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El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2017

27/08/19

Fiscalización a iniciativa del Tribunal de Cuentas

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL, EJERCICIO 2017

  • Un 60% de las entidades locales rindieron las cuentas de 2017 en plazo y, a 31 de diciembre de 2018, las habían rendido el 75% del total; porcentajes insuficientes, aunque similares a los del ejercicio 2016, con un 61% y un 76%, respectivamente.
  • No se habían remitido los expedientes relativos a un volumen significativo de contratos y convenios, que figuraban en las correspondientes relaciones anuales.
  • Ante la falta de cumplimiento de algunas de sus recomendaciones, el Tribunal las reitera y resalta la necesidad perentoria de que, por parte del gobierno y de los ministerios competentes, se proceda a la aplicación de la retención en los tributos del Estado que corresponda a las entidades locales que incumplan la obligación de rendir las cuentas generales, y de que se promueva la iniciativa legislativa oportuna para establecer como requisito, para el acceso a las subvenciones o ayudas públicas por las entidades locales, estar al corriente en la rendición de cuentas.

Madrid, 27 de agosto de 2019.- Este informe, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, recoge los resultados de los análisis y comprobaciones realizados sobre las cuentas generales correspondientes al ejercicio 2017 rendidas por las entidades locales, directamente a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales (www.rendiciondecuentas.es) o bien a través de otras Instituciones, así como sobre la información relativa a los contratos y convenios celebrados por las entidades locales durante el ejercicio 2017, además de los acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización previa y anomalías detectadas en materias de ingresos del mismo periodo.  Entre otros, los objetivos de la fiscalización han consistido en examinar:

  • La composición del censo del sector público local y el cumplimiento de la obligación de rendición de las cuentas generales del ejercicio 2017.
  • El cumplimiento de los plazos previstos en la normativa para la aprobación de los presupuestos y para la formación, aprobación y rendición de la cuenta general.
  • La integridad y coherencia de la información contenida en las cuentas rendidas.
  • El cumplimiento, por parte de estas entidades, del envío al Tribunal la información en materia de contratación y de convenios, así como, por parte de los órganos de Intervención de las entidades locales, la información sobre el sistema de control interno de las entidades locales.

Asimismo, se han realizado análisis específicos sobre las áreas de endeudamiento, empresas públicas locales y de indicadores financieros y presupuestarios de las cuentas rendidas y se ha efectuado el seguimiento de las recomendaciones del Tribunal en el anterior Informe de fiscalización del Sector Público Local y de las resoluciones de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Tras la fiscalización, el informe recoge, entre otras, las siguientes conclusiones:

  • En relación a las cuentas generales de las entidades locales

El número de entidades obligadas a rendir cuentas del ejercicio 2017 ascendía a un total de 12.935 entidades locales, que además tenían 2.769 entidades dependientes o adscritas, en su mayor parte sociedades mercantiles y organismos autónomos, sin incluir las entidades instrumentales del País Vasco y Navarra.

Los plazos de rendición de las cuentas generales resultan excesivamente dilatados y, en el caso de las Comunidades Autónomas de Madrid, Castilla y León y Andalucía, el plazo de rendición al respectivo Órgano de Control Externo (31 de octubre del ejercicio posterior) difiere del plazo de la normativa estatal (15 de octubre del ejercicio siguiente), lo que afecta a la homogeneidad de la información sobre dicha rendición.

El 60% de las entidades locales del territorio nacional, excluidas las del País Vasco y Navarra, rindieron la cuenta general dentro del plazo legal y, a 31 de diciembre de 2018, habían rendido cuentas el 75% del total; porcentajes similares a los del ejercicio anterior, con un 61% y un 76%, respectivamente, aunque se consideran insuficientes.

Por comunidades autónomas, los niveles más bajos de rendición correspondían a Andalucía, tanto en plazo (un 29%) como al término del ejercicio siguiente (un 40%), mientras que los niveles más altos de rendición son los de la Comunitat Valenciana y Aragón, comunidades que tenían establecidas medidas legales que condicionan la concesión de subvenciones o ayudas públicas al cumplimiento de la obligación de rendir cuentas.

  • En relación con las magnitudes presupuestarias, económicas y patrimoniales agregadas del sector local

El presupuesto definitivo del conjunto de las entidades locales que han remitido sus cuentas de 2017 ha sido de 58.255 millones de euros. Las obligaciones reconocidas fueron de 45.869 millones, con una ejecución presupuestaria del 79%, llegando la realización de pagos del ejercicio corriente al 90% de aquellas.

