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2018 3 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 3 del año 2018 dictada por el DEPARTAMENTO SEGUNDO

Procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15; Comunidades Autónomas; Cª de Empleo – Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad - ASTILLEROS DE SEVILLA; Andalucía

Fecha: 25/04/2018

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15; Comunidades Autónomas; Cª de Empleo – Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad - ASTILLEROS DE SEVILLA; Andalucía

Resumen doctrina:

Ponente: Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón

Sala de justicia:
Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera

Voces: PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

2018 2 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 2 del año 2018 dictada por el DEPARTAMENTO SEGUNDO

Sentencia del procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-38, de Comunidades Autónomas (Cª de Empleo –Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad- CONSYPROAN) Andalucía

Fecha: 11/04/2018

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-38; Comunidades Autónomas; Cª de Empleo –Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad- CONSYPROAN; Andalucía

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:
EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN. CONSEJERA

Voces: PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

2018 2 DEPARTAMENTO TERCERO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 2 año 2018 dictada por el DEPARTAMENTO TERCERO

Procedimiento de reintegro por alcance nº C-139/17, del ramo de SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO (Ente Público Radio Televisión de Castilla-La Mancha), CASTILLA-LA MANCHA.

Fecha: 09/04/2018

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Dictada por: DEPARTAMENTO TERCERO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº C-139/17, del ramo de SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO (Ente Público Radio Televisión de Castilla-La Mancha), CASTILLA-LA MANCHA,

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMO SR D JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO

Sala de justicia:

Situación Actual: NO FIRME

2018 9 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

AUTO nº 9 año 2018 dictado por la SALA DE JUSTICIA

Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/88, de 5 de abril, Nº 52/17, Actuaciones Previas Nº 234/11, del ramo de Comunidades Autónomas, Consejería de empleo, ayudas socio-laborales a la prejubilación. Andalucía.

Fecha: 22/03/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/88, de 5 de abril, Nº 52/17, Actuaciones Previas Nº 234/11, del ramo de Comunidades Autónomas, Consejería de empleo, ayudas socio-laborales a la prejubilación. Andalucía.

Resumen doctrina: Desestima la Sala el recurso interpuesto sin imposición de costas al recurrente. Comienza exponiendo los motivos de impugnación aducidos y examina en primer término los que se refieren a la Liquidación Provisional, concluyendo que no cabe declarar la nulidad de la misma ni la de los actos derivados de ésta; no cabe eximir de responsabilidad contable al recurrente, dado que las decisiones sobre el fondo del asunto, esto es, sobre la concurrencia o no de responsabilidad contable por alcance, no puede adoptarlas la Sala mediante la resolución del presente recurso; y, por último, tampoco cabe estimar la pretensión del recurrente de que se retrotraigan las actuaciones al momento en el que afirma que se le causó indefensión, dado que dicha indefensión no cabe ser apreciada. La representación procesal del impugnante recurrió también la Providencia del Delegado Instructor en la que se le denegaba la práctica de un nuevo requerimiento a la Junta de Andalucía a fin de que remitiera cierta documentación y, sin embargo, manifiesta la Sala que no aprecia que la Providencia impugnada haya provocado indefensión al recurrente o haya dado lugar a una denegación injustificada de diligencias, toda vez que el Delegado Instructor deniega la petición de forma extensamente motivada. Asimismo, manifiesta la Sala que es consciente de que las medidas cautelares que permite el artículo 47.1 de la LFTCu implican un perjuicio patrimonial para los interesados, pero su fundamento está en la propia ley con la intención legítima de garantizar la eficacia de la resolución definitiva del procedimiento si fuera condenatoria. En definitiva, la mera discrepancia entre el criterio del órgano instructor y el del recurrente no implica por sí misma indefensión, quedando la resolución de tal discrepancia dentro del ámbito competencial del Consejero de Cuentas de primera instancia (Auto de 10 de abril de 2003).

Ponente: Excma. Sra. Dª Mª Antonia Lozano Álvarez

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dª Mª Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano.- Consejero

Voces: CITACIONDENEGACION DE DILIGENCIASINDEFENSIONLIQUIDACION PROVISIONAL

2018 3 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 3 año 2018 dictada por la SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación, rollo nº 58/17, interpuesto contra la Sentencia Nº 7/2017, de 14 de julio, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-27/15-4, del ramo de entidades locales, Ayuntamiento de Reus, Innova Grup d´empreses municipals de Reus, Tarragona.

Fecha: 22/03/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación, rollo nº 58/17, interpuesto contra la Sentencia Nº 7/2017, de 14 de julio, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-27/15-4, del ramo de entidades locales, Ayuntamiento de Reus, Innova Grup d´empreses municipals de Reus, Tarragona.

Resumen doctrina: Se desestiman los recursos de apelación interpuestos, con imposición de costas a los apelantes. Tras precisar las pretensiones y posiciones procesales de las partes la Sala entra a valorar los motivos del recurso y comienza por desestimar el relativo a la ausencia de perjuicio en el patrimonio municipal, toda vez que el reintegro a las arcas públicas de las cantidades que salieron sin justificación a través del Hospital, de titularidad íntegramente municipal, no representa un enriquecimiento injusto sino la reparación del daño ilegítimamente ocasionado por haberse aplicado a la obtención de servicios que no se prestaron. Asimismo, considera la Sala correctamente aplicadas las reglas de la carga de la prueba en la Sentencia apelada. Por último, en relación con los pagos realizados manifiesta la Sala que se ha urdido una compleja trama empresarial para conseguir asesoramiento técnico, auditoría y seguimiento de las obras, que ha evidenciado que no existía derecho a percibir las cantidades abonadas desde mayo de 2009, por no haber prestado servicios a dicha empresa a partir de esa fecha. En cuanto al recurso formulado por INNOVA y el Ayuntamiento de Reus, con la adhesión del Ministerio Fiscal, considera la Sala que constituye una pretensión nueva que no puede constituir el debate procesal de esta apelación, so pena de incurrir en mutatio libelli, generadora de indefensión y debe ser, en consecuencia, desestimada. Por último, en relación con la impugnación de costas formulada, fundamentada en que la Sentencia de instancia debía haber apreciado la existencia de dudas de hecho o de derecho, la Sala concluye que de las tres peticiones formuladas en la demanda, relativas a pagos por distintos conceptos, solo una fue estimada en su integridad, otra parcialmente y otra desestimada, no encontrando la Sala razones para que la juzgadora de primera instancia se apartara del criterio general del vencimiento.

