jurídica del recurso de apelación, conforme a la doctrina de la Sala de Justicia (Sentencias 15/2020, de 30 de septiembre, 2/2021, de 21 de abril, y 8/2021, de 27 de octubre), la Sala resuelve que debe tenerse en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a la posible revisión de la prueba practicada por el juzgador a quo en fase de apelación (por todas, Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo n.º 1628/2019, de 25 noviembre -RJ 2019\4708- que, a su vez, se remite a las Sentencias de 24 de enero de 1997 y 9 de febrero de 1999). Así, el tribunal ad quem sólo podrá entrar a valorar la práctica de las diligencias probatorias practicadas con infracción de la regulación específica de las mismas, fácilmente constatable; o aquellas pruebas cuya valoración sea notoriamente errónea, esto es, cuya valoración se revele como equivocada sin esfuerzo; o cuando existan razones suficientes para considerar que la valoración de la misma contradice las reglas de la sana crítica, hecho que cabe advertir en supuestos graves y evidentes de desviación que la hagan totalmente ilógica u opuesta a las máximas de la experiencia. De acuerdo con la doctrina jurisprudencial expuesta, en relación con las actuaciones que integran el presente recurso de apelación, la Sala concluye que, habiéndose realizado una valoración conjunta y ponderada de la totalidad de los medios de prueba practicados en la primera instancia, es procedente modificar la valoración de la prueba practicada por la Consejera de instancia, al entender que la misma resulta notoriamente errónea.

Ponente: EXCMA SRA DÑA ELENA HERNÁEZ SALGUERO

Sala de justicia:
Excma. Sra. Dña. Rebeca Laliga Misó.- Presidenta
Excmo. Sr. Don. Diego Íñiguez Hernández.- Consejero
Excma. Sra. Dña. Elena Hernáez Salguero.- Consejera

Situación Actual: No Firme

2024 15 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Auto nº 15 del año 2024 dictado por Sala de Justicia

Recurso del Art. 48.1 de la Ley 7/1988 nº 10/24, Actuaciones Previas nº 1001/2021 Ramo Sector Público Local (Ayuntamiento de Chipiona) Cádiz

Fecha: 11/06/2024

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del Art. 48.1 de la Ley 7/1988 nº 10/24, Actuaciones Previas nº 1001/2021 Ramo Sector Público Local (Ayuntamiento de Chipiona) Cádiz

Resumen doctrina: Tras resumir las posturas de los intervinientes, la Sala estudia la naturaleza jurídica del recurso del artículo 48.1 de la LFTCu, que una doctrina constante (entre otros, auto 4/2020, de 18 de febrero; auto 1/2019, de 12 de febrero; auto 4/2019, de 20 de marzo) ha calificado como medio de impugnación especial y sumario por razón de la materia. En primer término, se aplica el criterio reiterado de la Sala de Justicia sobre la indefensión material. Tras un examen detenido de la pieza de actuaciones previas, considera que los derechos de todos los intervinientes quedaron salvaguardados por la Delegada Instructora. En relación con el exceso en la duración del plazo para realizar las actuaciones previas, esta Sala de Justicia ha venido reiterando en sus resoluciones, por todos, Auto de 1/2024, de 6 de febrero, que el plazo previsto en el artículo 47.4 de la LFTCu es meramente orientativo. En cuanto a la invocación de indefensión por incongruencia omisiva en el Acta de Liquidación Provisional recurrida, al negarse la Delegada Instructora a pronunciarse sobre la prescripción y caducidad, se aplica una reiterada doctrina de esta Sala de Justicia (por todos, Auto nº 5/2015, de 3 de marzo), y es que la competencia para declarar la extinción de la responsabilidad contable por prescripción no reside en los Delegados Instructores que tramitan las actuaciones previas. En relación con las discrepancias de fondo con las conclusiones del acta de liquidación provisional, habrán de ser valoradas en la fase jurisdiccional correspondiente. Respecto a la pretensión de posible archivo o sobreseimiento de las actuaciones por absolución de la parte recurrente de la responsabilidad contable que se le reclama, no cabe ser decretado ni por la Delegada Instructora en las Actuaciones Previas, ni por esta Sala a través del presente recurso, (por todos, Auto nº 14/2018, de 30 de mayo).

