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El Tribunal de Cuentas aprueba un nuevo informe sobre contratos de emergencia COVID-19, en esta ocasión relativo a los celebrados en las Comunidades y Ciudades Autónomas sin Órgano de Control Externo propio (OCEX)e la noticia

29/09/22

  • Entre todas celebraron más de 8.800 contratos de emergencia en 2020 por valor de 576 millones de euros de los cuales 452 millones fueron destinados a la compra de material sanitario (mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico, batas, gafas, pantallas protectoras, entre otros)
  • Además, el Pleno ha aprobado un informe de fiscalización operativa del sistema de bonificaciones de cuotas por conversión en indefinidos de los contratos en prácticas, de relevo y de sustitución por anticipación de la jubilación durante los ejercicios 2018 y 2019. El Tribunal constata la ineficiencia del sistema de bonificaciones.

 

Madrid, 29 de septiembre

El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el Informe de Fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas sin órgano de control externo.  Se trata de las Comunidades de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Región de Murcia y las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Esta es la quinta fiscalización específica sobre contratación de emergencia de las 7 programadas por el Tribunal de Cuentas que, además, realizará un Informe Global cuya aprobación se prevé en 2023, que pretende exponer de manera agregada los principales resultados obtenidos en el análisis de esta materia en todos los ámbitos sectoriales y territoriales.

El informe aprobado por el Pleno concluye, según la información recabada por el Tribunal de Cuentas, que estas Comunidades y Ciudades Autónomas celebraron 8.855 contratos de emergencia vinculados con la pandemia ocasionada por la crisis sanitaria, por un importe total de 576 millones de euros. De este importe, 452 millones de euros correspondieron a contratos de suministro, de los cuales el 80%, 361 millones de euros, tuvieron por objeto material sanitario como mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico, batas, gafas, pantallas protectoras, entre otros.

Por Comunidades Autónomas, Cantabria adjudicó un total de 40 millones de euros, de los que 32 millones de euros fueron contratos de suministro. De esta cantidad, 22 millones de euros se destinaron a material sanitario y, concretamente, 5 millones a mascarillas. El precio de las quirúrgicas osciló entre 0,50 y 0,40 euros, y el de las FFP2 entre 2,62 y 1,05 euros.

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que en el momento de la fiscalización no contaba con órgano de control externo, adjudicó 241 millones de euros, de los que 220 millones de euros fueron contratos de suministro. De esta cantidad, 174 millones de euros correspondieron a material sanitario y, concretamente, 100 millones a mascarillas. El precio de las quirúrgicas osciló entre 0,39 y 0,26 euros, y el de las FFP2 entre 2,20 y 0,80 euros.

La Comunidad Autónoma de Extremadura adjudicó un total de 108 millones de euros, de los que 59 millones de euros correspondieron a contratos de suministro. De esta cantidad, 47 millones de euros fueron relativos a material sanitario y, concretamente, 10 millones a mascarillas. El precio de las quirúrgicas fue de 0,18 euros, y el de las FFP2 osciló entre 2,38 y 1,75 euros.

En el caso de la Comunidad Autónoma de La Rioja las adjudicaciones lo fueron por valor de 27 millones de euros, de los que 23 millones se destinaron a suministros. De esta cantidad, 21 millones de euros fueron relativos a material sanitario y, concretamente, 6 millones a mascarillas. El precio de las quirúrgicas osciló entre 0,56 y 0,46 euros, y el de las FFP2 osciló entre 2,49 y 1,94 euros.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia adjudicó un total de 147 millones de euros, de los que 116 millones de euros corresponden a contratos de suministro. De esta cantidad, 95 millones de euros fueron relativos a material sanitario y, concretamente, 24 millones a mascarillas. El precio de las quirúrgicas osciló entre 0,78 y 0,28 euros, y el de las FFP2 osciló entre 3,75 y 0,95 euros.

Por lo que respecta a las Ciudades Autónomas, Ceuta adjudicó 8 millones de euros de los cuales 2 fueron suministros. De esta cantidad, un millón de euros fue relativo a material sanitario y, concretamente, 0,5 millones a mascarillas. El precio de las quirúrgicas fue de 0,91 euros, y el de las FFP2 fue de 3,61 euros. Melilla contrató de emergencia por valor de 5 millones destinando a suministros 1 millón de euros. De esta cantidad, 0,5 millones de euros fue relativo a material sanitario y, concretamente, 0,2 millones a mascarillas. El precio de las mascarillas homologadas reutilizables fue de 2,75 euros.

Para esta fiscalización el Tribunal de Cuentas ha examinado una muestra de 421 contratos por importe de 406 millones, cifra que representa el 70% del importe total de los contratos de emergencia vinculados al COVID-19 en las CCCAA y Ciudades Autónomas objeto de examen.