Ponente: Excma. Sra. Dª Mª Antonia Lozano Álvarez

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dª Mª Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano.- Consejero

Voces: CARGA DE LA PRUEBACOSTASINDEFENSIONNEGLIGENCIA GRAVEPAGOS INJUSTIFICADOSPRINCIPIO MUTATIO LIBELLIRECURSOS DE CASACION Y DE REVISION

2018 12 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

AUTO nº 12 año 2018 dictado por la SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación nº 4/18 interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don José Carlos Peñalver Garcerán, asistido del Letrado Don Juan Carlos López García, en nombre y representación de Don A. A. G. C., contra el Auto, dictado el 11 de octubre de 2017, por el que se inadmitió la Acción Pública nº C-5/17, Sector Público Local (Ayuntamiento de Cobeña), Madrid.

Fecha: 22/03/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 4/18 interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don José Carlos Peñalver Garcerán, asistido del Letrado Don Juan Carlos López García, en nombre y representación de Don A. A. G. C., contra el Auto, dictado el 11 de octubre de 2017, por el que se inadmitió la Acción Pública nº C-5/17, Sector Público Local (Ayuntamiento de Cobeña), Madrid.

Resumen doctrina: Estima la Sala el recurso interpuesto sin imposición, en consecuencia, de costas a la parte recurrente. Comienza exponiendo sistematizadamente las alegaciones vertidas por las partes y centra la cuestión planteada en resolver si la acción pública ejercitada por el ahora recurrente debe ser o no admitida, partiendo de la interpretación que ha venido realizando la Sala de Justicia de los requisitos para el ejercicio de esta acción, buscando el equilibrio ente el principio “del favor actionis” o “pro actione”, como manifestación del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, y el intento de atajar iniciativas frívolas e inadmisibles de instrumentalizar la Administración de Justicia al servicio de intereses ajenos a ella. La doctrina de la Sala (por todos, Auto de 20 de julio de 2007) puede sintetizarse en la idea de que si el escrito de interposición de la acción pública reúne a nivel mínimo los requisitos de identificación de los hechos a los que se atribuye el efecto de generar responsabilidad contable y denuncia alguna infracción legal se originaría la apertura de las actuaciones previstas en el artículo 47 de la LFTCu. La conclusión a la que llegó el Consejero de Cuentas en la resolución impugnada no puede ser compartida por la Sala de Justicia, toda vez que, si bien figuran en la documentación obrante las certificaciones de la Secretaria del Ayuntamiento acreditativas de la aprobación de las certificaciones de obra por la Junta de Gobierno Local, y los informes de la Intervención y de los Servicios Técnicos (folios 481 a 490 y 498 a 507), que se refieren a importes globales de obra ejecutada, no consta la expedición de las certificaciones de obra exigidas a efectos del pago desconociéndose si fueron ejecutadas o no las partidas o unidades objeto de la denuncia. Por otra parte, indica la Sala que no constan incorporadas en las actuaciones las distintas partidas o unidades que se hubieran ejecutado. Concluye la Sala manifestando que las circunstancias anteriormente expuestas, unidas a que en la denuncia se individualizan los hechos susceptibles de generar responsabilidad contable y se cuantifica el daño que los mismos hubieran podido producir, aconsejan, en esta fase preliminar, que se admita la acción ejercitada. En consecuencia, procede estimar el recurso interpuesto.

Ponente: Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dª Mª Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera

Voces: ACCION PUBLICAPRINCIPIO PRO ACTIONETUTELA JUDICIAL EFECTIVA

2018 11 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

AUTO nº 11 año 2018 dictado por la SALA DE JUSTICIA

Recurso Nº 56/17 del Art. 48.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril. Actuaciones Previas nº 84/17. Ramo: Sector Público Local, Ayuntamiento de La Oliva, Las Palmas.

Fecha: 22/03/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso Nº 56/17 del Art. 48.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril. Actuaciones Previas nº 84/17. Ramo: Sector Público Local, Ayuntamiento de La Oliva, Las Palmas.

Resumen doctrina: Desestima la Sala el recurso interpuesto sin imposición de costas al recurrente. Comienza precisando la especial naturaleza de este medio de impugnación previsto en el artículo 48.1 de la LFTCu, que lo configura como especial y sumario por razón de la materia, y que opera “per saltum”, es decir, sin que los hechos hayan sido conocidos ni mucho menos resueltos por el órgano de primera instancia de la jurisdicción contable. Aclarados los extremos anteriores, continúa manifestando la Sala que conviene delimitar el objeto del presente recurso ya que por el interesado se han interpuesto tres recursos fundamentados en el artículo 48.1 de la LFTCu, contra tres resoluciones distintas de la Delegada Instructora. El primero de los recursos formulados debe inadmitirse, ya que se interpuso contra una Providencia perteneciente a otras Actuaciones Previas, y no puede afectar desfavorablemente la resolución recurrida al impugnante al no tener éste la consideración de interesado en el procedimiento en el que fue dictada. El segundo recurso ha sido interpuesto contra la Providencia de la Delegada Instructora no accediendo a la práctica de las diligencias y pruebas solicitadas y en este sentido manifiesta la Sala que el objeto de las Actuaciones Previas no es determinar la existencia de alcance y declarar la responsabilidad de determinada persona sino, únicamente, la de recabar los antecedentes necesarios para concretar los hechos y las personas sobre los que en su caso girará el procedimiento. No se causa por tanto indefensión al interesado al rechazar unas alegaciones o unos medios de prueba que, por recaer sobre el fondo del asunto, no son procedentes en esta fase procedimental. Y no se ha vulnerado tampoco el “derecho a ser informado de la acusación en términos suficientemente determinados para defenderse de forma contradictoria”, pues este derecho únicamente tiene virtualidad en el proceso penal, no en el proceso contable y menos aún en las Actuaciones Previas en las que no solo no se formula acusación, sino que ni siquiera van encaminadas a producir declaración alguna de responsabilidad. El tercer recurso es el interpuesto contra el Acta de Liquidación Provisional y la Providencia de requerimiento de pago, aduciendo que le han causado indefensión por los siguientes motivos: 1º) Indefensión porque el expediente está incompleto, por omisión de actuaciones de instrucción tendentes a completar las diligencias que fueron solicitadas; 2º) Indefensión a la hora de determinar la existencia de alcance y el importe del mismo; 3º) Indefensión a la hora de determinar la imputación temporal del alcance; y 4º) Indefensión a la hora de atribuirle la responsabilidad contable. La alegación de indefensión basada en que el expediente está incompleto es rechazada por la Sala, toda vez que el Delegado instructor no está obligado a practicar todas las diligencias propuestas por las partes, sino solo aquellas que sean necesarias para llegar al convencimiento de la existencia de alcance y de las personas responsables. La desestimación de este motivo de impugnación no significa negar el derecho del recurrente a proponer cuantas pruebas estime necesarias y pertinentes para su defensa, sino únicamente que el ejercicio del derecho a la prueba ha de realizarse en el momento procesal oportuno. Se alega también por el recurrente indefensión a la hora de determinar la existencia de alcance y el importe del mismo, indefensión a la hora de determinar la imputación temporal del alcance e indefensión a la hora de atribuirle la responsabilidad contable y la Sala manifiesta que las anteriores alegaciones, bajo la invocación formal de indefensión, ponen de manifiesto en realidad discrepancias con las conclusiones de la Liquidación Provisional que entran de lleno en cuestiones de fondo que el recurrente tendrá la oportunidad de plantear y probar, en su caso, en el correspondiente proceso jurisdiccional.

