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El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe de fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formalizados por los interventores locales de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, ejercicio 2016

16/07/19

Fiscalización a iniciativa del Tribunal de Cuentas

ELTRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES CONTRARIOS A REPAROS FORMALIZADOS POR LOS INTERVENTORES LOCALES DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA Y LAS ANOMALÍAS DETECTADAS EN MATERIA DE INGRESOS, ASÍ COMO SOBRE LOS ACUERDOS ADOPTADOS CON OMISIÓN DEL TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN PREVIA, EJERCICIO 2016

  • El nivel de cumplimiento en plazo de remisión de información al Tribunal de Cuentas representa un 52% del total de entidades de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Dicho nivel se elevó posteriormente hasta el 74%, incluida la totalidad de los órganos de Intervención de las dos diputaciones provinciales y de los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes.
  • El 88% las entidades locales comunicaron que no se habían producido acuerdos contrarios a reparos formulados por el órgano de Intervención, expedientes con omisión de fiscalización previa, ni tampoco anomalías en la gestión de ingresos en el periodo fiscalizado.
  • Solo el 4 % de las entidades locales de esta Comunidad realizaron un control financiero posterior, previsto en la normativa, lo que pone de manifiesto que existe una debilidad de los sistemas de control interno de las entidades locales.
  • El Tribunal recomienda, entre otras actuaciones, que las entidades identifiquen las causas estructurales y organizativas y las prácticas de gestión que originan la utilización del reconocimiento extrajudicial de crédito, al objeto de que adoptarse medidas para evitar la realización de gastos sin consignación presupuestaria o exigirse las responsabilidades que pudieran derivarse de dichos incumplimientos.

Madrid, 16 de julio de 2019.- Esta fiscalización aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas es esencialmente de cumplimiento, aunque también operativa, en la que, además de verificar si se han aplicado las disposiciones legales y reglamentarias a las que está sometida la gestión económico-financiera de las entidades locales de la Comunidad de Extremadura (integrada por un total de 473 entidades), se han examinado los sistemas y procedimientos de control interno de las entidades locales.

En este sentido, entre sus objetivos específicos cabe señalar: verificar el cumplimiento de la obligación de remitir al Tribunal la información sobre los acuerdos contrarios a reparos formulados por la Intervención local, los expedientes tramitados con omisión de la fiscalización previa y las principales anomalías de ingresos; determinar las situaciones y causas concretas que dieron lugar a estas situaciones; identificar las áreas de mayor riesgo en la gestión de las entidades locales que resulten de la información remitida por los órganos de Intervención; y detectar y analizar las áreas en las que se ha puesto de manifiesto de manera más significativa una falta de homogeneidad en los criterios y procedimientos aplicados por los órganos de Intervención en el ejercicio de su función y en su remisión al Tribunal de Cuentas.

Igualmente se han valorado aquellos ámbitos en los que se ha apreciado una distinta tramitación, por parte de los órganos de las entidades locales competentes, de los acuerdos contrarios al informe de Intervención o de los expedientes tramitados con omisión de fiscalización previa.

Tras la actividad fiscalizadora, el Informe recoge, entre otras conclusiones:

En relación con la información recibida referente a acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización previa y principales anomalías en la gestión de ingresos

Respecto a la obligación de remisión de la información, el nivel de cumplimiento de los órganos de Intervención de las entidades locales, en plazo, representa el 52% del conjunto de las entidades de Extremadura. A 19 de febrero de 2019, el 74% de las Intervenciones de Extremadura había remitido la información correspondiente al ejercicio 2016, incluidos los órganos de Intervención de las dos diputaciones provinciales y de todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes. Este índice, si bien es superior al de la media del conjunto de comunidades autónomas (el 59%), se ha visto reducido por el menor porcentaje de cumplimiento por las Intervenciones de los ayuntamientos de menor población, de las mancomunidades y de las EATIMs.

El 88% de las entidades locales de la Comunidad Autónoma que remitieron información ha comunicado que no se produjeron acuerdos contrarios a reparos formulados por el órgano de Intervención, expedientes con omisión de fiscalización previa, ni tampoco anomalías en la gestión de ingresos en el periodo fiscalizado. Este porcentaje fue del 100% en relación con las mancomunidades y del 94% respecto de los ayuntamientos de población inferior a 1.000 habitantes y de las entidades menores.

