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2018 7 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 7 del año 2018 dictada por el DEPARTAMENTO SEGUNDO

Procedimiento de reintegro por alcance nº B-288/16; Sector Publico Local; Ayuntamiento de Navalcarnero; Madrid

Fecha: 04/07/2018

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-288/16; Sector Publico Local; Ayuntamiento de Navalcarnero; Madrid

Resumen doctrina:

Ponente: Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón

Sala de justicia:
Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera

Voces: PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

2018 5 DEPARTAMENTO PRIMERO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 5 año 2018 dictada por DEPARTAMENTO PRIMERO

Procedimiento de reintegro por alcance nº A238/14, del Ramo Sociedades Estatales, Correos y Telégrafos, provincia de Madrid.

Fecha: 12/06/2018

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Dictada por: DEPARTAMENTO PRIMERO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº A238/14, del Ramo Sociedades Estatales, Correos y Telégrafos, provincia de Madrid.

Resumen doctrina:

Ponente: Excma. Sra. Dña. María Antonia Lozano Álvarez

Sala de justicia:

Situación Actual: NO FIRME

2018 6 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 06 del año 2018 dictada por el DEPARTAMENTO SEGUNDO

Procedimiento de reintegro por alcance nº B-42/17; Sector Público Local; Ayuntamiento de Navalvillar de Pela; Badajoz

Fecha: 07/06/2018

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-42/17; Sector Público Local; Ayuntamiento de Navalvillar de Pela; Badajoz

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA. SRA. DÑA. MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:

Voces: PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

2018 5 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 5 del año 2018 dictada por el DEPARTAMENTO SEGUNDO

Procedimiento de reintegro por alcance nº B-45/17; Sector Público Local; Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos; Ciudad Real

Fecha: 04/06/2018

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-45/17; Sector Público Local; Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos; Ciudad Real

Resumen doctrina:

Ponente: Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón

Sala de justicia:
Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera

Voces: PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

2018 8 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 8 año 2018 dictada por la SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación, rollo nº 17/18, interpuesto contra la Sentencia Nº 13/2017, de 20 de diciembre, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº C-7/17, del ramo de Sector Público Local, Ayuntamiento de Bienservida, Albacete.

Fecha: 30/05/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación, rollo nº 17/18, interpuesto contra la Sentencia Nº 13/2017, de 20 de diciembre, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº C-7/17, del ramo de Sector Público Local, Ayuntamiento de Bienservida, Albacete.

Resumen doctrina: Desestima la Sala el recurso de apelación interpuesto. Comienza exponiendo pormenorizadamente los motivos que sirven de fundamento al recurso formulado y las alegaciones vertidas por el Ministerio Público. Alega, en primer lugar, el recurrente, que la operación enjuiciada consistía en la construcción de tres cortafuegos no en una compraventa de aprovechamientos forestales. Este planteamiento, manifiesta la Sala, no puede estimarse por cuanto las actividades adicionales de retirada de residuos no pueden considerarse inherentes a la naturaleza del contrato, sino prestaciones diferentes que, en su caso, podrían haberse pactado por separado. Por otra parte, esgrime el recurrente que si se hubiera producido un perjuicio para las arcas públicas se hubieran personado en el procedimiento, tanto la Junta, que era quien tenía encomendada la gestión de los montes, como el Ayuntamiento, que era el titular de los mismos. Este argumento tampoco puede ser atendido, ya que la existencia de un menoscabo en los fondos públicos no deriva de la intervención de unas partes u otras en el proceso, sino de la prueba practicada. También alega el recurrente que el reintegro debería haberse reclamado, en su caso, a la empresa y no al Alcalde, que no dictó resolución alguna que pudiera dar lugar a su responsabilidad personal. Tampoco este razonamiento es atendido por la Sala ya que la legitimación pasiva en los procedimientos de responsabilidad contable está limitada a gestores de fondos públicos, perceptores de subvenciones, causahabientes de los mismos y posibles perjudicados por el proceso, según se desprende del artículo 55.2, en relación con el artículo 49.1, ambos de la LFTCu. Por lo tanto, carece de legitimación pasiva en el presente proceso una empresa privada que ni ha gestionado fondos públicos ni ha percibido subvenciones, como sucede con la adjudicataria del contrato. Lo que se discute en el presente proceso, sin embargo, no es la competencia del Alcalde para decidir la cesión de los residuos forestales sino el carácter ilegal, gravemente negligente y lesivo para los fondos públicos de dicha decisión. Su participación en los hechos no se ha ajustado a los principios de buena gestión financiera. Plantea, finalmente, el recurrente que no se cumplen los requisitos legalmente exigidos para la responsabilidad contable pues ni se ha producido menoscabo en los fondos públicos, ni se ha vulnerado ninguna norma reguladora de la actividad económico-financiera del Sector Público, ni concurre en su actuación dolo o negligencia grave, ni existe entre dicha actuación ninguna relación de causalidad con ningún daño a las arcas públicas. Estas cuestiones, manifiesta la Sala, han sido correctamente examinadas y decididas en la Sentencia de primera instancia.

Ponente: Excma. Sra. Dña. María Antonia Lozano Álvarez

Sala de justicia:
EXCMO. SR. D. FELIPE GARCÍA ORTIZ.- Presidente
EXCMA. SRA. DÑA. MARÍA ANTONIA LOZANO ÁLVAREZ.- Consejera
EXCMA. SRA. DÑA. MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN.- Consejera

Voces: COMPENSACIONCONTRATACIONCONTRATOSDAÑOFONDOS PUBLICOSGESTOR DE FONDOS PUBLICOSLEGITIMACION PASIVARESPONSABILIDAD CONTABLE (ELEMENTOS O REQUISITOS)

2018 7 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 7 año 2018 dictada por la SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación nº 14/18 interpuesto contra la Sentencia 8/2017, de 11 de julio, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº A-10/15, Entidades Locales (Ayuntamiento de Isla Mayor), Sevilla.

