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2018 4 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

AUTO nº 4 año 2018 dictado por la SALA DE JUSTICIA

Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, nº 54/17 Actuación Previa nº 78/17 SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO (Cª de Educación, Investigación, Cultura y Deporte- “CEIP José Mª Manresa Navarro de San Fulgencio”) ALICANTE.

Fecha: 30/01/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, nº 54/17 Actuación Previa nº 78/17 SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO (Cª de Educación, Investigación, Cultura y Deporte- “CEIP José Mª Manresa Navarro de San Fulgencio”) ALICANTE.

Resumen doctrina: Desestima la Sala de Justicia el recurso interpuesto contra la Liquidación Provisional practicada en las Actuaciones Previas, sin imposición de costas al recurrente. Realiza la Sala una exposición pormenorizada de las alegaciones vertidas por las partes. En relación con el recurrente pone de manifiesto su solicitud de nulidad del Acta de Liquidación Provisional y, por tanto, de todas las actuaciones dimanantes, al haberse omitido trámites esenciales del procedimiento por la falta de entrega de las Diligencias Preliminares, entre las que se incluye el Informe de Control Financiero Especial, en el que se basa por completo aquélla, provocándole una evidente indefensión material. Rechaza la Sala, sin embargo, los argumentos esgrimidos al considerar que la labor desarrollada por la Delegada Instructora ha cumplido estrictamente con las previsiones contenidas en el artículo 47 de la LFTCu, poniendo las actuaciones a disposición de los intervinientes, otorgando plazo para formular alegaciones, concediendo incluso una ampliación del mismo para garantizar el derecho de defensa y contestando todas y cada una de las alegaciones formuladas, siendo el momento de la Liquidación Provisional ( por todos, Auto 18/2017, de 12 de diciembre, de la Sala de Justicia) el primer trámite del procedimiento en el que procede dar audiencia a los presuntos responsables.

Ponente: Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dª Mª Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano.- Consejero

Voces: ALEGACIONESINDEFENSIONNULIDAD DE LIQUIDACION PROVISIONAL

2018 3 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

AUTO nº 3 año 2018 dictado por la SALA DE JUSTICIA

Recurso de Apelación nº 48/17 Procedimiento de reintegro nº C-155/16 Ramo: SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.- Generalitat Valenciana Valencia

Fecha: 30/01/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de Apelación nº 48/17 Procedimiento de reintegro nº C-155/16 Ramo: SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.- Generalitat Valenciana Valencia

Resumen doctrina: Estima la Sala el recurso de apelación deducido por la apelante, en su propio nombre y derecho. Tras sistematizar los motivos de apelación formulados y las alegaciones constitutivas de la oposición a estos delimita la Sala, de entre las razones esgrimidas por la apelante, si hay alguna que justifique que su escrito de contestación a la demanda deba ser admitido. Y en este sentido considera que la petición de ampliación del plazo para contestar a la demanda no se ajusta a lo previsto en el art. 134.2 de la LEC, ya que no cabe apreciar la existencia de un caso de fuerza mayor que hubiera impedido el cumplimiento del trámite. Y a ello debe añadirse que la petición se realizó fuera de plazo. No obstante, debe tenerse en cuenta que, tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como como la de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, reconocen la aplicación a los procesos de responsabilidad contable de lo prevenido en el art. 128.1 de la LJCA, por analogía con lo dispuesto en el artículo 55 de dicha Ley, lo cual permite que un escrito de contestación a la demanda pueda presentarse el día en el que se notifica la resolución de preclusión del trámite. Manifiesta la Sala que, dado que el escrito de contestación a la demanda se presentó en una fecha amparada por el artículo 128.1 de la LJCA, dicho escrito debe ser admitido. Admisión que, en definitiva, en nada menoscaba el derecho a la tutela judicial efectiva de las demás partes procesales, ya que únicamente implica añadir al debate procesal los argumentos de otro legitimado. Todo ello conduce a la estimación del recurso, sin imposición de costas, dada la complejidad procesal derivada de la aplicación del derecho supletorio y la controvertida aplicación del art. 134.2 de la Ley Procesal Civil.

Ponente: Excma. Sra. Dª Mª Antonia Lozano Álvarez

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dª Mª Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera

Voces: INDEFENSIONPLAZOS PROCESALES (IMPRORROGABILIDAD)REPRESENTACION Y DEFENSA

2018 2 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

AUTO nº 2 año 2018 dictado por la SALA DE JUSTICIA

Recurso del art. 48.1 de la Ley 7/88, nº 45/17, interpuesto contra la Providencia de 6 de octubre de 2017, dictada en las Actuaciones Previas nº 6/2017, de Sector Público Local (Ayto. de Arnedo), La Rioja.

Fecha: 30/01/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del art. 48.1 de la Ley 7/88, nº 45/17, interpuesto contra la Providencia de 6 de octubre de 2017, dictada en las Actuaciones Previas nº 6/2017, de Sector Público Local (Ayto. de Arnedo), La Rioja.

