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SENTENCIA nº 11 año 2017 dictada por DEPARTAMENTO PRIMERO

Document Information:

Resolution: SENTENCIA nº 11 año 2017 dictada por DEPARTAMENTO PRIMERO

Number: 11

Year: 2017

Document type: SENTENCIA

Section: ENJ: DEPARTAMENTO PRIMERO

Subject: Procedimiento de reintegro por alcance nº A49/17, SECTOR PÚBLICO LOCAL (Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás - Ayto. de Santa María de Ordás), ámbito territorial de León

Resolution date: 25/09/2017

Pronounced by: ENJ: DEPARTAMENTO PRIMERO

Presenter: Excma. Sra. Dña. María Antonia Lozano Álvarez.

Justice hall:

Doctrine summary:

Categories:

Current situation: FIRME

Text

Sentencia nº11/2017, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº A49/17, del Ramo de Sector Público Local (Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás-Ayuntamiento de Santa María de Ordás), provincia León.

En Madrid, a veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete.

 

Vistos por mí, Doña María Antonia Lozano Álvarez, Consejera del Tribunal de Cuentas, los presentes autos seguidos ante este DEPARTAMENTO PRIMERO por el PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO POR ALCANCE nº A49/17, del Ramo de Sector Público Local (Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás-Ayuntamiento de Santa María de Ordás), provincia de León, en el que la Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás ha ejercitado demanda de responsabilidad contable, como responsables contables directos, contra Don D. P. G., Don R. G. F. y Doña M. A. D..

En nombre del Rey

He pronunciado la siguiente:

SENTENCIA

 

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

 

PRIMERO.- Por resolución de la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento de 23 de febrero de 2017 se turnó el presente procedimiento de reintegro por alcance, dimanante de las actuaciones previas nº 245/16, instruidas por Delegado Instructor del Tribunal de Cuentas.

SEGUNDO.- Por providencia de 8 de marzo de 2017 se acordó el emplazamiento de los legitimados activa y pasivamente, del Ministerio Fiscal, así como la publicación de edictos.

TERCERO.- Con fecha 10 de marzo se personó el Ministerio Fiscal, con fecha 17 de marzo Don R. G. F. y Doña M. A. D. y con fecha 24 de marzo la Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás.

CUARTO.- Una vez comparecidos los anteriormente citados, se dio traslado de las actuaciones, con fecha 9 de mayo, al representante legal de la Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás para que, en su caso, como entidad perjudicada, dentro del plazo de veinte días, dedujese la oportuna demanda.

QUINTO.- Por escrito de 24 de mayo de 2017 la Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás interpuso demanda de procedimiento de reintegro por alcance contra Don D. P. G., Don R. G. F. y Doña M. A. D., como responsables contables solidarios, solicitando que fueran condenados al reintegro de los perjuicios causados a los fondos públicos y al pago de las costas procesales.

SEXTO.- Con fecha 25 de mayo de 2017 se dictó decreto en el que se admitió a trámite la demanda interpuesta por la Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás, y se acordó dar traslado de la misma a Doña M. A. D. y Don R. G. F. para su contestación y a Don D. P. G., para que se personara y la contestara. Asimismo, se acordó oír a las partes acerca de la determinación de la cuantía del procedimiento.

SÉPTIMO.- El representante legal de Don R. G. F. y Doña M. A. D., con fecha 1 de junio de 2017, presentó escrito en el que se allanó a las pretensiones de la parte actora, si bien de forma parcial, al manifestar que no en cuanto a la responsabilidad solidaria.

OCTAVO.- Con fecha 4 de julio de 2017 se acordó, a la vista del escrito de 1 de junio de 2017 de Don R. G. F. y Doña M. A. D., oír al representante legal de la Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás a los efectos previstos en el artículo 21.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, quien presentó, con fecha 11 de julio de 2017, escrito en el que manifestó que la responsabilidad reclamada era solidaria y así debía ser, en su caso, la sentencia que se dictara.