Ponente: EXCMA SRA DÑA REBECA LALIGA MISÓ

Sala de justicia:
Excma. Sra. Dña. Rebeca Laliga Misó.- Presidenta
Excmo. Sra. Dña. María del Rosario García Álvarez.- Consejera
Excma. Sr. Don. Diego Íñiguez Hernández. - Consejero

Situación Actual: Firme

2024 13 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Auto nº 13 del año 2024 dictado por Sala de Justicia

Recurso de Apelación nº 22/2023 interpuesto contra el Auto de 15 de diciembre de 2022, dictado en la Pieza Separada de ejecución de la Sentencia nº 7/2017 de 8 de mayo, por el Excmo. Sr. Consejero de Cuentas del Departamento Tercero de la Sección de Enjuiciamiento en el procedimiento de reintegro por alcance nº C-305/15 (P.S.Ej.) del ramo Sector Público Local (Junta Administrativa de Ribaguda), Álava

Fecha: 11/06/2024

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de Apelación nº 22/2023 interpuesto contra el Auto de 15 de diciembre de 2022, dictado en la Pieza Separada de ejecución de la Sentencia nº 7/2017 de 8 de mayo, por el Excmo. Sr. Consejero de Cuentas del Departamento Tercero de la Sección de Enjuiciamiento en el procedimiento de reintegro por alcance nº C-305/15 (P.S.Ej.) del ramo Sector Público Local (Junta Administrativa de Ribaguda), Álava

Resumen doctrina: La Sala, tras resumir las alegaciones de las partes y analizar la naturaleza jurídica del recurso de apelación, aplica la doctrina reiterada respecto a que la técnica de reproducir las alegaciones realizadas en la instancia no es, en general, un modo de actuación jurídicamente aceptable y permitiría rechazar, sin más, el planteamiento de la parte apelante. Todo ello sin perjuicio de que razones de tutela judicial efectiva aconsejan entrar en los alegatos de la parte recurrente. A tenor del artículo 85.1 de la LFTCu, resulta incontrovertible que el Departamento Tercero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas era el órgano jurisdiccional competente para despachar la ejecución de la Sentencia firme y, en su virtud, llevar a cabo todas las actuaciones posteriores, entre ellas, la destinada a la realización de la finca urbana de referencia (sita en la calle XXXXXXXXXXX de Ribaguda) y posterior puesta a disposición del adjudicatario. Ni el órgano jurisdiccional encargado de la ejecución de la Sentencia firme embargó los bienes muebles que el apelante reclama en esta segunda instancia, ni dicho órgano jurisdiccional tuvo conocimiento, en ningún momento, de que en la finca urbana de referencia, se encontraban los citados bienes muebles que el apelante refiere como necesarios para el ejercicio de su profesión; además de lo anterior, debe concluirse que, en todo caso, tuvo un tiempo más que considerable para haber procedido a retirar dichos bienes muebles por su cuenta.

Ponente: EXCMA SRA DÑA ELENA HERNÁEZ SALGUERO

Sala de justicia:
Excma. Sra. Dña. Rebeca Laliga Misó.- Presidenta
Excmo. Sra. Dña. María del Rosario García Álvarez.- Consejera
Excma. Sra. Dña. Elena Hernáez Salguero.- Consejera

Situación Actual: No Firme

2024 4 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 4 del año 2024 dictada por DEPARTAMENTO SEGUNDO DE ENJUICIAMIENTO

En el procedimiento de reintegro por alcance núm. B-117/2019; SECTOR PÚBLICO LOCAL (Ayuntamiento de Sacecorbo) GUADALAJARA.

Fecha: 24/05/2024

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: En el procedimiento de reintegro por alcance núm. B-117/2019; SECTOR PÚBLICO LOCAL (Ayuntamiento de Sacecorbo) GUADALAJARA.

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA ELENA HERNÁEZ SALGUERO

Sala de justicia:

Situación Actual: No firme

2024 1 DEPARTAMENTO PRIMERO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 1 del año 2024 dictada por DEPARTAMENTO PRIMERO DE ENJUICIAMIENTO

Procedimiento de reintegro por alcance N.º 90/2022, perteneciente al ramo Sector Público Local (Junta Vecinal de Mioño), Ámbito territorial: Cantabria

Fecha: 17/05/2024

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Dictada por: DEPARTAMENTO PRIMERO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance N.º 90/2022, perteneciente al ramo Sector Público Local (Junta Vecinal de Mioño), Ámbito territorial: Cantabria

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARÍA DEL ROSARIO GARCÍA ÁLVAREZ

Sala de justicia:

Situación Actual: No firme

2024 4 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 4 del año 2024 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación nº 1/2024, interpuesto contra la Sentencia nº 5/2023, de 21 de junio, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-123/2021, del ramo de Administración de Seguridad Social (Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. "Activa Mutua 2008", Mutua Colaboradora Seguridad Social nº 3), Madrid.

Fecha: 06/05/2024

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 1/2024, interpuesto contra la Sentencia nº 5/2023, de 21 de junio, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-123/2021, del ramo de Administración de Seguridad Social (Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. "Activa Mutua 2008", Mutua Colaboradora Seguridad Social nº 3), Madrid.