Resumen doctrina: La Sala de Justicia acuerda desestimar el recurso interpuesto al amparo del artículo 48.1 de la LFTCu, contra la Providencia de embargo de retribuciones dictada en las Actuaciones Previas, quedando confirmada dicha resolución, sin imposición de costas. Comienza la Sala con una exposición pormenorizada de los motivos en que el recurrente fundamenta su impugnación, cuales son: que la previsión de embargo de bienes recogida en el artículo 47.1 g) de la LFTCu sólo es aplicable para el caso de que no exista pago, depósito o afianzamiento. Y, sin embargo, en el supuesto de autos, la Delegada Instructora tuvo por realizado el afianzamiento mediante el embargo de una finca rústica, si bien es cierto que, posteriormente, la Registradora de la Propiedad procedió a denegar la práctica de la anotación preventiva de embargo porque el presunto responsable no figuraba como titular registral de la referida finca; que, de conformidad con el artículo 87 del Reglamento General de Recaudación, las incidencias relativas a las anotaciones preventivas de embargo deben tratar de subsanarse y, en el supuesto de autos, se ignora si la denegación de inscripción por parte de la Registradora de la Propiedad se ha producido por un defecto subsanable o no; por último que, de conformidad con reiterada doctrina jurisprudencial, se ha ofrecido una garantía inmobiliaria como medida de afianzamiento del presunto alcance y se ha aceptado por la unidad de Actuaciones Previas, lo que implica la existencia y constitución del embargo sobre la finca de referencia, esto es, la denegación de la publicidad registral no tiene valor constitutivo respecto de la traba, ya que el embargo existe jurídicamente desde que lo tiene por realizado la autoridad administrativa o judicial. En primer lugar, manifiesta la Sala en cuanto a la naturaleza jurídica del recurso del artículo 48.1 de la LFTCu que es un medio de impugnación especial y sumario por razón de la materia, que tiene carácter especial por la limitación de los motivos de prosperabilidad establecidos legalmente- que no se accediere a completar las diligencias con los extremos que los interesados señalaren o que se causare indefensión- y sumario, en razón de los plazos y trámites previstos para su sustanciación. En ningún caso se aprecia haber incurrido en alguno de los dos vicios que harían prosperar el recurso. No cabe apreciar que haya producido indefensión para el recurrente la providencia que impugna, ya que la Delegada Instructora se ha limitado a aplicar lo establecido en el artículo 47 de la LFTCu al no considerar debidamente garantizado el presunto alcance como consecuencia de la denegación de la anotación preventiva de embargo del bien inmueble, que realizó la Registradora de la Propiedad por considerar que había falta de tracto sucesivo. Tampoco pueden ser acogidas las alegaciones relativas a la vulneración de la normativa del Reglamento General de Recaudación, ya que la Registradora de la Propiedad razona en su Calificación Negativa que la única vía de subsanación es que falte presentar algún título en cuya virtud el ahora recurrente sea dueño de la finca o que un juez advierta indicios racionales de ser el verdadero titular y en las actuaciones no obra ningún documento acreditativo de tales circunstancias. En cuanto a la alegación de que no se ha dado oportunidad al recurrente de remover el obstáculo que impedía la publicidad registral, ni de ofrecer algún otro bien o derecho como medida de afianzamiento, manifiesta la Sala que dicha oportunidad ya fue concedida al recurrente al efectuarse el requerimiento previsto en el artículo 47.1 f) de la LFTCu, sin que se efectuara el depósito ni el afianzamiento a que se refiere dicho precepto. Si el recurrente pretende que se deje sin efecto el embargo de retribuciones puede recurrir a las vías legalmente previstas para la modificación del embargo (art. 612 LEC), o bien para la sustitución de las medidas cautelares por una caución sustitutoria (arts. 746 y 747 LEC), sin que el presente recurso constituya cauce procesal adecuado a tales efectos. Por último, en cuanto a la petición de suspensión de los efectos de la providencia impugnada, la Sala entiende procedente su desestimación, ya que en el supuesto de autos tampoco se ha motivado la petición en la situación de indefensión que se le ha generado.

Ponente: Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano.- Consejero

Voces: ANOTACION PREVENTIVA DE EMBARGOEMBARGOINDEFENSIONRECURSO DEL ART. 48.1 (MOTIVOS)SUSPENSION

2018 1 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 1 año 2018 dictada por la SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación nº 51/17 interpuesto contra la Sentencia 4/2017, de 7 de junio, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-220/13, Entidades Locales (Ayuntamiento de Xirivella), Valencia.

Fecha: 30/01/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 51/17 interpuesto contra la Sentencia 4/2017, de 7 de junio, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-220/13, Entidades Locales (Ayuntamiento de Xirivella), Valencia.

Resumen doctrina: Estima parcialmente la Sala el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de instancia, sin imposición de costas. Tras exponer sistematizadamente las alegaciones de las partes, analiza la Sala los argumentos esgrimidos por el apelante, a propósito de la falta de competencia material u objetiva como causa para que hubiera sido inadmitida la demanda, y concluye compartiendo la declaración contenida en la sentencia de instancia, ahora apelada, en el sentido de que esta cuestión debió proponerse en forma de declinatoria, ex art. 63 de la LEC, en el escrito de contestación a la demanda, y, además, que tampoco cabía apreciar de oficio la existencia de la misma. Así, manifiesta el Órgano ad quem, en la medida en que se hayan originado daños a los fondos públicos se abre la posibilidad de declarar responsabilidades contables por el Tribunal de Cuentas, siempre que concurran el resto de los requisitos establecidos en la Ley ( Sentencia de la Sala de Justicia 18/2009, de 22 de julio). En el supuesto que nos ocupa, el daño en los fondos públicos se ha producido por la prescripción de las deudas tributarias que ha impedido que determinados ingresos entraran en la Tesorería del Ayuntamiento. Por ello, existiendo un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, que pudiera haber sido ocasionado por el agente colaborador de la recaudación, se aprecia, de forma indubitada, la competencia objetiva de esta jurisdicción contable. Continúa la Sala argumentando que la responsabilidad del agente colaborador podía haber sido exigida, bien mediante expediente administrativo por la Corporación afectada, en cuyo caso este Tribunal de Cuentas sólo podría conocer a través del recurso previsto en el artículo 41 de la LOTCu, bien directamente por el Tribunal de Cuentas, conforme a lo establecido en los artículos 68 y siguientes de la LFTCu. Tampoco puede admitirse la consideración de la representación del apelante de que el demandado deba quedar exonerado de la responsabilidad de la declaración de prescripción de las deudas tributarias que se señalan en la resolución recurrida, porque, a su juicio, el Ayuntamiento no haya remitido toda la documentación de que disponía, toda vez que la falta de documentación que acredite las actuaciones que hubiera realizado el apelante sólo puede constatar, ante los requerimientos efectuados por el Ayuntamiento, la responsabilidad contable declarada. Por último, la Sala se pronuncia respecto a la data 49/2010, en concepto de I.A.E ECONÓMICAS 2004, y del análisis de la documentación que obra en autos, constata que la suma a la que asciende el alcance por este concepto no es la de 5.737,01 euros, que se recoge en la sentencia apelada, sino la de 790,23 euros, que se refiere a la falta de justificación de la prescripción de la deuda tributaria del recibo 217, debiendo minorar la responsabilidad contable declarada en esa proporción.

Ponente: Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dª Mª Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano.- Consejero

Voces: COSTASDATADAÑO EN LOS FONDOS PUBLICOSFALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE CUENTASPRESCRIPCION DEUDA TRIBUTARIARECURSO DE APELACION

2018 1 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

AUTO nº 1 año 2018 dictado por la SALA DE JUSTICIA

Recurso del art. 48.1 de la Ley 7/88 nº 1/18 Actuación Previa nº 234/11 Ramo: CC.AA.- Cª de Empleo - Ayudas socio-laborales a la prejubilación ANDALUCÍA

Fecha: 23/01/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del art. 48.1 de la Ley 7/88 nº 1/18 Actuación Previa nº 234/11 Ramo: CC.AA.- Cª de Empleo - Ayudas socio-laborales a la prejubilación ANDALUCÍA

Resumen doctrina: La Sala de Justicia acuerda inadmitir el recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/88 interpuesto contra la Providencia de requerimiento de pago dictada en las Actuaciones Previas. Se refiere al carácter preclusivo o de caducidad del plazo de cinco días para la interposición del recurso, dada la improrrogabilidad de los plazos procesales, según se desprende del artículo 128 de la LJCA, cuyos términos reproduce. Añade que la jurisprudencia constitucional establece que el cumplimiento de los plazos procesales constituye una garantía esencial de seguridad jurídica. Habiendo transcurrido el plazo de cinco días legalmente previsto, desde la notificación de las resoluciones recurridas hasta la fecha de entrada en el Registro General de este Tribunal del escrito de interposición del recurso, éste se inadmite por extemporáneo.

