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TRIBUNAL DE CUENTAS
OFICINA DE PRENSA

APROBADO EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA, EJERCICIO 2015

27/12/17

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA, EJERCICIO 2015

Madrid, 27 de diciembre de 2017.- El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el “Informe de Fiscalización de la Universidad de Murcia, ejercicio 2015”. La fiscalización se ha dirigido al conjunto de centros que conforman la estructura docente, cultural y de investigación de la Universidad de Murcia (UMU), junto con el de las restantes entidades creadas para la promoción y desarrollo de sus fines, con el objetivo de: verificar si las cuentas anuales de la universidad, y en su caso sus entidades dependientes, se han rendido respetando las normas que les son de aplicación y de acuerdo con los principios y normas contables definidos en la normativa aplicable; valorar el cumplimiento de las normas que rigen la actividad económico­financiera de la universidad, y evaluar la sujeción a los principios de legalidad, eficiencia y economía en la gestión de los recursos públicos, para lo que se prevé el análisis, entre otras, de las áreas de docencia, investigación, personal y contratación administrativa.

Este informe continúa con la tendencia seguida en cada una de las actuaciones fiscalizadoras que se han realizado, con carácter anual, sobre la universidad, si bien en las presentes cabe destacar las siguientes novedades:

-       En relación con la investigación, se han incluido nuevos parámetros que se han estimado necesarios para analizar esta actividad, dado que el volumen y la calidad de las publicaciones es uno de los indicadores más utilizados para medir y comparar la capacidad de las universidades para producir ciencia; para ello se ha recabado a la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, como licenciataria de bases de datos reconocidas internacionalmente, información necesaria a este respecto.

-       En relación con la observancia de la normativa para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se han realizado comprobaciones efectuadas sobre los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios, a fin de observar la paridad en las comisiones de valoración constituidas al efecto, dando lugar a la constatación que el Real Decreto 1313/2007, de 5 octubre, que regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios, no obstante ser posterior en el tiempo a la Ley Orgánica 3/2007, no exigió de manera expresa el requisito de presencia equilibrada de mujeres y hombres en las comisiones de valoración, lo que ocasiona la falta de cumplimiento de este criterio que se estima esencial para remover los obstáculos de la carrera de la mujer en las universidades, como lo demuestran las pruebas específicas realizadas.

-       Por último, en relación con la labor de tutela realizada por las Comunidades Autónomas, así como con el grado de cumplimiento de las recomendaciones señaladas en el último informe de fiscalización, desde la nueva perspectiva de la consideración de las universidades públicas como entidades pertenecientes al denominado sector público institucional.

Del análisis de los resultados obtenidos en la fiscalización, en el Informe se exponen, entre otras, las siguientes conclusiones:

En relación con la representatividad de las cuentas anuales:

-       Las cuentas anuales de la UMU reflejan, en sus aspectos significativos, la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial y de los resultados a la fecha de cierre del ejercicio, así como los resultados de sus operaciones y, en su caso, los flujos de efectivo o de la ejecución del presupuesto de conformidad con el marco normativo de información financiera y la normativa presupuestaria que resultan de aplicación; excepto por la salvedad que se manifiesta en relación con un reconocimiento de derechos que no corresponden al ejercicio, por un importe neto de 6.346.000 euros, y su consiguiente sobrevaloración en los resultados presupuestarios incluidos en las cuentas del ejercicio.

Sin afectar a la opinión sobre las cuentas anuales expresada, hay que señalar la falta de implantación en estos ejercicios de una contabilidad analítica.

-       El resultado económico-patrimonial obtenido en el ejercicio 2015 ha sido negativo por 4.383.000 euros. En este ejercicio se vuelve a constatar la ausencia de un plan de financiación plurianual con la Comunidad Autónoma, lo que ha impedido a la UMU contar con unas previsiones fiables de financiación, o un marco legal adecuado a este respecto, si bien resulta reseñable la promulgación, a este respecto, del Decreto 192/2017, de 28 junio, por el que se aprueba las bases del Plan de Financiación Plurianual para las Universidades Públicas de la Región de Murcia para el periodo 2016-2020.

-       De acuerdo con las previsiones de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), la UMU aprobó un límite de gasto no financiero de 238.052.000 euros para 2015, que no ha sido superado.

En materia de transparencia hay que señalar que, si bien las principales disposiciones autonómicas que regulan la materia entraron en vigor el 18 de junio de 2015 y por tanto fuera del alcance temporal previsto en esta fiscalización, se han realizado comprobaciones tendentes a verificar la adaptación y aplicación en términos generales realizadas por la misma, detectándose algunas deficiencias respecto de las cuales la universidad ha acordado actuaciones para su mejora. Entre estas, información: sobre empleados públicos que tengan autorizada la compatibilidad en actividades públicas o privadas; sobre altos cargos y órganos de gobierno y sobre contratos programa.

