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TRIBUNAL DE CUENTAS
OFICINA DE PRENSA

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE EN ESPAÑA

2/07/18

En el marco del proyecto de Auditoría Cooperativa Internacional

EL TRIBUNAL DE CUENTAS ANALIZA EL PLAN NACIONAL DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMOSFERA 2013-2016 PARA CONOCER LA SITUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE EN ESPAÑA

  • Este informe, como diagnóstico a nivel nacional, se incorporará al documento final en el que están trabajando 15 Entidades Fiscalizadoras Superiores de otros tantos países europeos y el Tribunal de Cuentas Europeo para realizar “la Auditoría Cooperativa Internacional sobre la Calidad del Aire en Europa”.
  • Con esta actuación el Tribunal de Cuentas pretende destacar la importancia del problema de la contaminación atmosférica, al tiempo que proporcionar a los responsables de las políticas medioambientales una fuente de referencia para que los actuales sistemas de mejora de la calidad del aire sean más eficaces

Madrid, 2 de julio de 2018.- En el marco del proyecto internacional de Auditoría Cooperativa Internacional sobre la Calidad del Aire en Europa, el Tribunal de Cuentas ha realizado un informe de auditoría para analizar la situación de nuestro país en este ámbito. Este documento formará parte del informe global en el seno de la Organización Europea de Entidades Fiscalizadoras Superiores (EUROSAI), en el que, además de España, participan Entidades Fiscalizadoras Superiores de 15 países europeos, además del Tribunal de Cuentas Europeo.

El Tribunal de Cuentas se ha sumado a este proyecto internacional entre otras razones porque considera que, además de encuadrarse en el marco de la sostenibilidad ambiental –principio orientador susceptible de control por el Tribunal de Cuentas-, la calidad del aire está estrechamente relacionada con la salud de los ciudadanos. En este sentido, con esta auditoría la Institución pretende destacar la importancia del problema de la contaminación atmosférica, al tiempo que proporcionar a los responsables de las políticas medioambientales una fuente de referencia para que los actuales sistemas de mejora de la calidad del aire sean más eficaces.

Este informe ha auditado la situación de la calidad del aire en España, mediante el análisis de las políticas que en este ámbito ha realizado el Gobierno español;  concretamente, a través del “Plan Nacional del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016: Plan Aire” del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medioambiente (MAPAMA). Este Plan se marcó como objetivos generales: garantizar el cumplimiento de la legislación nacional, europea e internacional, en materia de calidad del aire y de límites de emisión de contaminantes; impulsar desde la Administración General del Estado las actuaciones en materia de calidad del aire para complementar los planes de actuación aprobados por otras Administraciones públicas, siendo un referente en la materia y sirviendo de motor de coordinación y colaboración administrativa; reducir los niveles de emisión a la atmósfera de los contaminantes más relevantes y con mayor impacto sobre la salud y los ecosistemas, especialmente en las áreas más afectadas por la contaminación; así como fomentar la concienciación de la ciudadanía y mejorar la información disponible sobre la calidad del aire.

Antes de exponer el análisis concreto sobre la eficacia y eficiencia en la ejecución del citado Plan, el Informe contiene una introducción sobre: la importancia de la calidad del aire y las consecuencias de la contaminación atmosférica para la salud de los ciudadanos; los contaminantes que están presentes en nuestra atmósfera y sus principales fuentes de emisión; así como los datos de mortalidad relacionados con ellos,  publicados por la Agencia Europea del Medio Ambiente

Tras el análisis del “Plan Nacional del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016: Plan Aire” del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medioambiente, el Informe recoge una serie de conclusiones, entre ellas:

En relación con el cumplimiento de la normativa en materia de calidad del aire, el informe concluye que en nuestro país esta se encuentra plenamente vigente, matizando, además, que España cuenta con la regulación oportuna y suficiente para poder llevar a cabo eficazmente la evaluación y el control de la calidad del aire, protegiendo con ello la salud de los ciudadanos.

Sin embargo, el Informe recoge el criterio de la Comisión Europa en relación con la fiscalidad ambiental en España. Según este organismo del Parlamento Europeo, en España esta tasa destaca por su baja recaudación. Concretamente se refiere al hecho de que los ingresos por este concepto representan un porcentaje del PIB que se sitúa entre los más bajos de toda la Unión Europea (en 2015 se cifró en un 1,9% del PIB, frente al 2,4% de la media europea).

Por otra parte, las iniciativas adoptadas en este ámbito por las autoridades españolas fueron consideradas por la Comisión de Expertos nombrada por el Gobierno como “medidas fragmentarias y limitadas”.

En este punto el informe considera necesario implementar una verdadera reforma fiscal de carácter global sobre la imposición medioambiental, que contribuiría a modificar el comportamiento ambiental y a responsabilizar, tanto a productores de bienes y servicios como a consumidores.