Ponente: Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dª Mª Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano.- Consejero

Voces: ACTUACIONES PREVIASEXTEMPORANEIDADINADMISIONPROVIDENCIA DE REQUERIMIENTORECURSO DEL ART. 48.1 DE LA LEY 7/1988

2017 18 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 18 del año 2017 dictada por el DEPARTAMENTO SEGUNDO

Procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-41; Comunidades Autónomas; Cª de Empleo – Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad -NUEVA LIMA-; Andalucía

Fecha: 29/12/2017

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-41; Comunidades Autónomas; Cª de Empleo – Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad -NUEVA LIMA-; Andalucía

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA. SRA. DÑA. MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:

Voces: PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

2017 17 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 17 del año 2017 dictada por el DEPARTAMENTO SEGUNDO

Procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-43; Comunidades Autónomas; Cª de Empleo – Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad -VALEO-; Andalucía

Fecha: 29/12/2017

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-43; Comunidades Autónomas; Cª de Empleo – Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad -VALEO-; Andalucía

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA. SRA. DÑA. MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:

Voces: PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

2017 16 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 16 del año 2017 dictada por el DEPARTAMENTO SEGUNDO

Procedimiento de reintegro por alcance nº B-125/15 (Acumulados Procedimientos de Reintegro por Alcance nº B-166/15, B-170/15, B-181/15, B-182-15, B-183/15, B-184/15 y B-185/15); Sector Público Autonómico; Gobierno del Principado de Asturias; Asturias

Fecha: 29/12/2017

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-125/15 (Acumulados Procedimientos de Reintegro por Alcance nº B-166/15, B-170/15, B-181/15, B-182-15, B-183/15, B-184/15 y B-185/15); Sector Público Autonómico; Gobierno del Principado de Asturias; Asturias

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:

Voces: PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

2017 36 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 36 año 2017 dictada por la SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación nº 47/17, interpuesto contra la Sentencia nº 7/2017, de 13 de junio, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº A-73/16, del ramo de Sector Público Local (Ayuntamiento de Valdemoro), MADRID.

Fecha: 12/12/2017

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 47/17, interpuesto contra la Sentencia nº 7/2017, de 13 de junio, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº A-73/16, del ramo de Sector Público Local (Ayuntamiento de Valdemoro), MADRID.

Resumen doctrina: Desestima la Sala de Justicia el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de instancia, con imposición de costas al apelante. Analiza la Sala en primer lugar, tras sistematizar los motivos de apelación y de oposición respectivamente aducidos, la excepción planteada por el apelante, a propósito de su falta de legitimación pasiva, “ad causam”, porque, a su entender, no era depositario de los fondos públicos municipales, ni responsable de su custodia, limitándose a cumplir órdenes del Tesorero municipal. Distingue la Sala entre la legitimación “ad processum”, es decir, aquella ligada a la capacidad para comparecer en juicio, y la legitimación “ad causam”, es decir, aquella ligada a la capacidad jurídica, que viene a identificarse con la efectiva titularidad activa o pasiva de la relación jurídica concreta deducida en el litigio. Y concluye, a tenor de los artículos 15, 2.b) y 38.1 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, y 49 de la Ley de Funcionamiento, así como de lo declarado en la Sentencia de la Sala de 14 de julio de 2004, que son dos las notas caracterizadoras del ilícito contable: a) la rendición de cuentas; y b) la relación especial “de facto” en que se encuentran todos aquéllos que se vinculan a la gestión de fondos públicos. Además, teniendo en cuenta el artículo 55 de la LFTCu, que se refiere a la regulación legal del legitimado pasivo, la Sala entiende que dicho concepto se anuda por Ley al hecho de ostentar las condiciones subjetivas precisas para poder ser declarado responsable contable directo o subsidiario. El apelante, en el presente caso, fue nombrado responsable de la Caja de efectivo del municipio mediante Decreto del Alcalde y tiene el carácter de legitimado pasivo en estos autos. En cuanto al fondo del asunto las alegaciones del recurrente se refieren a tres cuestiones: 1) Que cumplió las normas municipales vigentes; 2) Que atendió siempre las instrucciones del Tesorero municipal; y 3) Que no ha existido relación de causalidad entre su conducta y el daño ocasionado a los fondos públicos municipales. La Sala entiende, sin embargo, de acuerdo con lo declarado en la sentencia de primera instancia, que se ha producido falta de observancia de las disposiciones normativas dando lugar a numerosos descuadres, ocultación de los mismos, falta de ingresos en favor del Ayuntamiento y la existencia de una caja paralela. Tales conductas evidencian la existencia de negligencia grave en la actuación del recurrente y que no agotó en modo alguno la diligencia debida en el cumplimiento de sus funciones sin que resulte admisible la excusa del pretendido sometimiento a las órdenes de un superior. Por último, concluye la Sala que existe nexo causal entre la conducta del apelante y el resultado dañoso producido.

Ponente: Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz. Presidente
Excma. Sra. Dña. Margarita Mariscal de Gante y Mirón. Consejera
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano. Consejero

Voces: CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD CONTABLELEGITIMACION AD CAUSAMLEGITIMACION AD PROCESSUMLEGITIMACION PASIVANEGLIGENCIA GRAVENEXO CAUSALRESPONSABILIDAD CONTABLE (REQUISITOS)RESPONSABILIDAD CONTABLE DIRECTA

2017 35 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 35 año 2017 dictada por la SALA DE JUSTICIA SENTENCIA nº 35 año 2017 dictada por la SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación, rollo nº 38/17, interpuesto contra la Sentencia Nº 1/2017, de 3 de mayo, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-175/14, del ramo de entidades locales, Ayuntamiento de Reus, Reus Serveis Municipals, S.A. Tarragona.

Fecha: 12/12/2017

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación, rollo nº 38/17, interpuesto contra la Sentencia Nº 1/2017, de 3 de mayo, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-175/14, del ramo de entidades locales, Ayuntamiento de Reus, Reus Serveis Municipals, S.A. Tarragona.