NOVENO.- Con fecha 12 de julio se acordó oír a los demandados, para que a la vista del escrito de la parte actora manifestaren si se allanaban en su integridad a su petición, presentando escrito, con fecha 13 de julio de 2017, el representante legal de Don R. G. F. y Doña M. A. D., en el que se allanó a la pretensión de la parte actora reconociendo el carácter solidario de la pretensión.
A la vista del citado escrito de 13 de julio de 2017 se acordó dar traslado a la parte actora, quien no realizó alegación alguna. Don D. P. G. no se personó en las actuaciones ni contestó a la demanda interpuesta.

DÉCIMO.- Con fecha 15 de septiembre de 2017 se dictó auto en el que se declaró la cuantía del proceso en 3.500 euros y que el proceso seguía los trámites del juicio declarativo verbal.

UNDÉCIMO.- Con igual fecha se dictó auto en el que se acordó tener por allanados a Don R. G. F. y Doña M. A. D. a la pretensión de la Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás, siendo condenados, como responsables contables directos, al reintegro de la cantidad de 3.500 euros, más intereses hasta la fecha del citado auto. En el mismo también se acordó la continuación del proceso respecto de Don D. P. G., declarándole en rebeldía, con preclusión del trámite de contestación a la demanda y requerir a la Junta Vecinal para que se pronunciara sobre la pertinencia de la celebración de vista, sin imposición de las costas del allanamiento.

DUODÉCIMO.- La Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás manifestó, mediante escrito de 19 de septiembre, que no era procedente la celebración del juicio, solicitando se dictara sentencia sin más trámites.

II.- HECHOS PROBADOS

Los hechos que se declaran probados lo son en virtud de las pruebas documentales obrantes en las actuaciones previas y en las diligencias preliminares origen del presente proceso.

PRIMERO.- Con fechas 14 de enero y 6 de febrero de 2014 se retiraron de la cuenta corriente de la Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás en el  Banco España Duero Unicaja 1.000 euros y 2.500 euros en efectivo, en concepto de “reparaciones bombas” y “reparación y gastos de bomba”, con la firma de Don D. P. G., Don R. G. F. y Doña M. A. D., folios 11 a 13 de las Diligencias Preliminares.
El Alcalde la Junta Vecinal informó, con fecha 31 de octubre de 2016, que a la Junta no le consta ni tiene documentación alguna que acredite la prestación de servicios de reparación de bombas o gastos en bombas, folio 16 de las Actuaciones Previas.
La Junta Vecinal tiene formalizado contrato de mantenimiento para el abastecimiento de agua, por el que se emiten facturas que no se abonan en metálico, sino que se cargan en la cuenta bancaria de la Junta Vecinal, folios 12 y siguientes de las Actuaciones Previas.

SEGUNDO.- Don D. P. G. ostentó en la Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás, en la época en que se produjeron los hechos, el cargo de Alcalde, y Don R. G. F. y Doña M. A. D. los de Secretario y Tesorera, respectivamente.

TERCERO.- Consta en el informe del Tesorero de 7 de agosto de 2014 que la cantidad de 3.500 euros se retiró del banco al disponer el Alcalde de la Junta Vecinal de los documentos correspondientes firmados por la Tesorera y el Interventor para agilizar los gastos urgentes, sin que el Alcalde haya justificado documentalmente el destino del citado importe.

CUARTO.- En el Juzgado de Instrucción nº 1 de León se siguen las Diligencias Previas, Procedimiento Abreviado nº 3315/2014, en el que prestaron declaración Don R. G. F. y Doña M. A. D., manifestando que no pueden aportar los justificantes de dichas reparaciones y que el Alcalde abusó de su confianza en la retirada de dichos fondos de la cuenta bancaria, folios 69 y siguientes de las Diligencias Preliminares.