Resumen doctrina: La Sala expone, en primer término, la naturaleza, extensión y límites del recurso de apelación. A la hora de aplicar doctrinalmente resoluciones ajenas a este orden jurisdiccional, tiene en cuenta los límites que establecen los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. Aplica la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre incongruencia omisiva y falta de motivación de las resoluciones acogida por esta Sala de Justicia. También aplica la doctrina reiterada de la Sala de Justicia respecto a la valoración de la prueba en la fase de instancia, por la que se establece (sentencias 3/2023, de 22 de marzo; 13/2022, de 22 de septiembre; 6/2015, de 11 de noviembre; y 26/2017, de 13 de julio) que fijar los hechos y valorar los medios de prueba corresponde al Departamento de instancia, sin perjuicio de que el Órgano ad quem pueda corregir la ponderación llevada a cabo por el Juez a quo (sentencias 3/2023, de 22 de marzo, 4/2015, de 2 de julio, y 17/2019, de 8 de octubre) si la valoración conjunta del material probatorio se ha realizado de forma ilógica, arbitraria o contraria a las máximas de experiencia o a las normas de la sana crítica, sin que puedan prevalecer meras alegaciones de parte. Asimismo, analiza la doctrina, tanto del Tribunal Supremo como de la propia Sala de Justicia, respecto a la configuración jurídica de todos los requisitos necesarios para apreciar la concurrencia de alcance en los fondos públicos, realizando un minucioso estudio de los hechos más relevantes y de la normativa específica atinentes al caso planteado

Ponente: EXCMA SRA DÑA REBECA LALIGA MISÓ

Sala de justicia:
Excma. Sra. Dña. Rebeca Laliga Misó.- Presidenta
Excma. Sra. Dña. María del Rosario García Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. Don. Diego Íñiguez Hernández.- Consejero

Situación Actual: No firme

2024 5 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 5 del año 2024 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recurso de Apelación nº 8/2024 Procedimiento de Reintegro nº C58/2023 Ramo: sector público autonómico (Informe de Fiscalización 5/2021 relativo a Fundació Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona IL-3 UB) Cataluña

Fecha: 30/04/2024

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de Apelación nº 8/2024 Procedimiento de Reintegro nº C58/2023 Ramo: sector público autonómico (Informe de Fiscalización 5/2021 relativo a Fundació Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona IL-3 UB) Cataluña

Resumen doctrina: Tras resumir las pretensiones de las partes, la Sala resuelve lo siguiente. 1. En cuanto a la valoración de la prueba, aplica la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que reconoce cómo el derecho a la tutela judicial efectiva comporta una resolución motivada, conforme a los arts. 24.1 y 120 de la Constitución, con relevancia sólo cuando se trata «de un error determinante de la decisión adoptada, atribuible al órgano judicial, predominantemente fáctico e inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales, y que despliegue efectos negativos en la esfera del justiciable» (STC 178/2014, de 3 de noviembre de 2014, FJ 3.º, y STC 47/2009, de 23 de febrero, FJ 4.º), jurisprudencia que ha sido acogida por la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas (Sentencia de la Sala de Justicia 11/2018, de 20 de julio, FD 5.º; Sentencia 8/2022, de 22 de septiembre, FD 5.º; o, entre las más recientes, Sentencia 3/2023, de 22 de febrero). Por ello, se debe determinar si de forma incontrovertible se puede verificar que hay elementos de prueba que desvirtúan la valoración realizada en la instancia sobre la diligencia debida. 2. Para el análisis y la calificación de la conducta del cuentadante, la doctrina de la Sala de Justicia requiere un juicio de previsibilidad y evitabilidad, en atención a la esfera técnica del caso, al menos, por puro descuido o falta de diligencia, no obstante la previsibilidad del resultado (Sentencias de la Sala de Justicia 19/1998, de 16 de diciembre; 4/2006, de 29 de marzo; 4/2015, de 2 julio; 6/2015, de 11 de noviembre; 11/2018, de 20 de julio; 15/2020, de 30 de septiembre; o 2/2024, de 6 de febrero, entre otras). Dicha doctrina acoge para2 el orden contable criterios jurisprudenciales y doctrinales elaborados tanto por el Tribunal Supremo, como por la Audiencia Nacional (en el ámbito tributario).En consecuencia, y siguiendo la doctrina expuesta, la Sala de Justicia analiza si en el caso enjuiciado se omitió ese juicio de previsibilidad requerido, es decir, si el demandado no previó debiendo hacerlo o previendo no tomó las medidas necesarias y adecuadas para evitar el evento, todo ello en el contexto del descuido inexcusable en atención a las responsabilidades encomendadas, a la denominada esfera técnica del caso y concluye que no puede imputarse a una negligencia grave del demandado la salida injustificada de fondos como supuesto de responsabilidad contable conforme al art. 49.1 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARÍA DEL ROSARIO GARCÍA ÁLVAREZ

