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El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe de fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formalizados por los interventores locales de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de La Rioja y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, ejercicio 2016

10/07/19

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES CONTRARIOS A REPAROS FORMALIZADOS POR LOS INTERVENTORES LOCALES DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA Y LAS ANOMALÍAS DETECTADAS EN MATERIA DE INGRESOS, ASÍ COMO SOBRE LOS ACUERDOS ADOPTADOS CON OMISIÓN DEL TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN PREVIA, EJERCICIO 2016

  • La Comunidad de La Rioja, con un 67% de envíos de información en materia de control interno, supera el nivel de cumplimiento del conjunto de las entidades locales del territorio nacional, que se sitúa en un 59%.
  • El 92% de las entidades locales informaron que no se habían producido acuerdos contrarios a reparos formulados por el órgano de Intervención, expedientes con omisión de fiscalización previa, ni tampoco anomalías en la gestión de ingresos.
  • La mayoría de incidencias comunicadas por los Interventores locales de La Rioja correspondían a gastos para los que no se contaba con contrato en vigor.
  • Solo el 5,6% de las entidades locales de esta Comunidad realizaron un control financiero posterior, previsto en la normativa, lo que pone de manifiesto que existe una debilidad de los sistemas de control interno de estas entidades.
  • El Tribunal recomienda, entre otras actuaciones, que las entidades identifiquen las causas estructurales y organizativas y las prácticas de gestión que originan la utilización del reconocimiento extrajudicial de crédito, al objeto de que adoptarse medidas para evitar la realización de gastos sin consignación presupuestaria o exigirse las responsabilidades que pudieran derivarse de dichos incumplimientos.

Madrid, 10 de julio de 2019.- Esta fiscalización aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas es esencialmente de cumplimiento, aunque también operativa, en la que, además de verificar si se han aplicado las disposiciones legales y reglamentarias a las que está sometida la gestión económico-financiera de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de La Rioja (integrada por un total de 212 entidades), se han examinado los sistemas y procedimientos de control interno de las entidades locales.

En este sentido, entre sus objetivos específicos cabe señalar: verificar el cumplimiento de la obligación de remitir al Tribunal la información sobre los acuerdos contrarios a reparos formulados por la Intervención local, los expedientes tramitados con omisión de la fiscalización previa y las principales anomalías de ingresos; determinar las situaciones y causas concretas que dieron lugar a estas situaciones; identificar las áreas de mayor riesgo en la gestión de las entidades locales que resulten de la información remitida por los órganos de Intervención; y detectar y analizar las áreas en las que se ha puesto de manifiesto de manera más significativa una falta de homogeneidad en los criterios y procedimientos aplicados por los órganos de Intervención, en el ejercicio de su función y en su remisión al Tribunal de Cuentas.

Igualmente se han valorado aquellos ámbitos en los que se ha apreciado una distinta tramitación, por parte de los órganos de las entidades locales competentes, de los acuerdos contrarios al informe de la Intervención o de los expedientes tramitados con omisión de fiscalización previa.

Tras la actividad fiscalizadora, el Informe recoge, entre otras conclusiones:

En relación con la información recibida por el Tribunal de Cuentas

Respecto a la obligación de remisión de la información, hay que destacar que el nivel de cumplimiento de los órganos de intervención de las entidades locales representa el 67% del conjunto de las entidades de La Rioja. Este porcentaje supera al nivel de las entidades locales del territorio nacional, que se sitúa en un 59%.

El mapa territorial de la Comunidad Autónoma de la Rioja ‑conformado en un 95% por municipios de población inferior a los 5.000 habitantes‑ determina que el nivel de cumplimiento sea más bajo que en otras comunidades, en tanto son las entidades más pequeñas las que en menor medida cumplen con esta obligación.

El 92% de las entidades locales de la Comunidad Autónoma que remitieron información ha comunicado que no se produjeron acuerdos contrarios a reparos formulados por el órgano de Intervención, expedientes con omisión de fiscalización previa, ni anomalías en la gestión de ingresos en el periodo fiscalizado. Este alto porcentaje, que se explica por la elevada atomización existente en la Comunidad, se elevó al 100% entre las mancomunidades y las EATIM.

Tres de los nueve ayuntamientos de más de 5.000 habitantes de La Rioja desarrollaban una fiscalización limitada previa, en todos los casos mediante acuerdo de Pleno en el que se definieron extremos adicionales a la comprobación de existencia de crédito adecuado y de competencia del órgano que generaba el gasto. Una de estas tres entidades no llevó a cabo un control financiero posterior.

En cambio, de entre los ayuntamientos de menor población, solo un 11% de los que se ha dispuesto de información asumieron una fiscalización limitada previa, y de ellos, el 23% exigía la revisión de extremos adicionales a los de crédito y la competencia.

Por otra parte, sólo el 5,6% de las entidades locales de esta Comunidad realizaron un control financiero posterior; lo que pone de manifiesto que existe una debilidad de los sistemas de control interno de estas entidades.

En relación con el análisis de los acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización y principales anomalías de ingresos

De los 23 expedientes analizados, 17 respondían a gastos para los que no se contaba con contrato en vigor, en contra de lo dispuesto en el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). Todos los actos carentes de contrato celebrado válidamente podrían ser nulos, en virtud de lo establecido en el TRLCSP.

En relación a la posible responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se pudiera derivar de sus actuaciones en materia de contratación administrativa, la disposición adicional novena del TRLCSP señala que se exigirá conforme a lo dispuesto en la Ley 30/1992 (LRJPAC), quedando actualmente regulada en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público de 2015.