 

III - FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

PRIMERO.- Corresponde al Tribunal de Cuentas el enjuiciamiento de la responsabilidad contable de aquellos que tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos, de acuerdo con el artículo 2, apartado b) de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de 12 de mayo de 1982, siendo competente para dictar la presente resolución la Consejera de Cuentas que la suscribe, en virtud de la diligencia de reparto de 23 de febrero de 2017, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 52 y 53 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

SEGUNDO.- Reclama la Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás que Don D. P. G., Don R. G. F. y Doña M. A. D. sean condenados a reintegrar, de forma solidaria, la cantidad de 3.500 euros, más los intereses y costas correspondientes. Alega que el citado importe fue retirado de la cuenta bancaria de la Junta en conceptos de “reparaciones bombas” y “reparación y gastos de bomba”, sin que los anteriormente citados hayan aportado justificación alguna del destino dado a la referida cantidad, existiendo, además, un contrato de mantenimiento para el abastecimiento de agua, sin que conste la realización de reparación o gasto alguno por el citado importe.
Don R. G. F. y Doña M. A. D. se allanaron a las pretensiones de la parte actora en su integridad y se dictó, con fecha 15 de septiembre de 2017, auto de allanamiento en los términos previstos en el artículo 21.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que Don D. P. G. se personara ni contestara a la demanda interpuesta.

TERCERO.- A la vista de las pretensiones expuestas, debe valorarse ante todo si los hechos enjuiciados constituyen o no un alcance en los fondos públicos, en los términos previstos en los artículos 49 y 72 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, en relación con el artículo 38.1 de la Ley Orgánica 2/82 y si los mismos son generadores de responsabilidad contable (por todas Sentencia 12/92 de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 1992).
Para poder pronunciarnos sobre la posible existencia de responsabilidades contables en el presente caso y a la vista de lo anteriormente expuesto, es necesario, entre otros requisitos, que se haya ocasionado un daño real y efectivo en los fondos públicos de la Junta Vecinal, al ser su resarcimiento lo que se pretende a través de este proceso contable. Así, el artículo 59, apartado primero, de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, dispone que “Los daños determinantes de la responsabilidad deberán ser efectivos, evaluables económicamente e individualizados en relación a determinados caudales o efectos”.
En este mismo sentido se ha pronunciado reiteradamente la Sala de Justicia de este Tribunal, al señalar que si no existe un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación a bienes y derechos determinados de titularidad pública, no puede existir responsabilidad contable, como se deduce de los artículos 49, 59 y 72 de la Ley 7/88 (Sentencias 21/99, 14/00 y 2/04). La Sala también ha declarado que siendo esta jurisdicción esencialmente reparadora si no se acredita ese daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, no procede realizar pronunciamiento alguno de condena, pues produciría para la Corporación un enriquecimiento injusto, derivado de unas adquisiciones recibidas, cuyos pagos le son además reintegrados (Sentencias 14/04 y 6/00).
La responsabilidad contable es, por tanto, una responsabilidad por daños y como tal, aun siendo imprescindible el incumplimiento, por parte del gestor, de las obligaciones que le competen, para que pueda exigirse, no deriva directamente del hecho mismo de dicho incumplimiento, sino de la probada existencia y realidad de los daños ocasionados, ya que no sería concebible que naciera un deber de resarcimiento sin haberse producido y acreditado el perjuicio, carga de la prueba que compete a quien reclama el reintegro.