Fecha: 30/05/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 14/18 interpuesto contra la Sentencia 8/2017, de 11 de julio, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº A-10/15, Entidades Locales (Ayuntamiento de Isla Mayor), Sevilla.

Resumen doctrina: Desestima la Sala el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público. Comienza exponiendo pormenorizadamente los motivos que sirven de fundamento al recurso formulado y las alegaciones vertidas por las partes para, a continuación, entrar en el análisis de si la sentencia objeto de impugnación incurre en incongruencia omisiva, como pone de relieve el Ministerio Fiscal, ya que su resolución condicionaría el resto de las pretensiones formuladas. Es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que para que la incongruencia vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva debe constituir una desviación del “thema decidendi” de tal importancia que suponga una completa modificación de los límites o fines en que se produce el debate contradictorio. Ahora bien, nada impide que el órgano judicial pueda fundamentar su decisión en argumentos jurídicos distintos de los alegados por las partes, pues, conforme al principio “iura novit curia”, los Jueces y Tribunales no están obligados, al motivar sus sentencias, a ajustarse estrictamente a las alegaciones de carácter jurídico aducidas por las partes. Para el Tribunal Constitucional (Sentencia 85/2000) es preciso distinguir entre las alegaciones aducidas por las partes para fundamentar sus pretensiones, y éstas en sí mismas consideradas. En cuanto a las primeras no sería necesario una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de ellas, siendo suficiente una respuesta global o genérica. Siendo así, la Sala considera que no aprecia la incongruencia omisiva, que alega el Ministerio Fiscal en su escrito de recurso, por cuanto éste manifestó, tras instruirse de la causa, que no formularía demanda distinta a la presentada por el Ayuntamiento. Por otra parte, la Sala considera igualmente que la sentencia impugnada tuvo en cuenta la pretensión del Ministerio Público relativa a la interrupción de la prescripción, aunque no entrara a valorar el fondo del asunto, en la medida en que desestimó la demanda por prescripción. Tampoco se puede compartir, continúa manifestando la Sala, el efecto interruptivo de la prescripción de las responsabilidades contables que pudiera derivarse de los hechos objeto de este procedimiento, que atribuye el Ministerio Fiscal a la Resolución del Pleno del Ayuntamiento de 3 de junio de 2005, puesto que fue un acto de trámite (de iniciación del procedimiento), que no provocaba indefensión, no decidía sobre el fondo del asunto, ni predeterminaba en absoluto el contenido de la resolución definitiva. Al respecto, recuerda la Sala que, según la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, los actos de trámite no pueden ser impugnados ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de forma autónoma o separada del acto administrativo definitivo, circunstancia que se ha producido en este supuesto que nos ocupa y, visto que la Jurisdicción Contenciosa no se ha pronunciado sobre la conservación del acto de trámite del acuerdo de iniciación del procedimiento de responsabilidad patrimonial ni ha retrotraído a éste las actuaciones, concluye la Sala que no puede apreciar los efectos interruptivos de la prescripción alegados por el Ministerio Fiscal, al considerar que la nulidad declarada afecta a la totalidad del procedimiento cursado.

Ponente: EXCMO. SR. D. FELIPE GARCÍA ORTIZ

Sala de justicia:
EXCMO. SR. D. FELIPE GARCÍA ORTIZ.- Presidente
EXCMA. SRA. DÑA. MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN.- Consejera
EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO.- Consejero

Voces: INCONGRUENCIA OMISIVAINTERRUPCION DE LA PRESCRIPCIONPRESCRIPCIONRETROACCIONTUTELA JUDICIAL EFECTIVA

2018 6 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 6 año 2018 dictada por la SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación, rollo Nº 9/18, interpuesto contra la Sentencia Nº 5/2017, de 26 de junio, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance Nº B-188/16, del ramo de Sector Público Local, Ayuntamiento de Pallejá, Barcelona.

Fecha: 30/05/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación, rollo Nº 9/18, interpuesto contra la Sentencia Nº 5/2017, de 26 de junio, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance Nº B-188/16, del ramo de Sector Público Local, Ayuntamiento de Pallejá, Barcelona.

Resumen doctrina: La Sala desestima el recurso interpuesto con imposición de costas al recurrente. Comienza realizando una exposición pormenorizada de las alegaciones vertidas por las partes y entrando en el examen de los motivos del recurso, manifiesta que no debe olvidarse que la justificación del gasto y del pago de los fondos públicos no puede conseguirse a través de cualquier tipo de documento, sino solo mediante los que se ajustan a los requisitos legalmente previstos para ese fin y, en el presente caso, la realización de los pagos con cargo a las arcas públicas municipales está acreditada a través de los documentos contables y presupuestarios exigibles y mediante las facturas correspondientes. Lo que no ha quedado demostrado es que tales pagos se aplicaran a fines públicos de la competencia del Alcalde. La agenda, por sí sola, únicamente constituye un documento interno de trabajo que ni siquiera puede considerarse documento administrativo. Por otra parte, el demandado no ha practicado la prueba que le incumbía, de acuerdo con el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de demostrar, en su caso, la eventual existencia de algún gasto de viaje, aparcamiento o restauración cuya finalidad pública autorizada pudiera deducirse. Esgrime en segundo lugar el recurrente que la Sentencia recurrida aplica indebidamente la carga de la prueba cuando exige al demandado acreditar el destino dado a los fondos públicos y la relación de dicho destino con los fines públicos jurídicamente aceptables. El demandante debió, a juicio del apelante, probar que tales fondos no se invirtieron en el destino público que les correspondía pero no lo hizo. Manifiesta la Sala que la Sentencia recurrida no condena al demandado a reintegrar la diferencia entre las sumas que habría tenido derecho a gastar y las que en realidad gastó, sino que le condena a devolver todas las cantidades que extrajo de las arcas municipales a través del pago con la tarjeta de crédito del Ayuntamiento de gastos de locomoción, restauración y aparcamiento, cuya finalidad pública autorizada no ha sido capaz de demostrar. Continúa exponiendo la Sala, que resulta acreditada la relación causal entre la actuación del recurrente y el menoscabo ocasionado a los fondos públicos municipales, quien no fue capaz de acreditar que dichos fondos hubieran sido destinados a atender fines relacionados con el interés público. Por otra parte, no se aprecia ninguna circunstancia (caso fortuito, fuerza mayor…) que permita considerar interrumpido el nexo causal entre la conducta del apelante y el daño patrimonial ocasionado al Ayuntamiento. En cuanto a la negligencia grave, la Sala comparte los criterios en los que aparece declarada y fundamentada en la Sentencia de primera instancia. Finalmente, manifiesta la Sala en relación con las costas de la primera instancia, que comparte la aplicación que se hizo en la Sentencia impugnada del artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Ponente: Excma. Sra. Dña. María Antonia Lozano Álvarez