En la mayoría de los casos el objeto de los contratos fiscalizados estuvo directa o indirectamente vinculado a la adopción de medidas para hacer frente a la situación sanitaria causada por la pandemia, siendo bajo el número de contratos (39 de un total de 421 fiscalizados, 9% de la muestra) en el que se advirtieron incidencias en relación con la justificación.

En cuanto a los límites temporales a los que se somete el inicio de la ejecución en la contratación celebrada mediante la tramitación de emergencia, se han advertido incumplimientos en un escaso número de contratos (3 % de la muestra), en los que había transcurrido más de un mes desde la declaración de emergencia hasta el inicio de su ejecución.

Recuerda el Tribunal que siempre que resulte compatible con la atención a la emergencia que se trata de resolver o, en su caso, atendida la necesidad que motiva la emergencia, en el marco de las buenas prácticas, habrá de formarse expediente contractual, lo que se ha llevado a cabo en la mayoría de las ocasiones.

 

El Tribunal de Cuentas constata la ineficiencia del sistema de bonificaciones de cuotas por conversión en indefinidos de los contratos en prácticas, de relevo y de sustitución por anticipación de la jubilación

El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el informe de Fiscalización operativa sobre las bonificaciones de cuotas por conversión en indefinidos de los contratos en prácticas, de relevo y de sustitución por anticipación de la jubilación.

El ámbito objetivo de la fiscalización han sido las bonificaciones de estas cuotas correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019 que fueron reguladas en el artículo 7 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

El número de contratos convertidos en indefinidos bonificados en 2018 fue 31.326 y 34.500 en 2019 ascendiendo el importe de las bonificaciones a 12.339.523,26 en el primer ejercicio y 13.976.044,97 en 2019.

En el período objeto de estudio destaca el hecho de que la gran mayoría de los contratos no han llegado a convertirse en indefinidos, siendo el porcentaje de conversiones bonificadas, únicamente, de un 18,42%.

Entre sus principales conclusiones el Tribunal de Cuentas constata la inexistencia de informes o evaluación continuada de las políticas activas de empleo que avalen el actual diseño de estas bonificaciones de cuotas por conversión de contratos en indefinidos.

Tampoco se cuenta con un plan estratégico, informe, memoria o documento donde se definan los indicadores, ratios, estándares u otros instrumentos para valorar la eficacia, eficiencia e impacto de estas bonificaciones en la consecución de los objetivos que se pretendía alcanzar. Además, tampoco en la tramitación de las normas correspondientes ha quedado constancia de estudio alguno que justifique cómo se determinó el importe de la bonificación para hombres (500 euros/año) y mujeres (700 euros/año), por qué se consideró dicho importe como el óptimo para alcanzar dichos objetivos y cuál es la justificación del horizonte temporal de disfrute de la bonificación (tres años). Estos aspectos han llevado a algunos agentes sociales a señalar su escepticismo sobre la utilidad de estas políticas para generar empleo.

Según las pruebas realizadas durante la fiscalización para evaluar la eficacia y eficiencia de estas bonificaciones, el informe concluye que esta actuación pública es ineficiente, y tan solo relativamente eficaz. El estudio realizado para valorar el efecto de estas bonificaciones desde una perspectiva de género revela que los incentivos no solo no han conseguido el impacto esperado, ya que, en términos absolutos, se han convertido en indefinidos más contratos con hombres que con mujeres. Así, aunque en los contratos en prácticas los convertidos bonificados son porcentualmente muy similares entre ambos sexos -50,44% de contratos con mujeres y 49,56% con hombres- las diferencias se incrementan sustancialmente en el caso de los contratos de relevo y los de sustitución. Para los primeros, los contratos bonificados con mujeres representaron el 31,51% frente al 68,49% de contratos bonificados con hombres. Para los de sustitución, el porcentaje de contratos con mujeres representó el 30,12% frente al 69,88% de contratos convertidos bonificados con hombres.

A la vista de los resultados del análisis realizado en la fiscalización se recomienda al Ministerio de Trabajo y Economía social que estudie el diseño de un plan estratégico sobre las bonificaciones de cuotas globalmente consideradas y que realice evaluaciones periódicas -internas y externas- con el fin de valorar la intervención pública.

Asimismo, se recomienda al Servicio Público de Empleo Estatal que impulse las acciones de colaboración necesarias con la Inspección de Trabajo y con la Tesorería General de la Seguridad Social tendentes a la mejora de la eficacia de la lucha contra posibles fraudes mediante el envío de la información y documentación necesaria sobre los contratos y los criterios de gestión y control.

Los informes de fiscalización aprobados por el Pleno del Tribunal de Cuentas estarán disponibles para consulta pública en los próximos días en www.tcu.es

 

Yolanda López
Directora de Comunicación
T. 91 592 09 95
yolanda.lopez@tcu.es
gabinetedeprensa@tcu.es


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