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SENTENCIA nº 13 año 2017 dictada por DEPARTAMENTO PRIMERO

Document Information :

Resolution: SENTENCIA nº 13 año 2017 dictada por DEPARTAMENTO PRIMERO

Number: 13

Year: 2017

Document type: SENTENCIA

Section: -, ENJ: DEPARTAMENTO PRIMERO

Subject: Procedimiento de reintegro por alcance nº A218/16, SECTOR PÚBLICO LOCAL (Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás - Ayto. de Santa María de Ordás), ámbito territorial de León

Resolution date: 27/10/2017

Pronounced by: -, ENJ: DEPARTAMENTO PRIMERO

Presenter: Excma. Sra. Dña. María Antonia Lozano Álvarez

Justice hall:

Doctrine summary:

Categories:

Current situation: NO FIRME

Text

Sentencia Nº 13/2017, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº A218/16 perteneciente al ramo de sector público Local (Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás), ámbito territorial de la provincia de León

En Madrid, a veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.

Vistos por mí, María Antonia Lozano Álvarez, Consejera del Tribunal de Cuentas los presentes autos seguidos ante este DEPARTAMENTO PRIMERO por el PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO POR ALCANCE nº A218/16 perteneciente al ramo de sector público Local (Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás), ámbito territorial de la provincia de León, en los que la Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás representada por el letrado D. Víctor Antón Casado ha ejercitado demanda de responsabilidad contable contra D. D. P. G., representado por el procurador D. José Andrés Peralta de la Torre y el letrado D. Juan M. Sánchez Robles y contra  Dª. M. A. D. y D. R. G. F. representados por el letrado D. Manuel Vázquez Couceiro, a la que se ha adherido el Ministerio Fiscal.
En nombre del Rey

He pronunciado la siguiente:

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El presente procedimiento de reintegro por alcance fue turnado al Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento por diligencia de reparto de 8 de septiembre de 2016. Por  providencia de 14 de septiembre de 2016, se acordó anunciar mediante edictos los hechos supuestamente motivadores de responsabilidad contable y emplazar a los legitimados activa y pasivamente.

SEGUNDO.-  Visto que con fecha 19 de septiembre de 2017 se había completado el ingreso del total del importe del principal e intereses señalados en el acta de liquidación provisional, se acordó  por diligencia de ordenación de 30 de septiembre de 2016 requerir a D. R. G. F., a Dª. M. A. D. y a D. D. P. G. para que manifestasen en el plazo de diez días, con suspensión del plazo de personación otorgado por la providencia de 14 de septiembre anteriormente citada, si dicho ingreso tenía el carácter de definitivo en cuyo caso se procedería al archivo del presente procedimiento, o de provisional, procediéndose en consecuencia a la continuación de la tramitación  del juicio contable.

TERCERO.-  Visto  el escrito presentado en fecha  27 de octubre de 2016 presentado por  D. R. G. F. y Dª. M. A. D. en el que manifestaban que  habían solicitado ante el Colegio de Abogados de León el Beneficio de Asistencia Jurídica Gratuita para la defensa en el presente procedimiento de reintegro por alcance y solicitaban la suspensión del plazo para personarse concedido en virtud de la providencia de 14 de septiembre de 2016, manifestando su voluntad de que continuase el procedimiento, se acordó por diligencia de ordenación de 2 de noviembre de 2016 la suspensión del plazo concedido para personarse a los anteriormente mencionados desde el 22 de septiembre de 2016, fecha de presentación de la citada solicitud de suspensión.

CUARTO.- Por diligencia de ordenación 29 de noviembre  de 2016  se acordó reanudar el curso del presente procedimiento, visto que se había personado la letrada Dª Mª Isabel Herrero Sanz en nombre y representación de Dª. M. A. D. y D. R. G. F. según la designación realizada por el Colegio de Abogados de Madrid, y dar traslado de las actuaciones al representante legal de la Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás para que, dentro del plazo de veinte días dedujese la correspondiente demanda si a su derecho conviniera.

QUINTO.- Con fecha 30 de diciembre de 2016, el letrado de la Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás interpuso demanda de procedimiento de reintegro por alcance contra D. D. P. G., Dª. M. A. D. y D. R. G. F. solicitando que fueran condenados al reintegro de los perjuicios causados a los caudales públicos con los correspondientes intereses legales y costas procesales.

SEXTO.- Por decreto de 31 de enero de 2017 se acordó admitir a trámite la demanda presentada el representante legal  de la Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás y dar traslado  de la misma a  D. D. P. G., a Dª. M. A. D. y a D. R. G. F., para que la contestasen  en el plazo de diez días siguientes a la notificación de la presente resolución.