Sala de justicia:
EXCMO. SR. D. FELIPE GARCÍA ORTIZ.- Presidente
EXCMA. SRA. DÑA. MARÍA ANTONIA LOZANO ÁLVAREZ.- Consejera
EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO.- Consejero

Voces: CARGA DE LA PRUEBAGASTOS DESPLAZAMIENTOINFORMES INTERVENCIONNEGLIGENCIA GRAVENEXO CAUSALREINTEGROVALORACION CONJUNTA DE LA PRUEBA

2018 5 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 5 año 2018 dictada por la SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación nº 7/18, interpuesto contra la sentencia de fecha 27 de octubre de 2017, que acordó estimar parcialmente la demanda interpuesta por la Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás contra Don D. P. G., Doña M. A. D. y Don R. G. F., sin imponer las costas causadas en la primera instancia, del ramo Sector Público Local (Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás), León.

Fecha: 30/05/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 7/18, interpuesto contra la sentencia de fecha 27 de octubre de 2017, que acordó estimar parcialmente la demanda interpuesta por la Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás contra Don D. P. G., Doña M. A. D. y Don R. G. F., sin imponer las costas causadas en la primera instancia, del ramo Sector Público Local (Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás), León.

Resumen doctrina: La Sala desestima el recurso interpuesto con imposición de costas al apelante. Comienza exponiendo los motivos esgrimidos por la parte apelante en su recurso, así como los aducidos por las partes apeladas. Con carácter previo, la Sala hace referencia a la reiterada doctrina de la misma en relación con la naturaleza jurídica del recurso de apelación como recurso ordinario, que permite al Tribunal de apelación la posibilidad de aplicar e interpretar normas jurídicas con un criterio diferenciado, tanto de las partes como del órgano juzgador de instancia y la de resolver confirmando, corrigiendo, enmendando o revocando lo decidido y recurrido, e incluso decidir lo mismo con fundamentación diferente, aunque siempre dentro del respeto al principio de congruencia y dentro del límite de las pretensiones de las partes. Sin embargo, la fijación de los hechos y la valoración de los medios de prueba es competencia del juez de instancia, sin perjuicio de que sobre la base de la naturaleza del recurso de apelación, que permite un novum iudicium, pueda la Sala valorar las pruebas practicadas en la instancia y corregir la ponderación llevaba a cabo por el juez a quo. También destaca que en la jurisdicción contable rige igualmente la doctrina jurídico-procesal de la “valoración o apreciación conjunta de la prueba” reiteradamente admitida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En el supuesto de autos, la Consejera de primera instancia se ha convencido de la declaración de hechos probados que consta en la sentencia, previa valoración o apreciación conjunta de “las pruebas documentales obrantes en las Actuaciones Previas y en las Diligencias Preliminares, así como las admitidas y aportadas en fase de prueba”. Y así, razona la Sala, la entidad apelante, que ha dado por justificadas las salidas de fondos conforme al criterio contenido en la sentencia impugnada, no puede ir en contra de sus propios actos en el escrito de recurso de apelación.

Ponente: EXCMA. SRA. DÑA.. MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:
EXCMO. SR. D. FELIPE GARCÍA ORTIZ.- Presidente
EXCMA. SRA. DÑA. MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN.- Consejera
EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO.- Consejero

Voces: NATURALEZA DEL RECURSO DE APELACIONNOVUM IUDICIUMVALORACION DE LA PRUEBA

2018 4 SALA DE JUSTICIA SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 4 año 2018 dictada por la SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación nº 3/18, interpuesto contra la Sentencia nº 12/2017, de 16 de octubre, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº A-133/16, del ramo de Sector Público Autonómico (Universidad de Almería), ALMERÍA.

Fecha: 30/05/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 3/18, interpuesto contra la Sentencia nº 12/2017, de 16 de octubre, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº A-133/16, del ramo de Sector Público Autonómico (Universidad de Almería), ALMERÍA.