El sistema de fiscalización previa de requisitos básicos solo se aplicó, con carácter general, en los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, sin que esta implementación fuera mayoritaria (el 49% de estos últimos). Además, únicamente en la mitad de estos casos, los respectivos Plenos municipales concretaron la comprobación de otros extremos de la gestión, además de que el crédito fuera adecuado y suficiente y que el órgano gestor del gasto fuera, asimismo, competente.

Por otra parte, solo el 4 % de las entidades locales de esta Comunidad realizaron un control financiero posterior; lo que pone de manifiesto que existe una debilidad de los sistemas de control interno de estas entidades.

En relación con el análisis de los acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización y principales anomalías de ingresos

De los 36 expedientes analizados, 25 se refieren a acuerdos contrarios a reparos, diez a expedientes con omisión de fiscalización previa y uno a una anomalía en materia de ingresos. Dieciséis expedientes remitidos por la Intervención de la Diputación de Cáceres -a pesar de integrarse por resoluciones en las que se indicaba expresamente el levantamiento del reparo-, estaban relacionados con la actividad de la Intervención local en relación con actos preparatorios de expedientes de contratación o de subvenciones, o bien el criterio de Intervención fue atendido por el órgano gestor.

En cuanto a los restantes expedientes, correspondían a las siguientes operaciones: nueve reconocimientos extrajudiciales de crédito, remitidos como expedientes de omisión de fiscalización previa; tres expedientes de subvenciones; tres expedientes de gastos de personal; dos contratos administrativos; un convenio para la gestión de un centro municipal de estancias diurnas; y una anomalía de ingresos relativa a una liquidación de ingresos por padrón.

En relación con los nueve expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, que afectan a las Diputaciones Provinciales de Badajoz y Cáceres y a los Ayuntamientos de Badajoz, Mérida, Montehermoso y Talavera la Real, se produjo un incumplimiento del principio de anualidad presupuestaria, por cuanto se aplicaron al presupuesto del ejercicio 2016 gastos realizados en ejercicios anteriores. Asimismo, el artículo 173.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) determina la nulidad de los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que supongan el compromiso de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos del presupuesto, circunstancia que se produjo en todas las entidades citadas, excepto en el Ayuntamiento de Mérida.

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno incluye, en su artículo 28, entre las infracciones muy graves en materia de gestión económico-presupuestaria, aprobar compromisos de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en la normativa presupuestaria que sea aplicable. Igualmente considera como tal la omisión del trámite de intervención previa de los gastos, obligaciones o pagos, cuando esta resulte preceptiva, o la omisión del procedimiento de resolución de discrepancias frente a los reparos suspensivos de la Intervención. No consta que en ninguna de las entidades se hayan iniciado actuaciones tendentes a depurar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar.

El reconocimiento extrajudicial de crédito -aplicable, como excepción al principio de temporalidad de los créditos, para la imputación al presupuesto en vigor de gastos de ejercicios anteriores, según determina el Real Decreto 500/1990- no convalida los actos nulos, ni subsana las irregularidades o vicios que fueran la causa de nulidad, sin perjuicio de la necesidad de abonar las facturas correspondientes a un servicio prestado por un tercero, para evitar el enriquecimiento injusto de la Administración.

El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) señala que la responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se pudiera derivar de sus actuaciones en materia de contratación administrativa se exigirá conforme a lo dispuesto en la entonces vigente Ley 30/1992 (LRJPAC), quedando actualmente regulada en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público de 2015.

Asimismo, en la citada disposición se establece que la infracción o aplicación indebida de los preceptos contenidos en dicho TRLCSP por parte del personal al servicio de las Administraciones Públicas, cuando medie al menos negligencia grave, constituirá falta muy grave, cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en la materia. No consta la realización de acciones para la depuración de las posibles responsabilidades.

En relación con los resultados del control interno de las entidades

Las trece entidades analizadas tenían establecido el sistema de fiscalización previa limitada, de las cuales los Ayuntamientos de Alburquerque y Campanario, a pesar de tener formalmente establecido el sistema de fiscalización limitada previa en 2016, aplicaron un régimen de fiscalización previa de naturaleza plena. Además, en los Ayuntamientos de Montijo y Villanueva de la Serena, la modalidad de fiscalización limitada previa no estaba formalmente acordada por los respectivos Plenos municipales, lo que supone un incumplimiento del artículo 219.2 del TRLRHL.

