Abril 2018

BALANCE DE LA ACTIVIDAD DE LA SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO EN 2017

Durante 2017, la jurisdicción contable impuso, así mismo, condenas por responsabilidad contable por más de  9,3 millones de euros que se reintegrarán en el Erario Público. De la citada cantidad: 5.500.000 corresponden a sentencias en primera instancia, 3.500.000 en segunda instancia, y 342.000 euros en los procedimientos de única instancia.

Por otra parte, y frente a los datos de 2016, durante el pasado año el número de asuntos pendientes en la Sección de Enjuiciamiento disminuyó en un 21,61%.

Junto con la actividad de Fiscalización, el Tribunal de Cuentas ejerce una función de Enjuiciamiento contable -de naturaleza jurisdiccional-. Con esta actividad, la Institución tiene la potestad de exigir responsabilidades económicas a aquellas personas que se ocupan de gestionar o administrar bienes o fondos públicos, cuando de su labor se hayan podido derivar daños sobre este patrimonio público. Esta función, que es competencia exclusiva del Tribunal de Cuentas, también es ejercida por la Institución sobre aquellas personas o entidades, públicas o privadas, que reciban subvenciones, créditos, avales u otras ayudas procedentes del sector público. Por otra parte, esta actividad de enjuiciamiento contable es compatible con la que, sobre estos mismos hechos, pueda llevar a cabo la jurisdicción penal.

Asimismo, tras la detección de indicios de presuntas responsabilidades contables, durante 2017 la Sección de Enjuiciamiento de la Institución tramitó un total de 201 diligencias preliminares. De estas, 47 procedían de Informes de fiscalización tramitados por el Tribunal de Cuentas,  87 de Informes de los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas y las 67 restantes fueron promovidas por otras Instituciones públicas o denuncias de origen diverso

En cuanto a las 147 actuaciones previas tramitadas durante 2017, desglosadas por sectores y ámbito territorial, cabe señalar que: 18 de los procedimientos han correspondido al sector público estatal, incluyendo la Seguridad Social; 48 al sector público autonómico; y 81 al sector público local.

Como consecuencia de las  actuaciones previas que fueron resueltas durante el pasado ejercicio, la Sección de Enjuiciamiento ha iniciado 218 procedimientos de responsabilidad contable.

En cuanto a la actividad de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas^[1]  cabe señalar que tramitó un total de 58 recursos -incluyendo los de apelación y otros varios-, y resolvió 55; de estos, 36 mediante sentencias y 19 autos. Entre las sentencias más relevantes de las dictadas durante el pasado año, se encuentran, entre otras, las relativas a subvenciones indebidas y actuaciones irregulares en la gestión de los fondos públicos.

Entre las primeras, cabe señalar la sentencia que fue ratificada el 6 de noviembre de 2017. En ella, la Sala de Justicia desestimó el recurso presentado contra la resolución del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y que ponía fin a un expediente administrativo de responsabilidad contable incoado, en el que se exigían más de 341.000 euros; cuantía consecuencia del hecho de que el responsable había dejado trascurrir el plazo de prescripción, a efectos del reintegro de subvenciones indebidas a una productora cinematográfica. La Sala consideró que el recurrente confundía la prescripción en el reintegro de la subvención al perceptor, con la fecha del plazo de prescripción para la exigencia de responsabilidad contable contra funcionarios o servidores públicos por haber dejado transcurrir aquel plazo de prescripción inicial.  Por tanto, para exigir la responsabilidad a estos gestores, la Sala de Justicia señaló que la fecha a considerar no es la del otorgamiento de la subvención, sino la que se refiere al momento en el que ya no se puede pedir su reintegro al perceptor.

Por otra parte, es destacable la sentencia ratificada por la Sala de Justicia el 6 de junio de 2017 por la que se condenaba a un alcalde, un interventor y un tesorero de un ayuntamiento de Asturias al pago de 132.095 euros, por incumplimiento de sus deberes como custodios de fondos públicos.