SÉPTIMO.- Visto el escrito presentado por el letrado D. Manuel Vázquez Couceiro mediante el cual se personaba en nombre y representación de Dª. M. A. D. y D. R. G. F. alegando que había sido denegada la asistencia jurídica gratuita a sus representados, se acordó por diligencia de ordenación de 13 de febrero de 2017 comunicar a la letrada Dª Mª Isabel Herrero Sanz la personación del letrado Sr. Vázquez en nombre de sus representados al haber sido denegada la asistencia jurídica gratuita y tener por personado en el presente procedimiento al letrado D. Manuel Vázquez Couceiro en nombre y representación de Dª. M. A. D. y D. R. G. F. debiéndose notificar al mencionado letrado el decreto de admisión de la demanda presentada por el representante legal de la Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás para que procediera a contestarla dentro del plazo legalmente establecido.

OCTAVO.-  En fecha 22 de febrero de 2017 la representación legal de D. D. P. G. presentó escrito de contestación a la demanda en el  que solicitó que se dictase sentencia por la que se desestimase la demanda por reintegro con imposición de costas a la parte actora.

NOVENO.- En fecha 24 de febrero de 2017 la representación legal de Dª. M. A. D. y D. R. G. F. presentó escrito de contestación a la demanda en el que solicitó  que se dictase sentencia en la que se declarase:

  1. Que D. R. G. F. y Dª. M. A. D., no son responsables directos en el alcance que se haya podido producir en el ejercicio presupuestario 2013, cuyo importe habrá de cifrarse, sin perjuicio de que puedan aparecer más justificantes, en 925,84€ de principal, más 94,96€ de intereses moratorios.
  2. Que el único responsable directo de dicho ejercicio es el alcalde pedáneo a fecha de autos, D. D. P. G., por ser él, personalmente, quien retiraba el efectivo y pagaba a los proveedores de servicios de la Junta Vecinal, correspondiéndole por tanto la obligación de reintegro de dicha cantidad.
  3. Que no ha existido retirada de efectivo alguno de la cuenta bancaria de la Junta Vecinal existente en la Entidad ABANCA, y mucho menos, en fecha 17 de septiembre de 2014.
  4. Que las costas sean pagadas por cada parte y las comunes por mitad.

 DÉCIMO.- Previa audiencia de las partes se dictó auto, con fecha 2 de marzo de 2017, en el que se declaró como cuantía del procedimiento la cifra de 3.947,20 €, acordándose que se siguiera el procedimiento por los trámites previstos en la LEC de 7 de enero de 2000 para el juicio declarativo verbal.

UNDÉCIMO.- Por diligencia de ordenación de 3 de marzo de 2017 se acordó admitir los escritos de contestación a la demanda dando traslado de los mismos a las partes, concediendo a la parte demandante plazo de tres días para que se pronuncias sobre la pertinencia de la celebración de la vista.

DUODÉCIMO.- Visto que ninguna de las partes había  solicitado la celebración de la vista, y habiendo interesado las mismas el recibimiento del pleito a prueba, se acordó por diligencia de ordenación de 19 de abril de 2017 conceder plazo a las partes para que propusieran la prueba documental que a su derecho conviniese.

DÉCIMOTERCERO.-  Por providencia de 18 de mayo de 2017 se acordó admitir la prueba propuesta y ordenar la práctica de la misma.
           
DÉCIMOCUARTO.-   Visto  que había sido practicada la prueba admitida, se acordó  por  providencia de 19 de septiembre de 2017, procede dar traslado de la misma a las partes para que presentasen escrito de conclusiones.

DÉCIMOQUINTO.-  Una  vez presentados los respectivos escritos de conclusiones, quedó el juicio visto para sentencia.

II. HECHOS PROBADOS

Los hechos que se declaran probados lo son en virtud de  las pruebas documentales obrantes en las actuaciones previas y en las diligencias preliminares, así como las admitidas y aportadas en fase de prueba.

PRIMERO.- En fecha 3 de agosto de 2015   se remitió al Tribunal de Cuentas el acuerdo nº 87/2015, de 22 de julio de  Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León  en relación con la posible existencia de indicios de responsabilidad contable en hechos detectados en el desarrollo de los trabajos del Informe Anual del Sector Público Local, ejercicio 2013, en la Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás (León).

