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El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe de fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formalizados por los interventores locales de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, ejercicio 2016

22/05/19

Madrid, 22 de mayo de 2019.- En el marco de las fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas relativas a los principales resultados del control interno de las entidades locales, a partir de la información remitida a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas, el Pleno de la Institución ha aprobado el “Informe de fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formalizados por los Interventores locales de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, ejercicio 2016”. 

Esta fiscalización es de carácter horizontal, esencialmente de cumplimiento, dirigiéndose sus objetivos a verificar la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias a las que está sometida la gestión económico-financiera de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en la materia objeto de la misma. También constituye una fiscalización operativa en la medida en que se han examinado los sistemas y procedimientos de control interno de las entidades locales.

Los objetivos específicos de esta fiscalización se han dirigido a: verificar el cumplimiento de la obligación de remitir la información al Tribunal de Cuentas sobre los acuerdos contrarios a reparos formulados por la Intervención local, los expedientes con omisión de fiscalización previa y las principales anomalías de ingresos; determinar las situaciones y causas concretas que dieron lugar a acuerdos contrarios a reparos formulados por la Intervención local, a expedientes con omisión de fiscalización previa y a las principales anomalías de ingresos; identificar las áreas de mayor riesgo en la gestión de las entidades locales que resulten de la información remitida por los órganos de Intervención; detectar y analizar las áreas en las que se ha puesto de manifiesto de manera más significativa una falta de homogeneidad en los criterios y procedimientos aplicados por los órganos de Intervención en el ejercicio de su función y en su remisión al Tribunal de Cuentas. Igualmente se han valorado aquellos ámbitos en los que se ha apreciado una distinta tramitación por los órganos de las entidades locales competentes de los acuerdos contrarios al informe de Intervención o de los expedientes tramitados con omisión de fiscalización previa.

Esta fiscalización se ha realizado a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha que están sometidas a control interno bajo la modalidad de fiscalización previa a las que les resulte de aplicación el artículo 218.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL). En este ámbito están integradas: cinco diputaciones provinciales, 919 ayuntamientos, 42 entidades locales de ámbito inferior al municipio (EATIM), una agrupación de municipios y 126 mancomunidades. Además, forman parte del ámbito subjetivo otras entidades del sector público local de la Comunidad Autónoma adscritas o dependientes, sujetas a dicha modalidad de fiscalización.

Tras la actividad fiscalizadora, el Informe recoge una serie de conclusiones sobre los principales resultados de la fiscalización, entre ellas, las siguientes:

Respecto del cumplimiento de la obligación de remisión de la información, a 7 de febrero de 2019, el 69% de los órganos de Intervención de las entidades locales de Castilla-La Mancha habían remitido la información correspondiente al ejercicio 2016,  El nivel de cumplimiento en plazo representa el 56% de los envíos totales.

La mayoría de las entidades de mayor población (diputaciones provinciales y ayuntamientos de más de 25.000 habitantes) desarrollaban una fiscalización limitada previa extendiendo las comprobaciones, en todos los casos, a otros extremos determinados por los respectivos Plenos; además de la comprobación de crédito adecuado y competencia del órgano. Sin embargo, únicamente el 23% de los ayuntamientos de menos de 25.000 habitantes tenían establecido este sistema, y de ellos, únicamente el 42% comprobaba extremos adicionales a crédito y competencia, lo que incumple lo establecido en el artículo 219 del TRLRHL, reduciéndose de forma significativa la eficacia del control.

En las entidades supramunicipales y en las Entidades Ámbito Inferior al Municipio (EATIMs) también resultó menor el número de las que tenían establecida la fiscalización limitada previa; alcanzando, en la mayoría de los casos, únicamente a la comprobación de crédito y competencia.

Respecto del control financiero posterior, sólo el 5% de las entidades aplicó esta modalidad de control, lo que supone un incumplimiento del artículo 213 del TRLRHL y pone de manifiesto una debilidad de los sistemas de control interno de estas entidades.

Del análisis de los acuerdos contrarios a reparos en la fiscalización se advierte que la mayoría de las incidencias se refieren a expedientes de contratación en los que se omitieron requisitos o trámites esenciales. Esto era debido, en su gran mayoría, a que la prestación se llevó a cabo cuando el anterior contrato había finalizado, pero no se había licitado ni formalizado uno nuevo. En consecuencia, en estos expedientes se ha producido una vulneración de la normativa contractual, al carecer, de forma recurrente y prolongada en el tiempo, de contrato en vigor que habilitara las prestaciones que se estaban celebrando, en contra de lo dispuesto en el TRLCSP. La ausencia de contrato válidamente constituido da como consecuencia la existencia de actos que podrían adolecer de nulidad en virtud de lo establecido en el mencionado TRLCSP.

Finalmente, en el análisis del control interno efectuado sobre 17 entidades se han evidenciado carencias en los medios disponibles para este fin. El 76% de los puestos de intervención no estaban provistos de forma definitiva al cierre del ejercicio 2016, porcentaje que se concretó en el 71% a la fecha de cierre de los trabajos (octubre de 2018), y en la mayoría de estas entidades se ha apreciado una insuficiencia e inadecuación del personal adscrito al órgano de intervención.

En el Informe también se formulan recomendaciones dirigidas, principalmente, al fortalecimiento de los órganos de control interno de las entidades locales, para que puedan ejercer de manera adecuada y suficiente las funciones de intervención y control financiero; asimismo, se pone el énfasis en las situaciones que originan el reconocimiento extrajudicial de créditos, recomendando a las entidades locales que identifiquen las causas estructurales y organizativas y las prácticas de gestión que originan su utilización, al objeto de que puedan adoptarse medidas para evitar la realización de gastos sin consignación presupuestaria o exigirse las responsabilidades que pudieran derivarse de dichos incumplimientos; finalmente, se recomienda la revisión de la figura del reconocimiento extrajudicial de crédito en el marco normativo presupuestario actual para que, en su caso, se recoja este procedimiento en una norma con rango de ley y se regulen los supuestos excepcionales en los que puede ser aplicado.

El contenido íntegro de este Informe (nº 1.321) se encuentra disponible en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).

Más información:
Marisol Gálvez
Directora de Comunicación
T. 91 592 09 95 / M. 649 275 686
marisol.galvez@tcu.es


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