Sala de justicia:
Excma. Sra. Dña. Rebeca Laliga Misó.- Presidenta
Excma. Sra. Dña. María del Rosario García Álvarez.- Consejera
Excma. Sra. Dña. Elena Hernáez Salguero.- Consejera

Situación Actual: No firme

2024 11 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Auto nº 11 del año 2024 dictado por Sala de Justicia

Recurso de Apelación nº 36/2023 interpuesto contra el Auto de 9 de mayo mayo de 2023, dictado por el Excmo. Sr. Consejero de Cuentas del Departamento Tercero de la Sección de Enjuiciamiento en la Acción Pública n.º C56/2022, SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO (Principado de Asturias Organismo Autónomo ERA “Exp. Emergencia ERA EM 20-2012 Contrato de Emergencia para el suministro de diverso material socio-sanitario para hacer frente al COVID-19”). ASTURIAS.

Fecha: 30/04/2024

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de Apelación nº 36/2023 interpuesto contra el Auto de 9 de mayo mayo de 2023, dictado por el Excmo. Sr. Consejero de Cuentas del Departamento Tercero de la Sección de Enjuiciamiento en la Acción Pública n.º C56/2022, SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO (Principado de Asturias Organismo Autónomo ERA “Exp. Emergencia ERA EM 20-2012 Contrato de Emergencia para el suministro de diverso material socio-sanitario para hacer frente al COVID-19”). ASTURIAS.

Resumen doctrina: La Sala aplica la doctrina uniforme que establece que las irregularidades que son objeto de la denuncia deben presentar todos o, al menos, alguno de los caracteres que perfilan la figura jurídica del alcance de fondos o caudales públicos, lo que exige al ejercitante de la acción la concreción de los hechos que hubieran podido dar lugar a un perjuicio a los fondos públicos que, a su vez, ha de ser real, efectivo y evaluable económicamente, puesto que dicho perjuicio es el elemento esencial para la existencia del alcance (Autos de la Sala de Justicia de 22 de septiembre de 2005; 9 de febrero de 2007; y 1 de octubre de 2010). A continuación, analiza las seis presuntas irregularidades que el apelante plantea. 1. En cuanto a la primera presunta irregularidad, el importe de 61.540, 70 euros que figura en la Resolución 5618 -y que el apelante confunde con el precio de adquisición de las grúas- es el valor estimado del contrato, con lo que se cumple con lo dispuesto en el artículo 102.1 de la LCSP/17. 2. Sobre la segunda presunta irregularidad, la Sala también la desestima por aplicación del referido concepto de “valor estimado” del contrato, teniendo en cuenta que el importe que figura en el pedido no llega a superar el valor estimado contemplado en la Resolución 5618. 3. En cuanto al apartado tercero, no existe ningún error material referido a las grúas objeto del contrato de suministro y, por tanto, no hay ningún aspecto que rectificar en relación con esa cuestión.2 4. Respecto a la cuarta presunta irregularidad, se comprueba la aportación del necesario albarán y, por tanto, esta alegación es igualmente desestimada. 5. En cuanto al apartado quinto, toda vez que el apelante no acredita que se realizase pago alguno a determinada empresa por el concepto de “grúas eléctricas” y, a su vez, la representación legal del ERA sostiene que no recibió ningún suministro de la citada mercantil, no puede inferirse que concurra responsabilidad contable alguna en el supuesto analizado. 6. Por último, en cuanto a la sexta y última presunta irregularidad, atendiendo a la documentación obrante en el expediente, concluye que los arneses necesarios para la utilización de las grúas de transporte fueron entregados y el importe de las grúas y de los arneses no superó el valor estimado del contrato en concepto de grúas. En consecuencia, todas las alegaciones son igualmente desestimadas

Ponente: EXCMA SRA DÑA ELENA HERNÁEZ SALGUERO

Sala de justicia:
Excma. Sra. Dña. Rebeca Laliga Misó.- Presidenta
Excma. Sra. Dña. María del Rosario García Álvarez.- Consejera
Excma. Sra. Dña. Elena Hernáez Salguero.- Consejera

Situación Actual: No firme

2024 10 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Auto nº 10 del año 2024 dictado por Sala de Justicia

Recurso de Apelación nº 25/2023 interpuesto contra el Auto de 10 de diciembre de 2022, dictado en la Acción Pública nº A-35/2021, Sector Público Local (Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros), BADAJOZ

Fecha: 30/04/2024

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de Apelación nº 25/2023 interpuesto contra el Auto de 10 de diciembre de 2022, dictado en la Acción Pública nº A-35/2021, Sector Público Local (Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros), BADAJOZ

