Julio / septiembre de 2019

FISCALIZACIÓN: ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA

SECTORES PÚBLICOS AUTONÓMICO Y LOCAL

Estas fiscalizaciones, que el Tribunal realiza por iniciativa propia, tienen como objetivo poner de manifiesto la actividad de la gestión económico-financiera del sector público, tanto en el ámbito territorial autonómico como local.

COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS

Respecto al informe de fiscalización del sector autonómico, muestra los resultados relativos a la rendición de cuentas y remisión de contratos, la ejecución presupuestaria, la situación patrimonial y la gestión en las áreas de endeudamiento, avales, operaciones de crédito, gasto sanitario y contratación pública desde la perspectiva del sometimiento a los principios de legalidad, estabilidad presupuestaria, eficiencia y economía, todo ello referido al ejercicio 2016. Esta información puede ampliarse con los informes anuales de fiscalización, ejercicio 2016, aprobados por el Pleno del Tribunal en relación con las Comunidades de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y la Región de Murcia y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, con los informes sobre las universidades de las CCAA citadas, así como con el Informe de fiscalización de la contratación de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas sin órgano de control externo propio, ejercicios 2016 y 2017. Igualmente, puede complementarse con los Informes aprobados por los correspondientes OCEX referentes al ejercicio 2016 de sus respectivas CC.AA. y los informes específicos realizados por estos órganos. Para ofrecer una mayor información se incluyen en cada una de las áreas citadas anteriormente, las incidencias y observaciones más relevantes que pudieran haber resultado de la fiscalización efectuada por el Tribunal y por los OCEX.

Esta fiscalización recoge, asimismo, apartados específicos con los resultados relativos a las participaciones en los Fondos de Compensación Interterritorial, para todas las CC.AA. y las Ciudades Autónomas que reciben estos recursos y los referentes al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Por otra parte, con el objetivo de obtener y proporcionar unos resultados fiscalizadores lo más amplios y homogéneos, además de las Administraciones Generales, esta fiscalización ha abarcado el análisis de empresas, fundaciones y consorcios públicos autonómicos, así como de las universidades públicas pertenecientes a este sector.

ENTIDADES LOCALES

El número de entidades obligadas a rendir cuentas del ejercicio 2017 ascendía a un total de 12.935 entidades locales; que, además, tenían 2.769 entidades dependientes o adscritas, en su mayor parte sociedades mercantiles y organismos autónomos, sin incluir las entidades instrumentales del País Vasco y Navarra. Un 60% de las entidades locales rindieron las cuentas de 2017 en plazo y, a 31 de diciembre de 2018, las habían rendido el 75% del total; porcentajes insuficientes, aunque similares a los del ejercicio 2016, con un 61% y un 76%, respectivamente.

Este informe de fiscalización del sector público local, correspondiente al ejercicio 2017, recoge los resultados del análisis y comprobaciones realizadas sobre las cuentas generales rendidas por las entidades locales; así como, de las magnitudes presupuestarias, económicas y patrimoniales agregadas de este sector. Asimismo, analiza la actividad contractual y los convenios suscritos por estas entidades; sobre ambas, el informe destaca cómo las entidades locales no han cumplido con su obligación de remitir al Tribunal de Cuentas un total de 1.158 contratos, por un importe de 1.485 millones de euros; y un incumplimiento, en el caso de los convenios de la remisión de los expedientes de 210 convenios cuyos compromisos económicos ascendían a 806 millones de euros.

Los acuerdos contrarios a reparos, los expedientes tramitados con omisión de la fiscalización previa que es preceptiva, y de las principales anomalías en materia de ingresos, también ha sido objeto de análisis en esta fiscalización. En este punto, el Tribunal señala en su informe que en total, los interventores comunicaron 45.391 acuerdos y resoluciones contrarios a reparos, por importe acumulado de 2.121 millones de euros, la mayoría de los cuales correspondían a expedientes de contratación. Asimismo, comunicaron un total de 12.370 expedientes tramitados con omisión de la fiscalización previa, por importe de 440 millones de euros, correspondiendo, asimismo, en su mayoría a expedientes de contratación. Por su parte, las anomalías comunicadas en materia de ingresos, que supusieron 2.229 envíos, por importe de 278 millones de euros, se referían en su mayor parte a ingresos tributarios.

Por último, la fiscalización, que dedica parte de su análisis al seguimiento de las recomendaciones formuladas en el anterior informe del sector público local, correspondiente al ejercicio 2016, señala el escaso cumplimiento de estas por parte de las entidades fiscalizadas. A raíz de este resultado, así como, ante el hecho de que en anteriores informes anuales se formulan de manera reiterada diversas recomendaciones que, en su mayor parte, se encuentran incumplidas o pendientes de implantación definitiva, el Tribunal de Cuentas las reitera en aras de la mejora de la planificación, gestión, rendición de cuentas y control sobre la actividad económico-financiera de las entidades locales. Y, de forma especial, en tanto que esas  propuestas se encuentren pendientes de implantación, la Institución destaca la necesidad perentoria de que, por parte del Gobierno y de los ministerios competentes, se proceda a la aplicación de la retención en los tributos del Estado que corresponda a las entidades locales que incumplan la obligación de rendir las cuentas generales, y de que se promueva la iniciativa legislativa oportuna para establecer como requisito, para el acceso a las subvenciones o ayudas públicas por las entidades locales, estar al corriente en la rendición de cuentas.