La innovación tecnológica, clave para mejorar los procedimientos de fiscalización

EL TRIBUNAL DE CUENTAS ELEVA EL NUMERO DE INFORMES Y ACORTA LOS PLAZOS ENTRE LA GESTIÓN PÚBLICA Y SU FISCALIZACIÓN EN 2017

• En 2017, el Tribunal de Cuentas continuó avanzando en uno de sus principales objetivos: acortar, en lo posible, el plazo entre la gestión pública y su fiscalización. Durante este ejercicio, de los 61 informes aprobados por el Pleno, un 67,21% de los mismos correspondían a los dos últimos años (2015-2016). Este porcentaje supone un avance respecto al 50% y al 38,70% que se registraron en los años 2016 y 2915, respectivamente.

• Respecto a la actividad fiscalizadora en su conjunto, el Pleno del Tribunal aprobó, además de los citados 61 informes de fiscalización, dos Mociones a las Cortes Generales -relacionadas con el plazo de rendición de la Cuenta General del Estado y con el régimen contable y de control interno de los Órganos constitucionales y de relevancia constitucional-, así como la Memoria de actuaciones del Tribunal de Cuentas en el año 2016.

• En el ámbito de fiscalización de los Partidos Políticos, el Pleno aprobó una Instrucción para que las formaciones políticas, sus fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellas, rindan sus cuentas al Tribunal en formato electrónico y por medios telemáticos a través de una Plataforma.

Madrid, 10 de abril de 2018.- Durante el pasado ejercicio, el Tribunal de Cuentas continuó avanzando en su actividad fiscalizadora, tanto por el número de informes aprobados por el Pleno de la Institución, pasando de 60 en 2016 a 61 en 2017, como por la realización de fiscalizaciones más cercanas en el tiempo a la gestión del sector público.

De esta forma, durante 2017, del total de 61 informes aprobados por el Pleno del Tribunal de Cuentas, un 67,21% de los mismos correspondían al análisis de la gestión del sector público de los dos últimos ejercicios (2015 y 2016). En relación los dos periodos anteriores, esta cifra supone un avance de 17,21 puntos porcentuales, respecto a 2016, y de 28,51 puntos porcentuales, frente a 2015.

El avance registrado en el acortamiento de las fiscalizaciones es resultado del proyecto global de mejora de procedimientos que el Tribunal viene acometiendo, fundamentalmente, a través de la innovación tecnológica, con el objetivo de impulsar la eficacia y eficiencia de la actividad fiscalizadora sobre el sector público.

En este contexto de modernización, cabe destacar que, el pasado mes de marzo, el Tribunal de Cuentas -tras la aprobación de una Instrucción por parte del Pleno- puso en marcha una Plataforma para que los partidos políticos, las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos, rindieran sus cuentas en formato electrónico y por medios telemáticos.

Este modelo de rendición a través de una Plataforma telemática no es una novedad en la Institución -es un sistema ya implantado desde hace varios años para otros subsectores, como el local-, pero la incorporación de partidos políticos supone un avance en el proceso de incorporación de los medios informáticos y telemáticos a la rendición y presentación de cuentas en el que la Institución viene trabajando.

Propuestas para la mejora de la gestión pública y la rendición de cuentas

Durante el pasado ejercicio, el Pleno del Tribunal, además de 61 informes de fiscalización y la Memoria Anual del Tribunal de Cuentas del año 2016, aprobó dos Mociones a las Cortes Generales, documentos cuyo objeto es formular propuestas que lleven a la mejora de la gestión económico-financiera del sector público.

Precisamente por su transcendencia, y a partir de los resultados aprobados y trasladados a las Cortes en anteriores Declaraciones relativas a la Cuenta General del Estado, el Tribunal de Cuentas aprobó el pasado mes de diciembre una Moción a las Cortes Generales en la que realizaba una serie de propuestas dirigidas a reducir el plazo legal de rendición de la Cuenta General; entre ellas: “Modificar la normativa presupuestaria, contable y de elaboración de la Cuenta General del Estado con el fin de reducir tanto el plazo legal de rendición por el Gobierno al Tribunal de la Cuenta General del Estado, como el plazo de rendición de las cuentas individuales aprobadas, para que el Tribunal pueda emitir la Declaración en el año siguiente al ejercicio económico al que aquella se refiera, y dotar a las Cortes, como vienen reclamando, del correspondiente pronunciamiento en un plazo más breve y no alejado, en exceso, de dicho ejercicio”.

Respecto a la segunda Moción, está vinculada a la necesidad de establecer un nuevo modelo de régimen contable y de mejora del control interno de determinados órganos constitucionales y de relevancia constitucional –en concreto, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado y el propio Tribunal de Cuentas-; configurando un nuevo sistema que dé respuesta a las principales carencias detectadas en el modelo actual de contabilización y de control interno de sus operaciones.

Sectores y ámbitos territoriales fiscalizados

Dentro del conjunto de informes, se encuentra la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2015, una de las actividades fiscalizadoras más relevantes del Tribunal; puesto que en ella se analiza información sobre la situación financiera y patrimonial, el resultado de la actividad económico-patrimonial y la ejecución del presupuesto de las entidades que integran el sector público estatal.

