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El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe de fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formalizados por los Interventores locales de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, ejercicio 2016

21/03/19

Madrid, 21 de marzo de 2019.- Esta fiscalización aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas ha tenido, entre sus objetivos: verificar el cumplimiento de la obligación de remitir la información al Tribunal de Cuentas sobre los acuerdos contrarios a reparos formulados por la Intervención local, los expedientes con omisión de fiscalización previa y las principales anomalías de ingresos; determinar las situaciones y causas concretas que dieron lugar a acuerdos contrarios a reparos formulados por la Intervención local, a expedientes con omisión de fiscalización previa y a las principales anomalías de ingresos; identificar las áreas de mayor riesgo en la gestión de las entidades locales que resulten de la información remitida por los órganos de Intervención; detectar y analizar las áreas en las que se ha puesto de manifiesto de manera más significativa una falta de homogeneidad en los criterios y procedimientos aplicados por los órganos de Intervención en el ejercicio de su función y en su remisión al Tribunal de Cuentas. Asimismo, se han valorado aquellos ámbitos en los que se ha apreciado una distinta tramitación por los órganos de las entidades locales competentes de los acuerdos contrarios al informe de Intervención o de los expedientes tramitados con omisión de fiscalización previa.

La fiscalización se ha realizado sobre 45 ayuntamientos y 7 mancomunidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Tras la actividad fiscalizadora, el Informe recoge, entre otras, las siguientes conclusiones:

En relación con la obligación de remisión de información al Tribunal de Cuentas, la fiscalización señala que, a 20 de septiembre de 2018, el 89% de los órganos de Intervención de los ayuntamientos de la Región de Murcia, y el 57% de las mancomunidades, habían remitido la información correspondiente al ejercicio 2016. El nivel de cumplimiento en plazo representa el 52% de los envíos totales, y el de cumplimiento de todas las entidades de la Comunidad Autónoma se sitúa en un 83%; porcentaje sensiblemente superior al alcanzado por el conjunto de entidades del territorio nacional.

Por otra parte, el 57% de las entidades locales de la Región de Murcia que remitieron información comunicaron que no se produjeron acuerdos contrarios a reparos formulados por el órgano de Intervención, ni  expedientes con omisión de fiscalización o anomalías en la gestión de ingresos en el periodo fiscalizado.

El Informe recoge que la mayoría de las entidades locales desarrollaban una fiscalización limitada previa, que es el sistema que habitualmente aplican las entidades de mayor tamaño. Asimismo, el 46% de las mismas únicamente realizaban este control comprobando que la existencia de crédito era adecuado, así como que el órgano que generaba el gasto era competente; sin que existiera un acuerdo del Pleno en el que se definieran otros puntos adicionales -que se consideran transcendentales en el procedimiento de gestión de los expedientes de pago- y que, en consecuencia, se pudieran incluir como aspectos de comprobación en la fiscalización previa. Este hecho, que incumple lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), reduce significativamente el alcance y la eficacia del control.

Por otra parte, el control financiero posterior solo fue realizado por un 17% de las entidades, lo que pone de manifiesto, además de un incumplimiento del TRLRHL, una debilidad de los sistemas de control interno de estas entidades.

En relación al análisis de los acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización y principales anomalías de ingresos, de los 78 expedientes analizados, 33 estaban relacionados con gastos derivados de la prestación de servicios y suministros, sin la adecuada cobertura jurídica. Esto era debido, en su gran mayoría, a que la prestación se llevó a cabo cuando el anterior contrato había finalizado, pero no se había licitado ni formalizado uno nuevo. En consecuencia, en estos expedientes se ha producido una vulneración de la normativa contractual, al carecer, de forma recurrente y prolongada en el tiempo, de contrato en vigor que habilitara las prestaciones que se estaban celebrando, en contra de lo dispuesto en el TRLCSP. La ausencia de contrato válidamente constituido da como consecuencia la existencia de actos que podrían adolecer de nulidad en virtud de lo establecido en el mencionado TRLCSP.

En lo que respecta a los 45 expedientes restantes (40 de ellos, correspondientes al Ayuntamiento de Totana) se referían a la vulneración de prelación de pagos regulada por el artículo 135 de la Constitución Española y el artículo 14 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como por el Plan de Disposición de Fondos aprobado por el Pleno de la Entidad.