 Así en la documentación aportada por dicha junta vecinal consta el acta de la sesión ordinaria de la Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás en la que se trató de la aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2013 en el que se afirma que: "Examinadas las cuentas, y demás documentación relativa al ejercicio 2013 resulta lo siguiente:

  1. En el extracto de los movimientos bancarios de ABANCA figuran retiradas cantidades de dinero en efectivo en las fechas y por los importes que se detallan a continuación sin que existan facturas que justifiquen el gasto: El 16/07/2013: 442,00 € (para material de madera 132,20 €: para empanadas fiesta, 82,00 €; para música fiesta, 180 € y para cohetes fiesta 47,80 €, no existiendo facturas que acreditan el gasto, sino recibís o albaranes sin firma, sin nombre de empresa.
    El 26/07/2013: 220,00 € (para horas máquina para llevar escombros: 150,00 €; para desbrozar camino y poner puente: 50,00 para limpiar plaza barrio de abajo 20,00 €) no existiendo facturas que acreditan el gasto, sino recibís o albaranes sin nombre de empresa.
    El 17/09/2013: 89,00 € para material fuente, no figura factura sino un albarán sin firma ni nombre de empresa.
    El 17/09/2013: 50,00 € para arreglo fuente, no figura factura sino un albarán sin firma ni nombre de empresa.
    El 17/09/2013: 200,00 € para brea, no figura factura que acredite el gasto".
  2. En el extracto de los movimientos bancarios de BANCO CEISS figuran retiradas cantidades de dinero en efectivo en las fechas y por los importes que se detallan a continuación sin que existan facturas que justifiquen el gasto: El 22/03/2013: 1.450,00 € no existe nada, desconociéndose el destinatario y el fin porque no existe factura.
    El 22/03/2013: 125,00 € por mantenimiento de bombas, no existe factura, además esta junta vecinal tiene formalizado contrato de mantenimiento que emite las facturas correspondientes que no se pagan en metálico sino que se cargan en la cuenta bancaria de la junta vecinal.
    El 06/06/2013: 172,20 € no existe nada, desconociéndose el destinatario y el fin porque no existe factura.
    El 29/11/2013: 300,00 € para arreglo bombas, se desconoce el destinatario porque no existe factura.
    El 10/12/2013: 800,00 € para arreglo fuga de agua, no existe factura.
    El 23/12/2013: 1.000,00 € para reparación bomba agua, no existe factura que acredita el gasto y se reitera que esta junta vecinal tiene formalizado contrato de mantenimiento que emite las facturas correspondientes que no se pagan en metálico sino que se cargan en la cuenta bancaria de la junta vecinal".

SEGUNDO.-  En  relación con las regularidades anteriores se remitió informe de la tesorera municipal realizado en fecha 7 de agosto de 2014 para informar al alcalde pedáneo en relación a la documentación obrante en dicha junta.

            En la documentación soporte que acompaña al informe anterior se encuentra la siguiente documentación (folios 14 a 26 de las actuaciones previas 362/15) que se corresponden con salidas de la entidad Abanca:

  1. Un albarán por entrega de material de madera por 132,20 €
  2. Un albarán donde consta pagado por entrega de empanadas fiesta, 82,00 €.
  3. Un recibí por el pago de los servicios musicales para las fiestas, 180 €.
  4. Una albarán donde consta pagado por cohetes para las fiestas 47,80 €.
  5. Un albarán por máquina mixta JCG, 150,00 € y el  recibí correspondiente por dicho importe  por colocar el puente del río con máquina con máquina JCB,
  6. Un recibí por desbrozar camino y poner puente, 50,00 €.
  7. Un recibí por el pago de la limpieza del barrio de abajo 20,00 €.
  8. Un albarán donde consta pagado por material para la fuente por 89 €.
            En la pieza de prueba correspondiente a los demandados D. R. G. F. y a Dª. M. A. D. consta el recibo nº 8 de fecha 17 de octubre de 2013 correspondiente  a la salida de fondos de 17 de septiembre de 2013 por importe de 50 € en pago de la mano de obra de la reparación de la fuente firmado por D. M. A..
            Por tanto  de los 1001 €  que supone la salida de fondos sin justificar de la cuenta de  Abanca, el importe finalmente justificado asciende a 801 €, quedando pendiente de justificar la cantidad de  200 por pago para brea.

TERCERO.- De las irregularidades detectadas en los movimientos bancarios del Banco Ceiss señaladas en el apartado primero de los hechos probados han quedado justificadas:

  1. La relativa a la salida de fondos de  fecha 22/03/2013 por importe de 1.450 € puesto que  ha quedado probado que  en los archivos de la junta vecinal consta el original del recibo de la empresa Amnexia de fecha 23 de marzo de 2013 por  importe de 1450 €  en concepto de pago final de las fiestas de Villarrodrigo de Ordás en las fiestas de San Pelayo y el Carmen.
  2. La relativa a la salida de fondos de  fecha 10/12/2013 por importe de 800 € en concepto de arreglo de fuga de agua, puesto que ha sido aportado a los autos justificación consistente en la constancia en la declaración del IVA de la empresa Morugón S.L, de  la factura nº 28/13 de 9 de diciembre de 2013 por importe de 1.471,36 en concepto de fugas de la Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás emitida por la citada sociedad, ya que coincide el concepto y la fecha de la factura que es de un día anterior al pago de la misma. No se aplica sin embargo, el importe restante de 671,36 €, de dicha factura a justificar otras salidas de fondos puesto que no coinciden ni las fechas ni los conceptos de las mismas.
Por tanto la cantidad no justificada en relación a los movimientos bancarios del banco Ceiss asciende a 1.597,20 €.