En materia de buen gobierno, al analizar la normativa vigente se ha observado que en los ejercicios fiscalizados hay una falta de reconocimiento explícito de quién es alto cargo en las universidades públicas de la Región de Murcia.

En relación con el cumplimiento de la legalidad:

-       La evolución de los recursos humanos de que dispone la UMU para el desarrollo de sus funciones muestra un aumento de efectivos del 3,6%, hasta los 3.976; habiéndose verificado el cumplimiento de las prescripciones legales correspondientes a la oferta de empleo del 2015 y del art. 48 de la LOU.

-       Como se viene señalando en sucesivos informes, se percibe una falta de seguridad jurídica en diversos aspectos relacionados con el personal de las universidades públicas, de las que la Comunidad Autónoma debería regular aquellas especialidades que están reconocidas a la universidad y que se aparten del resto de su sector público en atención a sus peculiaridades, con respeto a la legislación básica estatal dictada en la materia.

-       Transcurridos diez años desde la adaptación de la LOU a los valores y postulados de la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, hay que señalar la falta de cumplimiento de los objetivos propuestos en materia de paridad, como se viene señalando en informes de ejercicios anteriores. La UMU ha mejorado ligeramente la paridad por género de su personal, de manera que en el caso del Personal Docente Investigador (PDI) se sitúa por encima de la media nacional. Además, la universidad supera a la media estatal desde un punto de vista de la cualificación de las categorías dentro del PDI.

-       En la valoración de las ofertas presentadas en las licitaciones de los contratos fiscalizados, los baremos para valorar los precios de las ofertas establecidos en los correspondientes PCAP mediante la aplicación de diversas fórmulas, redujeron significativamente los márgenes de las puntuaciones otorgadas entre las ofertas más caras y las ofertas más económicas.

En relación con la gestión de la actividad docente e investigadora:

En el Informe aprobado se realiza un estudio referido a estas dos áreas fundamentales asignadas a la universidad, a través de parámetros e indicadores adecuados para valorar el grado de eficiencia y economía, alcanzado por la entidad en la gestión de los fondos públicos.

En relación con el control establecido en la universidad:

En cuanto a las funciones y competencias encomendadas al Consejo Social, se ha comprobado la intervención formal del mismo, si bien se siguen observando determinadas incidencias que afectan al control ejercido por el mismo. Respecto del control interno establecido en la universidad hay que señalar que se aprecia en las medidas adoptadas por la misma una aproximación a los parámetros existentes en el sector público autonómico, aunque se sigue estimando la necesidad de introducir mejoras. En relación con el control de la actividad económica de las entidades dependientes declaradas por la universidad, se señalan ciertas deficiencias observadas que se detallan en el Informe.

En relación con el seguimiento de las recomendaciones del último informe de fiscalización sobre la universidad, así como de la correspondiente resolución de la Comisión Mixta:

En este aspecto, el informe señala la disposición, tanto de la universidad como de la Comunidad Autónoma, para la adopción de las acciones que sean necesarias para proceder al cumplimiento de las recomendaciones formuladas. Teniendo en cuenta la fecha de la aprobación del último Informe de Fiscalización la universidad ya había formulado las cuentas correspondientes al ejercicio 2015 fiscalizado, y la nueva perspectiva de la consideración de las universidades públicas como entidades pertenecientes al denominado sector público institucional tras la entrada en vigor en 2016 de la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015.

Tras el análisis realizado, el informe formula una serie de recomendaciones, entre ellas, las siguientes:

  • Respecto de los concursos convocados para los cuerpos docentes universitarios, la universidad debería posibilitar la composición paritaria en las comisiones de valoración constituidas al efecto.
  • Se estima oportuno el que la universidad mejore los contenidos del portal de transparencia respecto de sus dos entidades dependientes.
  • Resulta necesario el que se adopten las medidas oportunas a fin de impulsar la actividad de transferencia del conocimiento, en el marco de medidas coordinadas por las diferentes administraciones públicas competentes que impulsen esta actividad.
  •  En los pliegos de cláusulas administrativas deberían establecerse los criterios de adjudicación de los contratos con mayor claridad y precisión. Asimismo, y en coherencia con el principio de economía en la gestión de fondos públicos, debería primarse la valoración de los precios más bajos de las ofertas salvo cuando ello no sea compatible con las características peculiares de los contratados.

El contenido del presente Informe (nº 1.241) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es)

Más información:

Marisol Gálvez

Directora de Comunicación

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