Ponente: Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano.- Consejero

Voces: ACTUACIONES PREVIASCUESTIONES DE FONDODILIGENCIAS DE AVERIGUACIONINDEFENSIONRECURSO ARTICULO 48.1 (NATURALEZA - MOTIVOS Y FINALIDAD)SUSPENSION

2018 10 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

AUTO nº 10 año 2018 dictado por la SALA DE JUSTICIA

Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988 nº 53/17, Actuaciones Previas nº 78/17. Ramo: Sector Público Autonómico (Cª de Educación, Investigación, Cultura y Deporte- “CEIP José Mª Manresa Navarro de San Fulgencio”),

Fecha: 22/03/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988 nº 53/17, Actuaciones Previas nº 78/17. Ramo: Sector Público Autonómico (Cª de Educación, Investigación, Cultura y Deporte- “CEIP José Mª Manresa Navarro de San Fulgencio”),

Resumen doctrina: Desestima la Sala el recurso interpuesto, sin imposición de costas al recurrente. Comienza exponiendo los planteamientos jurídicos realizados por cada una de las partes procesales y a continuación la Sala alude la naturaleza jurídica del recurso del artículo 48.1 de la LFTCu, que es la de un medio de impugnación especial y sumario tendente a impugnar resoluciones similares a las de tipo interlocutorio, dictadas en la fase preparatoria o facilitadora de los procesos jurisdiccionales contables, por medio del cual, no se persigue un conocimiento concreto de los hechos objeto de debate en una segunda instancia jurisdiccional, sino que, lo que la Ley pretende, es ofrecer un mecanismo de revisión a los intervinientes en la fase de Actuaciones Previas de que se trate de cuantas resoluciones puedan limitar las posibilidades de defensa (Auto de 2 de octubre de 2014). Por ello, no ha de entrar la Sala a conocer del fondo del asunto so pena de invadir, con manifiesta ilegalidad, el ámbito de competencia funcional atribuido “ex lege” a los Consejeros de Cuentas como órganos, en todo caso, de la primera instancia contable. Los motivos de este recurso no pueden ser otros que los establecidos taxativamente por la ley, es decir, que no se accediera a completar las diligencias con los extremos que los comparecidos señalaren o que se causare indefensión. En aplicación de lo que antecede, manifiesta la Sala que debe rechazar de plano todos los argumentos esgrimidos por el recurrente en relación con su pretensión de que esta Sala acuerde admitir las diligencias de prueba. En cuanto a la pretendida vulneración del procedimiento e indefensión administrativa por parte de la Generalitat Valenciana en la incoación del informe de control financiero manifiesta la Sala que no cabe erigir el recurso del artículo 48.1 de la LFTCu en un instrumento de revisión de las resoluciones y actos dictados por los órganos administrativos, pues ello conllevaría necesariamente una invasión de la esfera de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa. En cuanto al grave defecto de forma que la parte recurrente aprecia en que la Delegada Instructora no haya emplazado y citado a todas las personas que resultarían presuntos responsables la Sala manifiesta que esta etapa de investigación previa no es un proceso contradictorio sino una fase de instrucción facilitadora del ulterior proceso judicial contable, no apreciando el grave defecto de forma que el recurrente denuncia. En relación con la indefensión aducida, tras hacer una progresión de lo establecido en esta materia por la jurisprudencia constitucional, indica la Sala que es el momento de citación a la Liquidación Provisional el primer trámite del procedimiento en el que procede dar audiencia. En consecuencia, la función de instrucción se ajustó en todo momento a los requisitos y a los fines contenidos en la LFTCu, en la ordenación y desarrollo de los trámites que conforman la fase de Actuaciones Previas.

Ponente: Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dª Mª Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano.- Consejero

Voces: DILIGENCIAS DE AVERIGUACIONRECURSO ARTICULO 48.1 (NATURALEZA - MOTIVOS Y FINALIDAD)SUSPENSION

2018 2 DEPARTAMENTO PRIMERO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA_A2_2018_1E

Sentencia nº 2/2018, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº A53/17, del ramo de sector público autonómico (Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo-FUNCATRA), ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias

Fecha: 12/03/2018

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Dictada por: DEPARTAMENTO PRIMERO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº A53/17, del ramo de sector público autonómico (Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo-FUNCATRA), ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Resumen doctrina:

Ponente: Excma. Sra. Dña. María Antonia Lozano Álvarez

Sala de justicia:

Situación Actual: FIRME

2018 8 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

AUTO nº 8 año 2018 dictado por la SALA DE JUSTICIA

Recurso de Apelación N° 2/18, interpuesto contra el Auto del Departamento 3º de la Sección de Enjuiciamiento de 6 de noviembre de 2017, dictado en el procedimiento de reintegro por alcance nº C-176/17, del Ramo Sector Público Local, Ayuntamiento de Mazarrón, Murcia.

Fecha: 28/02/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de Apelación N° 2/18, interpuesto contra el Auto del Departamento 3º de la Sección de Enjuiciamiento de 6 de noviembre de 2017, dictado en el procedimiento de reintegro por alcance nº C-176/17, del Ramo Sector Público Local, Ayuntamiento de Mazarrón, Murcia.