Asimismo, en la citada disposición, se establece que la infracción o aplicación indebida de los preceptos contenidos en dicho TRLCSP por parte del personal al servicio de las Administraciones Públicas, cuando medie al menos negligencia grave, constituirá falta muy grave, cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en la materia. Sin embargo, en ninguno de los Ayuntamientos analizados consta el inicio de actuaciones para la depuración de posibles responsabilidades.

Otros cinco expedientes (todos ellos del Ayuntamiento de Logroño) fueron tramitados a través de reconocimientos extrajudiciales de crédito para imputar al presupuesto de 2016 gastos de ejercicios anteriores. Algunos gastos derivaban de facturas tramitadas con retraso; otros conllevaban -al igual que en los casos anteriores- prestaciones sin contrato; y, en un caso, se trató de un gasto cuyo crédito ya se había incorporado al presupuesto de 2015, por lo que no podía ser nuevamente incorporado en 2016.

El incumplimiento del principio de anualidad está sancionado en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLRHL), donde se recoge que los compromisos de gastos adquiridos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados serán nulos de pleno derecho, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. Esta práctica está también tipificada como infracción muy grave en el artículo 28.c) de la Ley de Transparencia (LTAIPBG), señalándose en su artículo 30 las sanciones aplicables, las cuales se regirán por el principio de proporcionalidad y según los criterios señalados en el propio artículo, entre los que se incluye el perjuicio causado.

La imputación de estas obligaciones al presupuesto del ejercicio siguiente mediante la figura del reconocimiento extrajudicial de crédito no convalida dichos actos ni depura posibles responsabilidades, sin perjuicio de la necesidad de abonar los servicios hechos por los terceros y evitar el enriquecimiento injusto de la Administración.

Además de los incumplimientos legales señalados, se ha puesto de manifiesto una debilidad en el sistema de control interno en relación con la contratación, caracterizada por la falta de vigilancia del lapso de tiempo transcurrido entre la finalización de un contrato y el inicio del expediente para la licitación del siguiente.

El último expediente examinado, relativo a una anomalía de ingresos que corresponde al Ayuntamiento de Alfaro, versa sobre un compromiso de ingreso derivado de un Convenio con el Gobierno de La Rioja. El órgano de Intervención emitió un informe señalando que, a pesar de tratarse de una competencia delegada, no se había incluido la cláusula de garantía de cumplimiento de pago en el ejercicio de competencias delegadas, prevista en el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. No obstante, este artículo fue declarado inconstitucional y nulo por Sentencia del Tribunal Constitucional 41/2016, de 3 de marzo.

En relación con el análisis del control interno de las entidades

Solo una de las cinco entidades analizadas (Ayuntamiento de Arnedo, de 9.827 habitantes) tenía establecido el sistema de fiscalización previa limitada, aunque no había sido acordado por el Pleno de la entidad, según requiere el TRLRHL.

El control interno, además de por la función interventora, está integrado por un control financiero posterior, exigido en el TRLRHL, que solo fue desarrollado en el periodo fiscalizado por dos de los cinco ayuntamientos fiscalizados, los de Logroño y Arnedo.

En relación con la fiscalización de los ingresos, únicamente el Ayuntamiento de Alfaro había sustituido su fiscalización previa por la inherente a la toma de razón en contabilidad y por actuaciones complementarias posteriores, en aplicación del artículo 219.4 del TRLRHL, habiendo elaborado el informe relativo a dichas comprobaciones posteriores, en aplicación del citado artículo.

Los órganos de Intervención de los Ayuntamientos de Arnedo, Haro y Villamediana de Iregua, que han comunicado la existencia de resoluciones contrarias a los reparos efectuados y anomalías de ingresos, respectivamente, no elevaron al Pleno el informe comprensivo de estos expedientes, no dando cumplimiento al TRLRHL.

En la fiscalización se ha evidenciado que el 80% de los puestos de intervención no estaban provistos de forma definitiva al cierre de los ejercicios 2016 y 2018. Únicamente el Ayuntamiento de Alfaro tenía provisto el puesto de Intervención de manera definitiva, tanto a 31 de diciembre de 2016 como en 2018, poniéndose de manifiesto una provisionalidad muy elevada en la forma de cobertura de los puestos de intervención reservados a funcionarios de habilitación nacional

Del examen de la suficiencia y adecuación del personal adscrito al órgano de Intervención de las cinco entidades de la muestra se ha deducido una carencia de medios personales debidamente cualificados.

En el Informe también se formulan recomendaciones dirigidas, principalmente, al fortalecimiento de los órganos de control interno de las entidades locales, para que puedan ejercer de manera adecuada y suficiente las funciones de intervención y control financiero; asimismo, se pone el énfasis en la situación que origina el reconocimiento extrajudicial de crédito, recomendando a las entidades locales que identifiquen las causas estructurales y organizativas y las prácticas de gestión que originan su utilización, al objeto de que puedan adoptarse medidas para evitar la realización de gastos sin consignación presupuestaria o exigirse las responsabilidades que pudieran derivarse de dichos incumplimientos; finalmente, se recomienda la revisión de la figura del reconocimiento extrajudicial de crédito en el marco normativo presupuestario actual para que, en su caso, se recoja este procedimiento en una norma con rango de ley y se regulen los supuestos excepcionales en los que puede ser aplicado.

El contenido del presente Informe (nº 1.327) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es)

 

Más información:

Marisol Gálvez

Directora de Comunicación

T. 91 592 09 95 / M. 649 275 686

marisol.galvez@tcu.es


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