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TRIBUNAL DE CUENTAS
OFICINA DE PRENSA

APROBADO EL INFORME DEL CONSORCIO CASA DEL MEDITERRÁNEO, EJERCICIOS 2014 Y 2015

8/02/18

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CONSORCIO PÚBLICO CASA DEL MEDITERRÁNEO, EJERCICIOS 2014 Y 2015

Madrid, 8 de febrero de 2018.- El Pleno del Tribunal de Cuentas, ha aprobado el “Informe de fiscalización del Consorcio público Casa del Mediterráneo, ejercicios 2014 y 2015”. Esta fiscalización ha tenido como objetivos: comprobar si la gestión económica y financiera del Consorcio se ha reflejado adecuadamente en el sistema contable del mismo, así como la fiabilidad de la información contenida en las cuentas rendidas; verificar el correcto cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables a la gestión de los fondos públicos asignados a la entidad; evaluar la adecuación y fortaleza del sistema de control interno establecido por el Consorcio y comprobar y analizar su funcionamiento efectivo; y verificar el cumplimiento de la normativa para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la normativa sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y de la normativa relativa a la sostenibilidad ambiental, en todo aquello en que pudiera tener relación con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras.

De los resultados de la fiscalización, el Informe recoge una serie de conclusiones, entre las que destacan las siguientes:

-       Los estados financieros rendidos por el Consorcio público Casa del Mediterráneo de los ejercicios 2014 y 2015 no expresan la imagen fiel del patrimonio de la entidad fiscalizada, de su situación financiera, del resultado económico-patrimonial y de la ejecución del presupuesto, de acuerdo con el marco de información financiera aplicable y con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. En el informe se indican las principales deficiencias que afectan a los estados financieros del Consorcio.

-       Las cuentas de Tesorería presentan elevados saldos en los ejercicios fiscalizados, producto del exceso de las aportaciones de las Administraciones estatal y autonómica consorciadas, en relación con la ejecución de los gastos del Consorcio, que han sufrido ajustes muy importantes. Las cuentas corrientes y los depósitos a plazo fijo se gestionaron en tres entidades bancarias, de las que, dos, no han respondido a la solicitud reiterada del Tribunal para la confirmación de los saldos y condiciones de las cuentas. La incertidumbre derivada de esta falta de colaboración resulta importante, teniendo en cuenta que, hasta finales de 2015, la única firma autorizada en todos los bancos era la de la Directora General, representando un riesgo de control interno.

-       El Consorcio carece de planificación estratégica, lo que resultaría imprescindible para configurar adecuadamente la misión y objetivos del Consorcio y justificar su necesidad para el interés público. Los fines establecidos en sus estatutos son de gran amplitud y generalidad, de lo que se deriva una importante ambigüedad y, además, destaca la concurrencia de su ámbito de actuación con el de otros Consorcios (Casa Árabe, Centro Sefarad-Israel y Casa África, principalmente), así como con las competencias y la gestión del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de otras entidades de política exterior y de cooperación, incidencia que afecta a toda la Red de Casas.

-       Las actividades del Consorcio se realizan sin planificación formal en la que conste el detalle de las actividades, su finalidad, condiciones de participación, otros organizadores del evento, etc. Todo lo anterior impide realizar una valoración objetiva del resultado de las actividades; así como, de la adecuación de las mismas a los fines del Consorcio y a los objetivos que se deberían haber establecido.

-       La financiación del Consorcio depende exclusivamente de las aportaciones de las Administraciones consorciadas, aportaciones que han disminuido drásticamente a partir de 2012 y cuyos compromisos presentan una desigual ejecución, siendo únicamente las aportaciones del Estado las que se han ingresado regularmente, lo que supone el incumplimiento del modelo de financiación establecido en el convenio de creación del Consorcio. El actual sistema de financiación del Consorcio, se encuentra establecido en sus estatutos con notable ambigüedad, no es apto para fundamentar el funcionamiento normal de cualquier entidad, debido a las incertidumbres para la programación y ejecución de las actividades y de los gastos. Si no se han producido consecuencias financieras por esta causa se debe a la drástica reducción de los gastos a niveles muy por debajo de las aportaciones recibidas, hasta el punto de que, por el contrario, se han generado excesos de Tesorería muy considerables.