Los principales gastos del ejercicio de las entidades locales correspondían a gastos de personal, así como en bienes corrientes y servicios, con un 30% y un 31% del total, respectivamente, llegando las transferencias corrientes y de capital realizadas a un 20% y las inversiones al 10% del total.

Para las entidades que rindieron cuentas de los tres últimos ejercicios, los gastos realizados en 2017 se incrementaron en un 2% respecto al ejercicio anterior, si bien los gastos financieros y de amortización de deudas disminuyeron en un 12% y un 11%, respectivamente, manteniendo la tendencia a la reducción del endeudamiento.

Los gastos pendientes de aplicar a presupuesto se redujeron en un 5% y los pagos pendientes de aplicación en un 7%, aunque el descenso fue menor que en 2016.

Por lo que se refiere a los ingresos del ejercicio, procedían fundamentalmente de las transferencias corrientes, especialmente las procedentes del Estado, y los impuestos directos, destacando entre estos los ingresos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Del total de deudores pendientes de cobro al inicio del ejercicio, se recaudaron a lo largo del mismo el 24%, se anuló o canceló el 7% y permanecía pendiente de cobro, al cierre del ejercicio, el 69%. Las cancelaciones por insolvencias se incrementaron un 43%, mientras que las bajas por prescripción disminuyeron en un 12%.

El resultado presupuestario ajustado, para el conjunto de entidades locales que rindieron las cuentas del ejercicio 2017, se incrementó un 14% respecto al ejercicio anterior. El ahorro bruto y neto supuso un 24% y un 15%, respectivamente, de los ingresos corrientes del ejercicio. También presentaban valores superiores a los del ejercicio 2016 el resultado agregado, el remanente de tesorería y el fondo de maniobra, lo que denota una situación financiera de solvencia a corto plazo positiva.

Por su parte, el endeudamiento de las entidades locales había disminuido un 11% respecto al ejercicio anterior y un 23% en relación con el ejercicio 2015. El mayor nivel de deuda correspondía a los ayuntamientos de mayor población, especialmente el de Madrid, y a varias diputaciones provinciales, como la de Barcelona.

  • En relación con las entidades dependientes y adscritas al sector público local

Las entidades locales dependientes y adscritas, excluidas las del País Vasco y Navarra, presentaban un nivel de cumplimiento de la obligación de remisión de las cuentas, a 31 de diciembre de 2018, del 70%, superior al del ejercicio anterior.

Las aportaciones de las entidades locales, a favor de sus entidades dependientes o adscritas, ascendieron a un total de 4.757 millones de euros, de los que 3.355 millones correspondían a los ayuntamientos. En cuanto a la situación financiera de las empresas públicas locales, la fiscalización muestra que continúa existiendo un número significativo de empresas en situación de disolución o sin actividad o bien con importe neto de la cifra de negocios igual a cero. Además, un 25% del total de empresas presentaban pérdidas y un 9% tenían un patrimonio inferior a la mitad del capital social, lo que supone una causa de disolución. Pese a ello, el número total de empresas se había incrementado un 2,5% en 2017.

No obstante, en general, la situación de liquidez y de solvencia a corto plazo de las sociedades mercantiles y de las entidades públicas empresariales dependientes de las entidades locales era adecuada, presentando una situación financiera favorable.

  • En relación con la contratación pública y los convenios suscritos

De forma mayoritaria, las entidades locales incumplieron la obligación de remitir en plazo las relaciones anuales de contratos formalizados, habiéndolas presentado el 33% de las entidades dentro de la fecha límite prevista y el 32% fuera de plazo, mientras que el 35% restante no las había presentado.

Por otra parte, se ha detectado que en un total de 1.158 contratos, por importe de 1.485 millones de euros, que figuraban en las relaciones anuales presentadas, las entidades locales no habían cumplido la obligación de remisión del expediente de contratación, excediendo su importe los límites que hacían preceptiva su remisión.

En cuanto al cumplimiento de la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas las relaciones de convenios suscritos durante 2017 -este es el primer ejercicio en el que dicho envío era obligatorio-, el 8% de las entidades las remitieron dentro de plazo y un 16% lo hicieron fuera de plazo; por lo que el 76% restante de las entidades locales incumplieron con la citada obligación.