En relación a la posible responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se pudiera derivar de sus actuaciones en materia de contratación administrativa, el TRLCSP señala que se exigirá conforme a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), actualmente regulada en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, en la misma disposición decimonovena, se establece que la infracción o aplicación indebida de los preceptos contenidos en dicho Texto Refundido, por parte del personal al servicio de las Administraciones Públicas, cuando medie al menos negligencia grave, constituirá falta muy grave, cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en la materia. 

Sin embargo, en ninguno de los ayuntamientos analizados consta que se hayan iniciado actuaciones tendentes a depurar posibles responsabilidades.

Los gastos asociados a diez de estos expedientes fueron tramitados a través de reconocimientos extrajudiciales de crédito, con el objetivo de imputar al presupuesto de 2016 gastos de ejercicios anteriores derivados de prestaciones sin contrato (ayuntamientos de Águilas, Fortuna, Los Alcázares, San Pedro del Pinatar y Torre-Pacheco, aunque en el caso del Ayuntamiento de Jumilla correspondía a facturas generadas en el propio ejercicio 2016).

Asimismo, la fiscalización ha observado que, en el caso de los expedientes tramitados por los ayuntamientos de Águilas, Fortuna, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar, en el ejercicio en el que se habían realizado los gastos no se contaba con consignación presupuestaria suficiente y adecuada para su tramitación. De esto se deriva un incumplimiento del principio de anualidad, sancionado en el TRLRHL, en el que se señala que los compromisos de gastos adquiridos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados serán nulos de pleno derecho, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. Esta práctica está también tipificada como infracción muy grave en la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública.

La imputación de estas obligaciones al presupuesto del ejercicio siguiente mediante la figura del reconocimiento extrajudicial de crédito no convalida en sí mismo dichos actos ni depura posibles responsabilidades, sin perjuicio de la necesidad de abonar los servicios hechos por los terceros y evitar el enriquecimiento injusto de la Administración.

Además de los incumplimientos legales señalados, se ha puesto de manifiesto una debilidad en el sistema de control interno en relación con la contratación en las entidades mencionadas, caracterizada por la falta de vigilancia del lapso de tiempo transcurrido entre la finalización de un contrato y el inicio del expediente para la licitación del siguiente.

En relación con el análisis del control interno, dieciséis de las veinte entidades analizadas (el 80%) tenían establecido el sistema de fiscalización previa limitada, de las cuales, cuatro (ayuntamientos de Bullas, Fuente Álamo, Moratalla y Mula) únicamente realizaban las comprobaciones relativas a la adecuación y suficiencia del crédito y competencia del órgano, no extendiendo la fiscalización a extremos adicionales que debían haber sido acordados por el Pleno de la entidad según requiere el TRLRHL. El Ayuntamiento de Fortuna incluía en el control otros extremos aunque no constaba documento aprobado por el Pleno que así lo exigiera. 

De las dieciséis entidades que habían adoptado el sistema de fiscalización previa limitada, solo los ayuntamientos de Mazarrón y Jumilla emitieron el informe previsto en el TRLRHL, en el que se establece que debían ponerse de manifiesto al Pleno los resultados derivados del ejercicio de otra fiscalización plena sobre una muestra representativa de operaciones sujetas a dicho sistema de control previo.

El control interno, además de por la función interventora, está integrado por un control financiero posterior. Este control, exigido en el TRLRHL, únicamente fue desarrollado en el periodo fiscalizado por los ayuntamientos de Cartagena, Águilas, Lorca y Mazarrón. Por su parte, las otras dieciséis entidades no llevaron a cabo actuaciones de control financiero; lo que conlleva un sistema de control interno insuficiente, en cuanto a la comprobación del cumplimiento de los principios de buena gestión financiera.

Esta situación de debilidad fue más significativa en los ayuntamientos de Bullas, Fuente Álamo de Murcia, Moratalla y Mula, en tanto en estas entidades llevaban a cabo una fiscalización previa limitada en la que solo se comprobaba la adecuación y suficiencia del crédito y la competencia del órgano que generaba el gasto.