CUARTO.- En fecha 3 de octubre de 2014 D. R. G. F. y Dª. M. A. D. presentaron denuncia ante el Juzgado de Instrucción nº 5 de León contra el alcalde pedáneo de la Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás,  D. D. P. G., por abuso de confianza de los denunciantes, secretario y tesorera de dicha junta por haber utilizado unos papeles firmados por los tres para ir al banco a sacar dinero sin conocimiento de los citados denunciantes, según él para unas reparaciones de una bomba de agua sin facturas ni albaranes por un importe aproximado de 4.000€.
Dicha denuncia dio lugar a las diligencias previas del procedimiento abreviado nº 3315/14, en el que por auto de 8 de noviembre de 2016 se decretó el archivo provisional del mismo, solicitándose al Tribunal de Cuentas la remisión de la resolución que en su día se dicte.

QUINTO.- En el periodo a que se refieren los hechos objeto de este juicio tenían firma acreditada en Abanca y el Banco Ceis en atención al cargo desempeñado:

  1. En calidad de alcalde pedáneo: D. D. P. G.
  2. En calidad de secretario: D. R. G. F.
  3. En calidad de tesorera: Dª. M. A. D.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Corresponde al Tribunal de Cuentas el enjuiciamiento de la responsabilidad contable de aquellos que tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos, de acuerdo con el artículo 2, apartado b) de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, de 12 de mayo de 1982, siendo competente para dictar la presente resolución la Consejera de Cuentas que la suscribe, en virtud de la diligencia de reparto de 13 de mayo de 2016, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 52 y 53 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

SEGUNDO.- El letrado de la Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás presentó demanda contra D. D. P. G., Dª. M. A. D. y D. R. G. F., solicitando que fueran  condenados al reintegro de los daños causados a los fondos públicos con los correspondientes intereses legales e imposición de costas.
Fundamenta su pretensión en que en la Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás durante el ejercicio 2013 se produjeron las irregularidades contables consistentes en la falta de justificación de las salidas de fondos de la entidad ABANCA por importe de 100 € y del Banco CEISS por importe de 3.847,29€, resultando responsables directos y solidarios D. D. P. G. en calidad de alcalde pedáneo, Dª. M. A. D. en calidad de tesorera y D. R. G. F. como secretario de la junta vecinal, al ser las personas que tenían firma acreditada ante las entidades bancarias, según la retirada de fondos donde aparecen las firmas de los tres anteriormente mencionadas como autorizantes de la operación.

Las retiradas de  fondos fueron las siguientes:


Fechas

Principal

17/09/2014

100,00 €

22/03/2013

1.450,00 €

22/03/2013

125,00 €

06/06/2013

172,20 €

29/11/2013

300,00 €

10/12/2013

800,00 €

23/12/2013

1.000,00 €

TOTALES

3.947,20 €

En el escrito de conclusiones manifestó que:

  1. En el escrito de demanda se solicita como importe de la retirada de fondos por los demandados la cantidad de  3.947,20 €.
  2. Los demandados argumentan que existe un recibo justificante de 1.450,00 € de fecha 23 de marzo de 2013 y una factura por importe de 1.471,36 €, expedida por MARUGÓN CONSTRUCCIONES S.L., que no fueron contabilizadas en el acta de liquidación provisional del Tribunal de Cuentas.
  3. Este procedimiento trae su causa del listado de cuentas 2012-2013 y del informe del tesorero de la junta vecinal, presentados por los miembros de la Junta Vecinal de Villarodrigo de Ordás en esos ejercicios. Ni en el listado de cuentas ni en el informe del tesorero se relacionan el recibo de 1.450,00 € ni la factura de 1.471,36 €.
    1. En relación al  recibo de 1.450,00 € que tiene el anagrama de AMNEXIA,  fue firmado el 23 de marzo de 2013  con el concepto de “Pago final de fiestas Villarrodrigo de Ordás en las Fiestas de San Pelayo y El Carmen,  aparece la firma y rúbrica de T. y de R. G. F. (El tesorero demandado), es preciso señalar que no tiene valor probatoria alguno porque no identifica las personas físicas o jurídicas que expiden el recibo, ni el CIF o DNI de quien prestó este servicio ni quién recibió el dinero.
      Además hay que manifestar que las Fiestas de San Pelayo fueron el día 27 de junio de 2013 y las Fiestas del Carmen el día 16 de julio de 2013, por lo que no coinciden con la fecha del recibo, 23 de marzo de 2013, que es una fecha anterior.
    2. Por lo que se refiere a la factura de MARUGÓN CONSTRUCCIONES S.L. por importe de 1.471,36 €: No está probado que esta entidad mercantil realizara los trabajos que se relacionan en la Factura (arreglo de la fuga en camino para encontrar la tubería rota y reparación de arqueta), ya que, como ya se ha indicado, la JUNTA VECINAL tiene contratado con la entidad mercantil ELECTROLEON (C. P. S.), el mantenimiento del abastecimiento de agua a la que se paga anualmente una determinada cantidad por atender estas reparaciones (Este contrato se acompañó como documento nº 7 a petición del Tribunal por providencia de 18- 7-2017, así como 10 justificantes de pago de los recibos, que acreditan que es esta empresa quien se encarga de estas reparaciones).