Por otra parte, respecto a 210 convenios, que figuraban en las relaciones anuales y cuyos compromisos económicos ascendían a un total de 806 millones de euros, se incumplió la obligación de remisión del respectivo expediente, excediendo su importe los límites que hacían preceptivo el envío de dicha documentación.

  • En relación con los acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización previa y principales anomalías en la gestión de ingresos

El nivel de cumplimiento de la obligación de remisión, por parte de los órganos de la Intervención local, de la información relativa a los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos, expedientes tramitados con omisión de la fiscalización previa preceptiva y de las principales anomalías en materia de ingresos, fue de un 36%, en plazo, y de un 59%, a 31 de diciembre de 2018.

En un 81% de las entidades locales de las que se había recibido información, no se habían producido acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización previa ni anomalías en materia de ingresos.

La mayoría de los órganos de Intervención de las entidades locales desarrollaba una fiscalización previa de carácter pleno sobre todos los actos de carácter económico; y el 32% de las entidades tenían implantado un sistema de fiscalización previa limitada, referida básicamente a la existencia de crédito adecuado y suficiente y a la competencia del órgano que generaba el gasto, de las cuales solo el 17% desarrollaba actuaciones de control financiero posterior sobre los aspectos no controlados a priori. La fiscalización señala que, si bien todos los ayuntamientos de más de  500.000 habitantes tenían implantada esta modalidad de control, solo el 8% de las intervenciones de estas entidades realizaban actuaciones de control financiero.

En total, los interventores comunicaron 45.391 acuerdos y resoluciones contrarios a reparos, por importe acumulado de 2.121 millones de euros; la mayoría de los cuales correspondían a expedientes de contratación. Asimismo, comunicaron un total de 12.370 expedientes tramitados con omisión de la fiscalización previa, por importe de 440 millones de euros, correspondiendo, asimismo, en su mayoría a expedientes de contratación. Por su parte, las anomalías comunicadas en materia de ingresos, que supusieron 2.229 envíos, por importe de 278 millones de euros, se referían en su mayor parte a ingresos tributarios.

  • En relación con el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el anterior informe de fiscalización del sector público local

La mayor parte de las recomendaciones contenidas en el Informe de fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2016, que se vienen reiterando en anteriores informes anuales sobre el ámbito local, y que han sido asumidas por la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, presentan un escaso grado de cumplimiento.

En concreto, los resultados del seguimiento de recomendaciones son los siguientes: 

  • No han sido cumplidas, o lo han sido parcialmente, las relativas a la homogeneización, en la normativa estatal y autonómica, de los plazos de rendición de cuentas de las entidades locales y a la reducción de los mismos. Tampoco se han cumplido las relativas a las actuaciones que promuevan la rendición de cuentas, como su establecimiento como requisito para el acceso a subvenciones o ayudas públicas o la adopción de medidas inmediatas, por los órganos de la Administración, para hacer efectiva la rendición.
  • Se considera insuficientemente cumplida la recomendación de establecer medidas para garantizar que el presupuesto constituya un auténtico instrumento de planificación, gestión y toma de decisiones, al aprobarse en muchos casos ya iniciado el ejercicio.
  • En cambio, se encontraban en proceso de implantación las recomendaciones relativas a: la mejora de la gestión en relación con los acreedores pendientes de imputación a presupuesto y los pagos pendientes de aplicación, al haber disminuido su utilización durante el ejercicio 2017.

En anteriores informes anuales del sector público local se formulan, de manera reiterada, diversas recomendaciones que, en su mayor parte, se encuentran incumplidas o pendientes de implantación definitiva, por lo que el Tribunal las reitera en aras de la mejora de la planificación, gestión, rendición de cuentas y control sobre la actividad económico-financiera de las entidades locales. Y, de forma especial, en tanto esas recomendaciones se encuentren pendientes de implantación, el Tribunal destaca la necesidad perentoria de que, por parte del Gobierno y de los Ministerios competentes, se proceda a la aplicación de la retención en los tributos del Estado que corresponda a las entidades locales que incumplan la obligación de rendir las cuentas generales, y de que se promueva la iniciativa legislativa oportuna para establecer como requisito, para el acceso a las subvenciones o ayudas públicas por las entidades locales, estar al corriente en la rendición de cuentas.

El contenido del presente Informe (nº 1.336) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es)

Más información:

Marisol Gálvez
Directora de Comunicación
T. 91 592 09 95 / M. 649 275 686
marisol.galvez@tcu.es

 


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