Resumen doctrina: Desestima la Sala de Justicia el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de instancia, con imposición de costas a los apelantes. Analiza la Sala en primer lugar la causa de inadmisibilidad del recurso consistente en que el objeto del mismo está por debajo de la cuantía legalmente fijada para que la apelación pueda ser admitida y concluye que debe ser desestimada, toda vez que los preceptos de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas ( art. 80.2 y 3) tienen el carácter de ley especial para los procedimientos de reintegro por alcance, lo que implica en primer término que no se exige ninguna cuantía para recurrir en apelación las sentencias de primera instancia y, en segundo término, que las normas de la apelación contencioso-administrativa son de aplicación supletoria pero sólo en cuanto a la tramitación y decisión del recurso y así ha sido admitido por la Sala de Justicia sin excepción alguna. A continuación, la Sala manifiesta que la cuestión de fondo planteada, es decir, la pretensión del recurrente de que sea revocada la condena en costas que se le impuso en primera instancia, no puede ser estimada. Y es que la posibilidad de eludir en materia de imposición de costas la regla general del vencimiento a que se refiere el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil tiene carácter excepcional, para casos en los que quepa apreciar serias dudas de hecho o de derecho. Por lo que se refiere a los hechos, la jurisprudencia entiende que el carácter dudoso de éstos ha de venir determinado por las dificultades probatorias sobre la existencia de los hechos constitutivos de la pretensión. Y por lo que se refiere a las posibles dudas de derecho es necesario que haya falta de claridad de la norma aplicable, ambigüedad en su tratamiento legal o diversidad de criterios judiciales. Y en este caso la decisión exoneratoria de responsabilidad contable adoptada por la juzgadora de instancia se ha limitado a contrastar si los documentos que autorizaban las operaciones denunciadas por la parte actora permitían o no concluir que estaba autorizada la contratación de avales y era una operación propia del tráfico de la empresa que los contrató, no habiéndose suscitado dificultad alguna para identificar la normativa aplicable, ni complejidad en su interpretación.

Ponente: Excma. Sra. Doña María Antonia Lozano Álvarez

Sala de justicia:
Excmo. Sr. Don Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Doña María Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano- Consejero

Voces: COSTASCUANTIA DEL PROCEDIMIENTO (DETERMINACION)RECURSO DE APELACIONVALORACION DE LA PRUEBA

2017 18 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

AUTO nº 18 año 2017 dictado por la SALA DE JUSTICIA

Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988 nº 37/17, Actuaciones Previas nº 27/17. Ramo: Sector Público Local ( Ayto. de Gimenells i Plá de la Font), LLEIDA.

Fecha: 12/12/2017

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988 nº 37/17, Actuaciones Previas nº 27/17. Ramo: Sector Público Local ( Ayto. de Gimenells i Plá de la Font), LLEIDA.

Resumen doctrina: Desestima la Sala de Justicia el recurso interpuesto contra la Liquidación Provisional y la Providencia de requerimiento de pago dictadas en las Actuaciones Previas, rebatiendo las alegaciones formuladas por el recurrente y comenzando por recordar la naturaleza jurídica del recurso formulado al amparo del artículo 48.1 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Y es que se trata de un recurso especial y sumario por razón de la materia que no persigue un conocimiento de los hechos objeto de debate en una segunda instancia jurisdiccional, sino que lo que la Ley pretende es ofrecer un mecanismo de revisión a los intervinientes en las Actuaciones Previas de cuantas resoluciones puedan limitar sus posibilidades de defensa. En atención a lo anterior, desestima la Sala las pretensiones del recurrente relativas a que se extienda la responsabilidad contable de forma solidaria a todos y cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, así como a la actual Secretaria de la Corporación, toda vez que se trata de cuestiones atinentes al fondo del asunto. Y en el mismo sentido se manifiesta en relación con los motivos de recurso relativos a “errores materiales” y a “errores aritméticos”, puesto que se trata de argumentos sobre el fondo de la cuestión debatida que exceden los estrictos límites del recurso del artículo 48.1 de la LFTCu, a saber, que se hayan denegado indebidamente diligencias de averiguación o que se haya ocasionado indefensión. Todo ello conduce a la Sala a denegar, asimismo, la suspensión del requerimiento de pago efectuado. Desestima la Sala, igualmente, la alegación relativa a la concurrencia de una causa de indefensión. El recurrente considera que se le debió conceder la posibilidad de intervenir en las actuaciones desde su comienzo para posibilitar la recusación de los órganos de instrucción y un adecuado conocimiento de los hechos. La Sala concluye, sin embargo, que es precisamente la citación a la Liquidación Provisional el primer trámite del procedimiento en el que procede dar audiencia, habiéndose ajustado el órgano instructor en todo momento a los requisitos contenidos en la LFTCu, en la ordenación y desarrollo de las Actuaciones Previas.

Ponente: EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO

Sala de justicia:
Excmo. Sr. Don Felipe García Ortiz. Presidente.
Excma. Sra. Doña Margarita Mariscal de Gante y Mirón. Consejera.
Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano. Consejero.

Voces: INDEFENSIONNATURALEZA RECURSO 48.1REQUERIMIENTO DE PAGO

2017 15 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 15 del año 2017 dictada por el DEPARTAMENTO SEGUNDO

Procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-42; Comunidades Autónomas; Cª de Empleo –Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad- SALDAUTO; Andalucía

Fecha: 11/12/2017

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-42; Comunidades Autónomas; Cª de Empleo –Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad- SALDAUTO; Andalucía

Resumen doctrina:

Ponente: Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón

Sala de justicia:
Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera

Voces: PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

2017 14 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 14 del año 2017 dictada por el DEPARTAMENTO SEGUNDO

Procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-37; Comunidades Autónomas; Cª de Empleo – Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad- CALDERINOX; Andalucía

Fecha: 01/12/2017

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-37; Comunidades Autónomas; Cª de Empleo – Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad- CALDERINOX; Andalucía

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:

Voces: PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

2017 34 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 34 año 2017 dictada por la SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación nº 44/17 interpuesto contra la Sentencia 7/2017, de 8 de mayo, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº C-305/15, Sector Público Local (Junta Administrativa de Ribaguda), Álava.

Fecha: 28/11/2017

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 44/17 interpuesto contra la Sentencia 7/2017, de 8 de mayo, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº C-305/15, Sector Público Local (Junta Administrativa de Ribaguda), Álava.

