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2017 13 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 13 año 2017 dictada por DEPARTAMENTO SEGUNDO

Procedimiento de reintegro por alcance nº B-173/16; Sector Publico Local; Consejo Comarcal de Les Garrigues; Cataluña

Fecha: 02/11/2017

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-173/16; Sector Publico Local; Consejo Comarcal de Les Garrigues; Cataluña

Resumen doctrina:

Ponente: Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón

Sala de justicia:
Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera

Voces: PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

2017 12 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 12 año 2017 dictada por DEPARTAMENTO SEGUNDO

Procedimiento de reintegro por alcance nº B-333/16; Sector Público Local; Informe de Fiscalización de Obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto, Reparos e Informes formulados por la Intervención y Acuerdos adoptados por los Órganos de Gobierno contrarios al Informe de la Secretaría de las Entidades Locales, Ejercicio 2013, en el que han intervenido, como demandante el Ayuntamiento de Gátova; Valencia

Fecha: 26/10/2017

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-333/16; Sector Público Local; Informe de Fiscalización de Obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto, Reparos e Informes formulados por la Intervención y Acuerdos adoptados por los Órganos de Gobierno contrarios al Informe de la Secretaría de las Entidades Locales, Ejercicio 2013, en el que han intervenido, como demandante el Ayuntamiento de Gátova; Valencia

Resumen doctrina:

Ponente: Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón

Sala de justicia:
Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera

Voces: PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

2017 11 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 11 del año 2017 dictada por el DEPARTAMENTO SEGUNDO

Procedimiento de reintegro por alcance nº B-182/16; Sector Público Local; Ayuntamiento de Santiago del Teide; Santa Cruz de Tenerife

Fecha: 03/10/2017

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-182/16; Sector Público Local; Ayuntamiento de Santiago del Teide; Santa Cruz de Tenerife

Resumen doctrina:

Ponente: Excma. Sra. Doña Margarita Mariscal de Gante y Mirón

Sala de justicia:

Voces: PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

2017 10 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 10 año 2017 dictada por DEPARTAMENTO SEGUNDO

Procedimiento de reintegro por alcance nº B-211/15; Sector Público Autonómico; Consejería de Educación y Ciencia- Irreg. Contrato con Nora Proyectos Ingeniería, S. L.; Asturias

Fecha: 29/09/2017

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-211/15; Sector Público Autonómico; Consejería de Educación y Ciencia- Irreg. Contrato con Nora Proyectos Ingeniería, S. L.; Asturias

Resumen doctrina:

Ponente: Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón

Sala de justicia:
Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera

Voces: PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

2017 30 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 30 año 2017 dictada por la SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación, rollo nº 25/17, interpuesto contra la Sentencia Nº 24/2016, de 21 de diciembre, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-101/15, del ramo de Sector Público Local, Ayuntamiento de Sant Jaume dels Domenys, Tarragona.

Fecha: 26/09/2017

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación, rollo nº 25/17, interpuesto contra la Sentencia Nº 24/2016, de 21 de diciembre, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-101/15, del ramo de Sector Público Local, Ayuntamiento de Sant Jaume dels Domenys, Tarragona.

Resumen doctrina: Se desestima el recurso de apelación interpuesto por el representante procesal del Ayuntamiento contra la sentencia de instancia, quedando ésta confirmada con imposición de costas al Ayuntamiento. La representación del recurrente fundamenta su recurso en el hecho de que los demandados conocían la existencia de los expedientes de contribuciones especiales – debidamente presupuestadas para las obras de alumbrado y otros servicios urbanísticos- pero no realizaron ninguna actuación para llevar a cabo su liquidación efectiva incurriendo en dolo o en culpa grave, toda vez que los certificados de la Secretaria Interventora advierten claramente de que cuando el acuerdo se considere aprobado de forma definitiva es necesario publicarlo y notificar a cada sujeto pasivo las cuotas que le correspondan y esta acción no se realizó ni antes, ni durante, ni después de la ejecución de las obras. La Sala, sin embargo, coincide con las conclusiones de la sentencia apelada -que responden a una correcta valoración de la prueba- al considerar que los informes emitidos por la Secretaria Interventora no permiten interpretar que los demandados se apartaran a sabiendas o por descuido inexcusable de los criterios técnicos que les aportaron órganos especializados y adoptaran, en consecuencia, una postura de pasividad jurídicamente reprochable. La representación de uno de los demandados, a pesar de no haber recurrido la sentencia ni haberse adherido al recurso formulado por el Ayuntamiento, plantea una primera cuestión relativa al plazo de personación del Ayuntamiento que ya ha sido resuelta por la sentencia de primera instancia y una segunda cuestión referida a la temeridad procesal que se pretende atribuir al Ayuntamiento y que la Sala no comparte, puesto que ha quedado probada la existencia de un alcance en los fondos públicos municipales y la relación profesional entre los cargos ocupados por los demandados y los fondos públicos afectados.

Ponente: Excma. Sra. Dª Mª Antonia Lozano Álvarez

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dª Mª Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano.- Consejero

Voces: ALCANCEDOLO O NEGLIGENCIAPERSONACIONRECURSO DE APELACIONTEMERIDADVALORACION DE LA PRUEBA

2017 29 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 29 año 2017 dictada por la SALA DE JUSTICIA

Recurso del art. 41.2 de la Ley Orgánica 2/82, nº 40/16: Ramo Sector Público Local (Ayuntamiento de Torrelaguna), Madrid.

Fecha: 26/09/2017

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del art. 41.2 de la Ley Orgánica 2/82, nº 40/16: Ramo Sector Público Local (Ayuntamiento de Torrelaguna), Madrid.