En cuanto al resto de los informes de fiscalización, uno de sus principales objetivos es contribuir a la mejora de la calidad de la actividad económico-financiera pública, con especial hincapié en la fiscalización de aquellas prácticas que puedan propiciar el fraude y la corrupción. El Tribunal de Cuentas ha dado prioridad a las fiscalizaciones relacionadas con significativos volúmenes de ingresos y gastos públicos, así como sobre las áreas que puedan ser susceptibles de un mayor riesgo en la gestión económico-financiera del sector público.

Entre estas fiscalizaciones sobre áreas de mayor riesgo, se encuentran las relativas a la contratación, las encomiendas de gestión y las subvenciones; que afectan a los diversos sectores fiscalizados, como por ejemplo las que se indican a continuación.

Dentro del sector público estatal, cabe señalar, entre otras, la fiscalización sobre el cumplimiento de la legalidad y de sistemas y procedimientos de la función supervisora del Banco de España, la de los pagos a justificar y anticipos de caja fija de los ministerios del área económica del Estado o la de la contratación de los ministerios del área político-administrativa. En el ámbito empresarial estatal, por su parte, algunas de los informes aprobados durante 2017 se han orientado al análisis de distintas operaciones relacionadas con las infraestructuras de transporte, entre ellas, las correspondientes a: la línea de alta velocidad Barcelona-Frontera Francesa o al proyecto de nuevas instalaciones en el Puerto de A Coruña. En relación con las fundaciones estatales, se incluye el informe sobre la Fundación para Prevención de Riesgos Laborales.

Por lo que se refiere a la Seguridad Social, se ha fiscalizado, entre otros aspectos, la gestión y control de las prestaciones farmacéuticas a cargo del Instituto Social de las Fuerzas Armadas y de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE).

Asimismo, el Tribunal ha realizado la fiscalización del sector público autonómico y, entre otras, de las actuaciones desarrolladas por las comunidades y ciudades autónomas sin Órgano de Control Externo propio, en relación con el ejercicio 2015.

Respecto al sector público local, la Institución realizó, entre otras fiscalizaciones: las relativas a los tranvías de Zaragoza, Vélez-Malaga y Jaén; la relacionada con los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por los interventores locales o adoptados sin fiscalización previa, así como las anomalías detectadas en materia de ingresos; y la relativa a la rendición de las cuentas locales, con especial atención a las entidades que incumplen, de forma reiterada, esta obligación.

Respecto a esta última fiscalización, se enmarca en el conjunto de acciones que el Tribunal de Cuentas viene desarrollando para potenciar el cumplimiento del deber de rendición de cuentas por parte de las entidades locales. Con ella, la Institución pretende contribuir a remover los obstáculos estructurales y organizativos, además de las prácticas de gestión que originan los incumplimientos.

En cuanto a partidos políticos, en 2017 se aprobó el informe de fiscalización sobre las contabilidades de las elecciones a Cortes Generales de 26 de junio de 2016, así como el relativo a la fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos, ejercicios 2014 y 2015.

Auditoría  de organismos internacionales

El Tribunal de Cuentas mantiene, de forma permanente, relaciones con diversas organizaciones internacionales que pertenecen a sectores tan diversos como el de la Sanidad o la Defensa.

Esta vinculación, en algunas ocasiones, está relacionada con el ejercicio de la auditoría externa sobre los estados financieros de determinados Organismos internacionales y, en otras, sin embargo, la labor de nuestra Institución consiste en participar en los comités de auditoría de tales organizaciones.

Durante 2017 y en su quinto año de su mandato como auditor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) -agencia americana de la Organización Mundial de la Salud-, el Tribunal de Cuentas presentó los resultados de su última auditoría realizada sobre los estados financieros de la OPS relativos al ejercicio 2016, incluyendo la revisión de varias de las oficinas regionales de la Organización.

Asimismo, en el primer año de su mandato, el Tribunal presentó el resultado de la autoría de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) correspondiente al año 2016, incluyendo los sistemas de registro contable, el control interno, la economía, eficacia y eficiencia de los procedimientos de administración y, en general, la gestión de la Organización.

En relación con otras Organizaciones Internacionales, el Tribunal de Cuentas ha participado en la revisión o colaborado con los comités de auditoría de:

- La Agencia NETMA (Nato Eurofighter and Tornado Agency) relativas a la participación nacional en el Programa Eurofighter-Typhoon (EF2000).

- La Organización Europea para la Seguridad en la Navegación Aérea (EUROCONTROL).

- El Colegio de Auditores del Mecanismo de Financiación de Operaciones Militares y de Defensa de la Unión Europea (ATHENA). En el caso de este organismo, además de participar en la fiscalización de sus estados financieros del ejercicio 2016, el Tribunal participó en los trabajos de campo de la auditoría de la misión Atalanta, para la lucha contra la piratería en la costa de Somalia, y de la misión EUMAM RCA, destinada a asesorar al gobierno de la República Centroafricana en la formación de sus tropas.

- El Colegio Internacional de Auditores de la Organización Conjunta de Cooperación en materia de Armamento (OCCAR) en relación con el Programa A400M, ejercicio 2016.

- En el Colegio Internacional de Auditores de la Agencia Europea de Defensa (EDA), dependiente del Consejo de la Unión Europea. En 2017 el Tribunal ha realizado, entre otras acciones, el informe de auditoría financiera del ejercicio 2016, habiéndose presentado el informe final de auditoría ante el grupo de expertos financieros de la Agencia, en Bruselas.

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Marisol Gálvez

Directora de Comunicación

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