Resumen doctrina: Estima la Sala el recurso interpuesto. Razona la Sala que, como acertadamente señala el Auto 10/2015, en consonancia con la doctrina reiterada de esta Sala de Justicia, “el artículo 68.1 in fine se refiere a aquellos casos en los que los hechos carezcan nítidamente de relevancia contable, es decir, que de ellos no pueda deducirse meridianamente pretensión alguna de responsabilidad contable. Los adjetivos manifiesto e inequívoco, también plasmados en el artículo 51.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, para sustentar las resoluciones de inadmisión del recurso, no dejan espacio a interpretaciones sobre su significado que no sean “patente”, “claro”, “descubierto”, “que no admite duda o equivocación”, es decir, la ajenidad a cualquier supuesto del que pueda derivarse responsabilidad contable debería saltar a la vista, sin necesidad de interpretación alguna”. Y concluye la Sala que en el presente caso, y sin entrar a prejuzgar el fondo del asunto, la sola existencia de una prescripción de derechos a favor del Ayuntamiento por incumplimiento de las obligaciones de recaudación, impide considerar que se produzca la situación de “evidente”, de “indubitada” ausencia de responsabilidad contable que pueda derivarse de la misma, lo que supone, en consonancia con el propio artículo 68, que deba tramitarse el correspondiente procedimiento y estimarse el recurso interpuesto.

Ponente: Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dª Mª Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera

Voces: NO INCOACIONPRESCRIPCIONRECAUDACION

2018 7 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

AUTO nº 7 año 2018 dictado por la SALA DE JUSTICIA

Recurso Nº 57/17 interpuesto al amparo del artículo 48.1 de la Ley 7/88, de 5 de abril, contra el Acta de Liquidación Provisional y contra la Providencia de requerimiento de pago dictadas en fecha 30 de noviembre de 2017 en las Actuaciones Previas nº 60/17, del ramo SECTOR PÚBLICO ESTATAL (Inf. Fisc. TCU, contrat. Servicios Publicidad, Ent. Sector Púb. Empre. Estatal, Ejs. 2011-2012-2013), Madrid.

Fecha: 28/02/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso Nº 57/17 interpuesto al amparo del artículo 48.1 de la Ley 7/88, de 5 de abril, contra el Acta de Liquidación Provisional y contra la Providencia de requerimiento de pago dictadas en fecha 30 de noviembre de 2017 en las Actuaciones Previas nº 60/17, del ramo SECTOR PÚBLICO ESTATAL (Inf. Fisc. TCU, contrat. Servicios Publicidad, Ent. Sector Púb. Empre. Estatal, Ejs. 2011-2012-2013), Madrid.

Resumen doctrina: La Sala desestima el recurso presentado sin imposición de costas a los recurrentes. Analiza la naturaleza del recurso del art. 48.1 Ley 7/88 que sólo puede prosperar en caso de denegación indebida de diligencias o en caso de que se haya ocasionado indefensión. Considera que no se ha provocado indefensión como consecuencia de que los hechos enjuiciados resulten constitutivos de responsabilidad contable, ya que esta alegación se refiere al fondo del asunto y no puede ser resuelta a través de este recurso, so pena de invadir la esfera competencial que a la juzgadora de primera instancia corresponde. No ha ocasionado indefensión tampoco “la denegación de las diligencias de prueba complementarias solicitadas por esta parte”, ya que es doctrina reiterada de la Sala de Justicia que los Delegados Instructores no tienen por qué realizar todas las diligencias que los intervinientes en las Actuaciones Previas les propongan si consideran que, con las ya realizadas, disponen de un análisis suficiente, aunque sea provisional, de los hechos denunciados y de su imputación, y que las diligencias que debe practicar el órgano instructor no pueden llegar a una exhaustividad o profundidad que las convierta en una anticipación de la fase probatoria que la Ley prevé para la primera instancia procesal. En este sentido, ha precisado también esta Sala que no ha de confundirse la expresión “diligencia” a la que se refiere el artículo 48 de la LFTCU, con la de “prueba de parte”. En relación con la indefensión ocasionada por falta de motivación de la Liquidación Provisional la Sala manifiesta que dicha motivación no exige un tratamiento pormenorizado de todos los aspectos sugeridos por las partes, siempre que se permita conocer cuáles han sido los criterios jurídicos determinantes de la decisión (Auto 32/2016, de 13 de diciembre) y lo que este motivo expresa es, en realidad, la discrepancia de los recurrentes con las razones en que se basan las conclusiones del Acta de Liquidación Provisional. También desestima la Sala la posible indefensión que le habría provocado “el expediente cuya copia fue facilitada por el Tribunal”, que ha servido de base para articular la defensa de los tres recurrentes, que no se compadece con el expediente manejado por la Delegada instructora que, en suma, es mucho más completo.” No puede prosperar este motivo pues los recurrentes tuvieron a su disposición las actuaciones en la Unidad de Actuaciones Previas de este tribunal desde que les fue notificada la Providencia de citación, por lo que cualesquiera que fueran las deficiencias de que pudiera adolecer la copia facilitada, no impidió ni obstaculizó en modo alguno el acceso de los interesados al contenido íntegro de las actuaciones Por último, en relación con la petición de suspensión, igualmente es desestimada por la Sala.

Ponente: Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano.- Consejero

Voces: DILIGENCIAS DE AVERIGUACIONINDEFENSIONPRUEBARECURSO DEL ART. 48.1 (MOTIVOS)SUSPENSION

2018 6 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

AUTO nº 6 año 2018 dictado por la SALA DE JUSTICIA

Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/88, de 5 de abril, Nº 55/17, Actuaciones Previas Nº 264/16, del ramo Sector Público Local, Tomelloso (Ciudad Real).

Fecha: 28/02/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/88, de 5 de abril, Nº 55/17, Actuaciones Previas Nº 264/16, del ramo Sector Público Local, Tomelloso (Ciudad Real).