Resumen doctrina: La Sala basa su fundamentación jurídica en los artículos 47.3 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y 56 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que establecen la acción pública como un procedimiento de participación de los ciudadanos para exigir responsabilidades contables por la gestión de fondos públicos, en conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido por el artículo 24.1 de la Constitución Española. El principio pro actione impide interrumpir el desarrollo normal de la acción ejercitada, si no es con base en una causa expresamente prevista por la Ley e interpretada en el sentido más favorable a ese desarrollo. Conforme a la STC 37/1995, de 7 de febrero, recogida expresamente en el auto de la Sala 15/2022, de 22 de septiembre, este principio opera con intensidad en la fase inicial del proceso porque la posibilidad de mantener las respectivas pretensiones de las partes con todas las garantías procesales, llegado el momento legalmente oportuno, “…es la sustancia medular de la tutela [judicial efectiva] y su contenido esencial…”. El artículo 75.3 de la Ley de Bases de Régimen Local -y en el mismo sentido el artículo 13.6 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (RD 2568), por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales- establece que sólo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el Pleno de la misma. Es competencia exclusiva del Pleno de la Corporación acordar la cuantía a percibir por la concurrencia a las sesiones de los órganos colegiados. De los documentos obrantes en autos, la Sala concluye que existe incertidumbre sobre si los pagos, realizados por el Ayuntamiento por la asistencia de tres concejales sin dedicación exclusiva a las sesiones de la Junta de2 Gobierno Local durante los años 2015 a 2018, ha causado o no un perjuicio en los fondos públicos susceptible de generar responsabilidad contable por alcance en los términos del artículo 72 de la LFTCu. Procede, por tanto, que se lleve a cabo una investigación por el Delegado Instructor que permita descartar o determinar si se ha causado un perjuicio en las arcas municipales susceptible de ser calificado como alcance, cumpliéndose las diligencias previstas en el artículo 47 de la LFTCu.

Ponente: EXCMO SR D DIEGO ÍÑIGUEZ HERNÁNDEZ

Sala de justicia:
Excma. Sra. Dña. Rebeca Laliga Misó.- Presidenta
Excmo. Sr. D. Diego Íñiquez Hernández.- Consejero
Excma. Sra. Dña. Elena Hernáez Salguero.- Consejera

Situación Actual: FIRME

2024 12 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Auto nº 12 del año 2024 dictado por Sala de Justicia

Recurso del art. 48.1 de la Ley 7/88, nº 3/24, interpuesto contra el Acta de Liquidación Provisional de fecha 17 de enero de 2024, dictada en las Actuaciones Previas nº 1023/22, del ramo de Sector Público Local (Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana) CANTABRIA.

Fecha: 30/04/2024

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del art. 48.1 de la Ley 7/88, nº 3/24, interpuesto contra el Acta de Liquidación Provisional de fecha 17 de enero de 2024, dictada en las Actuaciones Previas nº 1023/22, del ramo de Sector Público Local (Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana) CANTABRIA.

Resumen doctrina: La Sala, tras resumir las posturas de los intervinientes en esta fase, analiza la naturaleza jurídica del recurso del artículo 48.1 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que una doctrina constante (entre otros, auto 4/2020, de 18 de febrero; auto 1/2019, de 12 de febrero; y auto 4/2019, de 20 de marzo) ha calificado como medio de impugnación especial y sumario por razón de la materia. Por ello, los motivos de recurso no pueden ser distintos a los taxativamente establecidos en el artículo mencionado, es decir que «no se accediera a completar las diligencias con los extremos que los comparecidos señalaren» o que «se causare indefensión». Se rechazan los motivos de impugnación aducidos por el recurrente, siempre teniendo en cuenta los criterios jurisprudenciales seguidos por la Sala de Justicia en relación con la impugnación del Acta de Liquidación Provisional, por inexistencia de indefensión, atendiendo a una adecuada valoración de la naturaleza jurídica de la fase de actuaciones previas y su funcionamiento legal, así como a las particularidades en que se desarrolló dicha fase preparatoria

Ponente: EXCMA SRA DÑA ELENA HERNÁEZ SALGUERO

Sala de justicia:
Excma. Sra. Dña. Rebeca Laliga Misó.- Presidenta
Excmo. Sr. Don. Diego Íñiguez Hernández.- Consejero
Excma. Sra. Dña. Elena Hernáez Salguero.- Consejera

Situación Actual: FIRME

2024 3 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 3 del año 2024 dictada por DEPARTAMENTO SEGUNDO DE ENJUICIAMIENTO

En el procedimiento de reintegro por alcance núm. B-167/2021; ADMÓN. SEGURIDAD SOCIAL (Informe de Fiscalización sobre gestión y control de pagos efectuados al personal de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. Ej. 2017. “Mutua Intercomarcal”) MADRID

Fecha: 04/04/2024

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: En el procedimiento de reintegro por alcance núm. B-167/2021; ADMÓN. SEGURIDAD SOCIAL (Informe de Fiscalización sobre gestión y control de pagos efectuados al personal de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. Ej. 2017. “Mutua Intercomarcal”) MADRID

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA ELENA HERNÁEZ SALGUERO

Sala de justicia:

Situación Actual: No firme

2024 1 DEPARTAMENTO TERCERO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 1 del año 2024 dictada por Departamento Tercero de Enjuiciamiento

Sentencia dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº C16/2022, Sector Público Local (Ayuntamiento de Olías del Rey), Toledo.