Resumen doctrina: Desestima la Sala el recurso de apelación interpuesto. Tras un análisis del instituto de la prescripción y de la compatibilidad de jurisdicciones pone de manifiesto que se trata de determinar, en definitiva, si ante el surgimiento de una cuestión prejudicial penal en la tramitación del procedimiento de reintegro por alcance, se han aplicado correctamente en primera instancia las reglas vigentes sobre la materia y, si la decisión de proseguir con la resolución del litigio, dictando la Sentencia que ahora se recurre, en la que se aplicó la regla general de compatibilidad con las consecuencias que ello conlleva en cuanto a la apreciación del plazo de prescripción de 5 años, a contar desde que se produjeron los hechos constitutivos de alcance, contenido en el apartado 1 de la Disposición Adicional Tercera de la LFTCu, fue, o no, conforme a Derecho. Como ha señalado el Ministerio Fiscal, constituye requisito “sine qua non” para que el procedimiento contable se suspenda en el momento en que el mismo esté pendiente de dictarse Sentencia, no sólo que los hechos que revistan la apariencia de un delito y que se estén investigando en el pleito penal, guarden relación o identidad sustancial con los que fundamentan las pretensiones de las partes en el litigio contable, sino que la decisión del Tribunal o Juez Penal revista una “influencia decisiva”. Considera la Sala de Justicia que el Ministerio Fiscal no ha justificado debidamente por qué los hechos contemplados en el pleito penal adquieren un carácter fáctico decisivo a efectos de condicionar el pronunciamiento de la Juzgadora “a quo. Por otra parte, no entiende asimilable el presente supuesto al resuelto mediante Auto de 11 de noviembre de 2015, ya que los elementos fácticos sí se revelaron de importancia decisiva para la adecuada resolución del pleito contable, al contrario de lo que sucede en el presente caso.

Ponente: EXCMO SR D JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO

Sala de justicia:
EXCMO. SR. D. FELIPE GARCÍA ORTIZ. - Presidente
EXCMA. SRA. DÑA. MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN.- Consejera
EXCMO SR D JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO.- Consejero

Voces: COMPATIBILIDAD ENTRE LA JURISDICCION CONTABLE Y LA PENALNATURALEZA DEL RECURSO DE APELACIONPREJUDICIALIDAD PENALPRESCRIPCIONPRINCIPIO DE PRECLUSIONPRINCIPIO NON BIS IN IDEMTUTELA JUDICIAL EFECTIVA

2018 18 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

AUTO nº 18 año 2018 dictado por la SALA DE JUSTICIA

Recurso Nº 13/18 del Art. 48.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, Actuaciones Previas nº 84/1. Ramo: Sector Público Local, Ayuntamiento de La Oliva, Las Palmas.

Fecha: 30/05/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso Nº 13/18 del Art. 48.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, Actuaciones Previas nº 84/1. Ramo: Sector Público Local, Ayuntamiento de La Oliva, Las Palmas.

Resumen doctrina: La Sala desestima los recursos interpuestos sin imposición costas al recurrente. Analiza la Sala los distintos motivos de apelación esgrimidos por el recurrente -los embargos acordados por las resoluciones recurridas resultan contrarios a Derecho, al haberse dictado dichas resoluciones antes de que se resolviera expresamente sobre los recursos y peticiones de suspensión, de aplazamiento y de revisión de oficio-. Y concluye que no son contrarios a Derecho, ya que ninguno de los recursos ni solicitudes formuladas tiene efecto suspensivo ni constituye obstáculo legal para acordar las medidas previstas en el artículo 47.1.g) de la LFTCu. Es más, el órgano instructor tiene el deber de acordar dichos embargos una vez constatada la concurrencia de las circunstancias previstas en el citado artículo. Lo anterior no priva de virtualidad a los recursos y solicitudes que, al tiempo de acordarse los embargos, estuvieran pendientes de decisión, ya que si las resoluciones que posteriormente recayeran en dichos recursos o solicitudes resultaran incompatibles con el mantenimiento de los embargos, las propias resoluciones podrían acordar dejar sin efecto los que se hubiesen acordado. En cuanto a los dos últimos motivos de impugnación alegados referidos a la infracción del artículo 47.4 de la LFTCu, al haberse dictado las resoluciones de embargo fuera del plazo previsto en dicho precepto, y a la infracción del artículo 75 de Reglamento General de Recaudación, por no haberse valorado, al acordar cada uno de los embargos impugnados, la suficiencia de los demás embargos, concluye, igualmente, la Sala, que tampoco pueden prosperar. En primer lugar, porque se basan en pretendidas infracciones legales que se atribuyen a las resoluciones impugnadas que exceden de los motivos tasados por los que puede interponerse el recurso del artículo 48.1 de la LFTCu. En segundo lugar, tampoco cabe apreciar que se hayan producido las infracciones denunciadas. En cuanto al plazo de dos meses establecido en el artículo 47.4 de la LFTCu, es doctrina consolidada de esta Sala de Justicia que dicho plazo tiene un carácter meramente orientativo y su incumplimiento no puede ser determinante de la caducidad del trámite ni del procedimiento. Por otro lado, el artículo 75 del Reglamento General de Recaudación condiciona la procedencia de los embargos a “que no se hubiese pagado la deuda por la ejecución de garantías o fuese previsible de forma motivada que de dicha ejecución no resultará líquido suficiente para cubrir la deuda”, circunstancias que concurren en el presente caso. Por último, manifiesta la Sala que ninguna norma exige a la autoridad que ordena un embargo realizar valoraciones ni comprobaciones previas sobre la suficiencia de los embargos que ya estuviesen trabados, aunque nada impide que el sujeto pasivo pueda pedir la reducción de los mismos.

Ponente: Excma. Sra. Dña. Margarita Mariscal de Gante y Mirón

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dña. Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano.- Consejero

Voces: APLAZAMIENTODELEGADO INSTRUCTOREMBARGOPLAZOSRECURSO DEL ARTICULO 48.1 DE LA LEY 7/1988SUSPENSION

2018 17 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

AUTO nº 17 año 2018 dictado por la SALA DE JUSTICIA

Recurso nº 12/18, interpuesto al amparo del artículo 48.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, contra la Providencia de embargo, de fecha 20 de febrero de 2017, dictada en las Actuaciones Previas nº 234/11, Comunidades Autónomas (Consejería de Empleo - Ayudas socio-laborales a la prejubilación), Andalucía.