TERCERO.- La representación legal de D. D. P. G. presentó escrito de contestación a la demanda en el  que solicitó que se dictase sentencia por la que se desestimase la demanda, por reintegro hecho por esa parte demanda, con imposición de costas a la parte actora.
Fundamenta  su contestación en las siguientes alegaciones:

  1. D. D. P. G. sacó del banco, alguna de las cantidades que son objeto de demanda, pero previa reunión con los codemandados, el secretario R. y la tesorera M., habitualmente en el bar que ambos tenían en el pueblo.
  2. La extracción de fondos responde al pago de obras para el pueblo, esencialmente para reparaciones de la bomba del agua que dio numerosos problemas, y ello con el consentimiento de los otros demandados que formaban junto con mi representado la Junta Vecinal en ese tiempo.
  3. Los albaranes originales los entregaba mi mandante a los codemandados, y no se emitían facturas porque R. y M. así lo decidieron para que no les repercutiera el IVA.
  4. Ante la imposibilidad de aportar facturas que justificasen la retirada de efectivo para las reparaciones y demás servicios a favor del pueblo, procedió a reintegrar la suma de 1.454,91 €, un tercio del presunto alcance, 4.364,73 € (principal más intereses), por tanto habiéndose procedido al pago, debe procederse a la extinción de la obligación, por aplicación del art. 1156 del Código Civil.

CUARTO.-  El letrado de D. R. G. F. y Dª. M. A. D. presentó escrito de contestación a la demanda, solicitando la desestimación de la misma con declaración de responsabilidad contable de D. D. P. G. por importe de 925,84€ y sin costas, en base a las siguientes alegaciones:

  1. Aparición de  nuevos justificantes del destino de ciertas retiradas de efectivo:
    1. Del día 23 de marzo de 2013  por importe de  1.450,00€.
    2. De fecha 9 de diciembre de 2013 de Morugón Construcciones por importe de 1.471,36€.
    3. El apunte contable de retirada de efectivo de ABANCA en fecha 17 de Septiembre de 2014 por importe de 100,00€, ni corresponde al ejercicio 2013, ni siquiera ha existido tal retirada en el ejercicio 2014.
  2. D. R. G. F. y Dª. M. A. D. en aras de facilitar la gestión de la Junta Vecinal, basándose en la confianza entre vecinos que rige en una entidad local mentor, firmaban en barbecho los talones de ventanilla que entregaban para su posterior gestión al alcalde pedáneo, D. D. P. G., quien hizo personalmente las retiradas de efectivo y los pagos por prestaciones de servicios, lo que en ningún caso supone una gestión dolosa, culposa o negligente, y mucho menos grave.
  3. Se carece de medios y  conocimientos contables.
  4. La responsabilidad nunca sería directa, sino subsidiaria al estar perfectamente identificado quién efectuaba las retiradas de efectivo y disponía de los pagos.
  5. No existe una relación directa de causa a efecto en la conducta de los demandados.
En el escrito de conclusiones  realizaron las siguientes  alegaciones:
  1. Relativas a la imputación de cantidades que posteriormente han quedado justificadas, quedando por tanto pendientes de justificación la cantidad de 925,84€,  de este modo:
    1. Reintegro de fecha 17 de Septiembre de 2014 de 100€  el cual  se justifica por certificación de la propia ABANCA  en la que se señala que desde el  1 de Enero de 2013  al 30 de Diciembre de 2014, no ha existido reintegro alguno en efectivo por el citado importe,  por lo que difícilmente se le puede imputar a nadie tal retirada de efectivo.
    2. La retirada en efectivo por un importe de  1.450,00€  de fecha 22 de Marzo de 2013, se encuentra justificada con un recibo de pago emitido por AMNEXIA, como justificante del pago final de las fiestas de Villarrodrigo de Ordás, en honor de San Pelayo y El Carmen.
    3. Factura 28/3 de fecha  9 de Diciembre de 2013  que justifica que  la Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás, abonó a MORUGÓN SL., por reparación de fugas1.471,36 €.
  2. Se interesa la devolución entre el importe depositado y la cuantía real del alcance.

