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El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe de fiscalización del grado de cumplimiento por AENA, S.M.E. s.a., SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo, Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, S.A. e Ingeniería y Economía del Transporte S.M.E., M.P., S.A. de las principales recomendaciones incluidas en los informes de fiscalización

14/06/19

Madrid, 14 de junio de 2019. Este Informe, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, ha tenido como objetivo general analizar el grado de cumplimiento de las 20 recomendaciones realizadas por el Tribunal en cuatro informes de fiscalización, en relación con las siguientes entidades públicas: AENA, SEPES, Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, e INECO.

Tras la actividad fiscalizadora, el Informe recoge, entre otras, las siguientes conclusiones:

En relación con las dos recomendaciones que incluía el Informe de fiscalización de las operaciones patrimoniales y de constitución de Aena Aeropuertos, S.A., la fiscalización considera que ambas se encuentran en proceso de cumplimiento:

  • La primera recomendación se refería al incremento de la colaboración entre AENA y las entidades del sector público estatal y local, así como con los registros públicos para agilizar el proceso de inscripción de las fincas que conforman los 40 recintos portuarios a nombre de la sociedad. Hasta la fecha de redacción de este Informe, la superficie pendiente de inscribir era de un 11 % del total. La fiscalización ha observado que AENA ha conseguido avances importantes en la regularización de su propiedad y, además, ha iniciado trabajos para delimitar físicamente terrenos de su propiedad con el objetivo de tener una correcta definición de la misma.
  • Respecto a la segunda, referida al inventario de fincas que componen los recintos aeroportuarios, se ha constatado que AENA mantiene un inventario actualizado sobre cada uno de los aeropuertos, en el que se pueden consultar los datos relevantes de cada uno de ellos. Por otra parte, la Sociedad está implementando la integración de toda la información en el SIGRA -herramienta corporativa del ámbito aeroportuario-, cuya principal finalidad es proporcionar una visión espacial y geográfica de las actividades y servicios propios de AENA.

En relación con las seis recomendaciones que formulaba Informe de fiscalización de las inversiones en empresas del grupo y asociadas a lo largo del inventario del patrimonio inmobiliario de SESPES Entidad Pública Empresarial de Suelo, ejercicio 2010 y 2011. En esta fiscalización se concluye que cuatro de ellas se han cumplido, una está en proceso de ser cumplida y la sexta no se ha cumplido:

  • La primera señalaba que SEPES estableciera un procedimiento para asegurar que los estudios de viabilidad de los proyectos fueran elaborados con rigor y que sirvieran como instrumento de apoyo a la hora de decidir realizar o no una actuación concreta. En noviembre de 2012, la entidad creó la Unidad de Viabilidad y Control de Proyectos, cuya principal función es analizar la viabilidad técnica y económica de las propuestas de nuevas actuaciones, desde un punto de vista de estabilidad presupuestaria y de eficiencia de las inversiones. Asimismo, en octubre de 2015 elaboró un borrador de “Manual de procedimiento para el desarrollo de nuevas actuaciones urbanísticas” que está aún pendiente de aprobación definitiva y que no se ha podido poner en práctica al no haber iniciado SEPES nuevas actuaciones urbanísticas; y desde 2017 SEPES cuenta con un plan anual de actuación que establece una estrategia global para la selección de actuaciones urbanísticas a realizar. La recomendación ha sido considerada en proceso de ser cumplida.
  • La segunda señalaba que la Entidad debía adoptar medidas para que de su sistema informático se pudiera obtener un inventario completo y detallado de todas las superficies de su propiedad, valorado contablemente. Se ha comprobado que SEPES cuenta con un Inventario completo y valorado que queda registrado en su aplicación informática. Por tanto, la recomendación se ha cumplido.
  • La tercera señalaba que SEPES debería impulsar trabajos de regularización patrimonial de sus actuaciones para valorar las actuaciones lucrativas, reconocer el deterioro de las de dudosa realización y registrar las bajas de las que fueran totalmente desestimadas, así como que adoptara medidas comerciales para incentivar la venta de parcelas. SEPES ha realizado trabajos de regularización patrimonial con su propio personal y efectuó, en 2011, el primer test de deterioro y durante todos los ejercicios del periodo fiscalizado ha analizado el deterioro de sus actuaciones, que a 31 de diciembre de 2017, ascendía a 158 millones de euros. La recomendación se ha considerado cumplida.
  • La cuarta señalaba que SEPES debía revisar el Manual de procedimientos para establecer con claridad criterios que permitieran delimitar los gastos activables y sistemas que evitasen las activaciones improcedentes, así como la alteración de los costes de inversión de las actuaciones urbanísticas. En 2013, SEPES implantó un Procedimiento de Imputación de Costes relativos a sus actuaciones en el que se recogen las distintas fases, personas y funciones a realizar para imputar los costes directos, realizados y pendientes de realizar. Se ha comprobado que las principales activaciones de gastos se han realizado ajustándose al procedimiento establecido. La recomendación se ha
  • La quinta se refería a que SEPES estableciera un procedimiento de control de la gestión de sus sociedades del grupo y asociadas, con el fin de prevenir situaciones de administración irregular. La fiscalización ha podido constatar que, si bien SEPES no ha establecido un procedimiento escrito, la Dirección Económico-Financiera ha venido ejerciendo un control financiero y presupuestario respecto de dichas sociedades. Además, con antelación a la celebración de las Juntas Generales y de las reuniones de sus Órganos de Administración, SEPES solicita a las Entidades la información relacionada con los asuntos a tratar. La recomendación se ha considerado cumplida.
  • La sexta señalaba la conveniencia de que se extinguiese mediante Real Decreto el Consorcio Río San Pedro, sin actividad desde diciembre de 1998. A pesar de que en el periodo 2012-2017 SEPES y el Ministerio de Fomento han mantenido conversaciones para determinar las posibles vías distintas al Decreto que posibilitaran la extinción del Consorcio, desde 2016 no se ha producido ningún avance que lleve a presumir que la extinción del Consorcio vaya a efectuarse próximamente, por lo que se ha considerado la recomendación como no cumplida.