Fecha: 30/05/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso nº 12/18, interpuesto al amparo del artículo 48.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, contra la Providencia de embargo, de fecha 20 de febrero de 2017, dictada en las Actuaciones Previas nº 234/11, Comunidades Autónomas (Consejería de Empleo - Ayudas socio-laborales a la prejubilación), Andalucía.

Resumen doctrina: La Sala desestima el recurso interpuesto sin imposición de costas al recurrente. Con carácter previo al análisis de las pretensiones planteadas por el recurrente, expone la Sala la naturaleza jurídica del recurso del artículo 48.1 de la LFTCu, que una doctrina constante de esta Sala ha calificado como un medio de impugnación especial y sumario por razón de la materia (por todos, Autos 4/2011, de 23 de marzo, y 19/14, de 3 de diciembre). De ahí que los motivos de impugnación no puedan ser otros que los taxativamente establecidos en la Ley, es decir que “no se accediera a completar las diligencias con los extremos que los comparecidos señalaren” o que “se causare indefensión”. Conviene recordar, además, que las Actuaciones Previas tienen carácter preparatorio del ulterior proceso jurisdiccional contable, y en el caso de que de las actuaciones llevadas a cabo se desprendieran indicios de responsabilidad contable, es obligado cuantificar de manera previa y provisional el perjuicio ocasionado en los caudales públicos, procediendo, seguidamente, a adoptar las medidas cautelares de aseguramiento que sean necesarias para garantizar los derechos de la Hacienda Pública que pudieran haberse menoscabado. Indica la Sala que las pretensiones planteadas no se ajustan, en modo alguno, a los condicionantes del artículo 48 de la LFTCu, es más, el impugnante ni siquiera alega motivo alguno por el que no se pudiera proceder al embargo de sus bienes o derechos, sino que vuelve a reiterar las alegaciones formuladas en los recursos interpuestos en su día contra la Liquidación Provisional y contra la Providencia de denegación de diligencias. En cuanto a la exclusión del recurrente como presunto responsable en las Actuaciones Previas practicadas con base en que no aparece en el Informe del Director General de Relaciones Laborales de la Junta hay que considerar que el Delegado Instructor, por imperativo del artículo 47.1, apartado c) de la LFTCu, tras las investigaciones realizadas, ha considerado presunto responsable, entre otros, al mencionado recurrente, pero esta presunción de responsabilidad es previa y provisional. Será en el correspondiente procedimiento jurisdiccional que, en su caso, se incoe, donde se constituirá la oportuna relación jurídico-procesal. En relación con el embargo preventivo la Sala señala que, como ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional, está concebido como una medida para asegurar, con carácter cautelar o precautorio, el posible cumplimiento del pago o realización del valor de una obligación por el deudor en favor del acreedor, sin que presuponga una presunción de culpabilidad, ni quebrante la presunción de inocencia, ni quiebre la tutela judicial efectiva. Por tanto, una vez practicada la Liquidación Provisional del alcance, que fue confirmada por Auto posterior de esta Sala en el que figura como responsable contable del alcance, entre otros, el recurrente, y efectuado el requerimiento sin que fuera atendido, al Delegado Instructor no le cabía otra cosa que efectuar el embargo preventivo de sus bienes y derechos. Por último, indica la Sala que en la fase de Actuaciones Previas no cabe el archivo y sobreseimiento que pretende la representación del recurrente, al poder ser acordados sólo en primera instancia.

Ponente: Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dª Mª Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano.- Consejero

Voces: ACTUACIONES PREVIASARCHIVOEMBARGOINDEFENSIONRECURSO DEL ARTICULO 48.1 DE LA LEY 7/1988SOBRESEIMIENTO

2018 16 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

AUTO nº 16 año 2018 dictado por la SALA DE JUSTICIA

Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988 nº 10/18, Actuaciones Previas nº 264/16. Ramo: Sector Público Local (Ayto. de Tomelloso), Ciudad Real.

Fecha: 30/05/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988 nº 10/18, Actuaciones Previas nº 264/16. Ramo: Sector Público Local (Ayto. de Tomelloso), Ciudad Real.

Resumen doctrina: La Sala desestima el recurso interpuesto sin imposición de costas al recurrente. Tras exponer los planteamientos jurídicos realizados por cada una de las partes, la Sala recuerda, con carácter previo, la naturaleza jurídica del recurso del artículo 48.1 de la LFTCu, naturaleza jurídica que unos constantes criterios doctrinales de esta Sala de Justicia, han calificado como un medio de impugnación especial y sumario por razón de la materia. Los motivos de este recurso no pueden ser otros que los establecidos taxativamente por la ley, es decir, que “no se accediera a completar las diligencias con los extremos que los comparecidos señalaren o que se causare indefensión”. A este respecto, para apreciar la existencia de indefensión, acorde con la doctrina constitucional que se acaba de transcribir, se exige, en relación con la tutela judicial efectiva que proclama el mencionado artículo 24 de la Constitución, que se haya producido un perjuicio real y efectivo para la posición jurídica y los intereses de los afectados. En aplicación de todo lo que antecede la Sala manifiesta rechazar de plano todos los argumentos esgrimidos por el recurrente en su escrito de recurso. Y es que los alegatos de éste referidos a mantener que no se dan, acumulativamente, los requisitos, legal y jurisprudencialmente establecidos para declarar la existencia de responsabilidad contable por alcance, y que, en todo caso, debería extenderse la responsabilidad económica y personal de los hechos sometidos a investigación por el Órgano Instructor, con carácter solidario, a otras personas que el recurrente identifica, constituyen cuestiones de fondo que no pueden ser resueltas en este excepcional trámite de recurso. En relación con la supuesta indefensión ocasionada por los defectos formales habidos respecto a la práctica de determinadas diligencias de investigación de las que no se dio traslado al recurrente, la Sala considera que ha resultado acreditado que no se limitó su participación durante la instrucción de las Actuaciones Previas, ni fue preterido en ningún trámite esencial, ni se le impidió completar las diligencias con los extremos que tuvo por conveniente, teniendo en cuenta que las diligencias de investigación que señala en su escrito, podrán ser instadas válidamente, como propuesta de prueba, dentro del procedimiento declarativo que proceda, ante el Órgano de Enjuiciamiento Contable, con independencia de que el mismo pueda legítimamente discrepar de la medida de aseguramiento adoptada, a través de la Providencia impugnada, debiendo afirmarse que el Órgano Instructor se limitó a dar estricto cumplimiento a las previsiones legales establecidas.

