El 12 de mayo de se cumplen 40 años de la aprobación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.
Art. 2 LOTCU dice que son funciones propias:
La fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económico- financiera del sector público.
El enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos.
El art. 136 de la Constitución Española configura al Tribunal de Cuentas como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como del sector público.
Le otorga jurisdicción propia.
Depende de las Cortes Generales.
Los miembros del Tribunal de Cuentas se eligen por las Cortes Generales y gozan de independencia.
El Tribunal de Cuentas examina todas las cuentas públicas, audita cada año la Cuenta General del Estado y comprueba las cuentas anuales de los partidos políticos y de sus fundaciones
Su trabajo consiste en analizar la gestión y las cuentas de las entidades que forman el sector público estatal, el autonómico y el local.
Cuando se detectan posibles indicios de irregularidades, el Tribunal de Cuentas tiene la capacidad de enjuiciar la responsabilidad contable. Es una responsabilidad de tipo reparatorio. El dinero se repone a la administración perjudicada. Las responsabilidades de tipo penal, como por ejemplo la corrupción, corresponden a otra jurisdicción.
Cuentas rendidas |
Más de 186.000 |
Contratos rendidos |
Más de 170.000 contratos |
Partidos políticos |
995 millones de euros fiscalizados |
Informes y declaraciones definitivas |
1.428 informes |
Actuaciones judiciales |
Más de 49.200 |
Comparecencias ante la Comisión Mixta |
Más de 155 |
Auditorías internacionales |
Más de 100 |
Las Administraciones Públicas han ejecutado casi 21 billones de euros en gasto público (1982-2022)
El Sector Público ha rendido más de 186.000 cuentas para su examen (1999-2020)
170.806 contratos celebrados por el Sector Público, por un valor de más de, 302.784 millones de euros (2002-2021)
995 millones de euros Fiscalizados (2014-2022)
529 procedimientos sancionadores instruidos |
1.896.067,55 € en sanciones impuestas |
428.909,03 € recaudados |
El sector público: ámbito subjetivo de actuación del Tribunal de Cuentas
A fecha de hoy existen más de 16.800 organismos públicos en España. Estos se distribuyen de la siguiente manera:
Más de 49.000 actuaciones judiciales (juicios de cuentas, actuaciones previas, procedimientos de reintegro y cancelaciones de fianzas, entre otros).
En la última década la mayor parte de actuaciones que se han iniciado en la Sección de Enjuiciamiento han derivado de irregularidades detectadas en los informes de fiscalización aprobados por el Pleno del TCu.
Procedencia de las actuaciones en la Sección de Enjuiciamiento |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informes de Fiscalización del TCu |
117 |
105 |
181 |
200 |
179 |
127 |
47 |
133 |
124 |
87 |
105 |
1.405 |
Informes de los OCEx |
102 |
115 |
128 |
106 |
235 |
185 |
87 |
58 |
71 |
93 |
78 |
1.258 |
Informes de otras Inst. Públicas |
53 |
72 |
43 |
51 |
69 |
60 |
46 |
57 |
71 |
88 |
97 |
707 |
Acciones Públicas |
5 |
11 |
33 |
44 |
27 |
11 |
16 |
25 |
44 |
45 |
52 |
313 |
Denuncias |
64 |
54 |
25 |
33 |
29 |
35 |
21 |
14 |
25 |
25 |
9 |
334 |
Las Cortes Generales y el Tribunal de Cuentas interaccionan de manera permanente a través de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.
La Comisión Mixta, constituida por primera vez en 14 de junio de 1983 (II Legislatura). Desde entonces y hasta la XIV legislatura:
La mayoría de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de sus Estatutos de Autonomía o según lo previsto en las leyes reguladoras correspondientes, han creado sus propios Órganos de Control Externo (OCEX).
Los OCEX ejercen funciones de fiscalización sobre la Administración de la respectiva Administración autonómica y de las Entidades Locales de su ámbito territorial, en continua colaboración con el Tribunal de Cuentas.
En la actualidad existen los siguientes órganos de control externo:
Cámara de Comptos de Navarra.
Sindicatura de Cuentas de Cataluña.
Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana.
Consejo de Cuentas de Galicia.
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
Cámara de Cuentas de Andalucía.
Audiencia de Cuentas de Canarias.
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
Sindicatura de Cuentas de llles Balears.
Consejo de Cuentas de Castilla y León.
Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.
Cámara de Cuentas de Aragón.
Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha (de nuevo desde 2022, funcionó desde 1993 hasta 2014 bajo el nombre de Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha).
El Tribunal de Cuentas es miembro de INTOSAI y ostenta la Secretaría General permanente de EUROSAI
La actividad internacional del Tribunal de Cuentas alcanza a cuatro áreas:
Colaborar en el seno de organizaciones fiscalizadores superiores internacionales, tales como la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS); la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), y, sobre todo, con la rama europea de esta última, la Organización de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de Europa (EUROSAI).
La colaboración con el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), y el intercambio de información en el ámbito de la Unión Europea.
Participación en auditorías internacionales.