Resumen doctrina: Desestima la Sala de Justicia el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de instancia, quedando ésta confirmada e imponiéndose las costas al recurrente. Comienza la Sala analizando las alegaciones referidas a la incongruencia de la sentencia recurrida y recoge la doctrina de la propia Sala que establece que las sentencias incurren en incongruencia cuando se produce una descoordinación, un desajuste o ausencia de relación lógica entre el pronunciamiento judicial y las peticiones de las partes, bien porque no se resuelven todas las cuestiones planteadas en el juicio, bien porque se extralimite el contenido de la decisión, aludiendo a cuestiones que no han sido objeto de debate. Añade que lo decisivo es la correlación entre las pretensiones y resistencias de las partes, que tienen reflejo en el “suplico” de los escritos de demanda y contestación, y el fallo o parte dispositiva de la sentencia. Recoge también la jurisprudencia constitucional reiterada según la cual el vicio de incongruencia, como desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido, puede entrañar una vulneración del principio de contradicción, constitutiva de una efectiva denegación del derecho a la tutela judicial efectiva, siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en que discurra la controversia procesal. Señala que la parte dispositiva de la sentencia, para ser congruente, debe adecuarse a la causa de pedir y al resultado que la parte pretende conseguir a consecuencia del pleito. Indica que el principio de congruencia se recoge en el artículo 218.1 de la LEC y en el 60.1 y 71.3 de la LFTCu. Partiendo de todo ello, entiende la Sala que no cabe apreciar incongruencia en la sentencia recurrida, habiendo juzgado el Consejero de instancia dentro del límite de la pretensión de la demanda y de las alegaciones contenidas en su escrito de contestación. Frente a la alegación de que los hechos pudieran ser constitutivos o no de infracción penal, insiste la Sala en que, con independencia de la compatibilidad para el conocimiento de unos mismos hechos por las jurisdicciones penal y contable contemplada en el artículo 18 de la LOTCu, unos mismos hechos pueden no ser constitutivos de infracción penal y sí de un supuesto de responsabilidad contable, y viceversa. Señala que, en el caso de autos, en que no hay iniciado procedimiento penal alguno, las pretensiones de la parte actora formuladas en la demanda han sido analizadas por el órgano “a quo” atendiendo a la existencia de responsabilidad contable surgida, en su caso, en el contexto de la encomienda de la gestión de fondos públicos a ciertas personas, y añade que, acreditado un cargo y constatada la falta de justificantes o de dinerario, aparece un descubierto en las cuentas que no cabe sino calificar de alcance. Recuerda que la fijación de los hechos y la valoración delos medios de prueba, con base en criterios de crítica racional es competencia del Juez de instancia, sin que puedan prevalecer meras alegaciones de parte frente al juicio de apreciación de la prueba que contenga la sentencia de instancia. Expone la Sala que la salida de las cuentas del Concejo de la cantidad de 75.000 € con objeto de un supuesto préstamo concedido al apelante, sin indicarse su finalidad pública o con una finalidad privada, por su quebranto económico tras un divorcio y varios pleitos, es susceptible de generar responsabilidad contable por alcance pues, como establece la doctrina de la propia Sala “puede nacer responsabilidad contable cuando la contraprestación que se paga con fondos públicos está completamente desconectada de las finalidades públicas a las que legalmente sirva la entidad con cuyos fondos se realiza el pago”, siendo estos gastos equiparables a los pagos sin contraprestación. Ratifica la Sala, igualmente, las conclusiones de la sentencia de instancia respecto al pago de 25.000 €, señalando que todos los pagos procedentes de fondos públicos, independientemente de su destino y de la persona que los ordene, deben estar respaldados por una justificación y ésta no puede quedar al arbitrio del que gestiona o maneja los caudales o efectos públicos. Recoge la doctrina según la cual se puede apreciar responsabilidad contable “cuando la desproporción entre el precio y el valor de la contraprestación fuera de tal magnitud que de esa desproporción pudiera deducirse que realmente se trató de un pago sin causa”. Rechaza las alegaciones referidas al pago de gastos varios y de representación, recordando que en el ámbito de esta jurisdicción es de aplicación el principio civil de reparto de la carga de la prueba (217 LEC). Conforme a dicho principio, correspondía al demandado, actual recurrente, presentar las facturas o justificantes de los pagos realizados con cargo a los fondos salidos de las cuentas del Concejo, en concepto de gastos varios y de representación, o, al menos, “utilizando la flexibilización a la hora de justificar los gastos protocolarios o de representación, que ha venido considerando esta Sala de Justicia”, para que sean admitidos, probar que respondían a una finalidad pública.. Se desestima también la alegación referida a la prescripción por tratarse de una cuestión nueva, no planteada en la instancia, y porque en el ámbito de la responsabilidad contable la Disposición Adicional Tercera de la LFTCu establece la prescripción por el transcurso de cinco años desde la fecha de comisión de los hechos, y su interrupción desde que se hubiere iniciado cualquier actuación fiscalizadora, procedimiento fiscalizador, disciplinario, jurisdiccional o de otra naturaleza que tuviera por finalidad el examen de los hechos determinantes de la responsabilidad contable, sin que se exija su conocimiento formal por los presuntos responsables, y volverá a correr de nuevo desde que dichas actuaciones o procedimientos se paralicen o terminen.

Ponente: EXCMO SR D FELIPE GARCÍA ORTIZ

Sala de justicia:
EXCMO. SR. DON FELIPE GARCÍA ORTIZ.- PRESIDENTE
EXCMA. SRA. DOÑA MARÍA ANTONIA LOZANO ÁLVAREZ.- CONSEJERA
EXCMA. SRA. DOÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN.- CONSEJERA

Voces: CARGA DE LA PRUEBACOMPATIBILIDAD ENTRE LA JURISDICCION CONTABLE Y LA PENALCONOCIMIENTO FORMALGASTOS PROTOCOLARIOS Y DE REPRESENTACIONINCONGRUENCIAINTERRUPCION DE LA PRESCRIPCIONJUSTIFICACION DE GASTOSPRESCRIPCIONPRINCIPIO DISPOSITIVOPRINCIPIOS DE CONTRADICCION Y CONGRUENCIARECURSO DE APELACIONRESPONSABILIDAD CONTABLETUTELA JUDICIAL EFECTIVA

2017 32 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 32 año 2017 dictada por la SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación nº 34/17, interpuesto contra la Sentencia nº 22/2016, de 22 de noviembre de 2016, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-93/15, del ramo de Entidades Públicas Empresariales, (Ferrocarriles de Vía Estrecha “FEVE” – Absorbida por “ADIF”, Gijón), PRINCIPADO DE ASTURIAS.