CUARTO.- En el presente caso, teniendo en cuenta los documentos obrantes en autos, está acreditado que con fechas 14 de enero y 6 de febrero de 2014 se retiraron de la cuenta corriente de la Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás 1.000 euros y 2.500 euros en efectivo, con las firmas de Don D. P. G., Don R. G. F. y Doña M. A. D., quienes ostentaban en la época en que se produjeron los hechos, respectivamente, los cargos de Alcalde, Secretario y Tesorera de la Junta Vecinal.
No está en cambio acreditado a qué se destinaron los citados importes, pese a que consta en los documentos bancarios que lo fueron en concepto de “reparaciones bombas” y “reparación y gastos de bomba”, sin que se hayan aportado a los autos facturas, albaranes, recibís u otros documentos que justifiquen dicha salida de fondos, máxime cuando la Junta tiene formalizado un contrato de mantenimiento para el abastecimiento de agua, por el que se emiten facturas que no se abonan en metálico, ni consta que se realizara en dichas fechas reparación o actuación alguna en relación con las bombas de agua.
Por lo tanto, a la vista de lo anteriormente expuesto, se ha ocasionado un menoscabo efectivo e individualizado con relación a determinados caudales o efectos y evaluable económicamente.
La Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás es una entidad local menor, circunstancia que condiciona lógicamente sus decisiones, acuerdos y actuaciones, no sólo por la cuantía de la mayor parte de sus gastos, sino también por las personas que intervienen en el proceso de disposición de fondos, no pudiendo ser su proceder el de celebrar contratos verbales, ni admitir justificantes que no se ajusten a los requisitos exigibles, que la Sala de Justicia de este Tribunal ha ido perfilando en su doctrina a través de la interpretación y aplicación de las normas, por todas, las sentencias 4/1995, de 10 de marzo, y 18/2007, de 27 de septiembre, que señalan que los justificantes de los pagos deben ajustarse a las previsiones del Ordenamiento Jurídico no sólo en los aspectos materiales sino también en los formales. Además, en el presente caso, no está probado ni tan siquiera el encargo de los trabajos a que nos hemos referido ni que los mismos se hayan ejecutado.
A la vista de lo anteriormente expuesto, se ha ocasionado un daño real, efectivo, económicamente evaluable e individualizado respecto a concretos caudales o efectos públicos, en los términos previstos en los artículos 49 y 59 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, en relación con el 38.1 de la Ley Orgánica 2/82, por lo que de acuerdo con el artículo 72 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas 7/1988, de 5 de abril, procede declarar la existencia de un perjuicio en los fondos públicos de la Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás, que debe cuantificarse en 3.500 euros.

QUINTO.- Una vez determinado que se ha producido un menoscabo en los fondos públicos por importe de 3.500 euros, es necesario analizar si el mismo genera responsabilidad contable, a cuyo fin hay que examinar la conducta de los demandados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, apartado b), 15, apartado 1 y 38, apartado 1 de la Ley Orgánica 2/1982, del Tribunal de Cuentas, de 12 de mayo, en relación con lo preceptuado en el artículo 49, apartado 1, de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
Teniendo en cuenta que Don R. G. F. y Doña M. A. D. se allanaron a la demanda interpuesta y que por auto de 15 de septiembre de 2017 se acordó tenerles por allanados a la pretensión de la Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás, siendo condenados, como responsables contables directos, al reintegro de la cantidad de 3.500 euros, más intereses hasta la fecha del citado auto, procede pronunciarnos seguidamente sobre la posible responsabilidad de Don D. P. G..
En el ámbito contable hay que partir de la especial diligencia exigible al gestor de fondos públicos, a la que se refieren, entre otras, las sentencias de la Sala de Justicia de este Tribunal 19/98 de 17 de diciembre, 22/09 de 29 de septiembre y 2/10 de 2 de marzo, diligencia cualificada respecto a la exigible en el ámbito de la gestión de fondos privados.
En el presente caso, Don D. P. G. ostentó el cargo de Alcalde de la Corporación en la época en que se produjeron los hechos y consta en autos que fue quien dispuso de las cantidades a que nos venimos refiriendo, figurando su firma en los documentos de retirada de los 3.500 euros de la cuenta corriente de la Junta Vecinal.
Estas disposiciones de fondos públicos, por los conceptos que figuran en los hechos probados, corresponden a retiradas en efectivo sin que en cambio conste en autos justificación alguna sobre su destino o aplicación. Tampoco consta en autos factura justificativa alguna relacionada con dichos pagos ni la devolución de estos importes.
Las citadas circunstancias ponen de manifiesto una intervención directa de Don D. P. G. en los hechos objeto de las presentes actuaciones, y su condición de gestor de los fondos públicos percibidos.
A lo anteriormente expuesto debe añadirse la doctrina de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas (por todas, Sentencia 2/10 de 2 de marzo), que sostiene que incurre en responsabilidad contable quien por no ejercer sus funciones debidamente provoca el escenario de gestión necesario para que el alcance se produzca.
Finalmente, debe, asimismo, señalarse que el demandado no se ha personado en autos, no ha contestado a la demandada, ni ha desplegado actividad probatoria alguna a lo largo del presente proceso tendente a justificar los citados hechos o su falta de participación en los mismos.
A la vista de lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 15 y 38 de la Ley Orgánica 2/1982, del Tribunal de Cuentas, de 12 de mayo, en relación con el artículo 49, apartado 1, de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, debe concluirse que la actuación de Don D. P. G., en cuanto integrante del proceso de gestión de los fondos públicos menoscabados, fue causa eficiente y adecuada del daño ocasionado en los fondos de la Junta Vecinal, conducta que debe calificarse, al menos, como gravemente negligente, al ser la previsibilidad del daño un elemento esencial a la hora de valorar la posible conducta, constituyéndose en causa adecuada y eficiente del perjuicio ocasionado en los fondos públicos.
Tratándose, como se acaba de argumentar, de una conducta ajena al nivel de diligencia que le era exigible y generadora de un daño en las arcas públicas real, efectivo y económicamente evaluable, como exige el artículo 59 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, debe entenderse que concurren todos los requisitos que la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y la Ley de Funcionamiento exigen para que pueda exigirse responsabilidad contable, por lo que procede igualmente declararle responsable contable del alcance de 3.500 euros.
Dicha responsabilidad debe considerarse directa y solidaria junto con la de Don R. G. F. y Doña M. A. D., al ajustarse su conducta, en los términos en los que se ha descrito en la presente sentencia, al contenido del artículo 42.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.