En relación con las cinco recomendaciones que formulaba el Informe de fiscalización de la gestión realizada por la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, S.A., del Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radioactivos, ejercicios 2010 y 2011. Esta fiscalización concluye que solo se ha cumplido una:

  • La primera señalaba que en la regulación del Fondo para la financiación del PGRR se incluyeran disposiciones que obligasen a revisar anualmente los elementos tributarios de las dos tasas que recaen sobre las empresas titulares de las centrales nucleares, en función de las necesidades de financiación futura. Aunque en la disposición adicional sexta de la Ley 54/1997 se establece la posibilidad de que los tipos de gravamen y elementos tributarios de estas tasas sean revisados por el Gobierno mediante RD, a la fecha de redacción de este Informe no se habían establecido nuevas disposiciones normativas que obligasen a revisar anualmente los elementos tributarios de las dos tasas que recaen sobre las empresas titulares de las centrales nucleares. Por ello, se ha considerado la recomendación como no cumplida.
  • En la segunda se proponía la internalización, por las empresas titulares de las centrales nucleares, de los costes por asignaciones a ayuntamientos e impuestos medioambientales que, a pesar de estar asociados a la actividad de generación de energía nucleoeléctrica, se venían cargando anualmente desde su implantación al Fondo para la financiación de las actividades del PGRR. A la fecha de redacción de este Informe no se había producido la citada internalización, sino que estos gastos se han seguido cargando al Fondo para la financiación del PGRR, por lo que la recomendación se ha considera como no cumplida.
  • La tercera establecía que ENRESA debía cargar, al fondo imputable a las centrales nucleares en explotación, los costes soportados por asignaciones a ayuntamientos afectados por las centrales nucleares e instalaciones de almacenamiento de combustible gastado o residuos radioactivos que se venían repartiendo entre los cuatro fondos en los que se desglosa el Fondo para la financiación de las actividades del PGRR. A partir de junio de 2015, la Entidad imputa los costes tal como se formulaba en la recomendación. Por tanto, se considera cumplida.
  • La cuarta señalaba la necesidad de articular un procedimiento formal de comunicación entre ENRESA y la CNMC que permitiera a aquella contrastar los elementos que integran las bases imponibles de las tasas que recaen sobre las empresas titulares de las centrales nucleares, así como de los registros correspondientes del sistema eléctrico. En enero de 2010 ENRESA solicitó a la Comisión Nacional de la Energía (actualmente CNMC) información sobre la facturación de las compañías distribuidoras de peajes; la Comisión señaló la imposibilidad de facilitar esa información, al entender que era obtenida por dicha Comisión para otros fines ajenos a los relativos a la gestión de la tasa por la prestación de servicios de gestión de residuos radioactivos. Esta recomendación, por tanto, no está cumplida.
  • La quinta señalaba e que se completase la regulación de la gestión y la financiación de los residuos generados en la utilización de radioisótopos en medicina, industria, agricultura e investigación, que se recogía de forma residual en la regulación eléctrica. Además, se consideraba necesario que se garantizara la cobertura total de los costes en que se pudiera incurrir con posterioridad al cese y desmantelamiento de las instalaciones nucleoeléctricas. A la fecha de redacción de este Informe no se han desarrollado nuevas regulaciones en este ámbito, por lo que la recomendación no se ha cumplido.