Del resto de ayuntamientos, los de Don Benito, Jerez de los Caballeros, Llerena y San Vicente de Alcántara limitaron el alcance de las comprobaciones efectuadas a la comprobación de la existencia y adecuación de crédito presupuestario y competencia del órgano que genera el gasto o la obligación, configuración que no se complementó con las comprobaciones de “aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, se determinen por el Pleno a propuesta del presidente”, en los términos establecidos en el artículo 219.2.c) del TRLRHL

La aplicación de la fiscalización previa limitada por estas entidades habría requerido, según el artículo 219.3 del TRLRHL, la realización por los órganos de intervención de otra plena posterior, lo que no se llevó a cabo por ninguna de las entidades analizadas. Además, en ninguna de ellas se ejecutó el control financiero posterior recogido en el artículo 220 del TRLRHL, lo que además del incumplimiento señalado, conlleva un sistema de control interno insuficiente, en el que no se podía comprobar si se cumplían los principios de buena gestión financiera.

En relación con la fiscalización de los ingresos, los Ayuntamientos de Alburquerque, Campanario, Coria, Don Benito, Moraleja y Talayuela (el 46% de los ayuntamientos fiscalizados) comunicaron la adopción de acuerdos, vigentes en 2016, para sustituir su fiscalización previa por la inherente a la toma de razón en contabilidad y por actuaciones posteriores, en aplicación del artículo 219.4 del TRLRHL. No obstante, en el Ayuntamiento de Don Benito no se realizaron las actuaciones comprobatorias posteriores, lo que supone un incumplimiento del artículo 219.4 del TRLRHL, situación que se ve agravada en tanto que tampoco se realizó control financiero alguno.

De los tres órganos de Intervención que, respecto de 2016, comunicaron la existencia de resoluciones contrarias a los reparos efectuados o expedientes con omisión de fiscalización previa, sólo el del Ayuntamiento de Moraleja elevó al Pleno el informe comprensivo de estos expedientes según lo dispuesto en el artículo 218.1 del TRLRHL, incumpliendo el precepto citado los Ayuntamientos de Coria y de Montijo.

En la fiscalización se ha evidenciado que en el 85% los puestos de intervención no estaban provistos de forma definitiva al cierre de los ejercicios 2016 y 2018. Únicamente dos entidades (Ayuntamientos de Campanario y Coria) tenían provisto el puesto de Intervención de manera definitiva al cierre de estos ejercicios. Se ha advertido una utilización recurrente de los nombramientos accidentales, lo que conlleva que las funciones de control interno no se desarrollen por quienes tienen la formación específica para ello, sino por funcionarios de la propia entidad, en detrimento de la independencia exigible en el ejercicio de estas funciones reservadas.

Las entidades limitaron la posibilidad de la cobertura de los puestos de intervención a su adjudicación en los concursos unitarios convocados por la Administración General del Estado, de los que resultaron vacantes o, siendo adjudicados, la persona adjudicataria no permaneció en el puesto. Ninguna de las entidades ha implementado medidas adicionales, tales como la convocatoria de concursos ordinarios, para cubrir estas plazas reservadas a funcionarios con habilitación nacional, por lo que se han mantenido los nombramientos accidentales que la ley prevé, únicamente, para casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.

Cuatro de los ayuntamientos fiscalizados -Alburquerque, Montijo, Talayuela y Villanueva de la Serena- carecían en 2016 de una Relación de Puestos de Trabajo aprobada por el Pleno, incumpliendo por tanto la obligación establecida en el Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Finalmente, en el análisis del control interno se ha evidenciado una insuficiencia e inadecuación generalizada del personal adscrito al órgano de Intervención.

En el Informe también se formulan recomendaciones dirigidas, principalmente, al fortalecimiento de los órganos de control interno de las entidades locales, para que puedan ejercer de manera adecuada y suficiente las funciones de intervención y control financiero; asimismo, se pone el énfasis en la situación que origina el reconocimiento extrajudicial de crédito, recomendando a las entidades locales que identifiquen las causas estructurales y organizativas y las prácticas de gestión que originan su utilización, al objeto de que puedan adoptarse medidas para evitar la realización de gastos sin consignación presupuestaria o exigirse las responsabilidades que pudieran derivarse de dichos incumplimientos; finalmente, se recomienda la revisión de la figura del reconocimiento extrajudicial de crédito en el marco normativo actual para que, en su caso, se recoja este procedimiento en una norma con rango de ley y se regulen los supuestos excepcionales en los que puede ser aplicado.

El contenido del presente Informe (nº 1.326) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es)

 

Más información:

Marisol Gálvez

Directora de Comunicación

T. 91 592 09 95 / M. 649 275 686

marisol.galvez@tcu.es

 

 


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