Resumen doctrina: Se estima el recurso interpuesto al amparo del artículo 41.2 de la LOTCu, sin imposición de costas. Comienza la Sala exponiendo las posiciones jurídicas de las partes a lo largo del procedimiento para contemplar a continuación la pretensión de la parte actora, consistente en que se declare la nulidad del Decreto de la Alcaldía por presunta vulneración del derecho constitucional a la defensa, al haberse denegado en su día por el instructor del expediente administrativo la práctica de pruebas que dicha parte actora consideró pertinentes en la tramitación administrativa. Recuerda la Sala a estos efectos que para poder apreciar la pretendida vulneración es necesario que resulte acreditada la existencia de una indefensión constitucionalmente relevante, es decir que la actividad probatoria inadmitida o no practicada hubiera podido tener una influencia decisiva en la resolución del pleito, circunstancia que en este caso no ha quedado demostrada, ya que no se han limitado los medios de prueba de los que pudo valerse la parte ni tampoco se limitó su actuación durante la instrucción de las actuaciones. Analiza la Sala, a continuación, la concurrencia o no de responsabilidad contable en la recurrente, para lo cual adquiere especial relevancia todo el caudal probatorio aportado al procedimiento y su valoración conjunta, y llega a la conclusión de que con las cantidades que se obtuvieron de la recaudación de entrada pública por taquilla – para la celebración de festejos taurinos en la localidad- se pagó por la recurrente – en su calidad de Primer Teniente de Alcalde y Concejala de Educación, Cultura y Festejos del Ayuntamiento- a personas y entidades que prestaron servicios acordes con los fines públicos para los que estaban destinados, procediendo, en consecuencia, la revocación del Decreto de la Alcaldía dictado en el expediente de responsabilidad contable incoado y la estimación del recurso interpuesto. Insiste la Sala en el hecho de que la presunta comisión de errores o irregularidades en la liquidación de los presupuestos, en la tramitación de las modificaciones presupuestarias o en la gestión administrativa, no dan lugar a la existencia de responsabilidad contable. Es necesario que se haya producido un menoscabo en los fondos públicos, del cual derivaría la obligación de indemnizar el mismo, daño que en modo alguno se ha producido en el presente caso. Por último, declara la Sala, en cuanto a las costas ocasionadas en esta instancia, que no procede la imposición de las mismas, toda vez que las circunstancias de hecho y de derecho concurrentes y la especialidad y dificultad de estas, suscitan serias dudas en su apreciación.

Ponente: Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dña. Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano.- Consejero

Voces: DAÑODERECHO DE DEFENSAEXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD CONTABLEFONDOS PUBLICOSINDEFENSIONIRREGULARIDADES CONTABLESPRUEBARECURSO DEL ARTICULO 41.2 DE LA LEY ORGANICA 2/1982RESPONSABILIDAD CONTABLE

2017 14 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

AUTO nº 14 año 2017 dictado por la SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación nº 36/17 interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña Carmen Madrid Sanz, en nombre y representación de Don A. S. M., contra el Auto dictado el 24 de enero de 2017, por el que se inadmitió la reconvención presentada por esa representación procesal en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-35, Comunidades Autónomas (Cª de Empleo – Ayudas destinadas a empresas para la Financiación de Planes de Viabilidad- A. G. P.), Andalucía.

Fecha: 26/09/2017

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 36/17 interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña Carmen Madrid Sanz, en nombre y representación de Don A. S. M., contra el Auto dictado el 24 de enero de 2017, por el que se inadmitió la reconvención presentada por esa representación procesal en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-35, Comunidades Autónomas (Cª de Empleo – Ayudas destinadas a empresas para la Financiación de Planes de Viabilidad- A. G. P.), Andalucía.

Resumen doctrina: Se desestima el recurso de apelación interpuesto contra el Auto de inadmisión de la reconvención en primera instancia sin imposición de costas al recurrente. Una vez expuestas las posturas de las partes, la Sala entra en análisis de si la reconvención, regulada en los artículos 406, 407 y 408 de la LEC es admisible en la jurisdicción contable, toda vez que ni la legislación específica del Tribunal de Cuentas ni la LRJCA contemplan esta figura jurídica y alude al Auto 22/2007, de 6 de marzo, de la Sala de Justicia, de acuerdo con el cual y teniendo en cuenta que la reconvención implica que se inviertan las posturas procesales ostentadas por las partes, concluye que la reconvención no tiene encaje en el procedimiento contable porque resulta incompatible con la atribución de legitimación activa en los procesos de dicha naturaleza establecida en los artículos 47 de la LOTCu y 55 de la LFTCu. Y es que al poder existir un perjuicio en los fondos de la Comunidad Autónoma, correspondería a dicha Administración Pública ostentar la legitimación activa en este procedimiento jurisdiccional. Ello no es óbice para que el apelante pueda exigir responsabilidad contable por los hechos que se contienen en la demanda reconvencional a través de la Acción Pública contemplada en el artículo 56 de la LFTCu. En cuanto a la posible indefensión y vulneración de la tutela judicial efectiva que el recurrente aduce, la Sala, tras exponer los requisitos que la jurisprudencia constitucional exige a estos efectos, manifiesta que en modo alguno la inadmisión de la reconvención interesada supone cercenar el derecho a impetrar la protección jurisdiccional que la Constitución Española contempla, puesto que el apelante puede ejercitar por los mismos hechos la Acción Pública del artículo 56 de la LFTCu, antes aludida. La Sala, por último, declara que no procede la imposición de costas al apelante, dada la naturaleza y singularidad de la regulación de la legitimación activa.