En relación con la fiscalización de los ingresos, el 65% de los ayuntamientos fiscalizados comunicaron la adopción de acuerdos, con vigencia en 2016, para sustituir su fiscalización previa por la inherente a la toma de razón en contabilidad y por actuaciones complementarias posteriores, en aplicación de lo dispuesto en el TRLRHL. Son los ayuntamientos de Los Alcázares, Alhama de Murcia, Cartagena, Fortuna, Jumilla, Lorca, Mazarrón, Murcia, San Pedro del Pinatar, Totana, Fuente Álamo de Murcia, Moratalla y Yecla, de los cuales, únicamente Fortuna y Jumilla elaboraron el informe relativo a dichas comprobaciones posteriores, lo que supone un incumplimiento del TRLRHL que exige la realización de actuaciones posteriores. Esta situación se ve agravada en los ayuntamientos de Los Alcázares, Alhama de Murcia, Murcia, Totana, Fuente Álamo de Murcia, Moratalla y Yecla, en tanto no llevaron a cabo el ejercicio del control financiero.

Los órganos de Intervención de los ayuntamientos de Alhama de Murcia, Cartagena, Fortuna, Jumilla, San Pedro del Pinatar y Torre-Pacheco, así como los de Los Alcázares y Lorca, que han comunicado la existencia de resoluciones contrarias a los reparos efectuados y anomalías de ingresos respectivamente, no elevaron al Pleno el informe comprensivo de estos expedientes, no dando cumplimiento a lo dispuesto en el TRLRHL.

En seis de los veinte ayuntamientos analizados -Lorca, Beniel, San Pedro del Pinatar, Totana, Bullas y Yecla‑, el órgano de Intervención tenía encomendadas, además de sus propias funciones, otras tareas relativas a la gestión económica y presupuestaria; lo que implica una disminución de la autonomía y de la objetividad que se requiere en el ejercicio de las funciones de control interno y fiscalización. En este sentido, la fiscalización señala que, en ocasiones, en el desarrollo de esas funciones supone el ejercicio de tareas que son entre sí incompatibles; especialmente en el caso de Lorca, en el que el órgano de Intervención asumía la función de contabilidad, contraviniendo  la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), en cuanto a que este Ayuntamiento tiene la consideración de municipio de gran población.

En la fiscalización se ha evidenciado que en el 80% de los casos el puesto de intervención no estaba provisto de forma definitiva al cierre del ejercicio 2016, porcentaje que se eleva al 85% a la fecha de cierre de los trabajos.

Las entidades han hecho un uso muy limitado del concurso para la provisión de las plazas vacantes reservadas a funcionarios con habilitación nacional, favoreciéndose la ocupación de estos puestos mediante nombramientos no definitivos; produciéndose, incluso, en porcentajes elevados y por periodos de tiempo elevados, su cobertura a través de nombramientos accidentales, los cuales, están previstos en la ley, únicamente, para casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.

Siete de los veinte ayuntamientos fiscalizados -Fortuna, Jumilla, Moratalla, Murcia, San Javier, Torre-Pacheco y Totana- carecían durante el periodo fiscalizado de una relación de puestos de trabajo (RPT) aprobada por el Pleno, incumpliendo la obligación establecida tanto en el Estatuto Básico del Empleado Público como en la LRBRL. Asimismo, y tras el examen sobre la suficiencia y adecuación del personal que está adscrito al órgano de Intervención, de las 20 entidades de la muestra, se ha deducido una carencia de medios personales debidamente cualificados.

Por último, el informe formula una serie de recomendaciones dirigidas, principalmente, al fortalecimiento de los órganos de control interno de las entidades locales, para que puedan ejercer de manera adecuada y suficiente las funciones de intervención y control financiero. Asimismo, se pone el énfasis en las situaciones que originan el reconocimiento extrajudicial de créditos, recomendando a las entidades locales que identifiquen las causas estructurales y organizativas y las prácticas de gestión que originan su utilización, al objeto de que puedan adoptarse medidas para evitar la realización de gastos sin consignación presupuestaria o exigirse las responsabilidades que pudieran derivarse de dichos incumplimientos. Finalmente, se recomienda la revisión de la figura del reconocimiento extrajudicial de crédito en el marco normativo presupuestario actual para que, en su caso, se recoja este procedimiento en una norma con rango de ley y se regulen los supuestos excepcionales en los que puede ser aplicado.

El contenido del presente Informe (nº 1.315) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).

 

Más información:

Marisol Gálvez

Directora de Comunicación

T. 91 592 09 95 / M. 649 275 686

marisol.galvez@tcu.es

 


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