Fecha: 28/11/2017

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 34/17, interpuesto contra la Sentencia nº 22/2016, de 22 de noviembre de 2016, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-93/15, del ramo de Entidades Públicas Empresariales, (Ferrocarriles de Vía Estrecha “FEVE” – Absorbida por “ADIF”, Gijón), PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resumen doctrina: Desestima la Sala el recurso de apelación deducido por el Abogado del Estado, en nombre y representación de las Entidades Públicas Empresariales (EPEs) ADIF y RENFE OPERADORA, así como por el Ministerio Fiscal, contra la Sentencia de instancia, imponiéndose las costas a las citadas ADIF y RENFE OPERADORA. Tras sistematizar los motivos de apelación planteados y las alegaciones constitutivas de la oposición a estos delimita la Sala, a continuación, el objeto del presente procedimiento de reintegro por alcance, constituido por dos temas litigiosos en los que los recurrentes aprecian que se ha generado un menoscabo en los fondos de las mercantiles públicas ADIF y RENFE OPERADORA, como sucesoras de la extinta FEVE: 1º) la adquisición por FEVE de un local para albergar las oficinas de dicha sociedad empresarial pública; y 2º) la enajenación de un importante acopio de vías de segundo uso, considerado material inútil o de chatarra, acumulado en distintos puntos de la red de FEVE, en el norte de España. Basan su recurso en una supuesta valoración incorrecta de la prueba pericial y del restante material probatorio aportado al procedimiento. Repasa la Sala el material probatorio que fue ponderado en la instancia (documental, interrogatorio de parte, declaraciones de testigos, declaraciones vertidas en los interrogatorios de testigos-peritos y declaración resultante de la pericial). Analiza en primer lugar la pretensión consistente en que se declare la responsabilidad por alcance de los codemandados por apreciar sobreprecio en la adquisición por parte de FEVE, de un local para oficinas, señalando la Sala que una vez constatada la existencia de dictámenes contradictorios en autos, la Consejera de instancia elaboró su enjuiciamiento conforme al artículo 348 de la LEC, respetando la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y mediante un examen minucioso de todos los informes periciales, sobre la tasación del inmueble en cuestión, teniendo en cuenta las afirmaciones del actor, los hechos que se desprendían objetivamente de los dictámenes y del restante acervo probatorio, así como los preceptos jurídicos invocados por las partes. Concluyó de todo ello que no quedaba justificado que el precio de mercado del local adquirido careciera de fiabilidad y por tanto, procedía desestimar la correspondiente pretensión. La Sala muestra su conformidad con dicha conclusión al no apreciar vulneración de las reglas de valoración conjunta de la prueba y de las reglas de la sana crítica. Rechaza la Sala que, desde el punto de vista procesal, quepa otorgar primacía probatoria al dictamen pericial de SEGIPSA, no habiendo sido éste ratificado mediante comparecencia de los técnicos en la vista de juicio ordinario, y habiéndose detectado errores y lagunas en la metodología del mismo. Añade la Sala que el órgano de instancia satisfizo también la argumentación referida a lo que el Abogado del Estado consideró irregularidades en el procedimiento de adquisición del local y de un contrato de opción de compra subordinado a dicha compraventa, conforme a la aplicación de las normas de la LPAP, entendiendo la Consejera de instancia que, en lo esencial, se verificaron los trámites administrativos legalmente previstos, compartiendo la Sala dicha conclusión. En este sentido la Sala de Justicia repasa la normativa aplicable, partiendo del artículo 43.1 b) de la (hoy derogada) LOFAGE, según el cual FEVE era una entidad de derecho público con personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propios, y autonomía de gestión, adscrita al Ministerio de Fomento, recogiendo el contenido de los artículos 53, 54 y 56 de dicha Ley, así como los artículos 166, 167, 110 y 9.3 de la LPAP y acudiendo a los entonces vigentes Estatutos Fundacionales de FEVE. Establece la aplicabilidad del artículo 10 de los Estatutos, en la operación que afectó al edificio adquirido, sin que pueda aceptarse la aplicación, sin más, de las normas generales en materia de gestión del Patrimonio Público. En cuanto a la operación verificada por FEVE consistente en la venta de chatarra, mediante adjudicación directa, indica la Sala que la Consejera de instancia analizó de forma minuciosa todos los aspectos controvertidos de las pretensiones, ponderando las alegaciones de las partes con un extenso razonamiento jurídico derivado de las evidencias fácticas que se desprendieron de la prueba. La Sala rechaza las alegaciones de error probatorio y vulneración de la normativa contable en materia de alcance, recogiendo la jurisprudencia constitucional que reputa suficiente que las resoluciones judiciales se apoyen en razones que permitan conocer los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión (ratio decidendi) y confirma, pues, el pronunciamiento de instancia.

Ponente: EXCMO SR D JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz. Presidente
Excma. Sra. Dña. Mª Antonia Lozano Álvarez. Consejera
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano. Consejero

Voces: ALCANCEALEGACIONES DE PARTEENTIDADES DE DERECHO PUBLICOERROR EN LA VALORACION DE LA PRUEBAPRUEBA PERICIAL CONTABLERECURSO DE APELACIONVALORACION CONJUNTA DE LA PRUEBAVALORACION DE LA PRUEBA

2017 15 DEPARTAMENTO PRIMERO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA NÚMERO 15 DEL AÑO 2017 DICTADA POR EL DEPARTAMENTO PRIMERO

Procedimiento de reintegro por alcance nº A103/16, SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO (Inf. Fisc. "Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid" -FGUPM-, Ejerc. 2011), ámbito territorial de Madrid

Fecha: 22/11/2017

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Dictada por: DEPARTAMENTO PRIMERO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº A103/16, SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO (Inf. Fisc. "Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid" -FGUPM-, Ejerc. 2011), ámbito territorial de Madrid

Resumen doctrina:

Ponente: Excma. Sra. Dña. María Antonia Lozano Álvarez

Sala de justicia:

Situación Actual: NO FIRME

2017 31 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 31 año 2017 dictada por la SALA DE JUSTICIA

Recurso del art. 41.2 de la Ley Orgánica 2/82, nº 39/15, Ramo Administración del Estado.- Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.- Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

Fecha: 06/11/2017

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del art. 41.2 de la Ley Orgánica 2/82, nº 39/15, Ramo Administración del Estado.- Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.- Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