Ponente: Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dª Mª Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano.- Consejero

Voces: ACTUACIONES PREVIASCUESTIONES DE FONDODILIGENCIAS DE AVERIGUACIONEMBARGOINDEFENSIONRECURSO DEL ARTICULO 48.1 DE LA LEY 7/1988

2018 15 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

AUTO nº 15 año 2018 dictado por la SALA DE JUSTICIA

Recurso de apelación nº 8/18, contra el Auto de 16 de octubre de 2017, dictado en el Procedimiento de Reintegro por Alcance nº A 346/16, Ramo Sector Público Autonómico (Consejería de Hacienda y Administración Pública- Sociedad Mercantil Regional “Desaladora de Escombreras, S.A.U.”), Región de Murcia.

Fecha: 30/05/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso de apelación nº 8/18, contra el Auto de 16 de octubre de 2017, dictado en el Procedimiento de Reintegro por Alcance nº A 346/16, Ramo Sector Público Autonómico (Consejería de Hacienda y Administración Pública- Sociedad Mercantil Regional “Desaladora de Escombreras, S.A.U.”), Región de Murcia.

Resumen doctrina: Desestima la Sala los recursos de apelación interpuestos sin imposición de costas. Con carácter previo al enjuiciamiento de las cuestiones planteadas por las partes recurrentes, la Sala expone el iter procedimental del que trae causa la presente apelación hasta finalizar en el Auto objeto de esta impugnación acordando no incoar el procedimiento de reintegro por alcance. Y tras su análisis, constata que la Consejera de Cuentas de instancia ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la CE), así como el principio “favor actionis” o “pro actione”, dentro de los límites que ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, aplicando normas supletorias de procedimiento, con el fin de tratar de asegurar las posibilidades de ejercitar la acción de responsabilidad contable, accediendo a suspender el procedimiento en todas las ocasiones en que, tanto el Ministerio Fiscal como la representación Letrada de la Comunidad Autónoma -demandante en autos- así lo solicitaron expresamente (artículo 19.4 de la LEC, como precepto supletorio de segundo grado), al evacuar el traslado del trámite de audiencia concedido, al amparo del artículo 68.1 “in fine” de la LFTCu (en los términos prevenidos en el artículo 55 de la LJCA, al que la norma remite). Solo cuando las partes optaron por no realizar alegaciones de ningún tipo, el órgano juzgador de primera instancia pasó a aplicar la norma supletoria de primer grado específica, a la que obligan las normas procesales especiales en el ámbito contable contenidas, tanto en la LOTCu (Disposición Final Segunda, 2 “in fine”), como en la LFTCu (artículo 68.1 “in fine”). Concluye la Sala que una paralización indefinida del procedimiento colisionaría con el derecho a un procedimiento público sin dilaciones indebidas, con todas las garantías que, asimismo, es recogido por el artículo 24 de la CE, en su apartado 2, así como con el principio de contradicción, regido por el de igualdad de las partes. Por tanto, la Juzgadora “a quo” aplicó correctamente las normas procesales aplicables en contra de lo mantenido por las partes apelantes. En relación con las costas causadas en esta instancia, procedería su imposición a la parte apelante, sin embargo, estima la Sala que, dada la complejidad jurídica de las cuestiones debatidas, se justifica la no imposición de las mismas.

Ponente: Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano

Sala de justicia:
Desestima la Sala los recursos de apelación interpuestos sin imposición de costas.
Con carácter previo al enjuiciamiento de las cuestiones planteadas por las partes recurrentes, la Sala expone el iter procedimental del que trae causa la presente apelación hasta finalizar en el Auto objeto de esta impugnación acordando no incoar el procedimiento de reintegro por alcance.
Y tras su análisis, constata que la Consejera de Cuentas de instancia ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la CE), así como el principio “favor actionis” o “pro actione”, dentro de los límites que ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, aplicando normas supletorias de procedimiento, con el fin de tratar de asegurar las posibilidades de ejercitar la acción de responsabilidad contable, accediendo a suspender el procedimiento en todas las ocasiones en que, tanto el Ministerio Fiscal como la representación Letrada de la Comunidad Autónoma -demandante en autos- así lo solicitaron expresamente (artículo 19.4 de la LEC, como precepto supletorio de segundo grado), al evacuar el traslado del trámite de audiencia concedido, al amparo del artículo 68.1 “in fine” de la LFTCu (en los términos prevenidos en el artículo 55 de la LJCA, al que la norma remite).
Solo cuando las partes optaron por no realizar alegaciones de ningún tipo, el órgano juzgador de primera instancia pasó a aplicar la norma supletoria de primer grado específica, a la que obligan las normas procesales especiales en el ámbito contable contenidas, tanto en la LOTCu (Disposición Final Segunda, 2 “in fine”), como en la LFTCu (artículo 68.1 “in fine”). Concluye la Sala que una paralización indefinida del procedimiento colisionaría con el derecho a un procedimiento público sin dilaciones indebidas, con todas las garantías que, asimismo, es recogido por el artículo 24 de la CE, en su apartado 2, así como con el principio de contradicción, regido por el de igualdad de las partes. Por tanto, la Juzgadora “a quo” aplicó correctamente las normas procesales aplicables en contra de lo mantenido por las partes apelantes.
En relación con las costas causadas en esta instancia, procedería su imposición a la parte apelante, sin embargo, estima la Sala que, dada la complejidad jurídica de las cuestiones debatidas, se justifica la no imposición de las mismas.

