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TRIBUNAL DE CUENTAS
OFICINA DE PRENSA

APROBADO EL INFORME SOBRE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, EJERCICIOS 2013-2014

13/03/17

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, EJERCICIOS 2013-2014

Madrid, 13 de marzo de 2017.- El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el “Informe de Fiscalización de la Universidad de La Rioja, ejercicios 2013 -2014”. Los objetivos generales de esta fiscalización son: verificar si las cuentas anuales de la Universidad de La Rioja (UR), y en su caso sus entidades dependientes, se han rendido respetando las normas que les son de aplicación y de acuerdo con los principios y normas contables definidos en la normativa aplicable; valorar el cumplimiento de las normas que rigen la actividad económico­financiera de la universidad; y evaluar la sujeción a los principios de legalidad, eficiencia y economía en la gestión de los recursos públicos, para lo que se prevé el análisis, entre otras, de las áreas de docencia, investigación, personal y contratación administrativa.

Tras la fiscalización, el Informe recoge una serie de conclusiones, entre ellas que:

-       Las cuentas anuales de los ejercicios 2013 y 2014 de la UR han sido aprobadas y remitidas en plazo, y elaboradas de conformidad con la normativa aplicable. En sus aspectos más significativos, estas cuentas reflejan la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial y de los resultados en los ejercicios fiscalizados a la fecha de cierre del ejercicio. Si bien, sin afectar a la opinión favorable, el Informe señala la falta de implantación, en estos ejercicios, de una contabilidad analítica.

-       La universidad declara que no tiene ninguna entidad dependiente, limitándose a informar de todas aquellas en las que participa. En relación con las dos entidades en las que tiene un control efectivo acreditado, es decir, la Fundación General de la Universidad de La Rioja (FUR) y la Fundación Dialnet, la universidad incorpora en su rendición las cuentas anuales de ambas fundaciones junto con el informe de auditoría externa, situación que no es conforme con lo que  establece el art. 3 de la ley reguladora del Consejo Social.

-       La universidad cuenta con una Unidad de Control Interno (UCI), tal y como se establecen en sus Estatutos; pero depende orgánica y funcionalmente de la Gerencia,  y esto resulta una debilidad de control interno.

-       La Comunidad Autónoma aportó documentación justificativa del cumplimiento, por parte de la universidad, de las obligaciones de remisión e información adecuada a lo establecido en la normativa sobre Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Mientras que, en cuanto a la auditoría pública, como modalidad de control interno, se señala la necesidad de interpretar la normativa específica de la universidad de manera acorde con la legislación autonómica del sector público, adoptando las especialidades que se estimen oportunas.

-       En materia de transparencia hay que señalar que, en el ámbito propio de esta Comunidad Autónoma, se dictó la Ley 3/2014, de 11 septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja, y en la que se determina para los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación un plazo -el 10 de diciembre de 2015- para adaptarse a las obligaciones derivadas de la misma, fuera del alcance temporal previsto en la fiscalización de la universidad.

En el transcurso de la fiscalización se acreditó la creación del Portal de Transparencia de la  UR antes del citado plazo, si bien, se observó a este respecto una serie de incidencias de cuya subsanación manifiesta la universidad que se está encargando a la fecha de realizarse las actuaciones fiscalizadoras.

-       Los recursos humanos de que dispone la UR (funcionarios y laborales) a 31 de diciembre de 2013 y 2014 ascienden a un total de 630 personas en ambos ejercicios, observándose una reducción del Personal Docente e Investigador (PDI) funcionario de cerca del 4%, y en sentido inverso, un incremento del PDI contratado del 7%.

-       En cuanto a la Investigación y Desarrollo, se ha observado que la UR presenta una evolución positiva tanto en el incremento de los proyectos de concurrencia competitiva y en vía contractual o convencional, como de la financiación captada derivada de los mismos, excepto en lo que se refiere a la financiación pública estatal, que presenta un importante retroceso.

-       Por lo que se refiere a la actividad docente, la UR presenta una estabilidad en la oferta educativa tanto en grado como en máster, mientras que se observa una fuerte implantación de los programas de doctorado. De manera coherente con la tendencia estatal, la universidad experimenta una reducción cercana al 2% en el número de alumnos que se matriculan por primera vez, si bien destaca, en grado, el descenso cualitativo en Artes y Humanidades e Ingenierías y Arquitectura, mientras que en máster destaca el aumento observado en Ingenierías y Arquitectura y Ciencias. Los alumnos matriculados en la universidad en los cursos fiscalizados ascienden a 4.008 y 3.906, respectivamente, cuya evolución, una vez deducido el peso de los ciclos a extinguir en el total de alumnos, presenta una evolución ajustada positiva cercana al 6% del conjunto de alumnos. El número de alumnos egresados por la universidad en los cursos fiscalizados asciende a 578 y 713, respectivamente, observándose variaciones positivas por encima de la media nacional, especialmente en máster.

Entre las principales recomendaciones alcanzadas a partir de los resultados del Informe, se encuentran las siguientes:

Respecto a la Comunidad Autónoma, el Tribunal señala que: se dicte la normativa adecuada para que el procedimiento establecido por las universidades para aprobar de manera autónoma e independiente sus presupuestos se incorpore en el procedimiento general establecido en la normativa autonómica para el sector público; y se realice una adaptación de las universidades a las normas que, con carácter general, se establezcan para el sector público, así como aquellas especialidades reconocidas a la universidad que se aparten del resto de su sector público en atención a sus peculiaridades.

En materia de transparencia y buen gobierno debe regularse adecuadamente una delimitación concreta de los “altos cargos y máximos responsables” en el ámbito universitario, teniendo en cuenta las especiales características que se dan en el mismo.

En relación con la gobernanza universitaria se han puesto de manifiesto determinadas situaciones necesitadas de cambios legislativos, de acuerdo con el marco competencial establecido en la normativa aplicable.

Respecto a la universidad, se estima oportuno que la misma valore la posibilidad de hacer hincapié en una serie de aspectos, de acuerdo con lo observado para el conjunto de universidades públicas y dentro de las disponibilidades financieras y en el respeto de su autonomía universitaria, como, por ejemplo, incorporar en la normativa aprobada sobre carga docente incentivos claros que motiven al PDI a iniciar la actividad investigadora, dada la importancia que dicha actividad tiene tanto en la esfera personal del docente como en la institucional de la propia universidad.

En materia contractual, se señala la necesidad de que en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares se establezcan los criterios de adjudicación de los contratos con mayor claridad y precisión, y que se prime la valoración de los precios más bajos de las ofertas, salvo cuando ello no sea compatible con las características peculiares de los contratos.

El contenido del presente  Informe (nº 1.209) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas, www.tcu.es

 

Más información

Marisol Gálvez

Directora de Comunicación

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