SEXTO.- Declarada la existencia de un alcance en los fondos públicos por importe total de 3.500 euros y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 71.4.e) de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas procede, a los efectos exclusivamente de determinar el importe de los intereses, fijar como dies a quo la fecha correspondiente a cada una de las respectivas salidas de fondos que no fueron justificados ni reintegrados, y que constan detallados en los hechos probados de la presente resolución.
Por lo que al dies ad quem se refiere, el mismo debe quedar fijado en la fecha de la completa ejecución de la presente resolución, procediendo aplicar para el cálculo de los intereses los tipos legalmente vigentes el día que se consideren producidos los daños y perjuicios, que ascienden hasta el 15 de septiembre de 2017 a la cantidad de 430 euros, importe del que deben responder igualmente de forma solidaria Don D. P. G., Don R. G. F. y Doña M. A. D..

SÉPTIMO.- De acuerdo con lo expuesto y razonado en los anteriores Fundamentos de Derecho y al haberse estimado la demanda interpuesta por la Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás en su integridad procede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.4.g) de la Ley 7/1988, de 5 de abril, en relación con el artículo 394, apartado primero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, imponer las costas a Don D. P. G..

                     En su virtud, vista la legislación en vigor, procede dictar el siguiente

IV.- FALLO

Estimo la demanda de responsabilidad contable por alcance interpuesta por la Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás, con fecha 24 de mayo de 2017, y formulo, en su virtud, los siguientes pronunciamientos:

PRIMERO.- Se cifra en TRES MIL QUINIENTOS EUROS (3.500 euros) el principal de los perjuicios ocasionados por alcance a los caudales públicos.

SEGUNDO.- Se declara responsable contable directo a Don D. P. G., de forma solidaria junto con Don R. G. F. y Doña M. A. D., que ya fueron condenados por el auto de allanamiento de 15 de septiembre de 2017.

TERCERO.- Se condena a los responsables contables directos, Don D. P. G., Don R. G. F. y Doña M. A. D., al pago de la suma de TRES MIL QUINIENTOS EUROS (3.500 euros), así como al de los intereses legales devengados hasta la completa ejecución de esta sentencia y que hasta el 15 de septiembre de 2017 ascienden a CUATROCIENTOS TREINTA EUROS (430 euros).

CUARTO.- Se imponen las costas a Don D. P. G..

QUINTO.- El importe del alcance deberá contraerse en la correspondiente cuenta de la entidad perjudicada, Junta Vecinal de Villarrodrigo de Ordás.
           
Pronúnciese esta Sentencia en audiencia pública y notifíquese a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución pueden interponer recurso de apelación ante la Consejera de Cuentas, en el plazo de quince días, conforme a lo establecido en el artículo 85 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 80 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Así, lo pronuncio, mando y firmo.