QUINTO.-  El Ministerio Fiscal en el escrito de conclusiones realiza las siguientes alegaciones:

  1. El abono de 1.450 € queda debidamente justificado mediante el recibo de 23 de marzo de 2013 en concepto de pago final de las Fiestas de San Pelayo y el Carmen. Consta certificado emitido por la Secretaria de la Junta vecinal acreditando el pago.
  2. Por el director de la oficina de Abanca de Lorenzana (León) se certifica que desde el 1 de enero de 2013 al 30 de diciembre de 2014 no ha existido reintegro alguno en efectivo por importe de 100€.
  3. Ambas cantidades deben ser descontadas del importe reclamado en la demanda, debiendo tenerse en cuentas las cantidades ingresadas por los demandados en este Tribunal de Cuentas.

 

SEXTO.- Una vez expuestas las alegaciones de las partes, procede entrar a conocer sobre el fondo del asunto, siendo necesario examinar si se ha producido un alcance en los fondos públicos de la Universidad de Almería y si el mismo es o no generador de responsabilidad contable, en los términos previstos en los artículos 49 y 72 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, en relación con el 38.1 de la Ley Orgánica 2/82, de 12 de mayo.
            El concepto de alcance ha sido desarrollado por la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas en Sentencias como las de 29 de septiembre de 2009, 22 de febrero de 2006, 30 de junio de 2000, 1 de julio de 2010, 29 de junio de 2011 y 20 de julio de 2011, cuya doctrina se toma en consideración como fundamento de la existencia del alcance en los fondos públicos que se declara en la presente Sentencia.
            En el presente juicio, tal como consta acreditado en los hechos probados de la esta resolución y de acuerdo con la normativa y la jurisprudencia anteriormente mencionadas, resultan constitutivos de alcance los siguientes hechos por los importes que a continuación se detallan:

  1. En relación con los movimientos bancarios de la entidad Abanca no se ha justificado la retirada de fondos de fecha 17 de septiembre de 2013 por importe de 200 € y por concepto de brea. No puede ser estimada la alegación expuesta por la representación legal de D. R. G. F. y de Dª. M. A. D. consistente en que no se ha producido ninguna salida de fondos de la cuenta de Abanca por importe de 100 €, puesto que tanto el acta de liquidación provisional como la demanda incurren en el error de señalar la cantidad no justificada por importe de 100€, cuando en realidad se trata de 200€ y por el concepto de brea. Este error tiene relevancia a la hora de cuantificar el alcance, aunque no lo tiene a la hora de la posible condena, ya que sólo se podrá condenar al reintegro de lo pedido en la demanda, por aplicación del principio dispositivo, por lo cual el reintegro por este concepto ascenderá a 100 € y no a 200 €, que es la cantidad realmente no justificada.
  2. En relación con los movimientos bancarios de la entidad Ceiss no se ha justificado las   siguientes retiradas de fondos por importe de 1.597,20 €:
    1. El 22/03/2013:  125,00 € por mantenimiento de bombas.
    2. El 06/06/2013:   172,20  € sin concepto
    3. El 29/11/2013:  300,00 € para arreglo bombas.
    4. El 23/12/2013: 1.000,00 € para reparación bomba agua.

            No pueden ser estimadas la alegaciones de la parte demandante en relación a la relativa a la salida de fondos de fecha 22/03/2013 por importe de 1.450 € en relación  recibo de la empresa Amnexia de fecha 23 de marzo de 2013 por importe de 1450 €  en concepto de pago final de las fiestas de Villarrodrigo de Ordás en las fiestas de San Pelayo y el Carmen, en el sentido de que tal recibo no tiene valor probatorio alguno porque no identifica las personas físicas o jurídicas que expiden el recibo, ni el CIF o DNI de quien prestó este servicio ni quién recibió el dinero, debido al principio de que nadie puede ir contra sus propios actos, y la demanda, que sigue fielmente el contenido del acta de liquidación provisional da por justificados las salidas de fondos con el mismo razonamiento con el que ahora, esta Consejera, da por conforme esta salida de fondos que es el señalado por esta juzgadora en la sentencia 12/2.015, de 19 de octubre de este Departamento Primero y citada por la Delegada Instructora en el acta de liquidación provisional.
            La relativa a la salida de fondos que se justifica con la factura nº 28/13 de 9 de diciembre de 2013 por importe de 1.471,36 en concepto de fugas de la Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás emitida por la citada sociedad, detallada en los hechos probados de la presente resolución, tampoco debe ser estimada, en el sentido de que por esta Consejera se justifica la salida de fondos por importe de 800€ que sí consta en la documentación aportada por dicha junta vecinal en el marco del Informe Anual del Sector Público Local, ejercicio 2013, al igual que el importe de 1.450 € detallado en el párrafo anterior. Además el hecho de que la junta vecinal tenga firmado un contrato de mantenimiento con la entidad mercantil ELECTROLEON, no impide que con carácter excepcional y por motivos de urgencia se hayan realizados unos trabajos de reparación de fugas, extremo que no ha sido contradicho por la parte demandante.
 Por tanto, la suma de los dos apartados anteriores asciende a 1.797,20, que supone un alcance en lo fondos públicos de la Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás

SÉPTIMO.- Por tanto, acreditada la existencia de un alcance en los fondos públicos gestionados por la Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás, es necesario analizar si dicho alcance genera responsabilidad contable para el demandado, en los términos del artículo 38.1 de la Ley 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y 49.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del mismo, y atendiendo a la doctrina de la Sala de Justicia Contable recogida en Sentencias, entre otras, de 30 de junio de 1992, 29 de diciembre de 2004, 13 de marzo de 2005, 26 de marzo de 2005, 18 de noviembre de 2010 y 1 de marzo de 2011.
                 En el presente caso el alcance de los fondos públicos se produce como consecuencia de la retirada de fondos de las cuentas de titularidad de la Junta Vecinal sin que exista causa que lo justifique. Esto se produce porque las personas que tenían forma para sacar fondos en las entidades Abanca y Ceiss realizan por un lado las acciones de firmar talones  en blanco por parte del secretario y la tesorera, basándose en la confianza que tenían en el alcalde pedáneo, el cual retiraba fondos sin causa legal que lo justifique.
                 Dichas acciones estaban realizadas por las personas encargadas de manejar fondos públicos, es decir el alcalde, el tesorero y el secretario, los cuales tenían firma autorizada para sacar dinero de las cuentas de la junta vecinal, según consta en los hechos probados de la presente resolución. Y dichas acciones no puede ser calificadas de otra manera que no sean gravemente culposas, por parte del secretario y de la tesorera que firmaban los citados talones  en blanco, y por parte del alcalde pedáneo que sacaba el dinero de las cuentas sin que hubiera una contraprestación que lo justificara.
                
            Asimismo, es preciso para que concurra  responsabilidad contable que se haya producido una vulneración de la normativa presupuestaria y contable reguladora del sector público de que se trate. En este sentido se pronuncia el artículo 176 de la Ley General Presupuestaria de 26 de noviembre de 2003 establece que: “Las autoridades y demás personal al servicio de las entidades contempladas en el artículo 2 de esta ley que por dolo o culpa graves adopten resoluciones o realicen actos con infracción de las disposiciones de esta ley, estarán obligados a indemnizar a la Hacienda Pública estatal o, en su caso, a la respectiva entidad los daños y perjuicios que sean consecuencia de aquellos, con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que les pueda corresponder.”
Pues bien los demandados al haber firmado cheques en blanco y dispuesto del dinero sin causa legal actuando como poco con culpa o negligencia grave, han vulnerado la normativa reguladora de la actividad económico-financiera del Sector Público.
Es también requisito necesario  para la existencia de responsabilidad contable que el menoscabo producido sea efectivo e individualizado con relación a determinados caudales o efectos y evaluable económicamente. En este sentido se pronuncia el artículo 59 párrafo primero de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas al señalar que “los daños determinantes de la responsabilidad deberán ser efectivos, evaluables económicamente e individualizados en relación a determinados caudales o efectos”.
La Sentencia nº 13  de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas de 11 de abril de 2013 ha manifestado que “en el ámbito de esta jurisdicción contable lo más relevante es que se haya producido un daño en relación a determinados caudales públicos y que, además ese daño sea efectivo y evaluable económicamente.”
            En el presente caso se ha producido un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación a los caudales públicos gestionados por la  Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás cifrado en  1.797,20 €.
También se exige para que pueda apreciarse responsabilidad contable, que exista una relación de causalidad entre la acción u omisión de referencia y el daño efectivamente producido.
La Sala de Justicia en Sentencia de 8 de marzo de 2002 señala que “El análisis de la existencia de relación de causalidad es lo que permite imputar un resultado a una persona, y exigirle la correspondiente responsabilidad de resultas de los posibles perjuicios ocasionados”. Por su parte la Sentencia de la Sala de 1 de diciembre de 2008 manifiesta que “existe nexo causal cuando el irregular cumplimiento de sus funciones por el responsable contable desencadena una situación fáctica adecuada para que el menoscabo se produzca”.
De este modo, para determinar si existe una relación de causalidad entre la actuación  de los demandados  y el daño producido es necesario comprobar que el irregular cumplimiento de sus funciones por D. D. P. G., Dª. M. A. D. y D. R. G. F. desencadenó una situación de hecho adecuada para que el daño se produjera.
En este caso, la irregular actuación  de los demandados, al firmar cheques en blanco y sacar el alcalde dinero sin causa que lo justifique, es lo que ocasiona un daño efectivo en los fondos públicos que ha quedado perfectamente identificado en la presente sentencia.
Así pues, sobre la base de lo hasta ahora razonado y teniendo en cuenta que la jurisprudencia contable es unánime al exigir la concurrencia de todos y cada uno de los requisitos de la responsabilidad contable para declarar su existencia (por todas, Sentencia 11/2010, de 7 de junio), deben estimarse parcialmente las pretensiones de la parte demandante debiendo declararse la existencia de un alcance en los fondos de la Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás  cifrado en  1.797,20 € y responsables contables de los mismos por importe de 1.697,20, según lo anteriormente expuesto al tratar de la cuantía del alcance y el principio dispositivo  a D. D. P. G., Dª. M. A. D. y D. R. G. F., al haber dado ocasión con sus  actuaciones a que se produjera un perjuicio en los fondos de la citada junta vecinal.
La responsabilidad contable exigible a los demandados  debe ser además la directa, pues su conducta, en los términos que se han descrito a lo largo de la presente resolución, se ajustó a los perfiles exigidos por el artículo 42.1 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, 2/1982, de 12 de mayo.

