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El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe de fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formalizados por los interventores locales de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Canarias y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, ejercicio 2016

22/01/20

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES CONTRARIOS A REPAROS FORMALIZADOS POR LOS INTERVENTORES LOCALES DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y LAS ANOMALÍAS DETECTADAS EN MATERIA DE INGRESOS, ASÍ COMO SOBRE LOS ACUERDOS ADOPTADOS CON OMISIÓN DEL TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN PREVIA, EJERCICIO 2016

  • La mayoría de las incidencias detectadas por el control interno se refieren a expedientes de contratación con omisión de requisitos o trámites esenciales.
  • Entre las recomendaciones que el Tribunal realiza a las entidades locales canarias destacan las dirigidas al fortalecimiento de su control interno (intervención y control financiero); así como, en relación con el reconocimiento extrajudicial de créditos, que identifiquen las causas estructurales y organizativas y las prácticas de gestión que originan su utilización, al objeto de que puedan adoptarse medidas para evitar la realización de gastos sin consignación presupuestaria o exigirse las responsabilidades que pudieran derivarse de dichos incumplimientos.

Madrid, 22 de enero de 2019.- Esta fiscalización, aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas ha tenido, entre sus principales objetivos: verificar el cumplimiento de la obligación de remitir la información al Tribunal sobre los acuerdos contrarios a reparos formulados por la Intervención local, los expedientes con omisión de fiscalización previa y las principales anomalías de ingresos; determinar las situaciones y causas concretas que dieron lugar a acuerdos contrarios a reparos formulados por la Intervención local, a expedientes con omisión de fiscalización previa y a las principales anomalías de ingresos; identificar las áreas de mayor riesgo en la gestión de las entidades locales que resulten de la información remitida por los órganos de Intervención; y detectar y analizar las áreas en las que se ha puesto de manifiesto de manera más significativa una falta de homogeneidad en los criterios y procedimientos aplicados por los órganos de Intervención en el ejercicio de su función y en su remisión al Tribunal de Cuentas. Igualmente se han valorado aquellos ámbitos en los que se ha apreciado una distinta tramitación por los órganos de las entidades locales competentes de los acuerdos contrarios al informe de Intervención o de los expedientes tramitados con omisión de fiscalización previa.

El ámbito subjetivo de esta fiscalización está integrado por 88 ayuntamientos, siete cabildos insulares y doce mancomunidades, además de aquellas otras entidades del sector público local de la Comunidad Autónoma adscritas o dependientes, sujetas a control interno bajo la modalidad de fiscalización previa.

Tras los resultados de la fiscalización, el Informe recoge una serie de conclusiones, entre ellas:

  • Respecto del cumplimiento de la obligación de remisión de la información, a 30 de septiembre de 2019, el 90% de los órganos de Intervención de los ayuntamientos de Canarias habían remitido la información correspondiente al ejercicio 2016. El nivel de cumplimiento en plazo representa el 66% de los envíos totales.

    Dos de los siete Cabildos Insulares (La Palma y Lanzarote) y el 36% de los ayuntamientos de población superior a 5.000 habitantes de Canarias habían establecido un sistema de fiscalización limitada previa; si bien, en el 29% de los Ayuntamientos, los respectivos Plenos no concretaron la comprobación de otros extremos de la gestión del gasto, además de que el crédito fuera adecuado y suficiente y que órgano gestor del gasto fuera, asimismo, competente. A su vez, de las entidades que establecieron este sistema de fiscalización previa, solo el 27% llevó a cabo un ejercicio del control financiero posterior, no incluyéndose entre ellas los dos Cabildos mencionados, lo que incumple lo establecido en el artículo 219 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), reduciéndose de forma significativa el alcance y la eficacia del control.

    En conjunto, la aplicación del control financiero tuvo un carácter residual, alcanzando únicamente al 6% de las entidades, lo que supone un incumplimiento del TRLRHL y pone de manifiesto una debilidad de los sistemas de control interno de estas entidades.

 

  • Del análisis de los acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización y anomalías de ingresos, el informe advierte que la mayoría de las incidencias se refieren a expedientes de contratación en los que se omitieron requisitos o trámites esenciales. Esto era debido, en su gran mayoría, a que la prestación se llevó a cabo cuando el anterior contrato había finalizado, pero no se había licitado ni formalizado uno nuevo. En estos expedientes se ha producido una vulneración de la normativa contractual, al carecer, de forma recurrente y prolongada en el tiempo, de contrato en vigor que habilitara las prestaciones que se estaban celebrando, en contra de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). La ausencia de contrato válidamente constituido da como consecuencia la existencia de actos que podrían adolecer de nulidad en virtud de lo establecido en el mencionado TRLCSP.

    También se tramitaron facturas derivadas de ejercicios anteriores que fueron imputadas en 2016 a través de reconocimientos extrajudiciales de crédito.

 

  • En cuanto al análisis del control interno efectuado sobre nueve entidades se han evidenciado carencias en los medios disponibles en los órganos de Intervención. Ninguna de estas entidades tenían provisto el puesto de Interventor de manera definitiva a 31 de diciembre de 2016, situación que se mantuvo idéntica a noviembre de 2018, habiéndose apreciado en la mayoría de ellas una insuficiencia e inadecuación del personal adscrito a la Intervención.

En el Informe también se formulan recomendaciones dirigidas, principalmente, al fortalecimiento de los órganos de control interno de las entidades locales, para que puedan ejercer de manera adecuada y suficiente las funciones de intervención y control financiero; asimismo, se pone el énfasis en las situaciones que originan el reconocimiento extrajudicial de créditos, recomendando a las entidades locales que identifiquen las causas estructurales y organizativas y las prácticas de gestión que originan su utilización, al objeto de que puedan adoptarse medidas para evitar la realización de gastos sin consignación presupuestaria o exigirse las responsabilidades que pudieran derivarse de dichos incumplimientos; finalmente, se recomienda la revisión de la figura del reconocimiento extrajudicial de crédito en el marco normativo presupuestario actual para que, en su caso, se recoja este procedimiento en una norma con rango de ley y se regulen los supuestos excepcionales en los que puede ser aplicado.

El contenido íntegro de este Informe (nº. 1.362) se encuentra disponible en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).

 

Más información:

Marisol Gálvez

Directora de Comunicación

T. 91 592 09 95 / M. 649 275 686

marisol.galvez@tcu.es


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