Resumen doctrina: La Sala de Justicia acuerda desestimar los recursos interpuestos contra la Liquidación Provisional y la Providencia de requerimiento de pago dictadas en las Actuaciones Previas, quedando confirmadas dichas resoluciones, sin imposición de costas. Comienza con una exposición pormenorizada de los motivos en que los recurrentes fundamentan sus respectivas impugnaciones. A continuación, analiza la petición de suspensión de la Providencia de requerimiento de pago y la desestima, toda vez que no se aprecia ninguna irregularidad en la tramitación o deficiencia de contenido en la instrucción que permitan acceder a la misma (Auto de 22 de julio de 2013, donde se establece que los efectos suspensivos de la interposición de este recurso son excepcionales). Continúa la Sala mencionando las cuestiones aducidas por los recurrentes atinentes al fondo del asunto y a las excepciones procesales, y manifiesta que la decisión sobre las mismas no puede adoptarse por la Sala de Justicia a través del presente recurso que, de acuerdo con el artículo 48.1 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, solo puede prosperar por indefensión o por denegación injustificada de diligencias solicitadas. Seguidamente, sistematiza la Sala los diversos motivos de los recursos que se refieren a la posible indefensión causada a los impugnantes y comienza por el derecho a la presunción de inocencia y a un procedimiento con todas las garantías señalando que las Actuaciones Previas no son un procedimiento sancionatorio pues están orientadas a preparar una vía jurisdiccional en la que no puede imponerse sanción alguna sino, únicamente, la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados al erario público. En relación con el principio de presunción de inocencia la jurisprudencia considera su aplicación muy matizada en la jurisdicción contable porque al tratarse de procesos por responsabilidades reparatorias, son las reglas de la carga de la prueba de los procesos civiles las que se superponen al principio de presunción de inocencia y concluye que ni se ha vulnerado dicho principio ni el derecho a un procedimiento con todas las garantías. Continúa la Sala analizando la alegación relativa a la inexistencia de un procedimiento de carácter contradictorio, y manifiesta que no está legalmente previsto para la fase de Actuaciones Previas, sino para la primera instancia procesal, que es el ámbito en el que las partes pueden alegar y pedir prueba con toda la amplitud prevista para el proceso civil. En cuanto a la insuficiencia de la prueba practicada por la Delegada Instructora – demasiado limitada como para fundamentar las conclusiones de la Liquidación Provisional y debiera haber practicado las diligencias solicitadas- manifiesta la Sala que la Liquidación Provisional motiva adecuadamente las razones por las que considera, de forma previa y provisional, que se ha producido un alcance, que asciende a una determinada cifra y que resulta imputable a diversas personas y no existe deber legal para el órgano de instrucción de practicar las diligencias que le piden los interesados si, con la información obrante en el procedimiento, estima que hay razones suficientes para motivar su Liquidación Provisional. A propósito de la alegación referida a que no cabe recurso alguno contra el fondo de las decisiones recogidas en la Liquidación Provisional, manifiesta la Sala que es un mandato previsto en la ley. En cuanto a la caducidad del expediente por haberse rebasado en su tramitación los límites temporales del artículo 47.4 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas concluye la Sala que el plazo mencionado tiene carácter meramente indicativo y su incumplimiento no determina ni la caducidad del trámite ni la caducidad de la instancia o del procedimiento. (Autos de 17 de octubre de 2001, de 5 de julio de 2002 y 29 de marzo de 2006). Por último, respecto a la solicitud de archivo de las actuaciones por absolución de los recurrentes de la responsabilidad contable que se les reclama, indica la Sala que no cabe decretarlo ni por la Delegada Instructora en las Actuaciones Previas ni por esta Sala a través del presente recurso, ya que las posibilidades de archivo, no incoación o sobreseimiento están legalmente reservadas a los Consejeros de Cuentas, en fase de diligencias preliminares ex artículo 46.2 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, o en las instancias jurisdiccionales de acuerdo con los artículos 73 y 79 de la aludida Norma (Auto, entre otros, de 3 de febrero de 2005).

Ponente: Excma. Sra. Dª Mª Antonia Lozano Álvarez

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dª Mª Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano.- Consejero

Voces: CARGA DE LA PRUEBAINDEFENSIONLIQUIDACION PROVISIONALPRESUNCION DE INOCENCIASUSPENSION PROVIDENCIA DE REQUERIMIENTO DE PAGO O AFIANZAMIENTO

2018 5 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

AUTO nº 5 año 2018 dictado por la SALA DE JUSTICIA

Recurso del artículo 46.2 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, nº 46/17. Diligencias Preliminares nº B-62/17. Sector Público Local (Mancomunidad de Servicios de la Manchuela Conquense), Cuenca.

Fecha: 28/02/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del artículo 46.2 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, nº 46/17. Diligencias Preliminares nº B-62/17. Sector Público Local (Mancomunidad de Servicios de la Manchuela Conquense), Cuenca.

Resumen doctrina: Se desestima el recurso interpuesto sin imposición de costas al recurrente. Comienza la Sala exponiendo sistematizadamente las alegaciones vertidas en el recurso y seguidamente manifiesta coincidir con el criterio contenido en el Auto recurrido, por cuanto es doctrina reiterada de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas (entre otras, Sentencias 10/2005, de 14 de julio, 20/2005, de 28 de octubre, y 10/2013, de 12 de marzo) que para que pueda declararse la responsabilidad contable por alcance resulta imprescindible que se haya apreciado en los fondos públicos afectados un daño real y efectivo, sin el cual los posibles incumplimientos de carácter administrativo, contable, financiero, presupuestario o contractual que, en su caso, se hubiesen producido en la operación enjuiciada, no serían suficientes para provocar el efecto indemnizatorio que deriva de dicha responsabilidad. Concluye que de la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal, que recoge la remitida por el Presidente de la Mancomunidad, no se deduce, en modo alguno, que se haya originado ese daño real y efectivo que exige el artículo 59 de la LFTCu por lo siguiente: 1º) En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria o de la regla de gasto, como parece ser que ha sido el supuesto de la Mancomunidad, se aplicaría lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LO 2/12), debiendo elaborarse un plan económico-financiero que corrija esta situación (artículo 21 de la precitada Ley). La persistencia en el incumplimiento del objetivo mencionado puede considerarse como gestión gravemente dañosa para los intereses generales, pudiendo procederse a la disolución de los órganos de la Corporación Local incumplidora. Cabe concluir que, para solucionar la situación del remanente de tesorería negativo, la Mancomunidad debería haber reducido gastos del presupuesto, y que su incumplimiento supondría una infracción de lo dispuesto en el TRLRHL y en la LO 2/12, pero esta irregularidad no generaría responsabilidad contable al no haber originado un daño a los fondos públicos individualizado y cuantificable. 2º) Tampoco ha originado un perjuicio o daño en los fondos de la Mancomunidad la dotación presupuestaria de un puesto de trabajo no incluido en la RPT. Como ha señalado el Tribunal Supremo (Sentencia de la Sección 7ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 20 de octubre de 2008)” (…) La aprobación de la Plantilla Orgánica no es sino la aprobación de una partida de los presupuestos, que podrá prever un número de funcionarios menor que el establecido en la Relación de Puestos de Trabajo (al existir por ejemplo vacantes que por motivos presupuestarios se decida no cubrir) pero que no puede contradecir en el contenido, naturaleza y número máximo de plazas, a las previsiones previstas en la Relación de Puestos de Trabajo …”. Por tanto, la dotación presupuestaria por parte de la Mancomunidad de un puesto de trabajo inexistente en la RPT supone una infracción administrativa y/o presupuestaria. Sin embargo, esta irregularidad no genera por sí la existencia de responsabilidad contable, máxime porque los presupuestos constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede reconocer la entidad, y de los derechos que prevea liquidar durante el correspondiente ejercicio, y no de la realización efectiva de gastos ni de pago, como acertadamente ha señalado la Consejera de instancia. Cuestión distinta, razona la Sala, es que esa dotación presupuestaria se hubiera gastado y pagado sin conocer su destino final. El Presidente de la Mancomunidad, en su escrito de recurso, alega que la dotación presupuestaria de un puesto de trabajo no incluido en la RPT se ha venido gastando, sin que conste su destino, supuesto que podría haber originado un daño en los fondos públicos de la Mancomunidad. Ahora bien, este hecho es un elemento nuevo que se ha introducido extemporáneamente en esta instancia. Y esta circunstancia impide a este Órgano ad quem pronunciarse sobre esta cuestión, en virtud de la prohibición de la mutatio libelli. De lo anteriormente expuesto, se deduce que la decisión de archivo contenida en la resolución impugnada es conforme a derecho. Por lo que se refiere a las costas, la Sala, manifiesta que no procede su imposición al recurrente, dada la naturaleza y singularidad de las cuestiones jurídicas suscitadas en estas actuaciones y el especial interés de la Mancomunidad en la defensa de sus bienes y derechos.