Fecha: 25/03/2024

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Dictada por: DEPARTAMENTO TERCERO

Asunto: Sentencia dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº C16/2022, Sector Público Local (Ayuntamiento de Olías del Rey), Toledo.

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA ELENA HERNÁEZ SALGUERO

Sala de justicia:

Situación Actual: No firme

2024 8 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Auto nº 8 del año 2024 dictado por Sala de Justicia

Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, nº 32/23 y 33/23, interpuestos contra el acta de liquidación provisional, la providencia de requerimiento de pago y el acuerdo de embargo dictados en las actuaciones previas nº 1079/21, sector público local (Ayuntamiento de Móstoles. ITV MÓSTOLES, S.L.) Madrid

Fecha: 14/03/2024

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, nº 32/23 y 33/23, interpuestos contra el acta de liquidación provisional, la providencia de requerimiento de pago y el acuerdo de embargo dictados en las actuaciones previas nº 1079/21, sector público local (Ayuntamiento de Móstoles. ITV MÓSTOLES, S.L.) Madrid

Resumen doctrina: Tras resumir las posturas de los intervinientes en esta fase, la Sala estudia la naturaleza jurídica del recurso del artículo 48.1 de la LFTCu y, a continuación, entra en el fondo del asunto. Respecto a la indefensión material alegada conforme al art. 48 LFTCu, concreta el auto de la Sala de Justicia 30/2022, de 23 de diciembre (párrafo 62) que «no se puede obligar al concepto de indefensión a transitar en nuestro ámbito por un camino de exigencias tan rigurosas y angostas que virtualmente eliminen su capacidad invalidante por infracción de garantías que es, en última instancia, lo que constituye el aspecto o concepción material de la indefensión que obliga a su examen casuístico, canon material que juega en detrimento de su dimensión formal. Lo relevante es la infracción, el desconocimiento, la negación, la minoración de una garantía que merme la capacidad de defensa del interesado, siquiera de forma reducida, pues esa capacidad de defensa debe permanecer intacta». En cuanto a los cinco motivos de impugnación expuestos por unos de los recurrentes, se establece lo siguiente: 1. Sobre la denegación de diligencias complementarias, la doctrina de la Sala viene exigiendo que «sea notable una ausencia de investigación o aportación de datos básicos que impida un pronunciamiento sobre el asunto» (autos 9/16, de 19 de abril; 32/2015, de 11 de noviembre; 22/2014, de 3 de diciembre; 18/2014, de 28 de octubre; 16/2014, de 28 de octubre, entre otros). Atendiendo a las circunstancias específicas concurrentes en este caso consta acreditado que la delegada instructora rehusó, de forma motivada, practicar las diligencias solicitadas, pues expuso con detalle que la documentación que pretendían que fuera requerida, ya había sido solicitada y aportada, y constaba, por tanto, incorporada al expediente a los efectos de ser tenida en cuenta para la determinación de los hechos y de los presuntos responsables. 2. Respecto motivo en que los recurrentes denuncian que no concurren los requisitos previstos en los artículos 49, 59 y 72 de la LFTCu para que pueda considerarse que se ha producido un supuesto de alcance, se trata, en efecto, de una alegación relativa al fondo del asunto respecto de la que no procede realizar manifestación alguna por este órgano judicial en el presente momento. 3. En cuanto al motivo en el que los recurrentes alegan que se les ha causado indefensión puesto que no han sido citados para comparecer en el procedimiento hasta que les fue notificada la citación para comparecer al acto de liquidación provisional por la delegada instructora, también es desestimado. En efecto, la Sala de Justicia de este Tribunal sostiene, de manera uniforme, que no se2 produce una vulneración del derecho de defensa de los presuntos responsables por el hecho de que sean citados para comparecer a las actuaciones previas en el momento en que son citados para acudir al acto de celebración de la liquidación provisional y no antes, puesto que es en este momento cuando el delegado instructor, tras la práctica de las diligencias de averiguación necesarias, en los términos que prevé el artículo 47.1.c) de la LFTCu, identifica los hechos así como a los posibles presuntos responsables. 4. Respecto al motivo en el que se pretende la anulación de las actuaciones por error de cálculo, tampoco prospera, pues se trata, de nuevo, de una cuestión de fondo relativa a la cantidad en que se ha estimado el menoscabo producido en los fondos públicos. 5. En cuanto a los defectos de postulación de la representante legal del Ayuntamiento, se trata de nuevo de una alegación que excede de los motivos que pueden esgrimirse con ocasión del presente recurso y que, por tanto, no ha de valorarse en la presente resolución por este órgano jurisdiccional. La Sala no ostenta competencias con carácter genérico pero, en especial, con ocasión del presente recurso, para recusar a la letrada que compareció en el acto de la liquidación provisional en representación del Ayuntamiento al cual, por otro lado, acudió con su documento de identidad, con el carné del Colegio de Abogados de Madrid y con la tarjeta del Ayuntamiento en la que constaba su integración en la Asesoría Jurídica municipal. Además, no resultan de aplicación, al presente supuesto, los artículos citados por los recurrentes -a saber, artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector PúblicoEn lo referente a los motivos del recurso interpuesto por otro de los recurrentes contra la liquidación provisional y la providencia de requerimiento de pago el recurrente no identifica expresamente los motivos del recurso, sino que realiza un conjunto de apreciaciones relativas al fondo del asunto que en nada se ajustan a aquellas causas que, por disposición legal, pueden hacer prosperar el recurso previsto en el artículo 48.1 de la LFTCu. Y es que no es la vía procesal adecuada para resolver cuestiones atinentes a la determinación del alcance ni de los presuntos responsables, no pudiendo realizar una valoración de las conclusiones sobre el fondo del asunto a las que haya podido llegar el órgano de instrucción. Tampoco es el vehículo adecuado para resolver cuestiones de otra índole como las relativas a la pretendida politización del procedimiento. En cuanto a los motivos de los recursos interpuestos contra el acuerdo de embargo, la reiteración de las alegaciones determina, obviamente, la remisión a la argumentación y respuesta ya emitida.