OCTAVO.- Por lo que respecta a los intereses exigibles al responsable contable directo, deben calcularse de acuerdo con lo previsto en el artículo 71.4, e), en relación con el artículo 59.1, ambos de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Por ello, los intereses devengados hasta la fecha de la presente Sentencia se calcularán con arreglo a los tipos legalmente establecidos y vigentes los días en los que se fueron produciendo los daños y perjuicios constitutivos de alcance.

En cuanto a los intereses devengados desde la fecha de esta Sentencia hasta la completa ejecución de la misma, se calcularán de acuerdo con lo prevenido en el artículo 576 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

El cálculo de los intereses se practicará en fase de ejecución de Sentencia, de acuerdo con la posibilidad legal contemplada en el artículo 71.4, a) de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas y en los artículos 219 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y 71.1, d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, supletoriamente aplicables de acuerdo con el artículo 73.2 de la citada Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas y con la Disposición Final Segunda de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo. Esta posibilidad legal de diferir la fijación de los intereses a la fase de ejecución cuenta además con respaldo jurisprudencial uniforme (así por ejemplo, Sentencias de 22 de abril de 2002 y 28 de julio de 2010, del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, Sentencias de 19 de abril de 2002 y de 10 de febrero de 2011, del Departamento Tercero de dicha Sección, y Sentencias de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas 1/2012, de 31 de enero, y 5/2012, de 1 de marzo).

NOVENO.- En cuanto a las costas, al haberse estimado parcialmente las pretensiones de la parte demandante, procede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.4.g) de la Ley 7/1988, de 5 de abril, en relación con el artículo 394, apartado segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no hacer especial imposición de costas, debiendo abonar cada parte las suyas y las comunes por mitad.

            En su virtud, vista la legislación vigente procede dictar el siguiente

IV.- F A L L O

Se estima parcialmente la demanda interpuesta por el letrado de la  Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás contra D. D. P. G., Dª. M. A. D. y D. R. G. F. y se formulan en su virtud los siguientes pronunciamientos:

PRIMERO.- Se cifra en 1.797,20 € el principal del alcance ocasionado en la Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás.

SEGUNDO.- Se declara responsables contables directos de dicho alcance a D. D. P. G., a Dª. M. A. D. y a D. R. G. F..

TERCERO.- Se condena a D. D. P. G., a Dª. M. A. D. y a D. R. G. F. F., como responsables contables directos del alcance, a reintegrar el importe de 1.697,20 €, así como al abono de los intereses devengados desde que se produjeron los hechos hasta la completa ejecución de la presente Sentencia, que se fijarán, en fase de ejecución, con arreglo a lo dispuesto en el fundamento de derecho  correspondiente.

CUARTO.- Sin  imposición de costas.

QUINTO.- El importe del alcance debe contraerse en la cuenta que corresponda.

SEXTO.-  Remítase testimonio de la presente sentencia al Juzgado de Instrucción nº 1 de León en relación con el procedimiento abreviado seguido en el mismo nº 3315/14.

            Pronúnciese esta Sentencia en audiencia pública y notifíquese a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución pueden interponer recurso de apelación ante la Consejera de Cuentas, en el plazo de quince días, conforme a lo establecido en el artículo 85 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 80 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

            Así, lo pronuncio, mando y firmo.