Voces: ARCHIVO DE ACTUACIONESCOSTASPRINCIPIO PRO ACTIONEREGIMEN DE SUPLETORIEDADESTUTELA JUDICIAL EFECTIVA

2018 14 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

AUTO nº 14 año 2018 dictado por la SALA DE JUSTICIA

Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/88, de 5 de abril, Nº 6/18, Actuaciones Previas Nº 281/16, del ramo de Sector Público Local, Ayuntamiento de Navalcarnero, Madrid.

Fecha: 30/05/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/88, de 5 de abril, Nº 6/18, Actuaciones Previas Nº 281/16, del ramo de Sector Público Local, Ayuntamiento de Navalcarnero, Madrid.

Resumen doctrina: La Sala desestima los recursos interpuestos sin imposición costas. Analiza los distintos motivos de apelación esgrimidos por los recurrentes. En cuanto a la petición de suspensión la desestima, toda vez que “la interposición del recurso al que se refiere el artículo 48.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, no tiene carácter suspensivo salvo que concurran circunstancia excepcionales” (Auto de la Sala de 23 de febrero de 1995), las cuales no concurren en este caso. En cuanto a la petición de archivo de actuaciones manifiesta la Sala que no cabe decretarlo ni por la Delegada Instructora en las Actuaciones Previas ni por esta Sala a través del presente recurso, ya que es una competencia atribuida a los Consejeros de Cuentas en la fase de primera instancia (Auto de 3 de febrero de 2005). En cuanto a la posibilidad de articular un incidente de nulidad de actuaciones de los artículos 241.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 64.2 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, manifiesta que no es posible a través de un medio de impugnación especial y limitado como es el previsto en el artículo 48 de la LFTCu, ya que los aludidos preceptos resultan de aplicación a la instancia jurisdiccional. También desestima la Sala las alegaciones de los recurrentes que afectan al fondo del asunto, cuales son la intervención de éstos en los hechos examinados; si cabe apreciar o no en su conducta los requisitos de la responsabilidad contable por alcance previstos en el artículo 38 de la L.O 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y en el artículo 49 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del mismo; la cuantía de dicho posible alcance; y la legitimación pasiva en la primera instancia. En relación con la alegación relativa al hecho de que el embargo es una medida en exceso gravosa para una de las recurrentes y la relativa a la situación de concurso de acreedores de la entidad mercantil, manifiesta la Sala que no tienen relación con los dos motivos tasados que podrían hacer prosperar el presente recurso: indefensión o denegación injustificada de diligencias de averiguación. En cuanto al motivo de impugnación relativo a que las alegaciones de una de las recurrentes no fueron examinadas y respondidas por la Delegada Instructora, manifiesta la Sala que tal circunstancia, en caso de haber ocurrido, habría generado indefensión. Sin embargo, en las Actuaciones Previas consta acreditado que la Delegada Instructora examinó y dio respuesta a las alegaciones planteadas. Por último, pone de manifiesto la Sala en relación con la supuesta falta de conocimiento del procedimiento hasta la citación a la Liquidación Provisional, que hasta ese momento no cabe comunicar las diligencias practicadas ni dar posible recurso contra las mismas, ya que no existen aún interesados identificados en el procedimiento (Auto de 4 de junio de 2003) y en relación con los principios de contradicción y audiencia bilateral, que no resultan aplicables a la fase instructora de los procedimientos de reintegro por alcance. En cuanto a la pretendida nulidad de actuaciones porque se ha prescindido de las formas esenciales del procedimiento tampoco puede ser estimada, ya que de lo actuado se desprende que se han cumplido debidamente todos los trámites previstos para las Actuaciones Previas en el artículo 47 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Ponente: Excma. Sra. Dña. María Antonia Lozano Álvarez

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dª Mª Antonia Lozano Álvarez.- Consejera
Excma. Sra. Dña. Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera

Voces: ARCHIVO DE ACTUACIONESCITACIONCUESTIONES DE FONDOLIQUIDACION PROVISIONALNULIDAD DE ACTUACIONESPRINCIPIO DE AUDIENCIAPROVIDENCIA DE REQUERIMIENTO DE PAGO O AFIANZAMIENTORECURSO DEL ARTICULO 48.1 DE LA LEY 7/1988SUSPENSION

2018 13 SALA DE JUSTICIA AUTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

AUTO nº 13 año 2018 dictado por la SALA DE JUSTICIA

Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, nº 5/18, Actuaciones Previas nº 84/17, Sector Público Local (Ayuntamiento de La Oliva), Las Palmas.

Fecha: 30/05/2018

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Dictada por: SALA DE JUSTICIA

Asunto: Recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, nº 5/18, Actuaciones Previas nº 84/17, Sector Público Local (Ayuntamiento de La Oliva), Las Palmas.