En relación con las siete recomendaciones que formulaba el Informe de fiscalización de la actividad de INECO como medio propio y servicio técnico y como empresa asociada en el marco de la normativa de contratación aplicable a las empresas estatales (RDL 3/2011 y Ley 31/2007), tres se han cumplido, dos se han considerado en proceso de ser cumplidas y otras dos como no cumplidas.

  • La primera consideraba que INECO debería tener la documentación de cada proyecto centralizada y ubicada en la herramienta informática que utiliza para su archivo. Se ha comprobado que la Sociedad ha incluido dentro de sus procedimientos la obligatoriedad de utilizar una unidad de su red informática, que tiene estructura de archivos por año, por proyecto y por tipo de documento; esta unidad de red así organizada contiene toda la documentación administrativa y técnica de cada proyecto. La recomendación se considera cumplida.
  • La segunda consideraba que INECO debía modificar sus Estatutos con el objetivo de limitar su actuación, como medio propio, a las actividades de su objeto social relacionadas con su especialidad, aspectos técnicos de ingeniería. Sin embargo, a la fecha de redacción de este Informe, la Sociedad no había modificado sus Estatutos en línea con lo recomendado, por lo que la recomendación no está cumplida.
  • La tercera señalaba la necesidad de que los poderes adjudicadores a los que sirve INECO establecieran procedimientos de autorizaciones y controles, en la línea de control análogo de sus propios servicios, que garantizasen que las decisiones importantes y los objetivos estratégicos de la sociedad se toman bajo la influencia decisiva de aquellos. A la fecha de redacción de este Informe, no se habían establecido sistemas de autorización y control que garantizaran que las decisiones importantes y los objetivos estratégicos se tomaran por los poderes adjudicadores de los que depende INECO. En consecuencia, esta se ha considerado no cumplida.
  • En la cuarta se consideraba aconsejable que INECO estudiara la posibilidad de implantar herramientas de colaboración con las entidades a las que sirve como medio propio o empresa asociada, de tal forma que estas pudieran tener mejor control de los proyectos que encargan a la citada Sociedad. Desde diciembre de 2018 INECO ha puesto en servicio una herramienta colaborativa que, bajo su entorno o el de sus clientes, pretende facilitar el acceso de toda la información y documentación generada por los agentes participantes en cada proyecto; aunque esta implantación se ha verificado después del envío para alegaciones, la recomendación se ha considerado en proceso de ser cumplida.
  • La quinta señalaba que, para garantizar que se respeta el principio de libre concurrencia cuando INECO no actúe como medio propio y empresa asociada, su contabilidad analítica debía aportar información separada del negocio correspondiente a su actuación como medio propio o empresa asociada respecto del resto de su actividad, permitiéndole controlar que con los beneficios en actividades excluidas de la competencia no se financien otras actividades realizadas en el mercado. Se ha comprobado que la contabilidad analítica identifica totalmente los costes, los ingresos y los márgenes de cada proyecto y permite distinguir el negocio que INECO desarrolla con sus poderes adjudicadores, excluido de la competencia, del que se realiza en mercado. Por tanto, la recomendación está cumplida.
  • La sexta consideraba que, para garantizar el control por INECO de los límites para la subcontratación o para la contratación con terceros de tareas encomendadas, debía incluir en su sistema informático de una alerta, aviso o prohibición que permita controlar esos límites cuando sean inferiores al límite general. Se ha comprobado que en la herramienta “Gestión de Proyectos de Expedientes de Compras” en la que la Sociedad registra todos los expedientes de compras a la firma del contrato con el cliente, figura si en ese proyecto va a existir subcontratación o contratación con terceros y, en caso afirmativo, el porcentaje establecido en el contrato. Aunque a la fecha de redacción del Informe no contenía una alerta, aviso o prohibición que permitiera de manera automática comprobar el cumplimiento de los límites para la subcontratación o para la contratación con terceros de tareas encomendadas cuando sus clientes los han establecido inferiores al límite general, en el trámite de alegaciones INECO ha acreditado que está desarrollando para ello un nuevo programa que se encuentra en fase de prueba. Por ello, la recomendación se ha considerado en proceso de ser cumplida.
  • La séptima señalaba la conveniencia de que el límite general a la subcontratación que establecen las instrucciones internas de contratación de INECO figurase en una norma de rango legal o en los Estatutos de la Sociedad. La nueva LCSP establece explícitamente en el artículo 32.7 b) un límite general a la subcontratación del 50 %, por lo que se ha considerado cumplida la recomendación.

El contenido del presente Informe (nº 1.324) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).

 

Más información:

Marisol Gálvez

Directora de Comunicación /T. 91 592 09 95 / M. 649 275 686/ marisol.galvez@tcu.es


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