Proyectos bilaterales con otras entidades fiscalizadoras superiores
El Tribunal de Cuentas ha participado en equipos formados por auditores de distintos países:
Ha sido el auditor externo de la Defensa a la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE).
En el campo de la investigación, el Tribunal de Cuentas ha fiscalizado la gestión económica del CERN.
Realiza la auditoría de la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUTMESAT), y del Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología (INL).
Ha auditado a la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Colabora permanentemente con el Colegio Internacional de Auditores de la OTAN (IBAN) y la Agencia NETMA (Nato Eurofigther and Tornado Agency).
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas participa en distintos comités, juntas de auditoría y colegios de auditores internacionales, como son el Fondo Europeo a la Paz (EPF, antes conocido como ATHENA), la Organización Conjunta para la Cooperación en materia de Armamento (OCCAR) y el Colegio de Auditores de la Agencia Europea de Defensa (EDA).
El Tribunal de Cuentas es una institución con una larga historia
En los reinos medievales, los indicios más remotos sobre la existencia de una oficina encargada el controlar las cuentas de la Hacienda real han de buscarse en la CONTADURÍA MAYOR DE CUENTAS creada por Juan II en sus ordenanzas de 1436 y 1437. Sus competencias fueron perfiladas en el reinado de los Reyes Católicos.
En la Edad Moderna y para el ámbito jurisdiccional castellano, Felipe II refuerza el control sobre su hacienda al crear el TRIBUNAL DE CONTADURÍA, especializado en dilucidar las cuestiones contenciosas relacionadas con los alcances detectados por la Contaduría Mayor de Cuentas.
Al comenzar el siglo XVII, y para el ámbito territorial de la Corona de Castilla se unificaron todas las instituciones hacendísticas en el Consejo de Hacienda que hasta entonces venían funcionando por separado: Consejo de Hacienda, Contaduría Mayor de Hacienda, Tribunal de Contaduría y Contaduría Mayor de Cuentas.
Entre 1707 y 1716, con la aprobación de los diferentes decretos de Nueva Planta, el CONSEJO DE HACIENDA, y con este la CONTADURÍA MAYOR DE CUENTAS, asumió competencias sobre los reinos de Aragón, Valencia y Principado de Cataluña, centralizándose en el control de la Hacienda del rey.
En 1828, reinando Fernando VII, todas las instituciones relacionadas con el control y el enjuiciamiento contable fueron refundidas en 1828 en un único TRIBUNAL MAYOR DE CUENTAS, que vino funcionando hasta 1851, año en el que se crea el Tribunal de Cuentas del Reino.
El TRIBUNAL DE CUENTAS DEL REINO es el precedente inmediato de la actual institución. Con la consolidación del régimen constitucional desaparece el concepto de Real Hacienda y se consolida el de Hacienda pública. Su control por el Congreso de los Diputados, máximo represente de la soberanía nacional, se convierte en una cuestión de la mayor importancia.
En 1851, siendo Bravo Murillo presidente del Consejo de Ministros, se aprobó la primera ley orgánica creando el Tribunal de Cuentas del Reino. Desde entonces su organización y funciones han sido reguladas por normas sucesivas aprobadas en 1870, 1877, 1907, 1911, 1923, 1924 y 1925.
La Constitución de la República Española de 1931 confiere a este organismo, el Tribunal de Cuentas de la República, la mayor importancia, restableciendo su dependencia directa del Parlamento. Sus funciones son reguladas por Ley en 1934 y desarrolladas reglamentariamente en 1935.
Tras la Guerra Civil el Tribunal de Cuentas se queda prácticamente sin atribuciones, a la espera de una nueva ley orgánica que no se aprueba hasta 1953.
Con la llegada de la Democracia, el artículo 136 de la Constitución Española de 1978 dota al Tribunal de Cuentas de nuevas funciones, así como del rango de órgano de relevancia constitucional, al ejercer sus funciones fiscalizadoras por delegación del Parlamento, y relacionándose con este por medio de una Comisión Mixta Congreso-Senado.
Celebramos los 40 años de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas en Alcalá de Henares, cuna de nuestro censor honorífico Miguel de Cervantes
En 1988 los tribunales de cuentas de las Américas y de Portugal, en unión con el Tribunal de Cuentas de España, nombraron a Miguel de Cervantes censor letrado y contable honorario.
Desde su liberación de las prisiones argelinas, Cervantes trabajaba al servicio de la Real Hacienda como comisario de abastos para la Armada de Inglaterra y recaudador de impuestos. El cargo le procuraba más disgustos que beneficios. Las obras que hasta entonces tenía escritas tampoco le permitían vivir con holgura. En 1590 ansía cambiar su vida y solicita al Rey un cargo de contador en Indias, petición que fue denegada, ya que se le necesitaba en la Península por su experiencia como oficial de la Corona.
Casi 400 años después, el Tribunal de Cuentas y sus homólogos americanos y portugués, reconocieron los muchos méritos del autor del Quijote en su servicio a la Corona, concediéndole un nombramiento honorario como contador.