Resumen doctrina: La Sala desestima el recurso interpuesto sin imposición costas al recurrente. Comienza poniendo de manifiesto la naturaleza y finalidad de las Actuaciones Previas, así como el carácter y objeto del recurso del artículo 48.1 de la LFTCu y continúa refiriéndose a los motivos alegados por el recurrente -que se deje sin efecto el embargo de bienes y derechos hasta que se resuelvan las solicitudes de suspensión y de aplazamiento de pago-. Destaca la Sala su doctrina reiterada (entre otros, Autos 21/2013, de 4 de diciembre, y 17/2014, de 28 de octubre), a propósito de que la interposición del recurso sustanciado al amparo del artículo 48 de la LFTCu carece de efectos suspensivos, salvo que se produzcan supuestos excepcionales, que la Sala considera que no se dan en el presente caso. Y es que el embargo preventivo decretado por la Providencia recurrida es la consecuencia jurídica que el legislador ha impuesto para aquellos casos en los que aparezca un posible alcance y un presunto responsable contable del mismo, siendo, no obstante, una medida cautelar que no traba de forma definitiva el patrimonio del presunto responsable sino, únicamente, hasta que el proceso jurisdiccional que, en su caso, se incoe, concluya mediante la pertinente resolución firme. Por otra parte, continúa argumentando la Sala, el recurrente no ha aportado razonamiento alguno relacionado con una posible indefensión sufrida que pudiera aconsejar acceder a la suspensión de la Providencia impugnada. Con independencia de lo expuesto, señala la Sala que el recurso interpuesto ha quedado desprovisto de fundamento, al haber resuelto por Auto anterior todas las pretensiones formuladas. Por último, en cuanto a la petición subsidiaria de revisión de oficio de la Providencia de embargo, hay que destacar que la revisión de oficio está regulada en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), como uno de los medios de control de los actos dictados en los procedimientos administrativos. Sin embargo, las Actuaciones Previas a la iniciación de un procedimiento jurisdiccional, dada su naturaleza, por cuanto sirven de soporte a aquélla, han sido concebidas por el Tribunal Constitucional (STC 18/1991, de 31 de enero), como preparatorias y directamente orientadas al enjuiciamiento y, en su caso, exigencia de responsabilidad. Desde este punto de vista habrá de ser el Consejero de Cuentas, como órgano de la primera instancia de la jurisdicción contable quien decida sobre el fondo del asunto y, por ende, sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad contable y demás cuestiones que se le planteen. Por lo expuesto, no cabe proceder a la revisión de oficio contemplada en la LPACAP, pues no existe base legal que permita, ni siquiera por la vía de supletoriedad, como ha venido reiterando esta Sala (entre otros, Auto 21/2013, de 4 de diciembre), la aplicación a las Actuaciones Previas de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Ponente: Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz

Sala de justicia:
Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- Presidente
Excma. Sra. Dña. Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera
Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano.- Consejero

Voces: ACTUACIONES PREVIASEFECTOS SUSPENSIVOSEMBARGORECURSO DEL ART. 48.1 (NATURALEZA Y FINALIDAD)

2018 4 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 4 del año 2018 dictada por el DEPARTAMENTO SEGUNDO

Procedimiento de reintegro por alcance nº B-97/16; Administración de la Seguridad Social; Informe Fiscalización TCu, Inmovilizado no Financiero. “MATEPSS”, Proceso Segregación Servicios Prevención Ajenos, Mutua Accidentes de Canarias; Canarias

Fecha: 11/05/2018

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-97/16; Administración de la Seguridad Social; Informe Fiscalización TCu, Inmovilizado no Financiero. “MATEPSS”, Proceso Segregación Servicios Prevención Ajenos, Mutua Accidentes de Canarias; Canarias

Resumen doctrina:

Ponente: Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón

Sala de justicia:
Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera

Voces: PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

2018 4 DEPARTAMENTO PRIMERO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Sentencia 4 e 2018 Dictada por Departamento Primero

Procedimiento de reintegro por alcance nº A227/16, del ramo de sector público estatal (Entidad Pública Empresarial Banco Oficial de Pruebas para armas portátiles de fuego y sus municiones), ámbito territorial de la provincia de Guipúzcoa.

Fecha: 10/05/2018

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Dictada por: DEPARTAMENTO PRIMERO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº A227/16, del ramo de sector público estatal (Entidad Pública Empresarial Banco Oficial de Pruebas para armas portátiles de fuego y sus municiones), ámbito territorial de la provincia de Guipúzcoa.

Resumen doctrina:

Ponente: Excma. Sra. Dña. María Antonia Lozano Álvarez

Sala de justicia:

Situación Actual: NO FIRME

2018 3 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 3 del año 2018 dictada por el DEPARTAMENTO SEGUNDO

Procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15; Comunidades Autónomas; Cª de Empleo – Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad - ASTILLEROS DE SEVILLA; Andalucía

Fecha: 25/04/2018

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15; Comunidades Autónomas; Cª de Empleo – Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad - ASTILLEROS DE SEVILLA; Andalucía

Resumen doctrina:

Ponente: Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón

Sala de justicia:
Excma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- Consejera

Voces: PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

2018 3 DEPARTAMENTO PRIMERO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 3 año 2018 dictada por DEPARTAMENTO PRIMERO

Sentencia nº 3/2018, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº A212/14, del ramo de entidades locales (Ayuntamiento de Marbella), ámbito territorial de la provincia de Málaga

Fecha: 12/04/2018

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Dictada por: DEPARTAMENTO PRIMERO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº A212/14, del ramo de de entidades locales (Ayuntamiento de Marbella), ámbito territorial de la provincia de Málaga

Resumen doctrina:

Ponente: Excma. Sra. Dña. María Antonia Lozano Álvarez

Sala de justicia:

Situación Actual: FIRME

2018 2 DEPARTAMENTO SEGUNDO SENTENCIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

SENTENCIA nº 2 del año 2018 dictada por el DEPARTAMENTO SEGUNDO

Sentencia del procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-38, de Comunidades Autónomas (Cª de Empleo –Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad- CONSYPROAN) Andalucía

Fecha: 11/04/2018

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Dictada por: DEPARTAMENTO SEGUNDO

Asunto: Procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-38; Comunidades Autónomas; Cª de Empleo –Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad- CONSYPROAN; Andalucía

Resumen doctrina:

Ponente: EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Sala de justicia:
EXCMA SRA DÑA MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN. CONSEJERA

Voces: PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO