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TRIBUNAL DE CUENTAS
OFICINA DE PRENSA

APROBADO EL INFORME SOBRE LOS AVALES, GARANTÍAS Y OTROS COMPROMISOS OTORGADOS POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL ESTATAL

20/04/17

 EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS AVALES, GARANTÍAS Y OTROS COMPROMISOS OTORGADOS POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL ESTATAL VIGENTES DURANTE LOS EJERCICIOS 2012 A 2014


Madrid, 20 de abril de 2017.- El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el “Informe de fiscalización de los avales, garantías y otros compromisos otorgados por las entidades del sector público empresarial estatal vigentes durante los ejercicios 2012 a 2014”.

El objetivo general de esta fiscalización ha sido el análisis de la gestión de los riesgos asumidos por estas entidades empresariales como consecuencia de los distintos compromisos otorgados a entidades públicas o privadas. De forma particular, la fiscalización ha analizado el cumplimiento de la normativa aplicable a los avales concedidos y a las cartas de compromiso vigentes durante el periodo fiscalizado, así como la fiabilidad de la información financiera, que recogen las memorias de las entidades fiscalizadas, respecto a los avales, compromisos y otras garantías otorgadas a otras entidades. Asimismo, se ha realizado una valoración de los sistemas y procedimientos de gestión aplicados, con especial intensidad en relación con los procedimientos de autorización de la concesión de garantías y el control y seguimiento realizados sobre los riesgos asumidos.

La fiscalización se ha realizado sobre 198 entidades, de las que 162 seguían formando parte del sector público empresarial estatal no financiero a 31 de diciembre de 2014.

Las garantías otorgadas por las entidades del sector público empresarial no financiero pueden ser clasificadas en dos grandes grupos: las concedidas para garantizar obligaciones propias (avales financieros, depósitos en garantía o prenda de derechos de crédito); y las dadas para garantizar obligaciones de terceros, normalmente de sociedades vinculadas o dependientes (comfort letters, garantías formalizadas en documento de reconocimiento de deudas y otras garantías).

Tras la fiscalización, el Informe recoge, entre otras, las siguientes conclusiones:

En relación a las garantías por obligaciones propias

A 31 de diciembre de 2014, el saldo de los avales financieros vivos ascendía a 950 millones de euros; y el 90% de este saldo se concentraba en 11 entidades. Asimismo, de las 13 entidades con los saldos más significativos (más de 10 millones de euros), solo 7 acreditaron disponer de procedimientos internos específicos para estas la realización de estas operaciones. El coste financiero medio soportado por la formalización y mantenimiento de los avales financieros fue del 0,70% durante los ejercicios 2012 y 2013 y del 1,46 %, en 2014.

Por otra parte, a finales de 2014, el saldo de los depósitos constituidos en garantía, correspondientes a 65 entidades, fue de 47 millones de euros; y un 67% de este saldo se concentraba en 6 sociedades. La fiscalización ha detectado que 4 entidades con saldos significativos (superiores a un millón de euros) carecían de procedimientos internos para la gestión de los depósitos. Una sociedad tenía formalizada, a dicha fecha, una prenda sin desplazamiento sobre los derechos de crédito derivados del contrato con un cliente, por 3 millones de euros.

En relación a las garantías por obligaciones de terceros

Estas garantías, si bien son menos habituales en número que las anteriores, tienen una importancia muy significativa en saldo del riesgo calculado. De esta forma, 11 entidades fiscalizadas han tenido formalizadas comfort letters fuertes (operación equivalente a un contrato atípico de garantía personal y con efectos similares a la firma como garante o avalista de la operación afectada) con un riesgo calculado, a 31 de diciembre de 2014, de 754 millones de euros. En tres de estas entidades el riesgo, al final del periodo fiscalizado, superaba los 100 millones de euros.

Como consecuencia de estas garantías, y para que no se produjeran incumplimientos de las obligaciones de las filiales, 5 de las entidades que han otorgado comfort letters fuertes han necesitado dar préstamos participativos a sus filiales por un total de 107 millones de euros, hasta el 31 de diciembre de 2014.

La suma de los préstamos participativos otorgados desde 2015 y hasta la fecha de emisión de este informe y de los compromisos asumidos explícitamente en las pólizas de endeudamiento para ejercicios futuros suman otros 448 millones de euros. Adicionalmente una sociedad fiscalizada, que había otorgado comfort letters fuerte a su filial, ha tenido que asumir en 2013, en proporción a su participación, el pago de las deudas de la misma ya que se encontraba en concurso de acreedores, por 1 millón de euros.

Por otra parte, durante la fiscalización se ha observado la existencia de  comfort letters débiles (operación que es una mera carta de presentación y que no representan compromiso distinto de los expresamente recogidos) en 13 entidades, con un riesgo declarado de 653 millones de euros.