Resumen doctrina: Se desestima el recurso interpuesto al amparo del artículo 41.2 de la LO 2/1982, de 12 de mayo, contra la Resolución del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de 27 de julio de 2015, por la que se pone fin al expediente administrativo de responsabilidad contable incoado al recurrente, declarándole responsable contable de un perjuicio a los fondos públicos. La Sala de Justicia se muestra disconforme con las afirmaciones vertidas en la demanda que, excediendo el derecho de defensa, cuestionan la imparcialidad del Tribunal. Rechaza la prescripción de la responsabilidad contable así como la caducidad del procedimiento y entiende que la prescripción que se produjo fue la del procedimiento inicial de solicitud de reintegro al beneficiario de la subvención, lo que motivó la incoación de las actuaciones que culminaron en la Resolución Ministerial recurrida. Desestima también la alegación de nulidad de la Resolución de 27 de julio de 2015, que el recurrente basa en que se dictó cuando el expediente a él referido había caducado, considerando la Sala que no se produjo tal caducidad, tras analizar los plazos que rigen la materia y la doctrina al respecto, y reflejar la postura del Abogado del Estado que se refiere al RD 700/1988, de 1 de julio, sobre expedientes administrativos de responsabilidad contable derivados de las infracciones previstas en el título VII de la LGP Rechaza a continuación la supuesta parcialidad del instructor, que el recurrente considera determinante de nulidad de actuaciones y de la Resolución de 27 de julio de 2015, pretendiendo mostrarse en situación de indefensión. Entiende la Sala que tanto en la instrucción como en el presente procedimiento se han habilitado al máximo las posibilidades de defensa del recurrente. Recoge su propia doctrina en relación con el concepto de indefensión y alude al artículo 54.1 a) de la LFTCu que establece la función revisora de la Sala de Justicia frente a las resoluciones dictadas por las AAPP en materia de responsabilidades contables en los casos expresamente previstos por las leyes. Se aborda a continuación el derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa, cuyo alcance queda condicionado, por su carácter de derecho constitucional de índole procedimental, y ello exige que, para apreciar su vulneración, quede acreditada la existencia de una indefensión con relevancia constitucional. Concluye la Sala que en este caso no concurre vulneración del derecho de defensa, sin que resulte posible apreciar que se haya generado indefensión material en el recurrente sino la discrepancia de la parte que ha visto desestimadas sus pretensiones. Insiste la Sala en que se ha asegurado la efectiva observancia de los principios de igualdad de las partes y de contradicción. Se desestima la alegación de inexistencia de responsabilidad contable derivada de la actuación del recurrente, repasando la Sala para ello las funciones del Director General del ICAA, siendo éste competente para ordenar el reintegro por los beneficiarios de ayudas y subvenciones que corresponda otorgar a dicho Instituto, y revistiendo carácter irrenunciable dicha competencia, sin que las delegaciones de firma conlleven la exoneración de responsabilidad del Director General, ni puedan dar lugar a la corresponsabilidad de otros funcionarios. En la valoración de la prueba, recuerda la Sala que rige el principio civil de carga de la prueba (217.2 y 3 de la LEC), debiendo recaer las consecuencias perjudiciales de la falta de ésta en aquél a quien correspondía la carga de la misma. Analiza la concurrencia de los requisitos para la existencia de responsabilidad contable y concluye que la conducta del recurrente reúne todos ellos, debiendo desestimarse el recurso interpuesto y confirmarse la resolución recurrida.

Ponente: Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dª Mª Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano.- Consejero

Voces: CADUCIDADCARGA DE LA PRUEBAEXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD CONTABLEINDEFENSIONPRESCRIPCIONPRINCIPIO DEL ONUS PROBANDIRECURSO DEL ARTICULO 41.2 DE LA LEY ORGANICA 2/1982REINTEGROREINTEGRO DE SUBVENCIONESRESPONSABILIDAD CONTABLE (REQUISITOS)SUBVENCIONTUTELA JUDICIAL EFECTIVA

2017 17 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

AUTO nº 17 año 2017 dictado por la SALA DE JUSTICIA

Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988 nº 43/17, Actuaciones Previas nº 81/17. Ramo: Sector Público Autonómico (Generalitat de Cataluña), CATALUÑA.

Fecha: 06/11/2017

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988 nº 43/17, Actuaciones Previas nº 81/17. Ramo: Sector Público Autonómico (Generalitat de Cataluña), CATALUÑA.

Resumen doctrina: La Sala de Justicia desestima los recursos del artículo 48.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, interpuestos contra el Acta de Liquidación Provisional y la Providencia de requerimiento de pago, depósito o afianzamiento, así como la solicitud de suspensión formulada. Tras exponer las conclusiones del Acta de Liquidación Provisional recurrida (en la que se establecieron presuntas responsabilidades contables “por hechos derivados de la salida de determinados fondos del Erario de la Generalidad de Cataluña destinados a afrontar los gastos para la consulta o proceso de participación ciudadana, llevada a cabo el día 9 de noviembre de 2014”) así como el contenido de la Providencia de requerimiento, recoge la Sala la fundamentación jurídica aplicable, determinante de la desestimación de los recursos. Con carácter previo clarifica las fases procesales que conducen al enjuiciamiento de las acciones de responsabilidad contable por alcance y añade que el único recurso posible en la fase instructora es el del artículo 48 de la Ley 7/88, cuyos motivos de interposición no pueden ser otros que los establecidos por ley: que no se accediera a completar las diligencias con los extremos que los comparecidos señalaren o que se causare indefensión. Aborda la resolución de los recursos señalando, de forma general, que ninguno de los recurrentes funda sus pretensiones estrictamente en la denegación de diligencias, sino en irregularidades de procedimiento cometidas, a su entender, en fase de Diligencias Preliminares y de Actuaciones Previas, generadoras de indefensión. Recoge la Sala el concepto de indefensión con relevancia constitucional y, dada la peculiar postura procesal de los Abogados de la Generalidad, el análisis de los argumentos de su recurso se trata de forma específica: 1) Rechaza, en primer lugar, la existencia de indefensión o de vulneración del artículo 24 de la Constitución Española, basada en la falta de notificación o participación en las Diligencias Preliminares. 2) Frente a la alegación de falta de legitimación activa del Abogado del Estado, que los recurrentes consideran determinante de una irregularidad procedimental, recuerda la Sala los motivos del recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/88, sin que esta alegación de una excepción procesal encaje en los mismos. 3) Rechaza también la alegación que considera irregular la admisión, como parte, de los actores públicos, ex artículo 56 de la Ley 7/88, habiéndose resuelto ya la cuestión en fase de Diligencias Preliminares. 4) Descarta también la existencia de supuestas irregularidades en la tramitación de las Actuaciones Previas merecedoras de nulidad de lo actuado, por haberse adoptado la resolución de la Delegada Instructora sin la documentación completa requerida a la Generalidad, precisando la Sala que dicha documentación no fue solicitada por los recurrentes y que, además, devino menos relevante al remitirse la documentación necesaria por otros órganos jurisdiccionales cuya colaboración fue instada por la Instructora. 5) Rechaza las alegaciones de celeridad excesiva en el desarrollo de las distintas fases preparatorias (en concreto en ciertos actos de notificación y comunicación) recordando la Sala que el artículo 24 CE consagra el derecho a “un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías”, y que a ello se une la funcionalidad sumaria otorgada a las actividades preparatorias de los procedimientos jurisdiccionales contables. Rebate los argumentos referidos a la aplicabilidad del artículo 128 de la LJCA (considerando el recurrente que dicha norma referida a la habilitación de días inhábiles no contempla casos de habilitación del mes de agosto) en lugar del 131 de la LEC, repasando la Sala las normas de supletoriedad normativa en materia contable y considerando que no es posible aplicar dicho artículo 128 LJCA para resolver un recurso de reposición en fase de Diligencias Preliminares, y añade que respecto a las Actuaciones Previas la regla general es que el mes de agosto es hábil, por lo que se descarta la existencia de irregularidad procedimental alguna. 6) Rechaza la existencia de indefensión por falta de respuesta en el Acta de Liquidación Provisional a las alegaciones formuladas en su escrito de septiembre de 2017, indicando la Sala que en el Acta se recoge el análisis pormenorizado de las mismas, habiendo motivado la Instructora su resolución, y siendo dicha motivación conforme con la doctrina jurisprudencial al respecto. 7) Desestima igualmente otras alegaciones aducidas por los Abogados de la Generalidad, a propósito de la deficiente aplicación a la fase de Actuaciones Previas de los plazos para audiencia y puesta de manifiesto de documentación, apelando a los artículos 33 y 44 de la Ley 7/88, pues entiende la Sala que no cabe trasladar a esta fase previsiones pensadas para el desarrollo de la función de fiscalización, teniendo en cuenta, además, que el artículo 47 de la Ley 7/88 contiene el régimen de plazos de esta fase. Por otra parte, la Sala manifiesta su extrañeza ante la inclusión en este recurso de la interposición de un recurso de alzada contra la falta de notificación del Acuerdo de la Comisión de Gobierno, por el que se designó a la Delegada Instructora. Se desestiman las restantes alegaciones de los Abogados de la Generalidad, referidas a la no concurrencia de los elementos configuradores de la responsabilidad contable, recordando la Sala que este recurso no se articula para analizar discrepancias jurídicas y fácticas de fondo. Se constata, pues, que no concurre irregularidad legal alguna en el desarrollo de la tramitación ante este órgano jurisdiccional contable, con respeto de las garantías procesales para todas las partes intervinientes. Advierte la Sala-sin sanción en este momento- a los Abogados de la Generalidad, conminándoles a abandonar y enmendar, en lo sucesivo, y para el caso de que se juzgue adecuada su futura intervención en el procedimiento que pudiera seguirse y que resulte procedente, la manifestación de alegaciones que no resultan pertinentes ni ajustadas al correcto ejercicio deontológico de su derecho de defensa. Aborda finalmente la petición de suspensión de la Providencia de requerimiento de pago, depósito o afianzamiento, teniendo en cuenta la Sala que dicho requerimiento y el embargo preventivo en fase de Actuaciones Previas tienen su propio régimen jurídico (47.1 f) y g) de la Ley 7/88), y que la interposición de este recurso no tiene carácter suspensivo, salvo circunstancias excepcionales, que no concurren en este caso.

