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TRIBUNAL DE CUENTAS
OFICINA DE PRENSA

APROBADO EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PAGOS LIBRADOS “A JUSTIFICAR” Y DE LOS SATISFECHOS MEDIANTE ANTICIPOS DE CAJA FIJA POR DETERMINADOS MINISTERIOS DEL ÁREA ECONÓMICA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, EJERCICIOS 2013 Y 2014

19/12/17

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PAGOS LIBRADOS “A JUSTIFICAR” Y DE LOS SATISFECHOS MEDIANTE ANTICIPOS DE CAJA FIJA POR DETERMINADOS MINISTERIOS DEL ÁREA ECONÓMICA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, EJERCICIOS 2013 Y 2014

  

Madrid, 19 de diciembre de 2017.- El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el “Informe de fiscalización de los pagos librados ‘a justificar’ y de los satisfechos mediante anticipos de caja fija por determinados ministerios del área económica de la Administración General del Estado, ejercicios 2013 y 2014”.

Esta fiscalización, que se ha llevado a cabo por iniciativa del Tribunal, ha tenido como objetivo: valorar el procedimiento de gestión de los denominados Pagos ‘a justificar’ y de los Anticipos de Caja Fija, mediante el análisis de su adecuación a los fines que debe cumplir; comprobar que se cumplen las disposiciones legales y reglamentarias en las que se recogen los citados procedimientos, así como de la representatividad de los saldos de las cuentas utilizadas en este tipo de pagos, haciendo especial hincapié en el análisis de las causas por las que no se hayan aprobado las cuentas justificativas de pagos “a justificar” en los plazos establecidos en su normativa reguladora.

 En cuanto a su ámbito subjetivo, la fiscalización se ha referido a los ministerios del área de la Administración Económica del Estado y las cajas pagadoras de ellos dependientes.

De los resultados de la fiscalización se extraen, como principales conclusiones, las siguientes:

-        En relación con el análisis de la normativa reguladora, el Informe señala que el procedimiento a seguir para la realización de estas operaciones se ha establecido de forma detallada.

No obstante, se han observado algunas carencias y deficiencias, entre las que cabe destacar, en relación a los Pagos a justificar, que, en los gastos de emergencia, la normativa específica vigente en el periodo fiscalizado excluía a este tipo de gastos de los plazos de justificación establecidos en la Ley General Presupuestaria (LGP), lo que en la práctica supone la inexistencia de plazos para presentar la cuenta justificativa, provocando que estos fueran muy dilatados.

Esta situación no ha sido corregida por la recientemente aprobada Ley de Contratos del Sector Público.

-        En relación con el cumplimiento de normativa reguladora, en la fiscalización se ha comprobado su cumplimiento, con algunas excepciones. Entre ellas cabe destacar -respecto de los Pagos a justificar- las que afectan a los gastos de emergencia y de expropiaciones debido, principalmente, a la exigencia en su normativa específica de que estos gastos se tramiten necesariamente como Pagos a justificar, con independencia de que la justificación no pueda aportarse, como prevé la LGP, lo que ha provocado que se tramiten conforme a dicho procedimiento gastos que ya se habían realizado, incluso en el ejercicio anterior.

Respecto a los Anticipos de Caja Fija cabe destacar que, en ocasiones, el tiempo transcurrido desde la reposición del anticipo hasta la fiscalización de la cuenta justificativa resultaba excesivo.

-        En relación con el análisis de la representatividad contable, la principal conclusión del Informe es que el sistema de información contable de los Pagos a justificar y de los Anticipos de Caja Fija no permite -a partir de la información contenida en la Cuenta General de la Administración General del Estado-, conocer adecuadamente su situación debido, principalmente, a las modificaciones introducidas por la adaptación a la Administración General del Estado del Plan General de Contabilidad Pública, que suprimen el desglose de algunas cuentas o dejan sin efecto la utilización de alguna de ellas.

-        En relación con el análisis de las órdenes de pago a justificar, cuyas cuentas justificativas se encontraban pendientes de aprobar o de presentar a 31 de diciembre del último de los ejercicios fiscalizados, en el Informe se señala que, a esa fecha, según las bases de datos de la IGAE, se encontraban pendientes de aprobar cuentas justificativas por un importe superior a 2.300 millones de euros, de los que más de 900 millones correspondían a los ministerios del área de la Administración Económica del Estado. No obstante, solo se encontraban fuera del plazo de aprobación previsto en la Ley General Presupuestaria cerca de 289 millones de euros (en torno a 208 millones en los ministerios analizados) y no se había presentado la cuenta justificativa en plazo, aproximadamente por 207 millones de euros (alrededor de 200 millones en los ministerios analizados).

Asimismo, en el Informe se indica que el retraso en la aprobación de las cuentas justificativas se debe, principalmente, al largo periodo de tiempo que permanecen en la fase de intervención; una cuestión en la que puede influir el reducido número de efectivos de que disponen las Intervenciones delegadas para este trabajo; y, en ocasiones, al hecho de que los organismos u órganos a los que se libraron los fondos fueron suprimidos y no se adoptó medida alguna para su aprobación.

Durante el desarrollo de los trabajos de fiscalización, se han ido aprobando cuentas justificativas, quedando pendientes de aprobar, al finalizar aquellos, cuentas presentadas, en relación con los ministerios del área de la Administración Económica del Estado, por un importe total de 11.055.711,67 euros, que corresponden: al Ministerio de Empleo y Seguridad Social (7.265.890,45 euros); al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (800.394,33 euros); al Ministerio de Hacienda y Función Pública (2.415.428,89 euros); al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (81.800 euros); y al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (492.198 euros).

Respecto a los libramientos de los que no se habían presentado sus cuentas justificativas, la mayoría de ellos corresponden a gastos de emergencia que, como ya se ha indicado, no tienen establecido un plazo de justificación. Durante el desarrollo de los trabajos de fiscalización, se han ido presentando cuentas justificativas, quedando cuentas pendientes de justificar, al finalizar aquellos, por un total de 16.931.971,19 euros, que corresponden: al Ministerio de Fomento (16.904.332,40 euros); al Ministerio de Hacienda y Función Pública (24.948,01 euros); y al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2.690,78 euros).

El informe termina formulando una serie de recomendaciones dirigidas al Gobierno y a la IGAE y que se refieren, principalmente, a la necesidad de realizar modificaciones normativas, encaminadas a corregir las deficiencias puestas de manifiesto en el Informe. Asimismo, se recomienda al Gobierno realizar un examen exhaustivo de aquellos libramientos cuyas cuentas justificativas no se hayan rendido en los plazos establecidos, en especial de aquellos de más antigüedad, de manera que se pueda conseguir su justificación y aprobación y, en caso contrario, se exijan, si procede, las oportunas responsabilidades.

El contenido del presente Informe (nº 1.236) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).

 

Más información:

Marisol Gálvez

Directora de Comunicación

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