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARÍA DEL ROSARIO GARCÍA ÁLVAREZ

Sala de justicia:
Excma. Sra. Dña. Rebeca Laliga Misó.- Presidenta
Excma. Sra. Dña. María del Rosario García Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. D. Diego Íniguez Hernández.- Consejero

Situación Actual: FIRME

2024 7 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Auto nº 7 del año 2024 dictado por Sala de Justicia

Recurso de apelación nº 21/23, formulado por D. J.H.R., en su propio nombre y representación, contra Auto de 9 de diciembre de 2022 dictado en la pieza de Acción Pública nº B34/2022, ramo de Sector Público Local, Ayuntamiento de Murcia, Murcia

Fecha: 14/03/2024

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 21/23, formulado por D. J.H.R., en su propio nombre y representación, contra Auto de 9 de diciembre de 2022 dictado en la pieza de Acción Pública nº B34/2022, ramo de Sector Público Local, Ayuntamiento de Murcia, Murcia

Resumen doctrina: La propuesta de resolución aplica la doctrina de la Sala de Justicia respecto a los requisitos exigibles para decretar, o no, el archivo de la acción pública en el ámbito contable -artículo 56 de la LFTCu-, Y, asimismo, aplica el principio de “favor actoris” o principio “pro actione”, en relación con el ejercicio de la acción pública, que no exime, sin embargo, de que concurran los requisitos legalmente exigibles para viabilizar las pretensiones que se ventilan en estos casos, es decir: - la aportación de indicios jurídicamente relevantes de responsabilidad contable con referencia específica a determinadas cuentas o actos concretos y - la concreción de la normativa presupuestaria o contable que se estime infringida y que dé lugar al consiguiente menoscabo efectivo de los fondos públicos. Por lo que, a la vista de los antecedentes obrantes en el expediente de Acción Pública, no puede afirmarse que se cumplan dichos requisitos ya que los hechos denunciados no pueden ser incardinados, de manera manifiesta e inequívoca, en la figura jurídica del alcance. En relación con lo anterior, la propuesta de resolución viene a reflejar la doctrina asentada por la Sala de Justicia, respecto a que la mera existencia de irregularidades en la gestión llevada a cabo por un ente público no constituye base suficiente para la actuación de la jurisdicción contable. Sólo se genera responsabilidad contable si la tramitación irregular de los procedimientos administrativos o presupuestarios hubiera originado daños o perjuicios patrimoniales concretos en el erario público, lo que no acontece en el presente caso.

Ponente: EXCMA SRA DÑA REBECA LALIGA MISÓ

Sala de justicia:
Excma. Sra. Dña. Rebeca Laliga Misó.- Presidenta
Excma. Sra. Dña. María del Rosario García Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. D. Diego Íniguez Hernández.- Consejero

Situación Actual: FIRME

2024 3 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia nº 3 del año 2024 dictada por SALA DE JUSTICIA

Recurso de Apelación, rollo nº 19/2023 interpuesto contra la Sentencia 3/2023, de 17 de marzo de 2023, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-114/2021, Sector Público Estatal (Agencia EFE, SAU, SME), Madrid.