Ponente: Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dª Mª Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano.- Consejero

Voces: ARCHIVO (ART. 46.2)DAÑO EN LOS FONDOS PUBLICOSORGANO JUDICIAL AD QUEMPRINCIPIO MUTATIO LIBELLI

2018 2 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 2 año 2018 dictada por la SALA DE JUSTICIA

Recurso de Apelación N° 39/17, interpuesto contra la Sentencia de 27 de febrero de 2017, Procedimiento de reintegro por alcance nº C-236/14, del Sector Público Estatal (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación- Embajada de España en Managua), Nicaragua.

Fecha: 28/02/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de Apelación N° 39/17, interpuesto contra la Sentencia de 27 de febrero de 2017, Procedimiento de reintegro por alcance nº C-236/14, del Sector Público Estatal (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación- Embajada de España en Managua), Nicaragua.

Resumen doctrina: Estima parcialmente la Sala el recurso interpuesto sin imposición de costas. Comienza la Sala aludiendo a los motivos esgrimidos en el recurso de apelación que se circunscriben a impugnar el Auto de aclaración de fecha 23 de marzo de 2017, por cuanto que por medio del mismo se ha realizado una nueva valoración jurídica; la valoración de la prescripción de los hechos objeto del procedimiento; y, por último, la valoración de la prueba contenida en la Sentencia apelada. En primer término, es forzoso concluir que asiste la razón al recurrente en cuanto a la improcedencia de la aclaración en los términos en que fue efectuada, por lo que ha de tenerse por no realizada, debiendo examinarse a continuación la impugnación que se realiza en el recurso de la valoración sobre la prescripción que contiene la sentencia apelada. A la vista de las alegaciones de las partes, la controversia se centra en la determinación del dies a quo a efectos del cómputo del plazo de 5 años establecido en la disposición adicional 3ª de la LFTCu. De acuerdo con dicha norma el plazo de prescripción debe contarse desde la fecha en que se hubieren cometido los hechos que originen las responsabilidades contables. En el presente caso, la sentencia no precisa ninguna fecha concreta sino que encuadra la producción del daño a los fondos públicos dentro de un periodo de tiempo que abarca varios años y en esta situación es preciso establecer si la relativa indeterminación del tiempo en que ocurrieron los hechos ha de perjudicar a la parte que alega la prescripción o a la que se opone a ella. A este respecto, y de acuerdo con la regla de carga de la prueba (art. 217 LEC) la ausencia de acreditación del tiempo en que ocurrieron los hechos, en la medida en que impida ubicar temporalmente la producción del daño en un tiempo afectado por la prescripción, ha de perjudicar a quien alega ésta y no a quien ejercite la acción cuya prescripción se reclame y así lo manifiesta la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo. En definitiva, “corresponde a quien alega la prescripción la prueba del dies a quo” y en este supuesto viene determinado por el mismo momento en que tuvo lugar la operación de retirada del Banco o de recepción del ingreso en metálico, ya que desde ese momento se desconoce el destino de los fondos públicos afectados. Cabe identificar, por tanto, determinadas operaciones que han de considerarse afectadas por la prescripción. A continuación, la Sala analiza la alegación del apelante referida a la desestimación en la primera instancia de la excepción de litisconsorcio pasivo necesario y rechaza este motivo de impugnación debido al carácter solidario de la responsabilidad contable directa, del que deriva la posibilidad de reclamar la totalidad del daño de cualquiera de los responsables, sin necesidad de identificar y demandar a todos y cada uno de los sujetos a quienes se pudiera atribuir. Por último, analiza la Sala la alegación del apelante que considera que la sentencia valoró indebidamente la prueba y concluye que todos los motivos de impugnación aducidos a estos efectos han de entenderse desestimados.

Ponente: Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dª Mª Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera

Voces: CARGA DE LA PRUEBADIES A QUOLITISCONSORCIO PASIVO NECESARIOPRESCRIPCIONVALORACION DE LA PRUEBA

2018 1 DEPARTAMENTO PRIMERO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 1 año 2018 dictada por DEPARTAMENTO PRIMERO

Procedimiento de reintegro por alcance nº A52/17, perteneciente al ramo de sector público autonómico (Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Lugo), ámbito territorial de la provincia de Lugo, en los que la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Lugo.

Fecha: 09/02/2018

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Dictada por: DEPARTAMENTO PRIMERO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº A52/17, perteneciente al ramo de sector público autonómico (Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Lugo), ámbito territorial de la provincia de Lugo, en los que la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Lugo.