Ponente: Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dª Mª Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano.- Consejero

Voces: ACTUACIONES PREVIASCITACIONCOSTASCUESTIONES DE FONDODENEGACION DE DILIGENCIASDILIGENCIAS PRELIMINARESEFECTOS SUSPENSIVOSINDEFENSIONLEGITIMACION ACTIVALIQUIDACION PROVISIONALPRINCIPIO PRO ACTIONEPROVIDENCIA DE REQUERIMIENTORECURSO DEL ARTICULO 48.1 DE LA LEY 7/1988RESPONSABILIDAD CONTABLE (REQUISITOS)SUPLETORIEDADSUSPENSIONTRAMITE DE AUDIENCIATUTELA JUDICIAL EFECTIVA

2017 16 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

AUTO nº 16 año 2017 dictado por la SALA DE JUSTICIA

Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/88, de 5 de abril, Nº 41/17, Actuaciones Previas Nº 81/17, del ramo Sector Público Autonómico, Generalitat de Catalunya.

Fecha: 06/11/2017

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/88, de 5 de abril, Nº 41/17, Actuaciones Previas Nº 81/17, del ramo Sector Público Autonómico, Generalitat de Catalunya.

Resumen doctrina: La Sala de Justicia desestima el recurso interpuesto al amparo del Artículo 48.1 de la Ley 7/88, contra la Providencia de citación a la Liquidación Provisional sin imposición de costas al recurrente. Analiza la Sala la naturaleza del recurso del art. 48.1 Ley 7/88 que sólo puede prosperar en caso de denegación indebida de diligencias o en caso de que se haya ocasionado indefensión. La Sala considera que no se ha provocado indefensión como consecuencia de la notificación edictal al recurrente de la Providencia de citación, toda vez que ésta se produjo tras agotar otros medios de notificación posibles. Tampoco se ha provocado indefensión porque, como aduce el recurrente, los hechos enjuiciados no resulten constitutivos de responsabilidad contable, ya que esta alegación se refiere al fondo del asunto y no puede ser resuelta por la Sala a través de este recurso, so pena de invadir la esfera competencial que a la juzgadora de primera instancia corresponde. No le ha ocasionado indefensión tampoco que el procedimiento se haya llevado, en palabras del recurrente, al margen del conocimiento de los presuntos responsables, ya que han tenido, tanto en la fase de admisión de la Acción Pública como en la de Actuaciones Previas, la intervención legalmente admitida, puesto que el procedimiento contradictorio solamente está previsto para la primera instancia. También desestima la Sala la posible indefensión que le habría provocado ser citado a la Liquidación Provisional, aun cuando el expediente no estaba completado, toda vez que la delegada instructora consideró suficiente la documentación obrante en el expediente y las conclusiones plasmadas en la Liquidación Provisional aparecen fundamentadas con referencia a los datos incorporados al procedimiento. Por último, se refiere la Sala a la inexistencia de indefensión como consecuencia de la intervención del Abogado del estado en las presentes actuaciones, ya que las razones de ésta aparecen debidamente motivadas en el Auto de 19 de julio de 2017 dictado en primera instancia y en la Liquidación Provisional, sin perjuicio del derecho del recurrente a plantear en ulterior fase procedimental la excepción de falta de legitimación activa. Subsidiariamente, en relación con la petición de suspensión del acto de notificación de la Liquidación Provisional a efectos de completar el expediente, la Sala refiere la doctrina uniforme de la misma, y manifiesta que solamente cabe en circunstancias excepcionales, las cuales no concurren en el presente caso.

Ponente: Excma. Sra. Dª Mª Antonia Lozano Álvarez

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dª Mª Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano.- Consejero

Voces: CITACIONEDICTOSINDEFENSIONLEGITIMACION ACTIVALIQUIDACION PROVISIONALRECURSO DEL ARTICULO 48.1 DE LA LEY 7/1988SUSPENSION

2017 14 DEPARTAMENTO PRIMERO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 14 año 2017 dictada por DEPARTAMENTO PRIMERO

Procedimiento de reintegro por alcance nº A313/16 del ramo de sector público local (Ayuntamiento de Arnedo), ámbito territorial de La Rioja

Fecha: 06/11/2017

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Dictada por: DEPARTAMENTO PRIMERO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº A313/16 del ramo de sector público local (Ayuntamiento de Arnedo), ámbito territorial de La Rioja

Resumen doctrina:

Ponente: Excma. Sra. Dña. María Antonia Lozano Alvarez

Sala de justicia:

Voces: ARRENDAMIENTO DE SERVICIOSCONTRATACIONCOSTAS (NO IMPOSICION)FALTA DE CAPACIDADINTERRUPCION DE LA PRESCRIPCIONPRESCRIPCION (DIES A QUO)SOCIEDAD MERCANTIL PUBLICAURBANISMO

Situación Actual: FIRME