En cuanto al análisis del sistema de competencias sobre la calidad del aire en España, el informe señala que actualmente, en nuestro país, coexisten Administraciones públicas con competencias concurrentes en materia de protección ambiental y de evaluación y gestión de la calidad del aire. Esto complica y dificulta tanto la operatividad y efectividad de las políticas emprendidas y de las medidas aplicadas, así como la colaboración y coordinación necesarias entre las distintas Administraciones para su adecuada implementación.

Por otra parte, la auditoría pone de manifiesto la carencia de recursos humanos. No existe personal suficiente, y en algunos casos no suficientemente cualificados técnicamente, para desarrollar unos trabajos que, por lo general, son complejos. Esto ha llevado al MAPAMA a firmar y prorrogar sucesivamente contratos de servicios, así como a celebrar con cierta regularidad sucesivas encomiendas de gestión en el ámbito específico de la calidad del aire para cumplir tanto con las obligaciones nacionales legales y reglamentarias, como con las exigencias comunitarias de información en materia de evaluación y control dela calidad del aire en Europa.

En materia de coordinación y cooperación entre las distintas Administraciones públicas competentes en este ámbito, los resultados de la auditoría apuntan a que, si bien actualmente existe la Comisión de Coordinación con las Comunidades Autónomas en materia de calidad ambiental, esta fue creada de forma tardía. En concreto, su constitución se materializó en noviembre de 2017, una vez vencida la vigencia temporal del Plan que, como se señalaba en sus objetivos, hacía de la colaboración uno de los pilares fundamentales para alcanzar sus objetivos.

En el ámbito del análisis de los principales problemas en materia de calidad del aire, así como respecto a su evolución y seguimiento, la auditoría informa sobre los índices de referencia sobre la concentración de los contaminantes incluidos en la legislación europea y española, establecidos para la evaluación de la calidad del aire.

 

Por otra parte, si bien el MAPAMA actualiza y publica anualmente la zonificación territorial donde se llevan a cabo las actividades de evaluación y gestión de la calidad del aire, incluyendo la que reciben de las comunidades autónomas, esta información no incluye análisis ni conclusiones respecto a la suficiencia de las estaciones de medición, ni sobre su adaptación a los criterios de implantación establecidos en el correspondiente Real decreto. La auditoría concluye que la información que se suministra a la población en materia de calidad del aire resulta heterogénea y difícilmente comprensible.

En cuanto a las conclusiones sobre el propio “Plan Aire”, el informe destaca que este no se ha soportado sobre una estrategia gubernamental previa, como un instrumento de planificación que hubiera resultado fundamental para su correcto desarrollo. Asimismo, la deficiente coherencia de su política interna -el grado de articulación entre objetivos y medidas- y la falta de indicadores adecuados para su medición, entre otras cuestiones internas, no permiten evaluar de forma adecuada los resultados del Plan.

En este sentido, en la evaluación de la eficacia del Plan, realizada en función del número de medidas que han sido ejecutadas completamente, se ha constatado que estas constituyen un 38% del total. En la evaluación respecto al objetivo de reducir las emisiones de contaminantes a la atmósfera o del porcentaje de población afectada por un Índice de Calidad del Aire deficiente, se ha constatado que las medidas adoptadas no han demostrado la eficacia esperada, puesto que las concentraciones de los principales contaminantes han seguido aumentando en España, desde el inicio del Plan.

En cuanto al grado de eficiencia, la auditoría no ha podido recoger ninguna conclusión, debido a que tras la finalización de vigencia del Plan, el Ministerio no ha desarrollado un sistema de contabilidad analítica que, al relacionar el grado de ejecución de sus medidas y el resultado esperado de su aplicación con el coste económico derivado de su implementación, permitiera obtener el grado de eficiencia.

Asimismo, al carecer del citado sistema contable –que permite conocer el desglose de los gastos por conceptos e instituciones- así como de un plan económico específico, han impedido conocer el coste real que para el Gobierno español ha tenido la ejecución, en su conjunto, del Plan Aire 2013-2016.

Por último, en relación con una evaluación de acuerdo con el criterio de sostenibilidad ambiental de las políticas de calidad del aire, la conclusión que el informe arroja es que, durante el periodo 2013-2015, la política de calidad del aire basada en la ejecución del Plan Aire no contribuyó suficientemente a preservar el recurso natural aire, en la medida en que se incrementaron los niveles de emisión correspondientes. Por tanto, no se produjo un cumplimiento adecuado del principio de sostenibilidad ambiental.

Tras los resultados, el informe formula una serie de recomendaciones relacionadas con: los índices de referencia de la calidad del aire; la coordinación de los órganos de colaboración competentes en esta materia; la información que reciben los ciudadanos; así como sobre el Plan Nacional de Calidad del Aire 2017-2019 (Plan Aire II), en función de las conclusiones alcanzadas en el análisis del Plan Aire I.

El contenido del presente informe puede ser consultado en el apartado de documentos de interés de la sala de prensa de la página web de la Institución (www.tcu.es).

 

Más información:

Marisol Gálvez

Directora de Comunicación

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