-       Al cierre del ejercicio 2014 y 2015 los empleados al servicio del Consorcio sumaban siete personas, de las cuales dos eran altos cargos. En 2014 se acordaron tres bajas de personal, dos de ellas por circunstancias económicas. No obstante, se formalizaron dos nuevas altas, lo que constituye un incumplimiento de la prohibición de contratar nuevo personal establecida en las leyes de PGE para 2012 y siguientes, además de otras deficiencias contractuales.

Por otra parte, los contratos de alta dirección de la Directora General y de la Secretaria General se formalizaron en 2012 y 2013, con un retraso de 6 y de 9 meses, respectivamente, desde el inicio de sus prestaciones, por lo que dichas personas estuvieron percibiendo retribuciones y gestionando los fondos públicos del Consorcio sin respaldo contractual durante esos periodos de tiempo.

-       El principal gasto del Consorcio ha estado representado por las obras de rehabilitación del edificio “Antigua estación de Benalúa”, propiedad de ADIF y usado por el Consorcio desde 2009 mediante un contrato de explotación. Hasta el 31 de diciembre de 2015, el Consorcio ha contabilizado un total de 3,7 millones de euros por las obras de rehabilitación del inmueble, de los cuales 1,4 millones proceden de una subvención del Ministerio de Fomento con cargo al denominado 1% cultural.

De la revisión de la documentación contractual relativa a estas actuaciones se han observado importantes incidencias, destacando: la tramitación de las obras con diferentes contratos que han podido incurrir en un fraccionamiento del objeto del contrato, prohibido expresamente en la normativa de contratación pública; la habilitación temporal de espacios en el edificio de pública concurrencia sin las oportunas licencias municipales; así como la ejecución de las obras mediante encomienda de gestión a TRAGSA, sin que conste acuerdo del Consejo Rector ni motivación y justificación suficiente para la elección de este sistema.

-       Aunque en sus estatutos se establece que, entre los fines del Consorcio se encuentra el desarrollo de programas específicos para el reconocimiento de la igualdad legal y real entre hombres y mujeres, únicamente se desarrollaron cuatro actividades en 2014 y una en 2015, de las que solo dos actividades fueron organizadas por el propio Consorcio, en su sede y con unos costes directos muy reducidos.

-       En cuanto al cumplimiento de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se han observado deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones de publicidad en la página web del Consorcio, con omisiones importantes, si bien a consecuencia de la fiscalización se han subsanado en gran parte estas deficiencias. En cuanto al cumplimiento de las obligaciones de buen gobierno, cabe destacar la sanción impuesta a la Directora General por Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas de 31 de mayo, por infracción grave, consistente en “la no declaración de actividades y de bienes y derechos patrimoniales en los correspondientes Registros, tras el apercibimiento para ello”.

En función de las conclusiones de la fiscalización, el Tribunal de Cuentas formula al Consorcio las siguientes recomendaciones:

  • Establecer con claridad y cumplir los compromisos de las Administraciones consorciadas respecto a la financiación y gastos del Consorcio en el futuro, que permitan una correcta gestión del mismo y la rigurosa acomodación de los gastos a los ingresos, modificando al efecto los estatutos.
  • Establecer una programación de actividades eficaz y adecuada a las posibilidades de financiación y de medios personales y materiales del Consorcio, de acuerdo con sus fines y con la debida determinación del contenido, objetivos, características, control y seguimiento de las mismas.
  • Subsanar en las próximas cuentas las limitaciones, salvedades y deficiencias contables puestas de manifiesto en este informe, y corregir las deficiencias observadas en la gestión de los ingresos y de los gastos, así como en el cumplimiento de la normativa de transparencia y buen gobierno.
  • Adoptar una actitud más diligente con la situación de las mujeres en el ámbito de los países de la región euro-mediterránea, que se manifieste en un incremento de la planificación de actividades dirigidas al cumplimiento de los fines establecidos en sus Estatutos, esto es, “desarrollar programas específicos para el reconocimiento de la igualdad legal y real entre hombres y mujeres”.

El contenido del presente Informe (nº 1.263) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas, http://www.tcu.es

 

Más información:

Marisol Gálvez

Directora de Comunicación

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