Por su parte, 12 entidades figuran como garantes o fiadores en pólizas de financiación con empresas filiales, con un riesgo calculado de 53 millones de euros a 31 de diciembre de 2014, y otras 2 han constituido garantías mediante la constitución de prenda de derechos de crédito sobre las acciones de su filial para garantizar deudas de la misma, con un riesgo de 7 millones de euros.

En relación con el cumplimiento de la normativa aplicable

La Ley General Presupuestaria (LGP), y el resto de normativa económico financiera del sector público, no regulan de manera explícita la constitución de garantías vigente por obligaciones propias, ni por obligaciones de terceros por parte de las entidades del sector público empresarial. En consecuencia, no se establecen ni límites ni obligaciones en relación con estas operaciones.

En relación con la fiabilidad de la información financiera respecto a los avales, compromisos y otras garantías otorgadas a otras entidades públicas o privadas

En general, la mayoría de las entidades que han otorgado comfort letters fuertes incluyen información sobre este tipo de operaciones, si bien en las entidades con mayor volumen de operaciones no se establece una adecuada clasificación de las garantías otorgadas, distinguiendo qué operaciones son fuertes y cuáles débiles.

En el caso de las garantías otorgadas, en los documentos de reconocimiento de deuda, 6 entidades no informan en la memoria de sus cuentas anuales sobre la existencia de este tipo de garantías. Y, en el caso de las prendas, en ningún caso se informa sobre ellas en las memorias anuales.

El informe del art. 129.3 de la Ley General Presupuestaria debe incluir información sobre las garantías recibidas o concedidas a otras entidades del sector público empresarial estatal, así como del tipo de garantía, causa, importe garantizado y entidad que recibe o que presta la garantía. Respecto al cumplimiento de esta obligación, el Informe señala que el mismo es desigual: al menos 9 entidades no incluyeron información sobre las garantías que otorgaron; y, respecto las garantías recibidas, 17 entidades no informaron de ellas en el referido informe.

En relación con los sistemas y procedimientos de gestión aplicados por las entidades en la gestión de los avales y resto de garantías concedidas

La mayoría de las entidades analizadas carecen de normas escritas relativas al otorgamiento y emisión de las garantías por obligaciones de terceros y al posterior control, seguimiento y valoración de los riesgos derivados de las garantías. Únicamente, el grupo SEPI tiene normas sobre el proceso de autorización de operaciones pasivas formalizadas por las filiales, si bien en estas normas no existe referencia ni al control, ni a la valoración de los riesgos derivados.

En la mayoría de los casos, el procedimiento para otorgar garantías pasa por la autorización del consejo de administración de la entidad o, en su defecto, por el comité de dirección. No obstante, en algunas entidades las garantías han sido otorgadas únicamente por acuerdo del consejero delegado, del presidente, del director general o del administrador único. En general, la formalización de las operaciones fue realizada por personas con poderes suficientes -otorgados por el consejo de administración-. Únicamente en una operación se ha detectado que la garantía otorgada no estaba firmada por persona con capacidad para obligar.

En términos generales, las entidades fiscalizadas realizaban un escaso seguimiento y control de riesgos sobre las operaciones una vez que han sido otorgadas las garantías.

Tras la fiscalización, y a tenor de las conclusiones alcanzadas, el Informe formula una serie de recomendaciones, entre ellas:

  • Las entidades del sector público empresarial estatal deberían disponer de normas reguladoras del proceso de solicitud, autorización, emisión, control y seguimiento de las garantías emitidas, en las que se establezcan mecanismos y procedimientos concretos para la valoración periódica de los riesgos asumidos. Dichas normas deberían, además, establecer procedimientos diferenciados para: la emisión de avales bancarios; la formalización de depósitos en garantía; o la formalización de garantías de cualquier tipo a favor de las sociedades filiales o dependientes. 
  • Sería aconsejable establecer, para todas las entidades del sector público empresarial estatal, un procedimiento de autorización previa por parte del Gobierno o de los Ministerios de tutela, sobre las operaciones de formalización de garantías. 
  • Dado que las garantías otorgadas, con la excepción de los depósitos formalizados, no tienen reflejo en los estados financieros de las entidades del sector público empresarial, se considera recomendable que estas entidades incluyan en las memorias de sus cuentas información específica y suficiente sobre las garantías otorgadas, con independencia del grado de riesgo asumido en las mismas. Esa información debería contener, como mínimo, datos sobre: la naturaleza de la garantía otorgada, fecha de concesión, beneficiario de la garantía,  importe total de la operación garantizada, saldo del riesgo asumido por la entidad a la fecha de elaboración de la memoria, así como cualquier otra información conocida que pueda afectar al riesgo.

El contenido del presente Informe (nº 1.215) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas, www.tcu.es

 

Más información

Marisol Gálvez

Directora de Comunicación

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