Ponente: Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dª Mª Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano.- Consejero

Voces: ACCION PUBLICACOSTASDEMANDAINADMISIONINDEFENSIONJURISDICCION CONTABLELEGITIMACION ACTIVARECONVENCIONRECURSO DE APELACIONTUTELA JUDICIAL EFECTIVA

2017 13 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

AUTO nº 13 año 2017 dictado por la SALA DE JUSTICIA

Recurso Nº 35/17 interpuesto al amparo del artículo 48.1 de la Ley 7/88, de 5 de abril, contra la Providencia de fecha 30 de mayo de 2017, dictada en las actuaciones previas nº 88/16 (Sector Público Local, Ayuntamiento de Fresnedillas de la Oliva), Madrid.

Fecha: 26/09/2017

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso Nº 35/17 interpuesto al amparo del artículo 48.1 de la Ley 7/88, de 5 de abril, contra la Providencia de fecha 30 de mayo de 2017, dictada en las actuaciones previas nº 88/16 (Sector Público Local, Ayuntamiento de Fresnedillas de la Oliva), Madrid.

Resumen doctrina: Desestima la Sala de Justicia el recurso interpuesto al amparo del artículo 48.1 de la Ley 7/88, contra la Providencia de requerimiento de pago, dictada en las Actuaciones Previas sin imposición de costas. El recurrente alega la supuesta indefensión que le ha ocasionado que las valoraciones jurídicas reflejadas en el Acta de Liquidación Provisional se basen en una incompleta documentación al no haber requerido el Delegado Instructor al Ayuntamiento todos los justificantes de gastos admitidos, obrantes en la Corporación. La Sala manifiesta, tras analizar las posturas procesales de las partes, que no se ha ocasionado la pretendida indefensión, toda vez que la documentación referida sí fue solicitada y la certificación fue emitida por el Secretario Interventor, que se encuentra actualmente en activo. Cuestión distinta es que el resultado de lo remitido no se adecúe a las expectativas e intereses del recurrente y cita a estos efectos el Auto de 10 de abril de 2016, como exponente de la doctrina uniforme de la Sala de Justicia.

Ponente: Excma. Sra. Dña. Margarita Mariscal de Gante y Mirón

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dª Mª Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excma. Sra. Dña. Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera

Voces: ACTUACIONES PREVIASCOSTASINDEFENSIONJUSTIFICACION DE GASTOSLIQUIDACION PROVISIONALPROVIDENCIA DE REQUERIMIENTORECURSO DEL ARTICULO 48.1 DE LA LEY 7/1988

2017 12 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

AUTO nº 12 año 2017 dictado por la SALA DE JUSTICIA

Recurso Nº 29/17 interpuesto al amparo del artículo 48.1 de la Ley 7/88, de 5 de abril, contra la Providencia de fecha 26 de abril de 2017, dictada en las actuaciones previas 109/16 (Sector Público Estatal- Informe de Fiscalización de las principales inversiones efectuadas por FEVE en el periodo 2005-2012), Principado de Asturias.

Fecha: 26/09/2017

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso Nº 29/17 interpuesto al amparo del artículo 48.1 de la Ley 7/88, de 5 de abril, contra la Providencia de fecha 26 de abril de 2017, dictada en las actuaciones previas 109/16 (Sector Público Estatal- Informe de Fiscalización de las principales inversiones efectuadas por FEVE en el periodo 2005-2012), Principado de Asturias.

Resumen doctrina: Se desestima el recurso interpuesto al amparo del artículo 48.1 de la LFTCu contra la Providencia de requerimiento de pago dictada en las Actuaciones Previas de referencia sin imposición de costas a la recurrente. Los motivos en que se fundamenta la interposición del recurso no encuentran encaje en el artículo 48 de la LFTCu, antes mencionado, que únicamente contempla: a) que no se accediere a completar las diligencias con los extremos que los interesados señalaren; b) que se causare indefensión. La Sala manifiesta que no se ha causado indefensión alguna a la recurrente al no habérsele privado de la posibilidad de alegar lo que ha tenido por conveniente. Por el contrario, lo que pretende con este recurso es que sea objeto de debate procesal cuestiones que atañen al fondo del asunto, cuales son las alegaciones vertidas por los otros declarados responsables contables sobre la actuación de la recurrente como Directora Gerente Económico Financiera, así como la falta de concurrencia en la misma de los requisitos necesarios para ser declarada responsable contable. Recuerda la doctrina uniforme de la Sala de Justicia existente a estos efectos con especial mención al Auto de la propia Sala de 10 de abril de 2016.

Ponente: Excma. Sra. Dña. Margarita Mariscal de Gante y Mirón

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dª Mª Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excma. Sra. Dña. Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera

Voces: ACTUACIONES PREVIASADMISION DEL RECURSO DEL ART. 48.1 DE LA LEY 7/88COSTASCUESTIONES DE FONDODENEGACION DE DILIGENCIASINDEFENSIONPROVIDENCIA DE REQUERIMIENTO

2017 15 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

AUTO nº 15 año 2015 dictado por la SALA DE JUSTICIA

Recurso del art. 48.1 de la Ley 7/88 nº 40/17. Actuación Previa nº 81/17. Ramo: Sector Público Autonómico.- Generalitat de Cataluña.

Fecha: 25/09/2017

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del art. 48.1 de la Ley 7/88 nº 40/17. Actuación Previa nº 81/17. Ramo: Sector Público Autonómico.- Generalitat de Cataluña.

Resumen doctrina: La Sala de Justicia acuerda inadmitir el recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/88 interpuesto contra la Liquidación Provisional del presunto alcance y la Providencia de requerimiento de pago, ambas de idéntica fecha, dictadas en las Actuaciones Previas. Se refiere la Sala al carácter preclusivo o de caducidad del plazo de cinco días para la interposición del recurso, dada la improrrogabilidad de los plazos procesales, según se desprende del artículo 128 de la LJCA, cuyos términos reproduce. Añade que la jurisprudencia constitucional establece que el cumplimiento de los plazos procesales constituye una garantía esencial de seguridad jurídica. Habiendo transcurrido el plazo de cinco días legalmente previsto, desde la notificación de las resoluciones recurridas hasta la fecha de entrada en el Registro General de este Tribunal del escrito de interposición del recurso, éste debe inadmitirse por extemporáneo.

Ponente: Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dª Mª Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano.- Consejero

Voces: ACTUACIONES PREVIASEXTEMPORANEIDADINADMISIONLIQUIDACION PROVISIONALPROVIDENCIA DE REQUERIMIENTORECURSO DEL ARTICULO 48.1 DE LA LEY 7/1988

2017 9 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 9 año 2017 dictada por DEPARTAMENTO SEGUNDO

Procedimiento de reintegro por alcance nº B-202/16; Administración de la Seguridad Social; Informe Fiscalización TCU, Contrat. Sector Público Estatal, celebrada durante el Ejercicio 2012, -IBERMUTUAMUR-; Madrid

Fecha: 19/09/2017

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-202/16; Administración de la Seguridad Social; Informe Fiscalización TCU, Contrat. Sector Público Estatal, celebrada durante el Ejercicio 2012, -IBERMUTUAMUR-; Madrid

Resumen doctrina:

Ponente: Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón

Sala de justicia:
Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera

Voces: PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

2017 8 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 8 del año 2017 dictada por el DEPARTAMENTO SEGUNDO

Procedimiento de reintegro por alcance nº B-158/14; Entidades Locales; Junta Vecinal de Tolbaños de Abajo-Ayuntamiento de Valdelaguna; Burgos

Fecha: 25/07/2017

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-158/14; Entidades Locales; Junta Vecinal de Tolbaños de Abajo-Ayuntamiento de Valdelaguna; Burgos

Resumen doctrina:

Ponente: Excma. Sra. Dña. Margarita Mariscal de Gante y Mirón

Sala de justicia:

Voces: PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

2017 7 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 7 de 2017 año 2017 dictada por el DEPARTAMENTO SEGUNDO

Procedimiento de reintegro por alcance nº B-27/15-4; Entidades Locales; Ayuntamiento de Reus - Innova Grup D´Empreses Municipals de Reus, S.A. -INNOVA-; Tarragona

Fecha: 14/07/2017

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-27/15-4; Entidades Locales; Ayuntamiento de Reus - Innova Grup D´Empreses Municipals de Reus, S.A. -INNOVA-; Tarragona

Resumen doctrina:

Ponente: Excma. Sra. Dña. Margarita Mariscal de Gante y Mirón

Sala de justicia:
Excma. Sra. Dña. Margarita Mariscal de Gante y Mirón, Consejera

Voces: PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

2017 9 DEPARTAMENTO PRIMERO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 9 año 2017 dictada por DEPARTAMENTO PRIMERO

Procedimiento de reintegro por alcance nº A350/15, del Ramo de Sector Público Local (Ayuntamiento de Pamplona), ámbito territorial de Navarra

Fecha: 13/07/2017

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Dictada por: DEPARTAMENTO PRIMERO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº A350/15, del Ramo de Sector Público Local (Ayuntamiento de Pamplona), ámbito territorial de Navarra

Resumen doctrina:

Ponente: Excma. Sra. Dña. María Antonia Lozano Alvarez

Sala de justicia:

Voces: COMPATIBILIDAD JURISDICCION PENAL Y CONTABLECOSTAS (NO IMPOSICION)CUESTION PREJUDICIALLEGITIMACION PASIVAPRESCRIPCIONPRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y TIPICIDAD DE LAS INFRACCIONES

Situación Actual: En plazo para posible recurso de apelación

2017 28 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 28 año 2017 dictada por la SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación Nº 33/17 interpuesto contra la Sentencia Nº 2/17, de 19 de enero, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance Nº C-18/15, del ramo de Comunidades Autónomas (Consejería de Bienestar Social), Valencia.

Fecha: 13/07/2017

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación Nº 33/17 interpuesto contra la Sentencia Nº 2/17, de 19 de enero, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance Nº C-18/15, del ramo de Comunidades Autónomas (Consejería de Bienestar Social), Valencia.

Resumen doctrina: Tras exponer las alegaciones de las partes, analiza la Sala las cuestiones procesales planteadas, comenzando por la falta de legitimación activa y la falta de capacidad de la Generalitat demandante. Recoge para ello el contenido del artículo 47 de la LOTCu, según el cual “estarán legitimados para actuar ante la Jurisdicción Contable quienes tuvieran interés directo en el asunto o fueren titulares de derechos subjetivos relacionados con el caso”, y “las Administraciones Públicas podrán ejercer toda clase de pretensiones ante el Tribunal de Cuentas sin necesidad de declarar previamente lesivos los actos que impugnen”, y se refiere a continuación al artículo 55.1 de la LFTCu, según el cual “la legitimación activa corresponderá, en todo caso, a la Administración o entidad pública perjudicada(…)”. Recuerda que las subvenciones objeto del procedimiento fueron concedidas y abonadas por la Generalitat, siendo suyos los fondos públicos menoscabados, teniendo, por tanto, interés directo en el asunto, siendo titular de un derecho subjetivo relacionado con el caso y habiendo sido perjudicada patrimonialmente por el alcance, por todo lo cual está legitimada activamente. Se desestima también la alegación de falta de capacidad de la demandante por haberse planteado de forma extemporánea, por haber sido resuelta en la instancia, en la audiencia previa, con fundamento en argumentos que la Sala comparte, por no resultar de aplicación al caso el artículo 45 de la LJCA y por no poderse apreciar que la Sentencia apelada haya vulnerado el artículo 9 de la Ley de Asistencia Jurídica de la Generalitat. Examina a continuación la falta de legitimación pasiva, recordando que el ámbito subjetivo de los posibles responsables contables se define en el artículo 2 de la LOTCu, así como en el artículo 15 de dicha Ley, y que, en cuanto a la legitimación pasiva, el artículo 55.2 de la LFTCu señala que “se considerarán legitimados pasivamente los presuntos responsables directos o subsidiarios, sus causahabientes y cuantas personas se consideren perjudicadas por el proceso”. Añade que la responsabilidad contable surge en el contexto de la encomienda de la gestión de fondos públicos a ciertas personas, recoge la jurisprudencia del Tribunal Supremo en este sentido, así como la doctrina de la propia Sala de Justicia en cuanto a la extensión subjetiva de la responsabilidad contable, recordando que se ha perfilado un concepto amplio de gestor y de cuentadante, concluyendo que la legitimación pasiva concurre en quienes “al menos” hayan participado de forma relevante en la gestión económico-financiera de la entidad que dispuso de los fondos públicos a su cargo y que la condición de gestor de caudales y efectos públicos sólo concurre en quienes los recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen. Se refiere al concepto amplio de cuentadante y aclara que la determinación de si los recurrentes ostentan o no legitimación pasiva en el procedimiento, requiere un análisis de la concreta función de cada recurrente en el proceso de administración de fondos públicos. Como resultado de dicho análisis, concluye la Sala que la conducta de uno de los recurrentes no encaja en la legitimación pasiva de los procedimientos de reintegro por alcance, recordando que la cooperación y el encubrimiento aludidos en el artículo 42 de la LOTCu solo generan responsabilidad contable si concurren en la conducta de quienes no han ejecutado materialmente los hechos pero gestionan los caudales o efectos públicos afectados y están vinculados a rendir cuentas de los mismos, y que la Sala se ha manifestado repetidamente rechazando la posible responsabilidad contable del “extraneus”. Considera, por tanto, que debe estimarse el recurso formulado por dicho recurrente, desestimándose la demanda formulada contra él y quedando exonerado también de las costas de instancia. Se confirma, sin embargo, la legitimación pasiva de los restantes recurrentes. En cuanto a las cuestiones de fondo, referidas a la alegación de inexistencia en su actuación de los requisitos de la responsabilidad contable, comienza la Sala recordando cuáles son dichos requisitos, conforme se desprende de los artículos 38.1 de la LOTCu y 49.1 de la LFTCu. Analiza la concurrencia de dichos requisitos en cada uno de los recurrentes cuya legitimación pasiva se ha confirmado y concluye confirmando igualmente la presencia de tales requisitos y manteniendo la condena como responsables contables de los mencionados recurrentes.

Ponente: Excma. Sra. Dª. Mª. Antonia Lozano Álvarez.

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dª. Mª. Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excma. Sra. Dª. Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera

Voces: AMBITO SUBJETIVO DE LA RESPONSABILIDAD CONTABLECUENTADANTEDOCTRINA DEL EXTRANEUSFALTA DE CAPACIDADFALTA DE LEGITIMACIONGESTOR DE FONDOS PUBLICOSINTERES DIRECTOLEGITIMACION ACTIVALEGITIMACION PASIVARECURSO DE APELACIONRESPONSABILIDAD CONTABLE (REQUISITOS)SUBVENCION

2017 27 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 27 año 2017 dictada por la SALA DE JUSTICIA

Recurso de Apelación n° 32/17, interpuesto contra la Sentencia 11/16, de 15 de noviembre, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº C-227/15, del ramo Sector Público Local, Junta Administrativa de Eribe, Álava.

Fecha: 13/07/2017

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de Apelación n° 32/17, interpuesto contra la Sentencia 11/16, de 15 de noviembre, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº C-227/15, del ramo Sector Público Local, Junta Administrativa de Eribe, Álava.

Resumen doctrina: La Sala de Justicia desestima el recurso de apelación formulado contra la Sentencia de instancia, imponiendo las costas al apelante. La sentencia recurrida estima parcialmente la demanda formulada por la Junta Administrativa al apreciar la prescripción de la responsabilidad contable en cuanto a los hechos acaecidos con anterioridad al 26 de julio de 2006 toda vez que, con fecha 26 de julio de 2011, se produjo la incoación de un proceso penal sobre los mismos hechos, dando lugar a la interrupción de la prescripción conforme al apartado 3º de la D.A. 3ª LFTCu. La Junta Administrativa, sin embargo, discrepa de este criterio y fundamenta el recurso en infracción legal por inaplicación del párrafo 4º de la Disposición Adicional Tercera de la LFTCu, que regula la prescripción de las responsabilidades contables cuando los hechos fueran constitutivos de delito, en cuyo caso el plazo de prescripción que resulta de aplicación no es el de cinco años aplicado por la sentencia, sino el de diez años, al derivar las responsabilidades de un supuesto delito de malversación. Además considera el recurrente que, al tratarse de un delito continuado, el cómputo del plazo debería comenzar en la fecha de la última infracción cometida. Comienza la Sala sistematizando los argumentos esgrimidos por las partes, tanto en el recurso interpuesto, como en las impugnaciones al mismo, y resuelve señalando en primer término que olvida el recurrente que un delito no existe hasta que no se declara así por sentencia penal firme, declaración que no ha tenido lugar, al encontrarse las actuaciones penales en fase de instrucción, considerando, asimismo, que la interrupción de la prescripción se produjo el 26 de julio de 2011, fecha en que se dictó Auto incoando diligencias penales, sin que quepa apreciar la continuidad delictiva alegada, aplicable en la jurisdicción penal, pero ajena a la jurisdicción contable. En definitiva, concluye la Sala que la sentencia de instancia ha razonado y aplicado convenientemente el instituto de la prescripción y, en consecuencia, impone las costas a la parte recurrente.

Ponente: Excma. Sra. Dña. Margarita Mariscal de Gante y Mirón

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dª Mª Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excma. Sra. Dña. Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera

Voces: JURISDICCION CONTABLEJURISDICCION PENALPRESCRIPCIONRECURSO DE APELACIONSENTENCIA PENAL

2017 26 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 26 año 2017 dictada por la SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación nº 27/17 interpuesto contra la Sentencia 25/2016, de 29 de diciembre, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-35/15, Administración del Estado (“Declaración sobre la Cuenta General del Estado 2010 –Consorcio Público Casa del Mediterráneo”), Alicante.

Fecha: 13/07/2017

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 27/17 interpuesto contra la Sentencia 25/2016, de 29 de diciembre, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-35/15, Administración del Estado (“Declaración sobre la Cuenta General del Estado 2010 –Consorcio Público Casa del Mediterráneo”), Alicante.

Resumen doctrina: La Sala de Justicia estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de instancia, modificándose el fallo de la misma en el sentido de cifrar el alcance causado en los fondos del Consorcio Público en un importe de 1910,80 €, inferior al importe de 2.067,83 € en que fue cifrado en la instancia. Sin costas. Tras exponer las alegaciones de la recurrente así como los argumentos en que la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal basan sus respectivas oposiciones, destaca la Sala que se han reproducido, en gran medida, las alegaciones efectuadas en la instancia, no siendo dicha técnica, en general, un modo de actuación jurídicamente aceptable. Se pronuncia la Sala sobre la valoración de la prueba practicada en la instancia, dada la alegación de la recurrente referida a la justificación de los gastos constitutivos de alcance, confirmándose el criterio respecto a los cargos en establecimientos de hostelería. Rechaza asimismo la Sala la alegación de duplicidad en el cómputo de ciertos gastos y entiende que no pueden considerarse justificados otros en que se aprecia evidente contradicción entre la justificación realizada en el recurso y en certificados emitidos al efecto. Atendiendo a la finalidad pública de carácter institucional de los gastos de manutención y de desplazamiento, la Sala concluye que algunos de ellos pueden encajar en los gastos de representación o manutención. Recuerda que para que los gastos protocolarios o de representación sean admitidos, es necesario que exista una finalidad pública y no un fin privado, y que esa funcionalidad quede expresada en el proceso de justificación del gasto. Rechaza la Sala la alegación de ausencia de vulneración de normativa presupuestaria, confirmando el criterio de instancia según el cual se ha producido un saldo deudor injustificado derivado de la salida de fondos del Consorcio Público, por la utilización de la tarjeta de crédito para el pago de los gastos que enumera, debiendo calificarse de alcance. Desestima igualmente la alegación de que circunstancias como la genérica regulación de la materia, la inexistencia de reparos por el Consejo Rector, y del posterior control por la Intervención Territorial, o la especial naturaleza de los gastos protocolarios o de manutención, impidan apreciar la existencia de dolo o culpa grave en la conducta de la demandada como gestora de fondos públicos. Indica que la diligencia cualificada exigible a cualquier gestor de fondos públicos impide la utilización de estos para la organización de comidas o cenas con el personal a su servicio y el cargo de cualquier tipo de gasto no acorde con la función encomendada y que tampoco cabe admitir que la gestión en el Consorcio no fuera objeto de reparo por la Intervención Territorial. De todo ello concluye que procede la estimación parcial del recurso sin imposición de costas.

Ponente: Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dª Mª Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano.- Consejero

Voces: ALCANCEDILIGENCIA EXIGIBLEDOLO O NEGLIGENCIAGASTOS PROTOCOLARIOS Y DE REPRESENTACIONJUSTIFICACION DE GASTOSNEGLIGENCIA GRAVENORMATIVA APLICABLEPRUEBARECURSO DE APELACIONRECURSO ORDINARIOSALDO DEUDOR INJUSTIFICADOVALORACION DE LA PRUEBA

2017 25 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 25 año 2017 dictada por la SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación nº 26/17, interpuesto contra la Sentencia nº 20/2016, de 27 de octubre de 2016, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-296/15, del ramo de Sector Público Estatal, (Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.) Granada.

Fecha: 13/07/2017

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 26/17, interpuesto contra la Sentencia nº 20/2016, de 27 de octubre de 2016, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-296/15, del ramo de Sector Público Estatal, (Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.) Granada.