Fecha: 14/03/2024

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de Apelación, rollo nº 19/2023 interpuesto contra la Sentencia 3/2023, de 17 de marzo de 2023, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-114/2021, Sector Público Estatal (Agencia EFE, SAU, SME), Madrid

Resumen doctrina: Tras resumir las pretensiones de las partes y establecer la naturaleza jurídica del recurso de apelación, conforme a la doctrina de la Sala de Justicia (Sentencias 15/2020, de 30 de septiembre, 2/2021, de 21 de abril, y 8/2021, de 27 de octubre), que acoge la jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia, la Sala resuelve lo siguiente: A.- En cuanto a la prescripción. Dado que los hechos contenidos en unos informes de auditoría han sido los determinantes para exigir la responsabilidad contable, y conforme a la pretensión del Ministerio Fiscal, debe fijarse la fecha de interrupción del plazo de prescripción en el momento en el que tuvo conocimiento de ellos, es decir, el 9 de septiembre de 2019. En consecuencia, estaría prescrita su eventual responsabilidad contable por las actuaciones anteriores al 9 de septiembre de 2014; y no sería la fecha ad quem la del día 17 de febrero de 2015, como concluye la sentencia apelada. La Sala no acoge la conclusión de la sentencia de instancia, que fija la fecha de conocimiento de los hechos en el día de la citación para la práctica de la liquidación provisional por parte de la delegada instructora, ya que ha quedado acreditado en autos que el interesado tuvo conocimiento de los informes que contenían los hechos determinantes de la responsabilidad contable con anterioridad. Por ello, conforme a la alegación de Ministerio Fiscal, afirma que se debe considerar prescrita la responsabilidad contable que derive de sus actuaciones anteriores al 13 de junio de 2014, y no solamente desde el 4 de febrero de 2016, como establece la sentencia recurrida. B.- Respecto a la incongruencia omisiva, parte de lo dispuesto en el artículo 218 de la LEC y aplica la doctrina elaborada por el Tribunal Constitucional (SSTC 96/2012, de 7 de mayo, 169/2013, de 7 de octubre, y 61/2019, de 6 de mayo), en relación con la jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS: 562/2021, de 26 de julio, 611/2021, de 20 de septiembre, y 14/2022 de 24 marzo). La incongruencia exige un desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes formulan sus pretensiones. Esta circunstancia no se ha producido en el supuesto de autos porque la sentencia de instancia resuelve las pretensiones de los demandantes y concluye que concurren los elementos de la responsabilidad contable que declara en el fallo. C.- En lo referido a la impugnación del Fundamento de Derecho en el que se concluye que la relación laboral era laboral común y no especial de alta dirección, desestima las alegaciones del Ministerio Fiscal porque: 1- La Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid establece que el contenido de la prestación no era de alta dirección. 2- No corresponde a esta jurisdicción contable el conocimiento de las cuestiones de índole laboral pero el contenido de esa Sentencia resulta de especial trascendencia para el supuesto de autos, precisamente porque de la calificación de la relación laboral derivan consecuencias. 3- La sentencia de instancia reconoce la exclusiva competencia de la jurisdicción social para las cuestiones de índole laboral que afectan al caso, pero aplica el contenido del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la sentencia de 16 de marzo de 2015 de la Sección Primera de Sala Cuarta, de lo Social, del Tribunal Supremo, para2 pronunciarse sobre las pretensiones de responsabilidad contable. 4- El órgano “a quo” no se pronuncia sobre la naturaleza jurídica de la relación laboral, sino que aplica las exigencias de la doctrina del Tribunal Supremo para considerar que una relación laboral es de alta dirección, a los solos efectos de decidir si concurren los elementos determinantes de la responsabilidad contable. D.- Respecto a los elementos configuradores de la responsabilidad contable, parte de la aplicación de los artículos 59, 72 y concordantes de la LFTCu, en la interpretación dada por la doctrina de la Sala de Justicia (Sentencias 16/2009, de 22 de julio, 6/2015, de 11 de noviembre; 18/2016, de 14 de diciembre; 26/2017, de 13 de julio; y 34/2017, de 28 de noviembre). Y, atendiendo a lo establecido en el Convenio Colectivo, confirma lo resuelto por la sentencia de instancia, porque no se ha producido alcance por los pagos efectuados con los conceptos retributivos e indemnizatorios recogidos en el acta de liquidación provisional a la que se remiten las demandas.

Ponente: EXCMO SR D DIEGO ÍÑIGUEZ HERNÁNDEZ

Sala de justicia:
Excma. Sra. Doña Rebeca Laliga Misó. Presidenta.
Excmo. Sr. Don Diego Iñiguez Hernández. Consejero.
Excmo. Sr. Don Joan Mauri Majós. Consejero

Situación Actual: FIRME