Resumen doctrina:

Ponente: Excma. Sra. Dña. María Antonia Lozano Álvarez

Sala de justicia:

Situación Actual: FIRME

2018 4 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

AUTO nº 4 año 2018 dictado por la SALA DE JUSTICIA

Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, nº 54/17 Actuación Previa nº 78/17 SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO (Cª de Educación, Investigación, Cultura y Deporte- “CEIP José Mª Manresa Navarro de San Fulgencio”) ALICANTE.

Fecha: 30/01/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, nº 54/17 Actuación Previa nº 78/17 SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO (Cª de Educación, Investigación, Cultura y Deporte- “CEIP José Mª Manresa Navarro de San Fulgencio”) ALICANTE.

Resumen doctrina: Desestima la Sala de Justicia el recurso interpuesto contra la Liquidación Provisional practicada en las Actuaciones Previas, sin imposición de costas al recurrente. Realiza la Sala una exposición pormenorizada de las alegaciones vertidas por las partes. En relación con el recurrente pone de manifiesto su solicitud de nulidad del Acta de Liquidación Provisional y, por tanto, de todas las actuaciones dimanantes, al haberse omitido trámites esenciales del procedimiento por la falta de entrega de las Diligencias Preliminares, entre las que se incluye el Informe de Control Financiero Especial, en el que se basa por completo aquélla, provocándole una evidente indefensión material. Rechaza la Sala, sin embargo, los argumentos esgrimidos al considerar que la labor desarrollada por la Delegada Instructora ha cumplido estrictamente con las previsiones contenidas en el artículo 47 de la LFTCu, poniendo las actuaciones a disposición de los intervinientes, otorgando plazo para formular alegaciones, concediendo incluso una ampliación del mismo para garantizar el derecho de defensa y contestando todas y cada una de las alegaciones formuladas, siendo el momento de la Liquidación Provisional ( por todos, Auto 18/2017, de 12 de diciembre, de la Sala de Justicia) el primer trámite del procedimiento en el que procede dar audiencia a los presuntos responsables.

Ponente: Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dª Mª Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano.- Consejero

Voces: ALEGACIONESINDEFENSIONNULIDAD DE LIQUIDACION PROVISIONAL

2018 3 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

AUTO nº 3 año 2018 dictado por la SALA DE JUSTICIA

Recurso de Apelación nº 48/17 Procedimiento de reintegro nº C-155/16 Ramo: SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.- Generalitat Valenciana Valencia

Fecha: 30/01/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de Apelación nº 48/17 Procedimiento de reintegro nº C-155/16 Ramo: SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.- Generalitat Valenciana Valencia

Resumen doctrina: Estima la Sala el recurso de apelación deducido por la apelante, en su propio nombre y derecho. Tras sistematizar los motivos de apelación formulados y las alegaciones constitutivas de la oposición a estos delimita la Sala, de entre las razones esgrimidas por la apelante, si hay alguna que justifique que su escrito de contestación a la demanda deba ser admitido. Y en este sentido considera que la petición de ampliación del plazo para contestar a la demanda no se ajusta a lo previsto en el art. 134.2 de la LEC, ya que no cabe apreciar la existencia de un caso de fuerza mayor que hubiera impedido el cumplimiento del trámite. Y a ello debe añadirse que la petición se realizó fuera de plazo. No obstante, debe tenerse en cuenta que, tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como como la de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, reconocen la aplicación a los procesos de responsabilidad contable de lo prevenido en el art. 128.1 de la LJCA, por analogía con lo dispuesto en el artículo 55 de dicha Ley, lo cual permite que un escrito de contestación a la demanda pueda presentarse el día en el que se notifica la resolución de preclusión del trámite. Manifiesta la Sala que, dado que el escrito de contestación a la demanda se presentó en una fecha amparada por el artículo 128.1 de la LJCA, dicho escrito debe ser admitido. Admisión que, en definitiva, en nada menoscaba el derecho a la tutela judicial efectiva de las demás partes procesales, ya que únicamente implica añadir al debate procesal los argumentos de otro legitimado. Todo ello conduce a la estimación del recurso, sin imposición de costas, dada la complejidad procesal derivada de la aplicación del derecho supletorio y la controvertida aplicación del art. 134.2 de la Ley Procesal Civil.

Ponente: Excma. Sra. Dª Mª Antonia Lozano Álvarez

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dª Mª Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera

Voces: INDEFENSIONPLAZOS PROCESALES (IMPRORROGABILIDAD)REPRESENTACION Y DEFENSA

2018 2 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

AUTO nº 2 año 2018 dictado por la SALA DE JUSTICIA

Recurso del art. 48.1 de la Ley 7/88, nº 45/17, interpuesto contra la Providencia de 6 de octubre de 2017, dictada en las Actuaciones Previas nº 6/2017, de Sector Público Local (Ayto. de Arnedo), La Rioja.

Fecha: 30/01/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del art. 48.1 de la Ley 7/88, nº 45/17, interpuesto contra la Providencia de 6 de octubre de 2017, dictada en las Actuaciones Previas nº 6/2017, de Sector Público Local (Ayto. de Arnedo), La Rioja.