Resumen doctrina: Se acuerda: 1) inadmitir, por improcedente, la solicitud realizada por la representación procesal del demandado, basada en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, de que se decrete la terminación del procedimiento de reintegro por alcance por carencia sobrevenida del objeto litigioso; 2) estimar el recurso de apelación formulado por el Abogado del Estado, con la adhesión del Ministerio Fiscal; y 3) comunicar la presente Resolución a la Audiencia Provincial para su conocimiento, así como al órgano encargado de la ejecución de la sentencia penal, para coordinar dicha actividad ejecutiva con este Tribunal. Con carácter previo al examen del recurso de apelación analiza los efectos de las resoluciones del orden penal en los procedimientos ante esta jurisdicción contable, refiriéndose a la prejudicialidad, cuyo tratamiento global se establece en el artículo 10 de la LOPJ y también en el artículo 40.2 de la LEC, destacando que en amabas se exige para la suspensión, que la decisión del Tribunal penal pueda tener influencia decisiva en la resolución del procedimiento penal, o que condicione directamente su contenido. En este caso, entiende la Sala que existen diferencias importantes respecto a las actuaciones que debe valorar cada orden jurisdiccional. Recuerda que el artículo 18.1 LOTCu y el 49.3 LFTCu, establecen la compatibilidad entre la Jurisdicción contable y la penal, así como la doctrina y jurisprudencia en ese sentido, y considera que falta el requisito esencial exigido por el artículo 17.2 de la LOTCu, para que entren en juego las previsiones del mismo (que la cuestión prejudicial constituya elemento previo necesario para la declaración de responsabilidad contable), debiendo inadmitirse por improcedente la solicitud planteada. Analiza los motivos de fondo aducidos por las partes, precisando que opera la regla que determina la prevalencia del orden penal, solo respecto de la fijación de los hechos y la autoría de los mismos, pero no en la apreciación de los hechos en los que rige, para el juez contable, el principio de libre valoración de la prueba. Recuerda que la sentencia de instancia desestimó la demanda interpuesta por el Abogado del Estado por considerar que los fondos que gestionaba el demandado no reunían el carácter de públicos. Señala que la responsabilidad contable gira en torno al concepto de fondos o caudales públicos, siendo tales los de Correos, en cuanto las sociedades estatales forman parte del sector público, definido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/82, de 12 de mayo, ámbito subjetivo de fiscalización por el Tribunal de Cuentas y de posible enjuiciamiento contable. Recoge su propia doctrina según la cual no obsta para la consideración de públicos de los caudales pertenecientes a una sociedad estatal ni el hecho de que sus actividades se ajusten al derecho privado, ni el que sus presupuestos contengan previsiones de gastos, y no limitaciones, y añade que la relación entre la Administración Pública y la sociedad mercantil por ella creada, es de carácter fiduciario, en la que la sociedad actúa con unos fondos que nunca dejan de pertenecer a la Administración Pública. Se confirma que fueron los fondos propios de Correos los que sufrieron el quebranto económico producido por la actuación ilícita y recuerda que para que exista responsabilidad contable, junto con el requisito objetivo que constituye el daño o perjuicio en los caudales públicos, es necesario el subjetivo de infracción dolosa o con culpa o negligencia graves y nexo causal entre la acción u omisión y el daño. Entiende la Sala que la conducta desplegada se aparta de los parámetros que la definirían como gravemente negligente, añadiéndose una evidente nota de voluntariedad, por lo que su responsabilidad lo es a título de dolo. Confirma también la presencia del nexo causal, recordando que la relación causa-efecto entre dos acontecimientos se produce cuando la realización del primero de ellos lleva irremediablemente al segundo, sin que medie interferencia fáctica alguna (teoría causal de la inmediatez o inevitabilidad), o bien cuando aquél se basta por sí mismo, y sin perjuicio de la concurrencia de otros, para producir éste (teoría de la adecuación de la causa). Declarado el alcance, condena al responsable directo al abono de los intereses ordinarios, calculados aplicando los criterios previstos en los artículos 59.2 y el artículo 71.4º e) de la LFTCu. Se modifica la condena en costas de instancia, condenando a su abono al demandado y respecto a las causadas en apelación, no se hace expresa imposición de las mismas.

Ponente: Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dª Mª Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano.- Consejero

Voces: ALCANCECOMPATIBILIDAD ENTRE JURISDICCION CONTABLE Y PENALCOSTASCUENTADANTEELEMENTO SUBJETIVO (DOLO. CULPA O NEGLIGENCIA GRAVE)FONDOS PUBLICOSGESTOR DE FONDOS PUBLICOSINTERESESNEXO CAUSALPREJUDICIALIDAD PENALRECURSO DE APELACIONRESPONSABILIDAD CONTABLE (REQUISITOS)SOCIEDAD ESTATAL

2017 24 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 24 año 2017 dictada por la SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación nº 21/17, interpuesto contra la Sentencia nº 17/2016, de 18 de noviembre de 2016, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº A-119/15, del ramo de Sector Público Autonómico, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural – Agencia Andaluza de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.- Comunidad Autónoma de Andalucía.

Fecha: 13/07/2017

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 21/17, interpuesto contra la Sentencia nº 17/2016, de 18 de noviembre de 2016, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº A-119/15, del ramo de Sector Público Autonómico, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural – Agencia Andaluza de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.- Comunidad Autónoma de Andalucía.

Resumen doctrina: Se desestima el recurso de apelación interpuesto, imponiéndose las costas a la recurrente. Con carácter previo al análisis de las cuestiones de fondo, se refiere a la concurrencia de los requisitos de jurisdicción y competencia, cuestiones de orden público procesal, debiendo determinarse si la jurisdicción contable puede pronunciarse sobre una controversia salarial, pues el conocimiento de dicha cuestión correspondería al orden laboral, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Procedimiento Laboral (la hoy vigente Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social). A este respecto, expone la Sala que el objeto principal del procedimiento de reintegro fue determinar si se produjo alcance en los fondos públicos (causado por el pago de una indemnización que la parte actora no consideraba justificada) y quién fue el eventual responsable contable del mismo, considerándose la controversia salarial (el enjuiciamiento de la corrección de la indemnización) una cuestión incidental, íntimamente conectada con el objeto del proceso, pero no la cuestión principal. Recoge el contenido del artículo 17 de la LOTCu relativo a la extensión de la jurisdicción contable, a los solos efectos del ejercicio de su función, al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales, así como la interpretación de dicho precepto por la propia Sala, concluyendo que no cabe apreciar exceso de jurisdicción en el presente caso. Analiza a continuación la cuestión de fondo, partiendo de que la Sentencia de instancia consideró que no se había acreditado el perjuicio a los fondos públicos, ni que el demandado tuviera la condición de gestor de los mismos, no pudiendo apreciarse la existencia de alcance. Examina las normas laborales contractuales que configuran el marco legal aplicable, como elemento previo para determinar la existencia de alcance en los fondos de la empresa municipal y considera acreditado que el demandado, pese a haber aceptado desempeñar un puesto de Jefe de área, obtuvo una indemnización superior a la prevista legalmente en el momento de extinción definitiva de su relación laboral con la empresa, estando vedado en los términos del contrato y de las condiciones socio-laborales vigentes en el momento de suscribir el mismo, salvo pacto en contrario entre las partes como condición particular más favorable, y que debería haberse acreditado expresamente o ser objeto de prueba fehaciente dentro del procedimiento de reintegro. Recuerda que en el ámbito contable se aplica el principio civil de la carga de la prueba (217 LEC), y entiende que sí se ha producido un daño en los caudales públicos, real, evaluable económicamente e individualizado. Recuerda la Sala que para que pueda declararse la existencia de alcance, deben concurrir todos los requisitos configuradores de la responsabilidad contable. Añade que, pese a que la Sala interpreta en sentido amplio el concepto de cuentadante, la extensión subjetiva de la responsabilidad contable no puede alcanzar a cualquier persona perteneciente al esquema organizativo de una Administración Pública y concluye que el demandado carecía del carácter de legitimado pasivo al carecer de la condición de cuentadante. Rechaza la Sala las alegaciones de concurrencia de un presunto fraude de ley en la contratación por la empresa pública, repasando la doctrina al efecto.