Resumen doctrina: La Sala de Justicia acuerda desestimar el recurso interpuesto al amparo del artículo 48.1 de la LFTCu, contra la Providencia de embargo de retribuciones dictada en las Actuaciones Previas, quedando confirmada dicha resolución, sin imposición de costas. Comienza la Sala con una exposición pormenorizada de los motivos en que el recurrente fundamenta su impugnación, cuales son: que la previsión de embargo de bienes recogida en el artículo 47.1 g) de la LFTCu sólo es aplicable para el caso de que no exista pago, depósito o afianzamiento. Y, sin embargo, en el supuesto de autos, la Delegada Instructora tuvo por realizado el afianzamiento mediante el embargo de una finca rústica, si bien es cierto que, posteriormente, la Registradora de la Propiedad procedió a denegar la práctica de la anotación preventiva de embargo porque el presunto responsable no figuraba como titular registral de la referida finca; que, de conformidad con el artículo 87 del Reglamento General de Recaudación, las incidencias relativas a las anotaciones preventivas de embargo deben tratar de subsanarse y, en el supuesto de autos, se ignora si la denegación de inscripción por parte de la Registradora de la Propiedad se ha producido por un defecto subsanable o no; por último que, de conformidad con reiterada doctrina jurisprudencial, se ha ofrecido una garantía inmobiliaria como medida de afianzamiento del presunto alcance y se ha aceptado por la unidad de Actuaciones Previas, lo que implica la existencia y constitución del embargo sobre la finca de referencia, esto es, la denegación de la publicidad registral no tiene valor constitutivo respecto de la traba, ya que el embargo existe jurídicamente desde que lo tiene por realizado la autoridad administrativa o judicial. En primer lugar, manifiesta la Sala en cuanto a la naturaleza jurídica del recurso del artículo 48.1 de la LFTCu que es un medio de impugnación especial y sumario por razón de la materia, que tiene carácter especial por la limitación de los motivos de prosperabilidad establecidos legalmente- que no se accediere a completar las diligencias con los extremos que los interesados señalaren o que se causare indefensión- y sumario, en razón de los plazos y trámites previstos para su sustanciación. En ningún caso se aprecia haber incurrido en alguno de los dos vicios que harían prosperar el recurso. No cabe apreciar que haya producido indefensión para el recurrente la providencia que impugna, ya que la Delegada Instructora se ha limitado a aplicar lo establecido en el artículo 47 de la LFTCu al no considerar debidamente garantizado el presunto alcance como consecuencia de la denegación de la anotación preventiva de embargo del bien inmueble, que realizó la Registradora de la Propiedad por considerar que había falta de tracto sucesivo. Tampoco pueden ser acogidas las alegaciones relativas a la vulneración de la normativa del Reglamento General de Recaudación, ya que la Registradora de la Propiedad razona en su Calificación Negativa que la única vía de subsanación es que falte presentar algún título en cuya virtud el ahora recurrente sea dueño de la finca o que un juez advierta indicios racionales de ser el verdadero titular y en las actuaciones no obra ningún documento acreditativo de tales circunstancias. En cuanto a la alegación de que no se ha dado oportunidad al recurrente de remover el obstáculo que impedía la publicidad registral, ni de ofrecer algún otro bien o derecho como medida de afianzamiento, manifiesta la Sala que dicha oportunidad ya fue concedida al recurrente al efectuarse el requerimiento previsto en el artículo 47.1 f) de la LFTCu, sin que se efectuara el depósito ni el afianzamiento a que se refiere dicho precepto. Si el recurrente pretende que se deje sin efecto el embargo de retribuciones puede recurrir a las vías legalmente previstas para la modificación del embargo (art. 612 LEC), o bien para la sustitución de las medidas cautelares por una caución sustitutoria (arts. 746 y 747 LEC), sin que el presente recurso constituya cauce procesal adecuado a tales efectos. Por último, en cuanto a la petición de suspensión de los efectos de la providencia impugnada, la Sala entiende procedente su desestimación, ya que en el supuesto de autos tampoco se ha motivado la petición en la situación de indefensión que se le ha generado.

Ponente: Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano.- Consejero

Voces: ANOTACION PREVENTIVA DE EMBARGOEMBARGOINDEFENSIONRECURSO DEL ART. 48.1 (MOTIVOS)SUSPENSION

2018 1 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 1 año 2018 dictada por la SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación nº 51/17 interpuesto contra la Sentencia 4/2017, de 7 de junio, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-220/13, Entidades Locales (Ayuntamiento de Xirivella), Valencia.

Fecha: 30/01/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 51/17 interpuesto contra la Sentencia 4/2017, de 7 de junio, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-220/13, Entidades Locales (Ayuntamiento de Xirivella), Valencia.

Resumen doctrina: Estima parcialmente la Sala el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de instancia, sin imposición de costas. Tras exponer sistematizadamente las alegaciones de las partes, analiza la Sala los argumentos esgrimidos por el apelante, a propósito de la falta de competencia material u objetiva como causa para que hubiera sido inadmitida la demanda, y concluye compartiendo la declaración contenida en la sentencia de instancia, ahora apelada, en el sentido de que esta cuestión debió proponerse en forma de declinatoria, ex art. 63 de la LEC, en el escrito de contestación a la demanda, y, además, que tampoco cabía apreciar de oficio la existencia de la misma. Así, manifiesta el Órgano ad quem, en la medida en que se hayan originado daños a los fondos públicos se abre la posibilidad de declarar responsabilidades contables por el Tribunal de Cuentas, siempre que concurran el resto de los requisitos establecidos en la Ley ( Sentencia de la Sala de Justicia 18/2009, de 22 de julio). En el supuesto que nos ocupa, el daño en los fondos públicos se ha producido por la prescripción de las deudas tributarias que ha impedido que determinados ingresos entraran en la Tesorería del Ayuntamiento. Por ello, existiendo un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, que pudiera haber sido ocasionado por el agente colaborador de la recaudación, se aprecia, de forma indubitada, la competencia objetiva de esta jurisdicción contable. Continúa la Sala argumentando que la responsabilidad del agente colaborador podía haber sido exigida, bien mediante expediente administrativo por la Corporación afectada, en cuyo caso este Tribunal de Cuentas sólo podría conocer a través del recurso previsto en el artículo 41 de la LOTCu, bien directamente por el Tribunal de Cuentas, conforme a lo establecido en los artículos 68 y siguientes de la LFTCu. Tampoco puede admitirse la consideración de la representación del apelante de que el demandado deba quedar exonerado de la responsabilidad de la declaración de prescripción de las deudas tributarias que se señalan en la resolución recurrida, porque, a su juicio, el Ayuntamiento no haya remitido toda la documentación de que disponía, toda vez que la falta de documentación que acredite las actuaciones que hubiera realizado el apelante sólo puede constatar, ante los requerimientos efectuados por el Ayuntamiento, la responsabilidad contable declarada. Por último, la Sala se pronuncia respecto a la data 49/2010, en concepto de I.A.E ECONÓMICAS 2004, y del análisis de la documentación que obra en autos, constata que la suma a la que asciende el alcance por este concepto no es la de 5.737,01 euros, que se recoge en la sentencia apelada, sino la de 790,23 euros, que se refiere a la falta de justificación de la prescripción de la deuda tributaria del recibo 217, debiendo minorar la responsabilidad contable declarada en esa proporción.

Ponente: Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dª Mª Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano.- Consejero

Voces: COSTASDATADAÑO EN LOS FONDOS PUBLICOSFALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE CUENTASPRESCRIPCION DEUDA TRIBUTARIARECURSO DE APELACION