Ponente: Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dña. Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano.- Consejero

Voces: CARGA DE LA PRUEBACOMPETENCIACONTRATOSCUENTADANTECUESTION PREJUDICIAL O INCIDENTALDAÑOEXTENSION Y LIMITES DE LA JURISDICCION CONTABLEEXTINCION DE RELACIONES LABORALESFONDOS PUBLICOSFRAUDE DE LEYGESTOR DE FONDOS PUBLICOSINDEMNIZACIONJURISDICCION CONTABLELEGITIMACION PASIVARECURSO DE APELACIONRECURSO ORDINARIORESPONSABILIDAD CONTABLE (REQUISITOS)

2017 23 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 23 año 2017 dictada por la SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación nº 18/17, interpuesto contra la Sentencia nº 21/2016, de 27 de octubre de 2016, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-9/16, del ramo de Sector Público Estatal, (Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.) Madrid

Fecha: 13/07/2017

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 18/17, interpuesto contra la Sentencia nº 21/2016, de 27 de octubre de 2016, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-9/16, del ramo de Sector Público Estatal, (Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.) Madrid

Resumen doctrina: Se acuerda estimar el recurso de apelación formulado por el Abogado del Estado, al que se adhirió el Ministerio Fiscal, modificándose la parte dispositiva de la sentencia de instancia, sin expresa imposición de costas. Analiza los motivos de fondo aducidos por las partes, recordando que la sentencia de instancia desestimó la demanda interpuesta por el Abogado del Estado, en nombre y representación de Correos, y a la que se adhirió el Ministerio Fiscal, por considerar que los fondos que gestionaba el demandado no reunían el carácter de públicos. Precisa además que el debate sobre la naturaleza pública o privada de los fondos no pudo ser objeto de alegación por el demandado porque fue declarado en rebeldía, sin comparecer ni personarse en ninguna de las fases del procedimiento. Señala que la responsabilidad contable gira en torno al concepto de fondos o caudales públicos, siendo tales los de Correos, en cuanto las sociedades estatales forman parte del sector público, definido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/82, de 12 de mayo, ámbito subjetivo de fiscalización por el Tribunal de Cuentas y de posible enjuiciamiento contable. Recoge su propia doctrina según la cual no obsta para la consideración de públicos de los caudales pertenecientes a una sociedad estatal ni el hecho de que sus actividades se ajusten al derecho privado, ni el que sus presupuestos contengan previsiones de gastos, y no limitaciones, y añade que la relación entre la Administración Pública y la sociedad mercantil por ella creada, es de carácter fiduciario, en la que la sociedad actúa con unos fondos que nunca dejan de pertenecer a la Administración Pública. Se confirma que fueron los fondos propios de Correos los que sufrieron el quebranto económico producido por la actuación ilícita y recuerda que para que exista responsabilidad contable, junto con el requisito objetivo que constituye el daño o perjuicio en los caudales públicos, es necesario el subjetivo de infracción dolosa o con culpa o negligencia graves y nexo causal entre la acción u omisión y el daño. Entiende la Sala que, dado que no se trató de la comisión errónea de una o pocas operaciones aisladas, sino que fueron realizadas repetidamente, se añade a la conducta del sujeto una evidente nota de voluntariedad, por lo que su responsabilidad lo es a título de dolo. Confirma también la presencia del nexo causal, recordando que la relación causa-efecto entre dos acontecimientos se produce cuando la realización del primero de ellos lleva irremediablemente al segundo, sin que medie interferencia fáctica alguna (teoría causal de la inmediatez o inevitabilidad), o bien cuando aquél se basta por sí mismo, y sin perjuicio de la concurrencia de otros, para producir éste (teoría de la adecuación de la causa). Declarado el alcance, condena al responsable directo al abono de los intereses ordinarios, calculados aplicando los criterios previstos en los artículos 59.2 y el artículo 71.4º e) de la LFTCu. Se modifica la condena en costas de instancia, condenando a su abono al demandado y respecto a las causadas en apelación, no se hace expresa imposición de las mismas.

Ponente: Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dª Mª Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano.- Consejero

Voces: ALCANCECOSTASCUENTADANTEELEMENTO SUBJETIVO (DOLO. CULPA O NEGLIGENCIA GRAVE)FONDOS PUBLICOSGESTOR DE FONDOS PUBLICOSINTERESESNEXO CAUSALRECURSO DE APELACIONRESPONSABILIDAD CONTABLE (REQUISITOS)SOCIEDAD ESTATAL